Estados Unidos: confidencias de un mercenario

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 30 de julio de 2010.
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La empresa estadunidense Blackwater, la primera contratista de Washington en la guerra en Afganistán y en Irak, también realizaría operaciones encubiertas en Pakistán.

La empresa fundada por el exmarine Erick Prince y cuyas ganancias, según el excongresista demócrata Henry Waxman, dependerían en un 90% por los contratos otorgados por el Departamento de Defensa (DD) y por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, se encuentra operando a lado de las tropas de la OTAN y protegiendo a funcionarios de Estados Unidos desde 2002.

Aunque tanto Prince como el gobierno de Estados Unidos desmintieron la versión de la presencia de la empresa privada en Pakistán, fuentes anónimas de inteligencia estadunidense revelaron el año pasado al rotativo The Nation que Blackwater estaría presente en Pakistán en “operaciones especiales dirigidas por el Comando de Operaciones Especiales (JSOC)”.

Según la fuente, dichas operaciones utilizarían a “aviones no tripulados (drones)” en misiones secretas para eliminar miembros de Al-Qaeda en Pakistán. Lo anterior, revela la fuente, “porque (los contratistas) no son sujetos a la supervisión del Congreso” de Estados Unidos.

Dicha versión fue confirmada por el mismo Erick Prince, quien el pasado 14 de enero, en una ponencia ofrecida a “cadetes, comandantes militares, gente de negocios y veteranos (de guerra)”, cuyo título fue Superando las adversidades: el liderazgo en la punta de lanza, describió en detalle las actividades de Blackwater en los países del centro de Asia.

En la conversación reservada, cuya grabación consiguió el periodista de The Nation –el estadunidense Jeremy Scahill–, el dueño de Blackwater comentó que quien le pregunta si está consciente de que sus empleados, “están exentos (de ser sancionados) por las leyes internacionales, como la Convención de Ginebra, en sus operaciones en Irak, Afganistán y Pakistán”, él siempre contesta que sabe de ello y que “ellos (los enemigos) son gente que se arrastró desde las cloacas y tienen una mentalidad medieval”.

Añadió: “Son bárbaros, no saben siquiera dónde está Ginebra. Dejemos en paz esa convención que se hizo allá.”

Scahill refirió que Prince, “con tono confiado y conocedor”, ofreció un largo análisis de la situación en Irán y propuso que “soldados privados”, como los de Blackwater, sean empleados en países en donde Irán tiene cierta influencia: Yemen, Somalia y Arabia Saudí.

“No vas a resolver el problema metiendo ahí (en dichos países) soldados regulares, es una pista demasiado sensible políticamente”. En su lugar, afirma, “el sector privado puede operar con una muy, muy pequeña y muy baja huella”.

El dueño y fundador de la mayor compañía de soldados privados del mundo añadió en su ponencia que muchas tropas de la OTAN, cuyas nacionalidades no mencionó, “no tienen ganas de pelear (…) Muchos hacen (su trabajo), otros no. Es como un mosaico de distintos comitentes internacionales de los cuales algunos pueden hacer su parte y otros no”.

Sostuvo: “Muchos de ellos (fuerzas de los países de la OTAN) deberían empacar sus cosas e irse a su casa.”

Más adelante, en el mismo discurso, Prince se ufanó del entrenamiento que su empresa realiza todas las semanas con “mil 300 afganos”.

“Los agarras (a los ciudadanos afganos) y descubres que para ellos es la primera vez que se encuentran en algo de primera clase, algo que funciona”, detalló. “Los primeros días tenemos que darle clase de ‘introducción al uso del toilette’, pues –explica– muchos de estos jóvenes nunca han visto un escusado antes”.

Prince señaló el “elevado número” de “líderes mundiales” que han sido objeto de atentados. En particular, se refirió al ataque contra el Papa Benedicto XVI realizado por una mujer durante la misa navideña el año pasado, así como el ataque al primer ministro italiano Silvio Berculsconi.

En este contexto, describió la protección que su empresa otorga a altos funcionarios estadunidenses en Afganistán, entre los cuales se encuentra el embajador de Estados Unidos, Karl Eikenberry. Acerca de estos eventos, Prince narró el episodio acontecido en Bagdad en diciembre de 2008 cuando un periodista iraquí lanzó un zapato al entonces presidente George W. Bush.

Muntadhar al-Zaidi, el atacante que Prince describe como a un “bombardero de zapatos”, fue inmovilizado por personal de Blackwater. Según el exmarine estadunidense, aunque su empresa no está nunca a cargo de la protección del presidente, tarea exclusiva del Servicio Secreto de Estados Unidos, sus hombres “respondieron inmediatamente y mucho más rápido” que los agentes asignados a la tarea.

En la misma grabación, el dueño de Blackwater detalló la presencia de la empresa en Afganistán, nación en la que se encuentra desde abril de 2002. Actualmente los soldados privados de Prince tienen en sus manos el control de cuatro Bases de Operaciones Avanzadas (FOB, por sus siglas en inglés) ubicadas en los cuatro puntos cardinales de Afganistán.

En particular, Blackwater tendría bajo su mando una FOB en la localidad de Boldak, en el sur del país, en un territorio que “es la mayor área de tráfico de droga”. Otra base estaría ubicada en las cercanías de Herat, a “sólo 15 millas de la frontera con Pakistán”.

A propósito de tráfico de sustancias ilícitas, Prince describió la llamada Unidad de Interdicción Antinarcóticos (NIU) de su empresa que habría comenzado a operar en Afganistán hace cinco años. Compuesta por al menos 200 elementos, dicha unidad, según dijo, habría “eliminado el equivalente de 3.5 mil millones de dólares de heroína” gracias a múltiples operaciones “no en contra de los campesinos, sino de los traficantes”.

En una de estas operaciones realizadas en julio de 2009, detalló Prince, “hicimos el más grande decomiso de hachís en la historia del país (Afganistán)”.

Afirmó que cuando los miembros de NIU encontraron el depósito de la sustancia ilícita “no tenían suficiente equipo para destruirlo”, de tal manera que mandaron a llamar a los soldados de la OTAN.

Naturalmente, subrayó Prince, “ya saben, cada país de la OTAN que intervino se quiso llevar el crédito por la destrucción de la droga”.

Finalmente, el dueño de Blackwater reveló la presencia de sus soldados en Nueva Orleans en 2005 durante las operaciones de rescate por el paso del huracán Katrina. Tras esa experiencia que Prince definió como “exitosa”, Blackwater estaría pensando en crear un “reparto de ayuda humanitaria masiva”.

“Si los militares somos tan buenos en mover equipo y hombres en el combate, ¿por qué no podemos hacerlo por el lado humanitario también?”, preguntó a los asistentes.Según Prince, con la ayuda generosa de algunas corporaciones privadas, se puede conseguir un barco de al menos 250 metros, que pueda llevar mil 700 contenedores y más de 250 vehículos.

De Arizona y crisis

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 29 de mayo de 2010
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La ya mal afamada SB (Senate Bill) 1070 aprobada en el estado de Arizona y que entrará muy probablemente en vigor el próximo 29 de julio, despertó, justamente, hartas protestas tanto en Estados Unidos como en México y otros países directa o indirectamente afectados por la medida normativa. Los contenidos de dicha ley y las facultades que otorga a las fuerzas de seguridad del vecino país del norte hablan por sí solos de la inteligencia de las personas que la aprobaron. No es de inteligencia pero que es necesario hablar. Ella faltó a los legisladores de Arizona. Hay que hablar más bien de la tendencia que esta legislación marca y de las reacciones a ella, las que también señalan una peligrosa pauta.

Por un lado, en efecto, dicha ley no es ninguna novedad. Sería interesante enumerar la larga lista de normativas restrictivas para la vida digna de los ciudadanos migrantes, tanto en Estados Unidos como en Europa y otros países. Una larga serie de medidas restrictivas, punitivas, discriminantes que matan tanto en esta frontera norte como en la europea, que discriminan y estigmatizan tanto en el desierto estadunidense como en la capitales de Europa. Miles de muertos cada año, cientos de expulsados y deportados todos los días son las consecuencias de dichas normativas que desde hace años pueblan el imaginario reprimido del ciudadano migrante.

Sin embargo dicha ley despertó particular malhumor y enojo en la comunidad nacional e internacional. ¿Será porque es absurdo que sea sólo la apariencia la causa de un alto policiaco? ¿Será porque la ley establece –negro sobre blanco– una vez más en la historia el perfil racial como elemento discriminatorio entre culpable y no culpable? ¿O será sólo porque se le faculta a todo policía interpretar el papel del policía migratorio?

Todo lo anterior y mucho más. Y sin embargo sorprende el vasto abanico de reacciones y sectores que se hicieron protagonistas de las mismas. Tras poco más de un mes de la aprobación de la SB1070, comienza finalmente a despegarse el panorama, pues no dejaba de rechinar la maquinaria propagandista realizada por ciertos sectores institucionales, quienes logran ver la paja en el ojo ajeno pero bien ciegos están cuando se les señala el tronco que existe en su propio ojo.

El 22 de marzo pasado, 11 organizaciones mexicanas reportaban frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el holocausto de migrantes que se da cotidianamente de este lado de la frontera. En los distintos informes se señalaban abusos sexuales, tortura física y sicológica, homicidios, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación laboral y sexual, esclavitud, tráfico de órganos, impunidad como las características de la política migratoria al sur del río Bravo. Entre todas, emergía una denuncia tremenda: miles de migrantes secuestrados. Los funcionarios de gobierno llamados a responder negaban todo, obviamente.

La verdad entonces es otra y se está demostrando justamente en estos días. El llamado al boicot sirvió para ilusionar y concentrar la atención de muchos. Pero no para quienes piensan que, pase lo que pase, el libre mercado es asunto que no se discute. Cueste lo que cueste, evidentemente: ya sea la vida o la dignidad del ser humano. Las visitas electorales de quienes tienen la visa y están amparados por la investidura popular y van allá a decir que sí haremos algo, dudamos se adaptarían a las incomodidades del río Suchiate. Así como son risibles las tímidas declaraciones de Obama, quien entre un chiste y otro poco supo hacer hasta ahora en cuanto a la aclamada reforma migratoria.

La verdad es también, y sobre todo, que esta ley no hace otra cosa que responder al sentir común de la gente de Arizona y de muchos otros lados, como bien lo sabe la gobernadora Jan Brewer quien, tras firmar la ley, vio subir 14 puntos el consenso del electorado del estado (para las elecciones del 4 de noviembre). En suma: la legislación es pésima porque pésima es la opinión pública. Difícil decir o contrario a menos que tengamos algún otro cínico interés electoral o seamos racistas.

Es necesario preguntar, más bien, por qué la aclamada reforma migratoria no llega. El yes we can de Obama chocó con la realidad de un Congreso federal dominado por el sentimiento racista de sus integrantes. Claro, una reforma migratoria como las propuestas hasta ahora (ya lo dijimos: La Jornada del 8 de abril de 2010) pagaría límites estructurales que no pueden satisfacer al movimiento migrante de forma cabal. Pero, al menos, permitiría cierto nivel de debate en las sociedades involucradas. Y sin embargo no es así y sigue ganando (fácilmente) la salida reaccionaria y derechista a la crisis económica.

Si la apuesta de Obama era la de probar a superar la crisis apostando a los sujetos biopolíticos de la misma, es decir los precarios, los trabajadores autónomos y flexibles, migrantes y entonces móviles, esta idea recoge aún pocos consensos. Por el contrario, se aprueba socialmente la política de atacar a los más expuestos. El enojo, la frustración, el rencor social encuentran de tal manera un fácil desahogo en el conflicto horizontal que se viene creando entre los pocos con algún privilegio –por ejemplo, el derecho a votar una gobernadora de derecha– y los muchos sin derecho alguno. Quienes están arriba, en las sillas del poder, continúan allí. Por el momento.

Arizona, riforma migratoria e ipocrisie

Il presente articolo é stato pubblicato sul sito Andinamedia.com il 17 maggio 2010.
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L’approvazione, il 19 aprile scorso, della ormai famigerata legge SB1070 in Arizona, Stati Uniti, da parte del congresso locale ha scatenato ogni tipo di reazione a livello tanto locale quanto nazionale ed internazionale. La ragione è ovvia: la nuova legge, sostenuta dal settore repubblicano del parlamento statale, conclude il lungo percorso di criminalizzazione dei migranti nello stato a confine con il Messico. Dopo l’approvazione nel 2005 di una legge che penalizzava il traffico di persone e dopo la legge del 2007 che proibiva (e penalizzava) la contrattazione di lavoratori illegalmente residenti nello stato, questa nuova norma impone alle forze dell’ordine (di ogni grado e livello) l’arresto anche solo su sospetto di tutti coloro ritenuti migranti illegali. Così le cose, oggi in Arizona è sufficiente avere appena l’apparenza di un migrante irregolare per essere sottoposti ad arresto ed interrogatorio. Certo, anche la governatrice repubblicana Jan Brewer ha ammesso di non sapere quali siano i tratti distintivi di un “illegale”, ma poco importa: essere “clandestino”, ovvero semplicemente non avere le carte in regola, oggi è un reato.
La polemica è immediatamente scoppiata tra le file delle decine di organizzazione di migranti che affollano l’ampio spettro di organizzazioni, partiti e movimenti che ormai da diversi anni acclamano una riforma migratoria che, seppur promessa da più parti, stenta ancora a concretarsi. Ma come? – ci si domanda – son anni che si chiede una riforma migratoria che regolarizzi innanzitutto i circa 12 milioni di migranti irregolari (la cui maggior parte sarebbero messicani) e poi che regoli e dia certezza giuridica tanto a chi è già presente sul territorio e, soprattutto, a chi nutre la speranza di andare a lavorare negli Stati Uniti; ed invece, eccola là, l’ennesima stretta repressiva, l’ulteriore norma criminalizzante, penalizzante, contro chi comunque la vita facile non ce l’ha.
Ed in effetti, nell’epoca Obama, una misura di questo genere suona stridente con quella che sembrava una tendenza. Eppure, proprio per Obama si sarebbe approvata questa legge. Secondo la stessa governatrice Jan Brewer sarebbe proprio l’immobilità di Washington che avrebbe causato tanta disperazione (ed efferatezza) tra i deputati dell’Arizona. Son anni, dicono, che si chiede al governo federale maggior efficacia nel controllo della frontiera con il Messico. E siccome il governo centrale non risponde, dato che le misure adottate sono insufficienti, allora ci pensiamo noi, autonomamente.
Se non ci fossero centinaia di chilometri di deserto a circondare tutta questa storia, sembrerebbe di essere in pianura padana ad ascoltare gli spropositi di alcuni deputati o amministratori locali che invocano il federalismo. Ma siccome qui il federalismo ce l’hanno, le leggi anche se le fanno e le fanno come pare a loro. E già, perché nonostante le centinaia di voci che si son levate contro questa norma francamente razzista e xenofoba, la nuova legge in realtà risponde ad un sentire comune in Arizona e in altri stati del sud americano: i migranti sono una minaccia ed è necessario cacciarli via.
Lo sa bene la governatrice dell’Arizona che, pur avendo la facoltà di bocciare la legge approvata dal congresso locale, non ci ha pensato su due volte e il 23 aprile l’ha firmata. Razzista? Forse, o forse semplicemente attenta ai sondaggi d’opinione, soprattutto in vista delle prossime elezioni statali che la vedono, oggi, tra le favorite per un secondo mandato durante le prossime elezione del 4 novembre di quest’anno. Un sondaggio pubblicato il 28 aprile scorso della compagnia Rasmussen Reports rivela infatti che il 64% dei votanti dello stato approva la nuova legge e che gli indici di gradimento nei confronti della governatrice sarebbero passati dallo scarso 40% di metà aprile al 56% di fine mese. Un salto non male, da far sbiancare i cacciatori di consenso nostrani. Insomma, la nuova legge SB1070 è pessima, ma perché pessima è l’opinione pubblica. Difficile sostenere il contrario se non vi è qualche altro cinico interesse elettorale e se non si è razzisti.
Da chiedersi piuttosto perché la acclamata riforma migratoria non arriva. Il “yes we can” di Obama (tramutato dallo spagnolo “sí, se puede” che era parte del discorso del dirigente sindacale latino Cesar Chávez) si è scontrato con mille e una resistenze interne al governo statunitense e soprattutto in seno al congresso americano. Chiaro, detta riforma (lo abbiamo già detto: http://www.jornada.unam.mx/2010/04/08/index.php?section=opinion&article=…) comunque sconterebbe limiti strutturali che non possono soddisfare le reali esigenze del movimento migrante. Ma, comunque sia, una riforma o almeno una sua seria discussione parlamentare aprirebbe forse gli spazi per un dibattito anche sociale sul tema. Ma così non è, e continua a vincere (facilmente) l’uscita reazionaria e a destra a questa crisi economica globale.
Insomma, se la scommessa di Obama era quella di provare ad superare la crisi scommettendo sulle soggettività biopolitiche della crisi stessa, ovvero i precari, ovvero i lavoratori autonomi e flessibili, migranti e quindi mobili, l’idea per ora raccoglie adesioni ancora non sufficientemente numerose. E, per converso, si aprono le porte alla via facile, all’opzione che attecchisce con certa facilità negli Stati Uniti come in Europa: l’attacco diretto alle soggettività più esposte, ovvero i migranti. La rabbia, la frustrazione, il rancore sociale, trovano così facile sfogo nel conflitto orizzontale che si viene creando tra i molti dai pochi privilegi – se non quello di votare una governatrice repubblicana piuttosto che una ex governatrice oggi ministra della “homeland securuty”, Janet Napolitano – e i moltissimi privati di ogni diritto. Chi sta in alto, in sella al potere, continua a mantenere il posto. Per ora.
Tra questi, i governanti messicani che oggi provano a sommarsi al coro di protesta contro la nuova legge SB1070. Se da un lato infatti vi sono le legittime proteste delle organizzazioni di migranti negli Stati Uniti dall’altro vi è l’enorme macchinaria retorica e mediatica costruita dal governo e dai settori propriamente partitici messicani. Una retorica che, sebbene non riesca a superare i limiti imposti da un rapporto di dipendenza economica e politica del Messico nei confronti degli Stati Uniti, si scontra con una realtà dell’immigrazione in Messico nei cui confronti la terribile legge SB1070 sbiadisce lentamente sino a convertirsi nell’ennesima norma reazionaria. La politica migratoria messicana, infatti, pur vantando un carattere più progressista è nella via dei fatti assolutamente più discriminatoria di quella statunitense. Tre anni fa, proprio in questo periodo tardo primaverile, il coraggioso ex deputato Jaques Medina – che sempre si è definito ‘deputato migrante’ – riusciva a far approvare una modifica di legge che despenalizza l’irregolarità in Messico. In chiara controtendenza con le politiche europee, la nuova norma evita il carcere ai migranti irregolari in Messico.
Eppure, la realtà concreta di tutti i giorni parla un linguaggio diverso: discriminazione, sfruttamento, miseria, clandestinità, traffico illegale, abusi e morte. Il 22 marzo scorso, 11 organizzazioni messicane di solidarietà con cittadini migranti presentarono un documento alla Commissione Interamericana di Diritti Umani (CIDH, la sigla in spagnolo) in cui definivano la politica migratoria messicana un vero e proprio “olocausto di migranti”. Le organizzazioni firmanti indicavano di aver denunciato i gravi problemi dei migranti nel loro percorso attraverso il Messico da oltre tre anni. Eppure non vi è stata risposta alcuna. Anzi, nel prendere la parola di fronte le accuse mosse in sede di CIDH, il rappresentante del governo messicano ha negato tutto. Secondo la denuncia della società civile messicana impegnata a lato dei migranti, la situazione è caratterizzata da “abusi sessuali di ogni tipo, tortura fisica e psicologica, omicidi, estorsione, corruzione, privazione illegale della libertà, sfruttamento lavorativo e sessuale, schiavitù, traffico di organi, impunità, tra le altre cose”.
Il fermo su “sospetto” è la pratica più comune tra i membri del famigerato Istituto Nazionale di Migrazione (INM), organo decentrato del ministero degli interni messicano. È sufficiente avere l’apparenza “da centroamericano” perché le forze dell’ordine messicane ti fermino e ti portino dentro. L’estorsione è all’ordine del giorno e la violenza sessuale sulle donne migranti (in netto aumento negli ultimi anni) è pratica comune tra i poliziotti dell’INM e i militari dell’esercito oggi presenti più che mai nel territorio a causa della cosiddetta “guerra al narco”. Le cosiddette “stazioni migratorie”, ovvero i Centri di Identificazione ed Espulsione messicani, sono strapieni ed anche lì, tra le mura delle istituzioni, gli abusi abbondano.
Eppure forse è sufficiente un dato, per comprendere la dimensione del problema e mettere a nudo l’ipocrita retorica del governo messicano: in meno di sei mesi (da settembre 2009 a gennaio 2010), ci sarebbero stati oltre 10.000 sequestri di persona tra i migranti che attraversano il Messico. Tra gli accusati, oltre a diversi settori delle forze dell’ordine, vi sarebbero i cartelli del narcotraffico, che anche in questo settore trovano il modo di far soldi. Lo scopo del sequestro sarebbe tanto lo sfruttamento sessuale e lavorativo (sino alla vera e propria schiavitù) quanto la richiesta di riscatto ai familiari dei migranti già residenti negli USA.

Reforma migratoria, ¿y luego?

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 8 de marzo de 2010
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Es placentero cada vez que se escucha de migrantes y sus respectivas organizaciones en la movilización. Sus derechos y libertades son cuestión que atañe a la sociedad en su conjunto y por esto es preciso apoyar desde otros espacios de la sociedad sus reivindicaciones y felicitar el esfuerzo constante y nunca rendido de su camino de liberación.

Es así que en estas semanas, el debate y la movilización acerca de la anhelada y apremiante reforma migratoria en Estados Unidos captura nuestra atención. Dejando a un lado el debate meramente legal y legislativo que cruza los pantanos parlamentarios y las nieblas de los intereses cruzados, creemos importante dirigirnos al movimiento social que apoya dichas movilizaciones tanto en Méxioc como en el país vecino.

Por su composición y amplitud es difícil hoy discernir quién es quién en el movimiento de solidaridad con la lucha migrante. Y ahora no es importante esa diferenciación, pues hoy el movimiento está unido en la persecución de un objetivo tan importante como esencial, esto es, la reforma migratoria que permita a al menos 12 millones de ciudadanos salir de la invisibilidad, la precariedad del derecho, el chantaje, la amenaza y la incertidumbre. También es importante subrayar olvidos, omisiones y riesgos que conlleva dicha reforma migratoria.

Ante todo es preciso advertir los riesgos de apoyar una reforma que si bien contempla una salida de regularización –por más difícil y perversa que resulte–, viene con una serie de medidas represoras de primer nivel. Es, por un lado, la cédula biométrica –última frontera tecnológica del control social–; por otro, la militarización ulterior de la frontera. Si no fuera suficiente, la propuesta de reforma migratoria no considera ninguna medida que ataque el grave y urgente problema del racismo creciente en la sociedad estadunidense. Una reforma seria debería poner el tema de la discriminación en el centro del debate, ya que es el meollo del asunto, pues no hay derecho que sea válido ni practicable en una sociedad racista.

Y, sin embargo, éstos siguen siendo problemas aún menores. Porque cualquier propuesta de reforma migratoria que se pueda plantear en Estados Unidos seguirá siendo limitada, parcial y hasta inútil si no ataca el problema con perspectiva distinta. Por lo anterior, propuestas como las recientemente presentadas u otras discutidas en el pasado seguirán siendo reformas y leyes migratorias compatibles con el actual sistema productivo y económico, mismo que es la principal causa de las corrientes migratorias que tanto asustan a los países ricos.

Un aspecto fundamental, por ejemplo, resulta la división arbitraria entre migrantes residentes –aunque ilegalmente– y migrantes que se desplazan. Es absurdo observar el silencio alrededor de esta diferenciación que los gobiernos se preocupan por mantener y que, por el contrario, deberían presentar como un asunto medular en cualquier movimiento migrante o en solidaridad con ellos que quiera ser digno de tal nombre. No es posible insistir en separar a los pocos afortunados que lograron cruzar desiertos, mares, montañas, ciudades y fronteras; de los muchos que lo anhelan, pero que aún no lo tienen.

Una verdadera reforma migratoria no puede contemplar la regularización sólo de quienes ya vivan en el territorio de llegada; sino que tiene que considerar nuevas, modernas (ahora sí), eficientes, justas y equitativas formas de ingreso legal al país de llegada. Salvar a unos para condenar a la mayoría es lo que siempre se hace. ¡Que al menos esta vez no se haga con el beneplácito de las organizaciones migrantes!

Otro punto importante, más en el contexto específico de Estados Unidos, es la cuestión de los refugiados. Que el fenómeno resulte más importante del otro lado del mundo no significa que Washington no deba asumir las consecuencias de las guerras, contaminaciones, desastres, etcétera, que se ha preocupado de exportar por el globo. El tema de los refugiados, por la cantidad de personas en ese estado y por las causas de dicha situación, debería ser también incluido en la reforma migratoria, mediante la construcción de mecanismos de acogida, ayuda, apoyo, de los millones de ciudadanos que padecen no sólo la pobreza, sino la necesidad de abandonar un territorio por la ausencia de condiciones para la salvaguarda de la misma vida.

Por último, es importante mencionar que una verdadera reforma migratoria debería hacerse cargo de romper de una vez por todas esa extraña, aunque muy de moda relación arbitraria entre permanencia legal en un territorio y relación de trabajo. El supuesto según el cual un migrante tiene derecho a quedarse sólo en virtud de una relación laboral es tan antiguo que ya nadie se atreve a cuestionarlo. Y, al contrario, en el panorama de la crisis económica y laboral, en el horizonte del cambio de paradigma productivo, de flexibilidad laboral, de precariedad del puesto de trabajo; con todo lo anterior es preciso que una reforma migratoria verdadera cuestione este falso axioma de la ciudadanía para extranjeros y conceda plenos derechos al migrante por el sencillo hecho de ser ciudadano de este mundo.

EU: sistema penitenciario en crisis

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 29 de abril de 2009.
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“Tres décadas de crecimiento de la población en las prisiones de Estados Unidos ha llevado al país a un peligroso umbral: por primera vez, más de una persona de cada 100 está actualmente confinado in una cárcel de Estados Unidos”, afirma el PEW Center On The States, fundación estadunidense dedicada a la investigación cuyo objetivo es “crear conocimientos para resolver los más importantes retos sociales de la actualidad”.

El documento titulado Uno cada 100, detrás de los barrotes en América, publicado a finales de 2008, señala que una de cada 30 personas de entre 20 y 34 años se encuentra en prisión. Destaca que en el caso de la población afroestadunidense la proporción “es uno de cada nueve”.

Los datos de que presenta el PEW son confirmados por las estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDJ), las cuales indican que “hasta la mitad de 2008 (30 de junio), 2 millones 310 mil 984 ciudadanos se encontraban en una cárcel federal o estatal en el país”. A esta cifra, añade los “5 millones 100 mil ciudadanos que se encuentran en libertad bajo fianza, bajo palabra o dentro de algún programa de reinserción”.

Según el PEW, estas cifras se traducen en que “1 de cada 45 ciudadanos del país están bajo alguna forma de supervisión judicial”, lo cual, cruzado con los datos anteriores, “significa que 1 de cada 31 estadunidenses está bajo alguna forma de control judicial”.

Todo lo anterior, explica el PEW, arroja el siguiente dato: “casi 7 millones y medio de estadunidenses se encuentran con el sistema de readaptación del país”.

Aunado a lo anterior, el reporte del PEW señala que “en 2007 los costos de mantenimiento de las cárceles, estatales y federales, en el país ha rebasado los 49 mil millones de dólares, contra los 12 mil que costaba el sistema penitenciario en 1987”. Un aumento constante que “de seguir así aumentaría en otros 25 mil millones para el año 2011”.

Encarcelados y droga

Gil Kerilkowske, nuevo “zar antidrogas” de la Casa Blanca, enfrenta el problema del elevado número de presos en Estados Unidos y de los crecientes costos que implica mantener el sistema penitenciario en este país.

El pasado 14 de mayo declaró que la llamada “guerra contra las drogas ha fracasado en su intento por reducir el mercado estadunidense de narcóticos ilícitos”, y admitió que “ese esfuerzo ha llenado las prisiones de la nación”.

Las palabras del nuevo encargado de enfrentar al problema del tráfico y el consumo de sustancias ilícitas en Estados Unidos encuentran sustento en los últimos datos disponibles del Departamento de Justicia: A finales de 2005, al menos 333 mil personas estaban presas por delitos relacionados con las drogas, una cifra que corresponde a más del 20% del total de la población carcelaria.

La misma fuente reporta que en 1981, cuando la administración republicana de Ronald Reagan lanzó la llamada “guerra a las drogas”, los presos por los mismos delitos eran apenas 21 mil 700.

Del total de detenidos por delitos de este tipo en 2005, 21% estaba preso en cárceles estatales y 55%, en prisiones federales.

Las estadísticas del Departamento de Justicia señalan, además, que más de 50% de los detenidos relacionados con drogas no tenía algún antecedente penal en el momento de ser aprehendido.

Sin embargo, lo que llama la atención son los datos relativos a los ciudadanos estadunidenses que se encuentran en libertad bajo fianza, bajo palabra o inscritos en algún programa de reinserción social. La información aportada por el PEW, según la cual en 2008, uno de cada 45 ciudadanos estaría en esta condición, encuentra confirmación en los datos del Departamento de Justicia.

A finales de 2007, la información oficial señalaba a 5.1 millones de ciudadanos en este estado judicial. De éstos, 824 mil se encontraban libres bajo palabra. Y de esta cifra 37% seguían bajo juicio por delitos relacionados con las drogas. El resto de este sector de la población, es decir 4 millones 293 mil ciudadanos, estaba libre bajo fianza, y 27% de ellos, por delitos ligados al tráfico, la posesión o consumo de substancias ilícitas.

Costos prohibitivos

El 2 de abril pasado, Joe Klein, escribió en la revista Time, sobre la discusión por la legalización de la mariguana: “Cada año nos gastamos 68 mil millones de dólares en el sistema de readaptación y, de aquellas personas presas, una tercera parte está condenada por delitos no violentos relativos a las drogas”.

Añadió que en el sistema judicial se gastan cerca de 150 mil millones de dólares y que 47.5% de los arrestos por droga son relativos a la mariguana”.

De ser ciertos estos datos, se confirmaría las tesis sostenidas por el reporte del PEW relativas a los excesivos costos de mantenimiento del entero sistema de readaptación en Estados Unidos.

En su más reciente reporte, el PEW dice: “El año pasado (2007), se gastaron más de 44 mil millones de dólares en el sistema de readaptación nacional, lo cual representa, con las debidas proporciones inflacionarias, un aumento de 315% desde 1987.”

Además, señala el documento, “con el aumento esperado de la población encarcelada, estos costos aumentarán de 25 mil millones”.

En este aspecto, el PEW afirma “que evidentemente la primera causa (de esta situación) es el costo que conlleva cada preso”. Y explica: “El promedio de gasto por cada preso fue de 23 mil dólares en 2005, con un máximo de 44 mil en Rhode Island y un mínimo de 13 mil, en el estado de Louisiana”.

Además, abunda el documento, actualmente “hay 13 estados del país que gastan poco más de mil millones de dólares en su sistema de readaptación local”.

El récord de gastos, según el PEW, “lo tiene el estado de California que dedicó a este rubro poco más de 8,800 millones en 2008”, de tal manera que dicha entidad “hoy simboliza de modo vívido el peligro para las financias del sistema de readaptación estatal”.

Otro rubro económico importante señalado por el estudio del PEW es el de la salud. Explica el documento: “De acuerdo con los datos del Consejo de Gobiernos estatales, el costo de los servicios de salud en las cárceles estatales suma más de 10% del total.” De estos, continúa, “la mayoría son destinados a problemas de salud ligados al elevado hacinamiento que existe en las cárceles del país: contagios de algunas enfermedades (hepatitis C, por ejemplo), difusión del HIV, heridas causadas por peleas, uso de drogas”. En este último aspecto, los datos del USDJ señalan que “en 2005, 78.7% de los presos en las cárceles federales hacía algún uso de drogas (mariguana, cocaína, heroína, anfetaminas, etcétera), contra 83.2% de los presos en las cárceles estatales”.

Por otro lado, señala el PEW, “la otra grave causa de los elevados costos (del sistema de readaptación) es el envejecimiento de la población presa”.

“Entre 1992 y 2001, la población presa mayor de 50 años aumento en 173% y de seguir la situación actual, se estima que en 2010 ese sector alcanzará a ser una tercera parte del total de presos en Estados Unidos”.

Al respecto, el PEW estima que cada preso mayor de 50 años cuesta al estado más de 70 mil dólares anuales. La conclusión de esto, agrega, es que “hay crímenes tan atroces que requieren una vida tras los barrotes. Pero los estados están gastando más dinero para aquellos presos que son mucho menos peligrosos para la salud social”.

Otro costo importante indicado es el relativo al personal de vigilancia. “Casi medio millón de personas trabajan en las cárceles estatales. Sin embargo”, sigue el documento, “estamos lejos de tener el personal suficiente para todos los institutos de readaptación total”.

Por esta razón, “uno de los costos mayores en este aspecto es el abuso de las horas extras requeridas a los trabajadores”.

El estudio señala también que “la confianza que tiene el gobierno en el sistema de readaptación social para los ciudadanos culpables de crímenes menores conlleva también otros costos, aparentemente menos obvios”. Entre estos, el PEW señala “la dificultad para los presos que trabajan de ganar más de un salario mínimo, lo cual se refleja inevitablemente en el cuidado de los hijos que se encuentran afuera de las cárceles, en la compensación para las víctimas de tales delitos e inclusive en el pago de los impuestos”.

El resultado de todo lo anterior, abunda el PEW, “es que en el año fiscal 2006 por los estados de la federación americana, los fondos destinados al sistema de readaptación han representado 9.2% del total, sólo por detrás del rubro transporte, pero por mucho delante del sector educativo y médico público”.

El reporte concluye que Estados Unidos ha “estado anclando sus políticas punitivas a muros y morteros. La tangible sensación que produce la presencia de cárceles […] ha sido una arma nunca cuestionada en nuestra batalla en contra del crimen”. Sin embargo, subraya el documento, “numerosos estudios demuestran que nuestra ciega confianza en la detención (de ciudadanos) está pagando siempre menos dividendos en la prevención del crimen”.

“Dicho en otras palabras –concluye el PEW–, seguir expandiendo nuestro sistema de readaptación social rendirá cada vez menos frutos y costará cada vez más.”

EU: estrategia empresarial contra los sindicatos

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 21 de enero de 2008.
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“Es la muerte de una civilización. Así es como una civilización desaparece. Estoy sentado aquí como un hombre de Estado y estoy mirando lo que sucede y no lo puedo creer”, declaró Bernie Marcus, fundador y líder de la empresa estadunidense Home Depot, el pasado 17 de octubre.

Tres días antes, el 14, la Bank of America Corporation (BAC) recibió, por parte de la administración saliente de Estados Unidos, su cuota del plan de rescate financiero: 25 mil millones de dólares. Inmediatamente, la BAC ofreció sus oficinas para que en ellas se realizara una “reunión reservada” con el “mundo empresarial”, misma que fue convocada por Marcus y por Rick Berman, fundador del Centro de Estudios Privados Union Facts.

El objetivo: aliarse y analizar cómo bloquear “la amenaza constituida por la Employee Free Choice Act” (EFCA), es decir, una propuesta de ley, ya aprobada en la Cámara de Representantes y aún bloqueada en el Senado, que reformaría las vías de elección de un sindicato por parte de los trabajadores estadounidenses.

La reunión se realizó el pasado 17 de octubre. A pesar de su carácter “reservado”, fue grabada. En los archivos de audio –una de cuyas copias tiene este reportero– se escuchan las voces de los dos principales protagonistas del encuentro: Marcus y Berman. Ambos revelaron el profundo malestar que les provoca la EFCA y esbozaron la estrategia para frenar su aprobación.

A lo largo de sus intervenciones, definieron el proyecto de ley como “la mayor amenaza al capitalismo americano”. Explicaron que por ello “son necesarias importantes donaciones a todas las fuerzas que se están oponiendo” a la ley.

Según los expositores, estas aportaciones “de cientos de miles de dólares” deberán de ser destinadas “al centro” dirigido por Berman y “a los senadores republicanos más sensibles al tema”, para evitar “que Estados Unidos se convierta en un país como Francia”.

En una de sus alocuciones, Marcus añadió: “Si los empresarios no intervienen, si no han gastado dinero en esta elección (la presidencial), si no han enviado dinero a Norm Coleman (senador republicano) y a todos esos muchachos, deberían dispararles. Deberían ser despedidos de sus malditos trabajos”.

No paró ahí: “En calidad de accionista, si encuentro a un directivo que no hizo nada en contra de la EFCA demandaría al hijo de puta (…) Estoy tan enojado con estos directivos. No comprendo toda esta estupidez”.

La EFCA

La Employee Free Choice Act fue propuesta por sectores demócratas en el Congreso federal estadounidense. El 1 de marzo de 2007, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley. Fue una votación reñida: 241 votos a favor y 185 en contra.

La iniciativa se turnó al Senado, que la sometió a votación el 26 de junio de ese año. Pero la EFCA no alcanzó los 60 votos necesarios para ser aprobada.

En dicha sesión, el entonces senador Barack Obama expresó su opinión favorable: “Apoyo esta ley porque, para restaurar un sentido de prosperidad y de seguridad, necesitamos ayudar a las clase trabajadora de Estados Unidos a ejercer su derecho a organizarse bajo un proceso libre y a ser contratados colectivamente”.

Un año más tarde, en abril de 2008, durante la campaña interna para alcanzar la candidatura demócrata, Obama afirmó frente a los sindicatos: “La aprobación de la EFCA será mi prioridad por lo que concierne al ámbito laboral”.

Las principales centrales sindicales estadounidenses lanzaron una campaña en favor de la ley, entre ellas la American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO). La campaña, que lleva el nombre de “Acta de la opción libre”, es apoyada incluso por organizaciones civiles estadounidenses.

De acuerdo con diversos documentos de esta campaña, las centrales de trabajadores afirman que la EFCA mejorará las condiciones para formar un sindicato y para negociar contratos de trabajo.

“Con la actual normativa, los trabajadores podemos formar a un sindicato de dos maneras: o el empleador reconoce que la mayoría de los trabajadores quieren tener una representación y la acepta, o la puede pelear si al menos el 30% de los trabajadores no están de acuerdo con la nueva representación”, señala uno de los documentos.

En efecto, el empleador actualmente puede recurrir a la Mesa Nacional de Relaciones Laborales para pedir una elección.

En los citados documentos, los sindicatos afirman: “Inclusive si los trabajadores ganan, el empleador puede no reconocer al voto interno”. De esta manera, denuncian, “el empleador tiene todo el poder de control de la vida sindical”.

Por el contrario, con la EFCA “es suficiente que la mitad más uno de los trabajadores elijan a un sindicato para que éste exista”. Así, la nueva ley obligaría a los empleadores a reconocer a la nueva representación y les quitaría cualquier medio de apelación frente a las autoridades.

Además, la EFCA permitirá frenar los abusos de los empleadores.

“Con la actual legislación, los empleadores intimidan, persiguen, obligan y despiden a quienes tratan de formar a un sindicato”, pero con la nueva ley se quitan las barreras para formar uno nuevo”, agrega el documento.

También “introduciría la figura del Servicio Federal de Mediación y Conciliación” y “endurecería las multas y castigos para los empresarios que violen la legislación laboral”.

En los documentos de la campaña, los sindicatos afirman que este último aspecto es importante, “pues las violaciones (a la ley) por la parte empresarial se han vuelto algo epidémico.

Los abusos de las corporaciones, como por ejemplo el despido de los sindicalistas, se ha extendido tanto porque, no habiendo castigos suficientes, el costo a pagar por estas violaciones es considerado aceptable para el empleador”, quien lo asume como un costo más de su negocio.

El “doctor mal”

Por el momento, la nueva ley ha quedado congelada en el Senado. Los sindicatos aseguran que “detrás de los senadores se encuentra el mundo empresarial”. Así lo muestran también las grabaciones de la reunión del pasado 17 de octubre.

En esa ocasión, Marcus afirmó que “esta ley puede ser una de las cosas peores que nuca he visto en mi vida”.

Y añadió: “Podría estar de vacaciones en un barco en el Mediterráneo. Sin embargo, sentí que es más importante emprender esta lucha”.

En una referencia al entonces inminente día electoral del pasado 4 de noviembre, Marcus afirma que “es increíble que alguien haya tenido el valor de intentar hacer pasar esta ley en este año electoral, especialmente cuando tenemos una economía que es un desastre, un total y absoluto desastre”.

Según testimonios reportados por medios alternativos en Estados Unidos, en las semanas anteriores al 4 de noviembre, Marcus y Berman habrían cabildeado con empresarios, investigadores económicos y accionistas de distintas empresas la posibilidad de “apoyar las campañas de los candidatos republicanos”, entre los cuales mencionaron a Norm Coleman, del estado de Minnesota; Gordon Smith, de Oregon; Mitch McConnell, de Kentucky; Elizabeth Dole, de Carolina del Norte, y Roger Wicker, de Mississippi.

No obstante, en el encuentro del 17 de octubre, Berman advirtió: “Si después de estas elecciones no hay suficientes republicanos que se opongan a la ley, será muy difícil resistir”.

Añadió: “La única manera (de oponerse a la aprobación de la ley) después de estas elecciones, en el caso de no tener una mayoría obstruccionista en el Senado, es la de calentar tanto el asunto en ciertos estados, que los demócratas que apuntan a las elecciones de 2010 tendrán que pensarlo dos veces si dejan o no pasar este asunto”.

En una declaración pública concedida a pocos días del encuentro, Berman negó “que en la reunión se haya promovido el financiamiento de nadie”. Sin embargo, en las grabaciones se escucha la voz de un hombre que sugirió a los participantes enviar mayores contribuciones a la organización de Berman como una vía para tener influencia en las elecciones sin “molestar a la campaña de (John) McCain”, el candidato presidencial republicano.

Se escucha la voz afirmar: “Algunas organizaciones han firmado cheques por 250 mil, 500 mil y hasta por 2 millones de dólares para este propósito”.

El Centro de Estudios Union Fact –que encabeza Berman– es “una organización sin fines de lucro, apoyada por fundaciones, hombres de negocios, miembros de sindicatos y por el público en general”, que se ocupa “de mostrar a los estadounidenses la verdad acerca de los líderes sindicales de hoy”, apunta el sitio en internet del centro.

Pero los documentos de la campaña lanzada por los sindicatos afirman que en realidad “Berman es un reconocido hombre de negocios que se ocupa de desacreditar a los sindicatos y de cabildear entre los políticos”.

En los años, 90 Berman obstaculizó la legislación que prohibía manejar automóviles bajo los efectos del alcohol y lanzó el lema “tolerancia hacia el beber social”.

Más adelante fundó el Instituto por las Políticas del Empleo, en el que defendía “la importancia de los trabajos con el salario mínimo para la gente pobre y para la gente no educada”.

El 5 de abril de 2007, el programa televisivo 60 minutes, de la CBS, dedicó un programa a las actividades de este empresario. Casi cuando concluía el programa, el locutor lo describió como “el arma de destrucción masiva que utiliza la industria de alcohólicos y de la comida”, y al final lo llamó “el doctor Mal”.

Estados Unidos: las cifras del hambre

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 2 de enero de 2008.
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El 89% de los hogares estadounidenses ha tenido suficiente comida durante 2007. Sin embargo, el 11% restante -alrededor de 13 millones de personas- no siempre ha tenido qué comer y el 4% ha padecido “graves faltas alimentarias”.
Estos son los números arrojados por un estudio realizado por la Secretaría de Agricultura del gobierno de Estados Unidos (USDA, en sus siglas en inglés), con fecha de noviembre de 2008.
El estudio revela además que del total de la población estadounidense (300 millones), 36 millones 200 mil personas no tuvieron acceso permanente a la comida durante 2007.
Realizado en el marco del Programa de Investigación acerca de Asistencia Alimentaria y Nutrición, y promovido por la USDA, el estudio analiza el grado de seguridad alimentaria en Estados Unidos durante 2007. Fue presentado en el mes de noviembre de 2008 como parte de la evaluación que la misma USDA realiza acerca de sus programas de asistencia alimentaria.
El informe también muestra que los altos índices de inseguridad alimentaria se encuentran en familias en estado de pobreza, con un solo progenitor y formadas por afroestadunidenses o latinos. Las regiones del noreste y los estados del sur del país son los más golpeados por este fenómeno.
Los números
El estudio fue realizado con base en entrevistas a una muestra poblacional de 54 mil hogares de los 118 millones que existen en Estados Unidos. El primer dato es que 13 millones de los ciudadanos estadounidenses que tienen un hogar fijo no han tenido acceso regular a la comida durante 2007: un aumento de medio millón con respecto al año anterior.
El estudio revela que 36 millones 200 mil ciudadanos -alrededor del 12% de la población- sufrió inseguridad alimentaria en ese año. De ellos, una tercera parte fueron menores de edad. Es decir que de los 73 millones de jóvenes que viven en Estados Unidos, unos 12 millones -cerca de 17%- padecieron inseguridad alimentaria.
El estudio precisa: sufrieron hambre 5 millones de jóvenes blancos, 4 millones de latinos y 2 millones 500 mil de afroestadunidenses. La mayoría de ellos residentes en estados del sur del país.
Con respecto a la geografía del fenómeno, el análisis muestra que la inseguridad alimentaria creció substancialmente en al menos 11 estados del país, mientras que disminuyó en solamente cinco. Entre los primeros se encuentran los estados de la región noreste del país, algunos del llamado Midwest, como Mississipi.
Por el contrario, en los estados de California, Florida, Idaho, Montana, Oklahoma, Texas y Washington, los números muestran un substancial aumento de la seguridad alimentaria de sus habitantes.
El estudio señala que todos estos números se han mantenido substancialmente estables durante los últimos diez años: el porcentaje de aquellos ciudadanos que tienen permanentemente acceso a comida ha sido siempre el mismo: 89.7%. Sin embargo, los mismos datos marcan una tendencia a la alza en 1% en los sectores de mayor inseguridad alimentaria.
De la misma manera, frente a una generalizada estabilidad de los datos entre 2006 y 2007, el estudio señala que hubo un aumento de 2% entre las personas que entraron a ser parte de los que oficialmente son reconocidos como pobres.
En el mapa de la distribución social del fenómeno, el estudio indica que la mayoría de las personas con inseguridad alimentaria se encuentra en hogares de más bajos recursos (37%), seguidos por hogares ocupados por madres solteras (30%) y por familias de afroamericanos y latinos (23%).
Inseguridad alimentaria
El reporte define la seguridad alimentaria de la siguiente manera: “Acceso a todas las personas en cualquier momento a la alimentación suficiente para llevar a cabo una vida activa y saludable”.
Para ubicar los diferentes sectores según su propio grado de seguridad alimentaria, el estudio formuló 18 preguntas a los entrevistados de la muestra seleccionada. En el estudio, además, se distingue entre quienes padecen alguna forma de inseguridad y aquellos que sufren “graves faltas alimentarias”.
En estos últimos contempla a los hogares que se vieron obligados a reducir la cantidad de alimentos por la falta de dinero u otros recursos. La cifra: 4 millones 700 mil personas en 2007.
El 97% de ellos confesó que “la comida se acaba antes de tener dinero para comprar más”. Otro porcentaje elevado afirmó que se vio obligado a “recortar comidas o la cantidad de las mismas por falta de recursos” al menos durante tres meses del año analizado. El 65% declaró haber tenido “hambre porque no me alcanzaba”. Y casi la mitad afirmó “haber perdido peso por no tener dinero para comer”.
Según el estudio, las “graves faltas alimentarias” son causadas por reducidos ingresos económicos o por “trastorno en los patrones alimentarios”. Sin embargo, apunta el documento, estas situaciones “son usualmente ocasionales o episódicas, nunca crónicas”.
Señala que la mayoría de las personas que padecen distintos grados de inseguridad alimentaria se enfrentaron al menos una semana al mes con otros problemas asociados, tal como el desempleo.
La investigación sostiene que un estadounidense que goza de seguridad alimentaria gasta 42.5 dólares a la semana y hasta 63 dólares en el caso de un hombre soltero e independiente. Sin embargo, los que no tienen acceso regular a la alimentación gastan un promedio de 32.5 dólares a la semana.
La investigación aclara que se concentró en las personas que pertenecen a algún tipo de núcleo familiar y señala: “La omisión de las familias sin casa y de los individuos de estas estadísticas empuja los datos hacia abajo”. Entonces -explica- los datos relativos a las estimaciones presentadas pueden ser substancialmente diferentes, sobre todo en los casos en condiciones más severas”.

Estados Unidos: la práctica de las drop weapons

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 30 de junio de 2008.
La versión en .pdf.
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Soldados estadunidenses presentes en Irak y en Afganistán colocan armas –sobre todo fusiles AK 47– alrededor o por encima de los cuerpos de los civiles que eventualmente mueren en los operativos que el ejército de Estados Unidos realiza en aquellos países.

La razón: eliminar cualquier sospecha de que mataron por accidente a civiles iraquíes o afganos y, por lo tanto, evitar posibles investigaciones y acusaciones de homicidio en su contra.

A esta práctica se le conoce como drop weapons (armas caídas). Es común entre los soldados y, en algunos casos, es avalada por los oficiales de la cadena de mando, desde los sargentos hasta los generales en el campo.

Tal es la denuncia que aparece en un video-reportaje realizado por David Murdock, productor ejecutivo del portal estadunidense American News Project.

En el video, de apenas 9 minutos de duración, el autor muestra los aspectos de un fenómeno que “pocos conocen (…) pero que todo mundo acepta y practica en los escenarios del conflicto”. Lo hace a partir de testimonios de soldados que han participado en operaciones militares en Irak y Afganistán.

La recomendación

“Si yo fuera un marine inteligente tendría un AK o algo similar en mi vehículo, por si acaso alguien muere accidentalmente. No quisiera tener problemas por esto porque… sabes… bueno, se trata ‘evidentemente de un insurgente, tiene un arma’, así que estamos tranquilos, pues matamos a un rebelde.”

Tal es el testimonio del soldado Jason Washburn –quien ha estado en tres ocasiones en Irak— que recoge el video de Murdock.

Otro testimonio, el de Sergio Kochergin, quien ha estado en dos ocasiones en Irak, confirma: “Cuando llegamos allá, nos dieron una cierta cantidad de AK 47 y nos dijeron que las usáramos en el caso sucediera algo.”

Kochergin precisa que dichas armas les fueron proporcionadas por “los oficiales de la cadena de mando (…) todos hablan de eso”.

Garrett Reppenhagen, quien estuvo un año en Irak, sostiene que a cada civil muerto por accidente “se le tomaba una fotografía y en ella tenía que aparecer un arma, de preferencia un AK 47”.

Continúa: “Esa era una prueba suficiente para proteger al soldado de cualquier proceso por cualquier crimen.”

Actualmente en Irak en cada vivienda hay armas. La política de Estados Unidos al respecto es la de permitir un arma por casa. Las demás son confiscadas por el ejército estadunidense o por la policía iraquí.

Narra Reppenhagen: “Estás en un equipo de tres personas que utilizan el mismo vehículo todos los días. Cuando secuestran armas las meten ahí, en el camión, no las entregan y no sirve recordar que ahí están. Y si algo sucede te volteas y dices ‘ahí están los AK 47’… Sencillo, ¿no?”

Vincent Emanuele, quien estuvo ocho meses en Irak, apuntala: “En todos los numerosos casos en los que civiles son asesinados, los marines colocan armas sobre sus cuerpos.”

Washburn explica que esta práctica se difunde rápidamente e involucra toda la cadena de mando. “No encuentras nunca a nadie que te desanime de hacer lo que haces. De tal manera –admite— que lo tuve que hacer yo también.” Y añade: “Estoy seguro que las drop weapons se utilizan todavía. Las cosas siguen igual hoy como hace unos años.”

Responsabilidades

Washburn abunda: “He escuchado a mis oficiales hablar con otros, de otros países ahí presentes, y decirles que sí, que es una práctica ilegal, pero que hay que ampararse frente cualquier eventualidad.”

El abogado Gary Solis, quien durante 26 años sirvió en el ejercito estadunidense, dice que hasta ahora han sido muy pocos los casos de procedimientos legales por los operativos en Irak y sólo tres de ellos por casos relacionados con las llamadas drop weapons.

De hecho, señala, los casos “son más de los que quisiéramos saber o de las que realmente conocemos”.

Explica que de llevarse cabo algún juicio por esta práctica, las acusaciones podrían ser por “homicidio premeditado y obstrucción a la justicia”. Añade: “Si estuvieran involucradas más de una persona, la acusación podría ser la de conspiración. Y si se mintiera a las agencia de investigación como la NCIS (Naval Criminal Investigative Service) o la CDI (Center for Defense Information) habría también la acusación de falso testimonio.”

Y es que, señala, “existe una especie de reacción en cadena que comienza con el sencillo hecho de depositar un arma sobre el cuerpo de un civil que mataste”.

Acerca de si los altos mandos conocen estas prácticas, el abogado no duda: “Creo no haya la mínima duda que los altos oficiales de la cadena de mando conocen el fenómeno de las drop weapons. Desde los comandantes de pelotón, que están muy cercanos a las tropas, hasta los oficiales que más experiencia tienen. Todos han de saber.”

“¿Qué deberían hacer? Si se meten armas muy poderosas en las manos de jóvenes de 18 o 19 años, algo puede suceder. Lo único que podemos hacer es investigar de manera exhaustiva los casos que se nos presentan”, agrega.

La opinión pública en Estados Unidos, explica, “no tiene ni la menor idea de lo que está sucediendo. No les interesa. Mientras los ciudadanos no tengan allá un hijo, un padre, un hermano o una esposa, las cosas que suceden no los tocan. Pero éste no es necesariamente su error. Creo más bien que es un error de quien los guía”.

En el video de Murdock, el soldado Jason considera que “es de sentido común llevar siempre contigo una drop weapon, si es que quieres evitar la cárcel por haber matado a un iraquí”.

Aclara: “No es que queríamos salir y eliminar civiles iraquíes inocentes pero… a causa de la naturaleza de esta guerra, tenemos que salir con alguna garantía frente lo que nos puede suceder.”

Reppenhagen aporta un ejemplo concreto: “Toma a un comandante, uno que tiene la responsabilidad de todos esos jóvenes y de su seguridad. ¿Qué es peor para él? ¿Perder un soldado y luego ir a decírselo a su madre? ¿O simplemente un iraquí que puedes arrojar en algún lugar, tras un muro o en el césped? ¿O más sencillo aún, ponerle un arma encima y hacerlo pasar por un insurgente?”

Para evitar cualquier riesgo, explica Washburn, hay que prestar atención a los detalles: “La cosa más importante después de haber colocado el arma es no decírselo a nadie”, pues “si sólo lo mencionas con alguien, estás quemado”.

Apunta: “Es extraño: te animan a que lleves armas, esas armas, ‘por si acaso’, pero nadie menciona nunca los casos concretos. Es una de aquellas cosas fea que prefieren tener bajo silencio.”

Kochergin explica, a su vez: “Cualquier cosa que hacíamos cuando estábamos allá no parecía equivocada porque las personas que eran responsables de nosotros, personas en quienes confiábamos, que nos tenían que cuidar, nos decían que todo estaba bien.”

Continúa: “Somos jóvenes, y cuando estábamos allá y veíamos nuestros compañeros morir y que las cosas no iban por el rumbo correcto, uno no se pone a pensar. Si te dicen algo, tu lo haces y ya.”

Washburn admite los errores y cuenta: “Sabes que es algo injusto, equivocado, pero sientes que debes de hacerlo si quieres sobrevivir y regresar con tu familia. Es como si te hubieran puesto en un lugar en donde no tienes opción alguna, excepto la de ser deshonesto.”

La República Lakota

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 11 de febrero de 2008
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El pueblo de los lakota se retira, “formal y unilateralmente, de todos los tratados y acuerdos impuestos por el gobierno de Estados Unidos”.

Con esta posición, expresada en conferencia de prensa en Washington el 17 de diciembre pasado, cuatro representantes del pueblo indígena lakota –mejor conocido como sioux– declararon la independencia de su territorio y la creación de la República Lakota.

Explicaron las razones de la declaración de independencia:

“Hemos esperado 155 años para que el gobierno de Estados Unidos cumpla con la palabra suscrita en los tratados” que firmó con los lakota, sin embargo, “las continuas violaciones a estos acuerdos han dado como resultado la casi aniquilación física, espiritual y cultural de nuestra gente”.

Actualmente existen unos 150 mil indígenas lakota. Se encuentran repartidos en cinco estados: Nebraska, Dakota del Norte, Montana, Dakota del Sur y Wyoming.

Russel Means, histórico activista indígena a favor de los derechos de los pueblos originarios de Estados Unidos, explicó:

“Ya no somos ciudadanos de Estados Unidos de América. Todos los que viven en el área de esos cinco estados que comprenden nuestro país están invitados a unirse a nosotros”.

Y agregó: “Estamos ejerciendo de manera legal nuestro derecho a ser libres e independientes”.

Una larga historia

Los cuatro representantes de este pueblo indígena –agrupados en la organización Lakota Freedom– que fueron a Washington para declarar su independencia respecto de Estados Unidos, son: Gary Rowland, Duane Martín, el mencionado Russel Means y Phyllis Young. Ésta última la única mujer de la delegación.

En entrevista con Apro, la líder indígena Phyllis Young explicó que la declaración de diciembre fue el fruto de un largo camino que comenzó hace 33 años.

“En 1974 se efectuó el Primer Encuentro Indio Internacional sobre Tratados en Estados Unidos, el cual estableció dos objetivos: el primero, que Naciones Unidas nos reconociera como pueblos indios, para lo cual abrimos una oficina en Nueva York y nos volvimos una ONG.

“El segundo era regresar al estatus original de nuestras naciones”, dice.

Tales objetivos quedaron plasmados en la Declaración de los Nativos Americanos de Independencia Continua.

De acuerdo con Young, lograron el primer objetivo el pasado 13 de septiembre, cuando la ONU aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indios.

“Nuestra declaración de independencia es el primer paso para conseguir el segundo objetivo”, señaló.

No es la primera vez que los lakota buscan la independencia.

El 28 de febrero de 1973, un grupo de indígenas del American Indian Movement –entre los que se encontraba Russel Means– tomó con las armas la población de Wounded Knee Crock y declaró su independencia. La acción acabó con la intervención armada de la Guardia Nacional y un saldo de dos muertos entre los insurrectos y varios detenidos.

Wounded Knee Crock es un lugar símbolo para el pueblo lakota. En 1890 el Ejército estadunidense realizó allí una masacre de este pueblo.

A diferencia del pasado, ahora los lakota buscan su independencia por medios pacíficos y utilizando los espacios que les brindan las mismas leyes de Estados Unidos.

Young aclaró: “No creo que haya la posibilidad que se repita la tragedia de 1973, pues somos un movimiento pacífico. Ya hicimos una guerra, pasaron muchos procesos y hubo muertos. Pero esta vez no estamos armados y queremos sólo el derecho de gobernarnos”.

Según la activista indígena, Lakota Freedom no tiene pensada alguna acción militar o paramilitar. “No somos un movimiento armado –aclara– sólo queremos actuar dentro del sistema de leyes de este país y en el marco internacional. Queremos un autogobierno fundado en la Constitución de Estados Unidos”.

Precisó: “Fundamos nuestra decisión de rescindir todo tratado firmado desde el siglo antepasado con Estados Unidos en el artículo sexto de la Constitución (…) Apelamos también a los artículos 49 y 60 de la Convención sobre Tratados de Viena de 1969, además de la reciente declaración de ONU” sobre los derechos de los pueblos indios.

Las razones

Young señaló las razones del movimiento de independencia del pueblo Lakota: “Tenemos una tasa de mortalidad infantil 300% más elevada que en todo Estados Unidos. Nuestros hombres tienen una expectativa de vida de 44 años, segundos sólo después de Haití y peor que ciertos países africanos”.

Además, precisó, “la tasa de suicidios entre los jóvenes lakota es 150% más elevada que entre los jóvenes estadunidenses”. Denunció que 21% de los encarcelados en los estados en donde se encuentra su territorio corresponde a indígenas lakota.

En materia de salud sostuvo que los lakota sufren en “porcentajes espeluznantes” enfermedades como tuberculosis, cáncer cérvico-uterino y diabetes. “Estas tres enfermedades inciden en nuestro pueblo diez veces más que en todo Estados Unidos”.

A ello agregó las pésimas condiciones socioeconómicas de su pueblo: una tasa de desempleo de casi 85%, “mientras quienes logran trabajar reciben sueldos anuales de entre 2 mil 660 y 3 mil 500 dólares”.

Se pregunta: “¿Cómo podemos seguir viviendo así?”.

La líder indígena destacó el deseo de su pueblo de recuperar su cultura. Dice: “Hemos afirmado el derecho a nuestra religión y nos preparamos para abrir escuelas en las que se estudie nuestro idioma y nuestra historia”.

Actualmente sólo 14% de la población lakota habla su idioma nativo. La mayoría son personas mayores de 65 años de edad. Según Young, ello se debe a que “aquí el racismo es más sofisticado y nos convencen del modelo americano”.

Añadió que “nos empujan a estar de acuerdo con la explotación de nuestra tierra, agua y recursos naturales. Nos acostumbran al silencio frente a la explotación”.

Relaciones públicas

En su carta-declaración de independencia dirigida al Departamento de Estado, Lakota Freedom desconoció los “acuerdos incumplidos” con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, en la propia misiva invitó a sus representantes a entablar un diálogo.

Young puntualizó: “Exhortamos al gobierno de Estados Unidos a que negocie con nosotros. De no hacerlo, comenzaremos a ejercer nuestra soberanía. Estamos comenzando un gobierno autónomo. Tenemos que buscar un desarrollo distinto para nuestra gente (…)”.

Recordó que, en 1977, Estados Unidos reconoció la existencia, dentro de su territorio, de la llamada Confederación de las Seis Naciones, en el noreste del país. “Ellos ya tienen su propio pasaporte y están reconocidos por 62 países en todo el mundo”.

Además, “diversos gobiernos han declarado que están considerando un reconocimiento hacia nosotros”.

Entre estos gobiernos estarían los de Venezuela, Bolivia, Chile, Sudáfrica e Irlanda, según comentaron en diciembre los cuatro representantes de los lakota.

Young señaló que su movimiento cuenta también con el apoyo de muchos ciudadanos estadunidenses. “Tenemos el apoyo de mucha gente: científicos, abogados y doctores que quieren llegar aquí y ayudarnos”.

“Hemos invitado a todos los que viven en nuestras tierras a quedarse y a echarnos una ayuda”, sostuvo.

Y agregó, con orgullo: “Mucha gente que vive en nuestro territorio nos apoya porque se encuentra en situaciones parecidas. Hasta hay gente que nos quiere regresar la tierra. Tanto es así que tuvimos crear una fundación que se hiciera cargo de la tierra recuperada”, aunque, aclaró, “no queremos expulsar a nadie”.

En octubre último Gary Rowland Jr. hijo del portavoz lakota del mismo nombre que fue a Washington y descendiente directo del famoso Caballo Loco, viajó a Vicam, Sonora, para participar en el Encuentro de Pueblos Indígenas de América, convocado por La Otra Campaña.

Allí, Rowland Jr. afirmó: “Nuestra lucha es muy parecida a la de ustedes y es una lucha por la tierra y por el derecho a vivir”.

Interrogada al respecto, Young confirmó que existe “cierta relación” con el movimiento indígena del sureste mexicano y con los movimientos de todo el continente: “Apoyamos el derecho de todos los indígenas a existir en el mundo. En todo el continente somos lo mismo. Estamos ligados a todos los pueblos indios”.

Precisó: “Conocemos la lucha del EZLN. Hemos estado allá, en Chiapas. Nos ayudaron a apreciar la vida porque estamos en la misma lucha”.

Consideró que tanto los lakota como los indígenas mexicanos han “vivido la represión en formas y tiempos distintos, pero hemos sobrevivido a las matanzas, al terror. Apreciamos a todo la gente que lucha, desde Chiapas hasta Oaxaca”.

Sostuvo que “su lucha es nuestra lucha”.

1 maggio nel continente americano

Il presnete articolo é stato pubblicato sul sito web di MeltingPot Europa, il 2 maggio 2007.
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Primo maggio di mobilitazione americana, americana sul serio.
Se sul fronte latinoamericano, le manifestazioni si sono caraterizzate per la presenza ufficiale dei presidenti Hugo Chavez e Evo Morales, i quali hanno approfittato della data per confermare la conclusione dei programmi di nazionalizzazione del petrolio, sul fronte messicano e statunitense la situazione é un po’ piú complessa.
Negli USA si é ripetuta la mobilitazione migrante dell’anno scorso.
I numeri non sono stati gli stessi, vuoi per la campagna repressiva delle ultime settimane, vuoi perché l’aspettativa era minore, ai cortei hanno partecipato decine di miliaia di migranti. A causa della repressione che la polizia federale sta esercitando contro i migranti, latini soprattutto, le manifestazioni, in particolare quella di Chicago, la piú numerosa, si sono aperte con stricioni che denunciavano precisamente gli arresti, le espulsioni, le minacce, che il governo federale americano sta promuovendo contro questa forza politica e di lavoro migrante.

Oscar Chacón, coordinatore di Enlaces América, presente a Chicago, é entusiasta: “Non ci si aspettava tanta gente”, ammette. La repressione delle ultime settimane “ha fatto muovere le 350mila persone che oggi sono qui”, ma conferma anche le difficoltá di trovare il modo di canalizzare questa forza – che si é manifestata a New York, Milwaukee, Los Angeles, Washington, Houston, Detroit, Phoenix, Orlando, San Francisco e varie cittá del Texas, Carolina del Norte, Georgia – perché costituisca una forza politica permanentemente capace di esercitare pressione sul Congresso, difronte alla reale possibilitá di una riforma da piú parti attesa.
A questo proposito, é interessante sottolineare le sempre piú numerose voci che insistono affinché l’amministrazione Bush, dopo il disastro della politica estera, lasci almeno un segno positivo in politica interna con una buona ed efficace riforma migratoria.
I mesi sono pochi, presto comincierá la campagna per le presidenziali, per cui, al di lá dell’uscente George W. Bush, difficilmente repubblicani e democratici rischieranno misure radicali sul tema migrante. A questa realtá, si aggiunge il veto interposto da Bush, proprio il 1 maggio, alla legge – approvata dalla maggioranza democratica nelle due camere statunitensi – di rifanaziamento della missione in Irak. Il veto, annunciato da Bush giá nelle scorse settimane, giunge non tanto sulla quantitá di soldi destinati alla fallimentare guerra americana in medio oriente, quanto alla fissazione della data del primo ottobre prossimo per il ritiro delle truppe a stelle e strisce. “Un fallimento, porre data al ritiro, non solo darebbe l’immagine di un paese debole e irresponsabile, ma darebbe animo alla minaccia costituita dai terroristi”, afferma Bush.

A questo punto, appare evidente la connessione tra i due temi oggi al centro del dibattito: migrazione e guerra.

Per oltrepassare il veto, i democratici infatti hanno bisogno del voto repubblicano, il quale si potrebbe ottenere cedendo sulla riforma migratoria. Uno scambio per niente improbabile, a detta degli analisti messicani sul tema. Una connessione tra i due temi che non é solo questione legislativa : la libertá e il diritto migrante si intreccia con il diritto alla pace e la libertá dei cittadini iracheni, beffando la politica comunicativa di Bush che si era limitato a scambiare cittadinanza americana per forza di lavoro militare.

Sul fronte messicano, la situazione é forse ancor piú complessa.
Le manifestazioni del primo maggio a Cittá del Messico sono state almeno tre.
La prima è stata quella dei sindacati ufficiali, gli stessi da sempre collusi con la politica economica del governo di Calderón. Una manifestazione partecipata, ma che si é conclusa in venti minuti di discorsi.
Poi, la manifestazione dei sindacati cosidetti “indipendenti”, anch’esa molto partecipata e che si é conclusa con la richieste di salari dignitosi, protezione sociale e ripudio alla recente legge di privatizzazione del ISSSTE (la rete di sicurezza sociale del pubblico impiego).
Ed in fine, la manifestazione della Otra Campaña, che ha visto l’occupazione del centro da parte di numerose organizzazioni aderenti alla Sesta Dichiarazione della Selva Lacandona.

Per la prima volta, nella storia repubblicana messicana, il Presidente della Repubblica é stato assente alle celebrazioni ufficiali, marcando apparentemente un salto di qualitá democratico. ma in realtá, dando il chiaro segnale di abbandono del governo nei confronti del settore lavorativo messicano.
La politica ufficiale del governo, volta alla privatizzazione dei servizi pubblici e all’ingresso di nuove pratiche e relazioni lavorative, esclude il mondo sindacale.
All’interno di questo, la frammentazione é totale.
Mai come oggi, il mondo sindacale é diviso tra coloro, la maggior parte, che sostengono la politica governativa e coloro che vi si oppongono.
Ma l’opposizione non é facile, in Messico si reprime, si spara e si uccidono sindacalisti con una facilitá tale da rendere sempre piú difficile un’azione di opposizione efficace.

Positiva invece la mobilitazione nella cittá di Oaxaca, dove centinaia di migliaia di cittadini – maestri e semplici cittadini hanno occupato per tutta la giornata la piazza centrale della cittá, lo zocalo, per la prima volta dopo la dura repressione del 25 novembre scorso.
Gli studenti hanno occupato le istallazioni di Radio Universidad – con la promessa di abbandonarle il giorno 2 maggio.

Ma il dato realmente importante della mobilitazione sindacale é lo sciopero generale indetto per il 2 maggio in ripudio alla menzionata legge di riforma del sistema pensionistico dell’ISSSTE. Uno sciopero a cui hanno rinunciato all’ ultima ora alcuni dei piú importanti sindacati indipendenti, ma che non ha per questo evitato di sortire effetto. I maestri, il gruppo piú numeroso che partecipa nello sciopero, é riuscito a chiudere praticamente tutte le scuole della capitale – comprese le tre grandi universitá – a bloccare numerose vie di comunicazione, a chiudere i caselli autostradali e a permettere il libero e gratuito transito, ed è riuscito poi a manifestarsi difronte i ministeri del Lavoro, degli Interni e della Pubblica Istruzione.
Le richieste, oltre alla deroga della riforma pensionistica, riguardano la liberazione dei prigionieri politici sparsi nel paese e il miglioramento salariale.

I maestri lanciano l’ultimatum: 15 giorni per soddisfare le richieste, altrimenti sará la mobilitazione totale.

Destino: Canadá

El presente arículo fue publicado en el semanal mexicano Proceso # 1591 el día 29 de abril de 2007
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Casi 5 mil mexicanos solicitaron el año pasado refugio en Canadá, con lo que se convirtieron en el principal grupo nacional que realiza este tipo de peticiones a ese país. Argumentaron diversas razones: desde discriminación laboral hasta persecución política en México. Las autoridades canadienses aceptaron sólo a menos de una cuarta parte de ellos. Ante tal demanda, redes de “polleros” canadienses y de mexicanos que radican en ese país aprovechan para hacer “negocio”.

Los mexicanos son los que más solicitan refugio en Canadá. El año pasado 4 mil 913 de ellos pidieron protección a la Oficina de Inmigración y Refugio canadiense (Office of Immigration and Refugee, IRB), según un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) del 27 de marzo pasado.
Esa cifra, afirma el documento, equivale a 73% de las 6 mil 747 solicitudes de refugio en el exterior presentadas por ciudadanos mexicanos. El restante 27% prefirió desplazarse a Estados Unidos.
Los mexicanos que solicitan protección en otros países aducen diversas razones que dejan mal parado al gobierno de su país en materia de derechos humanos. La mayoría afirma que fueron hostigados, o bien sufrieron persecución por motivos políticos, discriminación sexual o laboral, e incluso sostienen que su vida corría peligro si permanecían en territorio mexicano.
Este tipo de fenómeno migratorio va en aumento: de 2005 a 2006, las solicitudes de protección en Canadá crecieron 32%, con lo que los mexicanos fueron el grupo por nacionalidad que realizó el mayor número de peticiones: 21% de un total de las 22 mil 910 que se realizaron durante el año pasado ante el IRB.
Así, de acuerdo con ACNUR, México se encuentra en el lugar número 11 de países cuyos ciudadanos piden ayuda a un gobierno extranjero para que los acoja en su territorio, detrás de Irak, China, Rusia, Afganistán, Irán y Somalia, pero delante de otras naciones, como Colombia (lugar número 15), en donde actúan dos guerrillas, grupos paramilitares y organizaciones del narcotráfico.

Stewart Istvanffy, abogado que “desde hace 20 años” ha llevado muchos casos de mexicanos ante el IRB en Montreal, Québec, explica: “hay que marcar la diferencia entre peticiones de refugio y las concesiones de estatus definitivo de refugio, porque no es lo mismo pedir que conseguir”.
En efecto, si México se ubica en el primer lugar de peticiones, lo cierto es que durante 2006 sólo 22% de ellas fueron aceptadas –contra un promedio de 47%–, según datos del IRB.
“Por desgracia –continúa el abogado–, la Corte encargada de revisar los casos rechaza las peticiones porque supone que en México el Estado protege a sus ciudadanos.”
De acuerdo con Istvanffy, entre las razones que hoy ubican a México en el primer lugar de la lista de ACNUR se encuentran la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el primero de enero de 1994, y el llamado Acuerdo de Tercer País Seguro entre los gobiernos de Washington y Ottawa, de diciembre del mismo año.
El abogado afirma: “A partir de 1994, los mexicanos ya no requieren de visa para ingresar a Canadá; al mismo tiempo, el acuerdo entre Estados Unidos y Canadá impide pedir refugio en la frontera terrestre entre los dos países, lo cual ha contribuido de manera significativa a la reducción de peticiones por parte de ciudadanos de otras naciones”.
Sin embargo, según Istvanffy, existe otro factor que también explica este fenómeno: la situación social y política en México.
Dice: “México es un país muy dividido, donde existe mucha corrupción y donde se ejerce una represión bastante fuerte” contra sectores de oposición y organizaciones civiles.
Istvanffy asegura que “el caso típico” del mexicano que solicita refugio es el que “destapa casos de corrupción y es hostigado por ello”. Existen casos de “sindicalistas, miembros de organizaciones civiles y personas que han denunciado fraudes en instituciones públicas y han sufrido por ello persecución, amenazas y procedimientos penales” en su contra, dice el abogado.
Pero, añade, también existen “mujeres víctimas de violencia sexual o familiar, indígenas de Chiapas que han tenido problemas con el Ejército, y homosexuales discriminados y amenazados”.

La fuga

El año pasado, el gobierno canadiense concedió refugio a Raúl Gatica Bautista, fundador y dirigente del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM).
En entrevista telefónica con Proceso, Gatica dice: “Vengo de participar en la lucha social, indígena particularmente, desde hace 30 años”.
Y cuenta su historia. Asegura que fue profesor en Oaxaca. Ahí participó en la Comisión Política de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el 17 de noviembre de 1997 fundó, junto con varios de sus compañeros, el CIPO-RFM. “Desde ahí fue creciendo mi participación” política, pues, señala, “me tocaba estar al frente de las negociaciones” con las autoridades de Oaxaca.
Comenta que, debido a su activismo, empezó a sufrir amenazas y atentados. “En la época en que Diódoro Carrasco fue gobernador de Oaxaca, sufrí el primer intento de asesinato: me dieron un balazo en el estómago”.
Después, el 23 de abril de 1998 –ya durante la administración estatal de José Murat–, la policía realizó un operativo en el que detuvo a 106 miembros del Consejo Indígena. Entre ellos se encontraba Gatica. Fue encarcelado durante cuatro meses.
Luego, de 2001 a 2004 se incrementaron en su contra tanto las amenazas como los intentos de asesinato. En diciembre de 2004, Ulises Ruiz tomó posesión como gobernador y unos días después ordenó el desalojo del plantón que el CIPO-RFM mantenía en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Gatica dice que entonces se ocultó y pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar de protección. Ésta le fue concedida, pero –afirma– el gobierno mexicano simplemente no la aplicó.
La situación se precipitó. “Las amenazas eran diarias y los disparos (en su contra) eran casi diarios también”, recuerda. Gatica indica que salió del estado, pero sus compañeros del CIPO-RFM le dijeron que “la situación ya era insostenible”. Tuvo que salir del país.
Así, en junio de 2005 viajó a Canadá. “Me fui solito. Llegué y les dije (a las autoridades migratorias canadienses) quién era”. El 7 de julio de ese año tramitó su solicitud de refugio, la cual fue aceptada un día después.
El procedimiento de refugio establece que el IRB debe en primer lugar estudiar la petición de refugio. Si ésta es aceptada, un tribunal fija audiencia para analizar el caso. Después determina si concede al solicitante o no la protección del Estado canadiense. Por último, si el fallo del tribunal es positivo, comienza un largo proceso burocrático para obtener la residencia y los documentos correspondientes.
Gatica Bautista dice que fue “afortunado” porque el tribunal fijo su audiencia para diciembre de 2005, tres meses después de haber ingresado a Canadá, y obtuvo el refugio un mes después, en enero de 2006. Sin embargo, su estatus de residente aún está pendiente.
Concluye: “Mi felicidad será completa cuando vuelva a México. Porque voy a volver. Los tiranos se van, más temprano que tarde. Ellos van a ser tiranos seis años; nosotros, ciudadanos toda la vida”.

Otro caso es el de Óscar Carrillo, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En entrevista con Proceso, Carrillo cuenta que participó en el movimiento estudiantil de la UNAM. En 1999, al estallar la huelga en esa institución, varios medios de comunicación lo señalaron como uno de los dirigentes estudiantiles. Recuerda que “su fotografía fue utilizada” para acusarlo a él y a sus compañeros de “cometer un delito por colocar las banderas de huelga”.
“Luego –prosigue–, personas vestidas de civil que se transportaban en automóviles sin placas comenzaron a vigilar la casa de mis padres. Después incluyeron mi nombre en el grupo de personas que modificaron el mural Siqueiros, El derecho a la cultura.”
Carrillo relata que en vísperas de que la Policía Federal Preventiva desalojara a los estudiantes en huelga de la UNAM, “intentaron entrar unos porros mientras cuidábamos las barricadas”. Cuenta que “unas siete personas armadas me siguieron e intentaron detenerme. Traté de escapar y me escondí debajo de un automóvil. Hasta ahí llegaron y me golpearon con las armas largas que llevaban. Por suerte pasaron unos periodistas de Canal 40”. Los agresores guardaron sus armas y trataron de justificarse con los periodistas. Incluso les mostraron una supuesta orden de aprehensión en su contra, pero, dice, los papeles que mostraron tenían el nombre de otra persona. Finalmente, los agresores se fueron.
El 6 de febrero de 1999 –el día del desalojo en la UNAM–, Carrillo se encontraba en el campus universitario. “Me desperté con la gran sorpresa de que estaban los militares. Pero logré escaparme”, comenta. Fue entonces que tuvo que decidir si se entregaba a las autoridades o se fugaba. Optó por la segunda.
“Todo mundo sabe que el gobierno mexicano facilita la salida del país de los activistas. Es lo mismo tenerlos en la cárcel o en el exilio”, dice Carrillo.
Compró un boleto de avión hacia Canadá y el 20 de marzo de 2000 llegó a Montreal. Cinco meses después obtuvo el estatus de refugiado. “El problema vino con la residencia –dice–. Dentro de los derechos del refugiado se encuentra establecido el de la participación política… Pero la realidad es distinta”.
Y es que Óscar se adhirió a las organizaciones políticas que en 2001 protestaron contra la Cumbre de las Américas en la ciudad de Quebec. Cuando asistió a la audiencia en la que se le concedería la residencia, oficiales de la policía acudieron también al tribunal y le hicieron “un interrogatorio policiaco”. Le preguntaron, dice, sobre su pasado político en México y fundamentalmente sobre sus actividades en Canadá. “Quisieron hacerme delator, me preguntaron de todo acerca del movimiento canadiense”. Todo esto retrasó los trámites y sólo hasta 2006 pudo obtener su residencia.

Polleros canadienses

Mauricio Zaleta es oriundo de Veracruz. Llegó a Montreal en 2003 después de que en México fue objeto de discriminación laboral y agresiones físicas por su condición de homosexual. Zaleta aún no consigue el estatus de refugiado.
En entrevista con Proceso, dice que existe una red de personas que se dedican a traer a mexicanos a Canadá utilizando los trámites de refugio. Se trata, dice, de “un negocio” en el que participan canadienses, sobre todo abogados, así como mexicanos que ya tienen la residencia en este país. Evidentemente, comenta, estas personas se hacen cargo de “casos de falsos refugiados”, o bien “de refugiados económicos, pues la pobreza te obliga a escapar de tu tierra”.
Cuenta: “Hay una mujer mexicana que se dedica a este negocio en Montreal. Recibe a la gente en un McDonald’s, a plena luz del día. Todo mundo lo sabe”.
Zaleta comenta que esta mujer “acompaña a los supuestos refugiados en todo el trámite. Les cobra de 5 mil a 10 mil dólares”.
“Está claro dónde está el negocio (…) Son viles polleros”, dice.
Así, tanto los migrantes económicos como los que realmente necesitan refugio, corren el riesgo de caer en manos de estas mafias.

Francisco Sánchez Serrano y su esposa trabajaban en las oficinas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en Guadalajara. Esta institución sufrió un recorte de personal y ambos fueron despedidos. Sánchez dice que les fue imposible encontrar “un trabajo digno” en México. El matrimonio decidió emigrar a Canadá. Arribó a Toronto en mayo de 2002. “Al llegar nos enteramos de que podíamos pedir refugio (…) Nos dijeron que no era nada descabellado solicitarlo”. Al fin y al cabo, nos dijeron, podrían pasar hasta cuatro años entre la petición de refugio y una primera respuesta, la cual puede apelarse más de una vez.
En el IRB la pareja argumentó que había tenido problemas en el INEGI. Les dije que “a mi esposa la estaban hostigando”, recuerda Federico. Las autoridades canadienses le negaron el refugio. Interpusieron recursos para apelar la decisión. Tampoco lo lograron. El IRB les entregó una notificación para que se presentaran en el aeropuerto de Toronto el 13 de abril de 2006. Allí, los funcionarios canadienses les entregaron un boleto de avión de regreso a México.
Según Istvanffy, “en cualquier movimiento de refugiados hay gente que se aprovecha”. Sin embargo, se niega a hablar del tema porque, dice, “no quiero ayudar al gobierno de Canadá y al gobierno de México en su política de represión, pues la campaña de propaganda es que aquí todos los casos de refugiados mexicanos son falsos”. El abogado afirma que ello ocasiona que muchos mexicanos con casos “muy fuertes” de persecución o de discriminación “sean rechazados, porque el gobierno de Canadá quiere apoyar lo que pasa en México”.

Proceso.Com S.A. de C.V. © 2003

ADS, nueva arma para escenarios futuros

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 26 de marzo de 2007
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ADS, una sigla aparentemente inocua, que puede representar el futuro de la gestión de conflictos militares y sociales de masa. Es un arma y se le llama Active Denial System: una parábola de metal, montada en el techo de humvee y que, según explican, dispara rayos en altísima frecuencia que golpean al objeto, un ser humano. El resultado es una fuerte sensación de calor, tan tremenda de inhibir la persona y obligarla a salir del haz del rayo. Una reacción instintiva. Según los expertos del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea y los de la Dirección del Conjunto de Armas No Letales, ambas dependiente del Departamento de Defensa de EU, con esta arma “se provee a nuestros soldados de una extraordinaria capacidad, una arma no letal de mayor alcance de las tradicionales”. Un rayo de energía a 95 GHz de frecuencia es disparado hacia el sujeto. La piel es penetrada por 0.03 centímetros, lo suficiente para estimular los neuroreceptores que transmiten inmediatamente una fuerte sensación de calor. Como las microondas que calientan la comida, el rayo del ADS penetra las moléculas de agua presentes en la piel del ser viviente, llevándolas a una temperatura de alrededor de 50 C. La sensación que deriva es similar a la de una quemadura, pero en todo el cuerpo. Y como el horno de microondas, no deja rastros ni quemaduras algunas. Simplemente calienta. Así las cosas, el ADS se perfila como la nueva arma capaz de disuadir antes que eliminar el peligro advertido. Un arma que despierta no sólo los intereses de los países actualmente en guerra, EU antes que todos, sino que también genera dudas y criticas, por parte de la comunidad científica internacional. Aún callan las organizaciones de derechos humanos.
Del ADS se conocen las informaciones oficiales, mismas que se han ofrecido en la presentación pública que se llevo a cabo el pasado 24 de enero en las instalaciones de la Base Aérea de Moody, en Georgia, Estados Unidos. En esa ocasión, los periodistas presentes han podido asistir a pruebas reales de empleo del ADS. En la simulación presentada (los videos se publicaron en Internet), se aprecia un grupo de personas (todos ellos voluntarios, según la versión proporcionada por el Departamento de Defensa) con actitudes hostiles que se acerca a los camarógrafos. Repentinamente brincan, se descomponen, la mayoría se escapa en la dirección de la que procedían. Ningún ruido, tan solo las risas de los camarógrafos. Ninguna consecuencia inmediata, nada de dolor después de la exposición al rayo, nada de lagrimas o sangrados. Nada de quejas. Más alegre es el video en que se observa el periodista Elliot Minor, de AP, que lanza un pequeño grito y una larga carcajada.
En efecto, los estudios realizados acerca de las consecuencias médicas del ADS, todos documentos públicos excepto unos cuantos, demostrarían la ausencia de consecuencias directas de la nueva arma en la salud de las victimas. No provoca quemaduras ni daños visibles. Además, estaría demostrado que tampoco causa daños de largo plazo en la salud del ser humano. Una vasta red de científicos y médicos, encargados por parte del Departamento de Defensa de llevar a cabo investigaciones independientes relativas al efecto sobre la salud de los rayos emitidos por el ADS, publicó sus conclusiones: “hay un bajo riesgo de daños por la exposición de los rayos de ADS. El estudio averiguó que hay un muy bajo riesgo de daños a los ojos, así como que no hay evidencia alguna de que el rayo de microondas provoque el cáncer”. Por el otro lado pero existen varios investigadores que ponen en duda la seriedad de los estudios realizados, sobre todo por lo que concierne los efectos en el sistema nervoso central, ampliamente estimulado por la exposición a los rayos. Ya en el pasado otras armas clasificadas de no letales, como el gas CR o el mismo difundidísimo Taser, han demostrado no cumplir siempre con su mandato, es decir inmovilizar pero no matar. Steve Wright, de la Metropolitan University de Leed en Inglaterra y miembro de la Omega Fundation, advierte que poco se han investigado los daños a los ojos que pueden provocar estos rayos, así como no se puede aún afirmar con certeza la falta de consecuencias en el código genético de las personas afectadas y concluye: “si las empresas no aceptarán de dedicar parte de su inversión en una clausula de garantias médicas de aquí a los próximos treinta años, tendríamos que poner en duda lo que dicen acerca de los efectos a la salud”.
Pero quizás, las mayores implicaciones y de más difícil interpretación, son las relativas al utilizo de este tipo de armas. Según la Dirección de Armas No Letales, “el ADS suportará una vasta gama de misiones en tiempo de paz y en tiempo de guerra: metodos no letales para la dispersión de masas y muchedumbres, seguridad en los puestos de control, seguridad perimetral, áreas restringidas, protección de puertos e infraestructuras, y aclaración de intenciones (identificación de amigo y enemigo)”. No cabe duda en efecto de que el ADS responde a la inmediata exigencia de tener los instrumentos adecuados a los nuevos escenarios de guerra, como son claros ejemplos las calles de Bagdad o los valles de Afganistán en estos últimos años. Masas de gente inconformes o simplemente presentes entre las cuales grupos organizados o supuestos enemigos se pueden esconder para llevar a cabo acciones hostiles. John Wood, de la Facultad de Sicología del University College de Londres, admite estas posibilidades, pero alerta acerca de la posibilidad de utilizar estos instrumentos en contra de las manifestaciones de inconformidad en contra de un gobierno y concluye: “el peligro psicológico es que la gente deje participar en las manifestaciones de masa en contra de un gobierno”. A su vez Steve Wright la define “un arma que induce autodisciplina, en el sentido de quien es golpeado se aleja de la zona controlada”. Los peligros, afirman los dos investigadores por separado, están ligados a cuestiones éticas y, evidentemente, políticas. “En la Conferencia Internacional sobre Armas No Letales del marzo de 2005, empresas estadounidenses y rusas traían las mismas imágenes de los experimentos efectuados con el ADS […]. Tememos que los experimentos se estén llevando a cabo en contra de poblaciones civiles en áreas del planeta menos protegidas en el ámbito de los derechos humanos”, reflexiona Steve Wright. Al mismo tiempo, advierte el peligro de un arma de disuasión masiva contra la cual es difícil oponerse, aunque sea por vías legales. “¿Cómo demostrar que me quedé ciego por el rayo del ADS?”, es la pregunta que pone el investigador, “¿a quién denunció en ese caso?”. Preguntas como esta abren el paso a más dudas acerca del uso político que se le puede dar al ADS, no sólo en el control de la plaza (el llamado efecto “good bye”), con evidentes riesgos en el campo del ejercicio de las libertades democráticas, sino también en la legítima duda de quienes serán los que utilizarán estas armas. Por un lado en efecto cabe la posibilidad de los abusos de que puede ser instrumento el ADS, como por ejemplo el utilizo indiscriminado sobre objetivos distintos a los los indicados o el mismo utilizo para fines de tortura. Por el otro lado queda la duda del rol del Estado y de las empresas privada en este que representa de converso un negocio más del Complejo Militar Industrial estadounidense. 40 millones de dólares se han canalizado al proyecto el año pasado, cifra que se repartieron no sólo las agencia militares, sino que también tres grandes empresas: la Raytheon AET en Rancho Cucamonga, California, la CPI (Communications and Power Industries) en Palo Alto, California, y la Veridian Engineering en San Antonio, Texas.
Por lo pronto queda claro que el despliegue en el campo de batalla, anunciado para finales de 2005, se tuvo que posponer hasta el 2010. Sin embargo, como suele suceder en la industria bélica estadounidense, el Gobierno de EU, a través de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), autorizó el 22 de septiembre de 2004 a la Raytheon la construcción de un modelo comercial del ADS. Se llama Guardián Silencioso y ya está a la venta en el mercado global de las armas. Es un hermano menor del ADS, de menos potencia, y es ofrecido cual solución al mantenimiento de áreas despejadas y protección de instalaciones. ¿Quién lo comprará para utilizarlo cómo? Estas preguntas surgen naturalmente frente a la aparente facilidad en conseguir un instrumento de tal magnitud. John Wood va aún más allá y plantea: “Es la solución preventiva a las consecuencias que este sistema está generando, es decir cientos de millones de personas dezplazandose en el mundo. El control de esas masa puede bien ser confiado al ADS”.

Carceles para migrantes en EU, un negocio para unos cuantos

El presente articulo fue publicado en el periódico mexicano La Jornada el día 10 de marzo de 2007
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Como en Europa, también en Estados Unidos el fenómeno migratorio tiene, en su aspecto represivo, su faceta carcelaria. Ya hablamos mucho acerca de los centros de detención para ciudadanos migrantes en Europa. Una realidad políticamente incómoda para Europa, pero funcional a un sistema productivo que utiliza los migrantes desprotegidos que salen de esos centros y se ofrecen en el mercado laboral sin la mínima garantía y bajo la constante amenaza de volver a ser detenidos.

En Estados Unidos la situación resulta ser parecida. Sin embargo hasta la fecha la detención de migrantes en Estados Unidos revela otro aspecto que en Europa aún no encontramos, al menos de forma tan prominente: el aspecto económico que caracteriza la detención de migrantes. Si bien en Europa, mantener migrantes bajo la amenaza del arresto significa despojar al migrante de toda garantía individual, en EU a este aspecto se añade la posibilidad para unas cuantas empresas de recavar más utilidades del encierro de los migrantes. Esto se debe sobre todo por el hecho de que en EU la encarcelación de migrantes, y no sólo, es cuestión delegada a los privados. Unas pocas empresas norteamericanas controlan la mayoría de las grandes cárceles, federales, estatales y locales.

Experimento llevado a cabo en los años 80 bajo la administración de Ronald Reagan, durante la llamada “guerra a las drogas”, la privatización del sector penitenciario ha resultado ser un gran negocio que ha llegado a desarrollarse en los años 90, terminando por ser, hoy, fuente de ingresos por millones de dólares para unas cuantas empresas privadas. El endurecimiento de las leyes migratorias estadounidenses (en 1996, sobre todo, con el Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act), las medidas antiterrorismo de estos años, han favorecido la práctica del encarcelamiento de ciudadanos extranjeros en EU. Ya sea por crímenes menores, ya incluido en las ultimas reformas, ya sea por ingreso ilegal repetido en la Unión Americana, el sistema carcelario estadounidense ha podido desarrollarse a tal punto que hoy en día, podemos encontrar cárceles nuevas a lo largo de toda la llena fronteriza – en Texas, Florida y Arizona, sobre todo -, divididas según las personas que ahí se encuentran detenidas: nacionales o extranjeros. Y muchas, sino todas, estas cárceles son gestionadas por empresas privadas.

Estas cárceles para migrantes fueron licitadas con los llamados Criminal Alien Requirments (CAR) – hasta en el nombre, la ofensa -, convocados por el mismo INS (Servicio de Inmigración y Naturalización de EU), los cuales convocan a instituciones públicas o privadas para la construcción y gestión de “estructuras aptas a detener ciudadanos no estadounidenses”. Tan sólo en la última CAR, fechada 29 de noviembre de 2006, el INS pedía espacios para 7,000 personas de “baja peligrosidad”. Una licitación que quizás se cumplirá este año. Si consideramos que el año pasado se calculaba la presencia de 27,500 detenidos “no residentes” en las cárceles de EU – con un incremento de 6,700 sólo en 2006 – podemos comprender las dimensiones numéricas del fenómeno.

Sin embargo, quizás lo que llama más la atención son los costos de estas operaciones. Se calcula que cada día hay la detención de un migrante en EU cuesta un promedio de 95 dólares, por un total anual de casi mil millones de dólares. Cifras puramente indicativas, pues nadie admite los números. Lo cierto es que ese dinero sale de las arcas públicas y termina en los bolsillos privados de pocas sociedades: la Corrections Corporation of America (CCA) y la Wackenhut Corporation entre las más presentes en el mercado. En una nota reciente en el periódico de Tucson Arizona, el Tucson Citizen, Dora Schriro, Directora del Sistema Carcelario de Arizona, se quejaba del costo diario de la detención de cientos de migrantes que bien podrías ser expulsados o deportados del país: 28,000 dólares diarios que los contribuyentes pagan para que empresas privadas mantengan los migrantes encerrados con la autorización del gobierno federal norteamericano.

Un negocio redondo para estas empresas nacidas a mano de expertos ex agentes policíacos federales, como es el caso de la Wackenhut Corporation, o a mano de ex militares, en el caso de la CCA, ambos “sujetos sociales” desplazados por la caída del sistema productivo de la Guerra Fría y ahora reinsertados a lleno titulo en la producción de la nueva seguridad planetaria promovida por la administración norteamericana.

El negocio de la detención de extranjeros en EU hoy ya no es cuestión de seguridad nacional como se obstinan en declarar los funcionarios gubernamentales del vecino país del norte. Es negocio acerca de los cuerpos de miles que cada año tratan de cruzar la frontera. Cada cuerpo representa una cifra de un negocio que tiene actualmente una tasa de crecimiento del 35% anual. Si ese cuerpo logra internarse al país sin antes ser disparado por otros privados “colaboradores” de la Patrulla Fronteriza estadounidense, caen en la red represiva que los encarcela y sólo con este hecho puede cobrar factura.

Cabe preguntarse cómo terminó la platica que muchos atestiguan hubo en 2002, entre funcionarios del Estado de Arizona, algunos corporativos de CCA y funcionarios del Estado de Sonora, en México, para la construcción de un penal para 21,000 extranjeros en territorio mexicano. La maquila penitenciaria. En su reciente visita a México, ¿habrá Janet Napolitano platicado sobre este asunto también?

De la línea del fuego a la resistencia

El presente articulo fue publicado en La Jornada, en el suplemento Masiosare.
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Jeremy Hinzman era parte del cuerpo de elite del ejército estadunidense, la 82 división aerotransportada con sede en Fort Bragg, Carolina del Norte. En 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, lo asignaron en Afganistán, donde cubrió tareas secundarias. Así lo pidió y así le fueron asignadas: “El ejército está compuesto en su mayoría por personas que piensan sólo en salir adelante con su familia. El ejército lo sabe y por eso lo negocia. A cambio de tu inocencia, te proporciona el más ‘socialista’ de los ambientes, todo te subsidia. Pero enlistarse en el ejército no significa renunciar a tus cualidades morales e intelectuales”.
Brandon Hughey
Luego de un tiempo, el Pentágono ordenó su transferencia a Irak y desde un inicio Jeremy solicitó que le asignaran las mismas labores como cocinero de campo; sin embargo fue enviado al frente en Bagdad.
Cuando regresó a Estados Unidos, Hinzman escapó junto con su esposa y su hijo a Canadá y pidió la protección del gobierno. El 2 de enero de 2004 cruzaron la frontera en calidad de turistas. Desde entonces Jeremy es un war resister, un desertor.
“Objeté la guerra porque era evidente que Irak no poseía armas de destrucción masiva; por la explotación del miedo generado en EU a través de las absurdas afirmaciones de Bush de que el régimen de Hussein estaba ligado con un grupo terrorista; y por la risible y falsa idea de que EU está exportando democracia”.
La historia de Brandon Hughey es distinta. Siendo aún menor de edad ingresó al ejército y durante su estancia se gestó su rechazo a la guerra ilegal. Optó por dejar las armas después de conseguir su título universitario, pero sus oficiales le negaron el permiso y lo asignaron a Irak. Brandon escapó a Toronto, y desde marzo de 2004 espera una resolución de la Corte.
Otro caso es el de Dan Felushko. Cuando su división tuvo que ir a Kuwait en enero de 2003, decidió escapar y buscar refugio en Canadá. “No quería ver escrito en mi tumba: muerto engañado en Irak”, admite. “Desde que me enlisté, pocas semanas después del 11 de septiembre, fui adiestrado y preparado, pero desde un principio supe que era un error ir allá y matar a alguien o morir”. Pensé: “¿Hay algo más importante que mi derecho de escoger entre lo que yo considero justo o equivocado?”
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Muchos jóvenes estadunidenses se enrolan en el ejército por necesidad económica. Son muchachos, según ellos mismos, “de clase media baja” y en la milicia han encontrado la manera de “acabar los estudios sin tener que endeudarnos por el resto de nuestra vidas o llevar adelante a nuestras familias”. Esta es la situación de Brandon Hughey y muchos de sus colegas.
Según Lee Zaslofsky ­de War Resisters Support Campaign, el más importante grupo de apoyo a los resisters en Canadá­ “estos chicos son apantallados por las ofertas del ejército, que no se presenta como una opción militar, sino como una gran oportunidad de construir una vida en una institución que llena los huecos de la sociedad estadunidense. Son muchachos sin orientación política, que vienen de las zonas rurales y en ocasiones les resulta difícil adaptarse a la metrópoli”.
Hinzman y su hijo Liam
En Toronto encuentran asilo hasta que un juez decide su destino. Se arriesgan a ser castigados, y viven al mismo tiempo un ambiente de tensión, de recuerdos que a muchos les impiden dormir, estar con mucha gente o recordar en secuencia lógica los acontecimientos. Le dicen trastorno de estrés postraumático, que no es otra cosa sino una pesadilla.
El difícil camino jurídico
El 16 de marzo pasado, Brian Goodman, juez del Refugee Board, la corte canadiense encargada de revisar el caso de Jeremy Hinzman, emitió su sentencia. “No se encontró que el demandante necesite protección, porque su regreso a Estados Unidos no lo expone a riesgos para su vida ni a tratos inhumanos y crueles, así como no hay elementos para creer que pueda ser sujeto a tortura. […]. Con base en dicho análisis, la demanda está rechazada”. La batalla apenas comenzó, pues de inmediato hubo apelación.
Jeffrey House, abogado de los resisters, explica su estrategia: “El primer argumento es que ningún soldado está obligado a participar en una guerra que viola leyes internacionales”.
House se remonta a las resoluciones de Nuremberg, cuando en los tribunales fueron juzgados los jerarcas nazis y se fijó el mandato para todo soldado de rechazar órdenes ilegales.
Un hecho importante para el defensor es que la invasión de Irak fue declarada ilegal por el gobierno canadiense. Se pregunta: “¿Por qué el gobierno puede defender su postura con este argumento y el soldado Hinzman no?”
Sin embargo, teme que en estos casos se empiecen a tomar decisiones políticas. Amnistía Internacional ya se pronunció al respecto y dijo que si Jeremy Hinzman es regresado a Estados Unidos va a ser un preso de conciencia. “Eso nos ayuda porque el gobierno de Canadá no quiere manchar su reputación”, abunda.
Al mismo tiempo, el gobierno canadiense no quiere sentar precedentes para otros desertores. “Será una lucha de larga duración porque ellos han decidido permanecer aquí sin que esto signifique una invitación para otros muchachos. El gobierno de Canadá puede decirle al de Estados Unidos que no se ha dado refugio a nadie, pero al mismo tiempo puede decirle a los canadienses que no se ha deportado a nadie”, concluye House.
La deserción, la otra trinchera de la guerra
Semanas después de la sentencia adversa, en Internet se crearon páginas con información necesaria para llegar a Canadá y volverse un war resister. La línea telefónica de GI Rights Hotline, que también cuenta con su sitio web, orienta sobre el alojamiento y la manera de emprender el camino legal para adquirir el status de refugiado.
Hasta ahora, el Pentágono admite la existencia de casi seis mil AOW (ausentes de guerra, por sus iniciales en inglés), pero nadie sabe con exactitud cuántos están escondidos en Estados Unidos y cuántos han llegado a Canadá.
Integrantes de War Resisters Support Campaign confirman la presencia en Toronto de al menos 75 desertores. Quince de ellos, hasta ahora, han pedido refugio al gobierno canadiense. “Quince soldados es el número de una escuadra, comenta Lee Zaslofsky, que en lugar de estar en Bagdad está aquí. Es nuestra manera, poco ideológica y muy práctica, de estar en contra de esta guerra. Le quitamos recursos humanos al Pentágono. Hay una escuadra aquí sobre la cual Bush ya no dispone”.

El negocio del miedo

El presente articulo, escrito a cuatro manos con Vittorio Sergi, fue publicado en el periódico mexicano, La Jornada el 13 de mayo de 2005, en el suplemento Masiosare.

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“En una nación donde la ideología dominante es la acumulación
y el dominio del capital, el ingreso de las descontroladas
fuerzas de las corporaciones es profundamente inquietante.
Porque, ¿cuál puede ser el futuro del encarcelamiento
cuando el motivo ulterior es la ganancia? En un régimen en
el que más cuerpos significan más ganancia, las prisiones
están dando un enorme paso hacia su antecesor histórico,
la jaula de esclavos”

Mumia Abu Jamal, preso y condenado a la pena capital.

En 1961, el general y presidente Dwight Eisenhower acuño el término Military Industrial Complex, para designar la alianza estratégica entre los sectores militares y los industriales productores de armas para aumentar sus ganancias promoviendo e induciendo la venta y el consumo de sus mercancías, o sea la guerra. Este contubernio llevó en los años de la guerra fría a enormes ganancias privadas subsidiadas económicamente y políticamente por el estado que a la vez incrementaba el empleo de la fuerza militar, el apoyo externo a guerras contrainsurgentes y la construcción a larga escala de armas nucleares. El Complejo Industrial Penal (PIC, su sigla en inglés), designa en las palabras de sus promotores como en las de quienes lo enfrentan, el inmenso sistema de represión, control y explotación que es hoy el sistema carcelario de Estados Unidos.

El PIC en una sociedad racista

Atrás de una realidad que se nos presenta sumamente dividida entre los colores que componen este extraño patchwork, llamado Estados Unidos, no se puede dejar de ver la realidad de una sociedad fundada sobre el racismo. Ejemplo de ello es la gran diferencia que se puede observar en la composición de la población carcelaria. A partir del emprendimiento de la “guerra contra las drogas” durante el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), las proporciones raciales de los encarcelados en las prisiones estadounidenses presentan asombrosas diferencias con las proporciones raciales de la sociedad en general. En los últimos treinta años la tasa de encarcelación se ha disparado a cifras que alcanzan hoy hasta los dos millones de personas y cinco millones en libertad condicionada[1]. Estados Unidos tiene 5% de la población mundial y el 25% de los presos a nivel global. Desde 1990, la población carcelaria se ha duplicado, alcanzando los dos millones en el 2000.[2] De hecho el 63% de los encarcelados pertenece a las minorías negras y latina (constituyendo una mayoría en las prisiones) mientras que dichas minorías solo constituyen un 25% de la población nacional.[3] Si bien, esta disparidad guarda una relación evidente con la distribución de la riqueza según las razas, y con el índice de criminalidad, no se explica totalmente, por tales motivos es considerada por muchos estudiosos del tema como una insidiosa continuación de las políticas discriminatorias. A prueba de esto es suficiente revisar a las leyes de tránsito de los diferentes Estados, todas o casi todas permiten o exigen el perfil étnico de los detenidos. En otras palabras, si eres negro o latino y manejas un automóvil tienes muchas más posibilidades de ser controlado que cualquier conductor blanco.
La prisión representa el sistema más rentable para desaparecer lo que la sociedad considera inaceptable. ¿Por qué?
Una explicación la tiene Pilar Maschi, ex presa, madre soltera de una hija de cinco años y activista de tiempo completo en el movimiento abolicionista Critical Resistance que lucha para la eliminación de todas las cárceles y para la reconstrucción de comunidades y relaciones solidarias: “Desde los años setenta, frente a la insurgencia de los movimientos de la gente de color, de los grupos radicales, de los movimientos feministas y del rechazo general a la guerra de Vietnam el Estado empezó una represión feroz. Al mismo tiempo se emprendieron cambios profundos en la estructura productiva. Los empresarios, con el apoyo del gobierno han abandonado millones de personas cuyo trabajo ya no es necesario. Estas personas se vuelven inútiles y luego son etiquetadas como peligrosas para la sociedad. En el Complejo Industrial Penal estas personas son más valuables como desempleados o criminales, simplemente se ha encontrado la manera de sacar un provecho económico de los excluidos. En 1970 los presos en Estados Unidos eran 200.000, hoy el numero sobrepasa los dos millones.”
Ik Aikur, originaria de Nigeria, otra activista de Critical Resistance desde New Haven, Connecticut, subraya el alto grado de exclusión en las comunidades de color que no tienen otra opción que el servicio militar, trabajos mal pagados y precarios, o emprender alguna actividad ilegal que lleva tarde o temprano al contacto con las cárceles y con un circuito de mayor exclusión. Un solo cargo para delitos de droga o violencia, lleva a no poder ser empleados legalmente. Las mujeres, además, sufren doblemente por el complejo penal industrial, como presas y como compañeras y familiares de los hombres encarcelados que por falta de oportunidades al regresar en sus comunidades reproducen los patrones de la violencia y del abuso de drogas.
El fenómeno de la encarcelación de masa tiene efectos aterradores entre los grupos sociales ya marginados, con altas tasas de drogadicción y desempleo, sobre todo los Afro americanos, los Latinos y los Nativos son atrapados en el complejo penal industrial. Critical Resistance calcula que uno de cada tres jóvenes afro americanos está en la cárcel o ha estado encarcelado. En las comunidades más pobres estas cifras aumentan. Ali Suncere Shakur, activista de APC (Pueblos de Color Anarquistas) de Washington, afirma que en su comunidad el porcentaje de hombres afectados por las cárceles llega al 85%.

El negocio de los cuerpos encerrados

Al mismo tiempo, en los años ’90 empieza el boom de la privatización de los servicios de seguridad. Caída la amenaza soviética, las inversiones se aplican hacia nuevos equilibrios del control social y del uso de la fuerza del Estado. En este sistema se integran también los centros de detención para migrantes indocumentados del INS (Servicio de Inmigración y Naturalización) que tiene centros especiales para migrantes y también utiliza cárceles convencionales. En el año fiscal 2000, el budget del INS contaba con 4,27 billones de dólares, con un incremento del 8% respeto al año anterior.[4] Después del incremento de las políticas de seguridad luego del 11/9 y el encarcelamiento a tiempo indefinido de miles de ciudadanos de origen árabe, la inversión en este sector está en continuo aumento[5]. Desde los años ’90 el incremento de financiamientos hacia el encarcelamiento de indocumentados ha beneficiado también las empresas privadas que se encargan de la gestión, de la seguridad y de la deportación de extranjeros. El primer experimento de cárceles privadas se dio en los ochenta, durante la administración de Reagan, cuando se experimento la construcción de algunas cárceles de mínima seguridad en Houston y en Laredo, en el conservador estado de Texas. Con los saberes “técnicos” de ex directores de cárceles y el dinero de las corporation, en particular la Kentucky Fried Chicken, se fundo la Corrections Corporation of America (CCA), actualmente la más grande empresa privada en el sector, con contratos en EU, Puerto Rico, Inglaterra y Australia. La Wackenhut Corrections, otra importante empresa especializada en cárceles privadas, ha sido fundada por el ex agente del FBI George Wackenhut. Con tan solo estas experiencias no es difícil intra ver lo que ha pasado en los últimos veinte años: en la última fase de la guerra fría, la industria bélica, de las armas, de la tecnología y de los saberes al servicio de la seguridad, se fue convirtiendo en los nuevos negocios, en este caso el PIC, el cual tiene diferentes facetas. Una de ellas, la más rentable para las grandes corporations que gestionan el PIC y para todas aquellas que buscan reducir costos de producción, es la elevada disponibilidad de mano de obra barata que en las cárceles se encuentra. Un ejemplo asombroso es el de la LTI Inc., empresa que de acuerdo con la Wackenhut Corrections, mudó sus propias instalaciones dentro de las estructuras carcelarias para aprovechar la mano de obra que ésta ofrecía. Los dueños de la empresa se quedan con las ganancias producidas por trabajadores que cobran el salario mínimo y no se organizan en sindicatos. Mas éste no es un caso aislado. En California el sistema es difundido gracias a los bajos costos de la mano de obra (60 dólares por mes) y es aprovechado por diversas empresas: Microsoft, Palmolive Colgate, Starbucks entre otras. Característico de este sistema es que los trabajadores no tienen oportunidad de substraerse a este trabajo sin por esto perder sus privilegios, como la libertad bajo palabra o los beneficios por buena conducta. Estos modernos esclavos, obligados al trabajo y privados de todo derecho, producen para estas empresas utilidades importantes: en 1980 las ganancias obtenidas por el trabajo de los reclusos fueron de 392 millones de dólares; en 1994 habían alcanzado los 1.310 millones gracias al gran aumento en la proporción de presos trabajando.
La Wackenhut Corporation, la CCA (Corrections Corporation of America) y la Correctional Services Corporation son entonces las principales competidoras en el mercado. Estas empresas exportaron el modelo en otros países anglófonos como el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y también a Sudáfrica; y cuentan con ampliar sus mercados en los próximos años hacia otros países industrializados. Los efectos perversos de esta estrategia son evidentes: la demanda de mano de obra barata y de inversiones generan una fuerte presión corporativa sobre el entero sistema policial y judicial hacia el aumento del numero de presos.
Hace treinta años, el filosofo francés Michel Foucault escribió un texto que devino pronto un clásico del análisis del poder en la sociedad “Castigar y punir. El nacimiento de la cárcel”. En su análisis subrayó el carácter represivo pero también productivo de las cárceles en la sociedad. El Complejo Industrial Penal es un negocio pero también una herramienta política de primera importancia. Quizás el preso más conocido de Estados Unidos, Mumia Abu Jamal, condenado a muerte en el estado de Pennsylvania, describe los efectos sociales de esta encarcelación masiva: “Los Americanos viven en una cueva de miedos, una fuerza aturdente fabricada por la industria de la diversión, reificada por la industria psicológica y rematada por la industria de la coerción (o sea los tribunales, la policía, las cárceles, etc.)”.
Así la conveniencia privada, la represión, el racismo y la exclusión, se alimentan en una escalada, tantas ganancias, tantos presos.
El negocio del PIC muchas veces se presenta hacia comunidades rurales empobrecidas como la única oportunidad para atraer ingresos y trabajos. El desarrollo neoliberal ha vaciado los espacios rurales, la agricultura se concentra en las manos de grandes propietarios o corporaciones y el medio rural se está transformando en la extrema periferia de las metrópolis. Las grandes corporaciones que construyen las cárceles y los gobiernos estatales y federales lo saben e intentan explotar esta debilidad para colocarlas en los lugares donde puedan conseguir mano de obra barata, reducir el riesgo de protestas y de publicidad negativa. Ruth y Craig Wilmore son organizadores del California Prison Moratorium Project, un movimiento activo para impedir la construcción de nuevas cárceles y para la clausura de las ya existentes. Ruth acaba de escribir un libro sobre estas luchas en California cuyo título es más que elocuente: Golden Gulag. El estado de California, la quinta economía del mundo, tiene los datos más aterradores: en las últimas dos décadas el estado de California construyó veintitrés cárceles con una capacidad entre los 4000 y los 6000 reclusos y reclusas. Un ejemplo claro es la ciudad de Corcoran, condado de Kings, California. Este pequeño centro agrícola tiene dos cárceles para un total de 11000 internos. La población ha quedado estable en 9000 personas desde el 1980 cuando fue construido el primer establecimiento. En aquél entonces 1000 personas vivían bajo la línea de la pobreza. Diez años después, luego de una inversión estatal de 1 billón de dólares en las cárceles, los pobres suman 2000.[6]

Represión, exclusión y consenso

Frente a un panorama de este tipo, no deja de sorprender el grado de aceptación general del PIC. Muy pocas son las organizaciones que protestan en contra de un sistema que tiene los mas altos porcentajes de gente encarceladas o vinculadas con el PIC. Paul Wright, prisionero en el Estado de Washington y editor del magazine Prison Legal News, abre el camino a la reflexión alrededor de este fenómeno generalizado de aceptación. Wright, en una de sus intervenciones[7], ilustra el modelo cultural que sostiene la idea del PIC cual sistema de justicia apuntado a la punición y a la defensa de parte “sana” de una sociedad en clara descomposición. En efecto es suficiente observar la producción cultural oficial para poder entender cómo la construcción del imaginario colectivo resulta parte esencial del PIC. Desde las grandes producciones de Hollywood hasta la creación publicitaria de todo tipo de producto, las referencias al mundo de las cárceles apuntan a crear la idea de un mundo ciertamente duro y difícil, mas justo e indispensable en su existir. El limite de esta campaña que arrastra las conciencias de millones de personas en todo el país son los famosos viajes de fin de semana que permiten al “ciudadano común” tener su propia experiencia carcelaria.
El resultado final de este proceso es representado por una alta moralización del sistema carcelario. Así resulta que meter gente en las cárceles no sólo es justo sino indispensable para que la sociedad se mantenga sana y pueda salvar sus propios valores. La punición, al igual que la punición divina, representa la vía de la salvación. De esta manera, en el espectro político nacional, no hay quien se oponga a esta visión, sino al contrario todos desde el presidente hasta el político local de la provincia sacan ganancia del endurecimiento de las condiciones de los detenidos. Esto es la pérdida de los derechos básicos y la conversión de los detenidos en seres humanos privados no solo de la libertad sino también de toda posibilidad de rehabilitación. Un ejemplo es el acceso a la educación: el ser un convicto invalida cualquier oportunidad de obtener una beca universitaria, lo cual, teniendo en cuenta la imposibilidad de la gran mayoría de los presos de pagarse algún tipo de estudios, los excluye automáticamente del acceso a una educación terciaria. Otro ejemplo es la exclusión, dictaminada en forma definitiva por ley federal en 1998, de cualquier ayuda social económica.

En estos últimos años, la extensión y el incremento de la cantidad y de la diversidad de las formas de detención proporcionadas por Estados Unidos no han tenido quizás iguales en el mundo. Desde la súper cárcel de Pelican Bay en California, hasta Guantanamo en Cuba, Abu Grahib en Irak y Woomera Camp en Australia, asistimos hoy a la globalización de un modelo y de una práctica. Ésta es encerrar la población incómoda o simplemente sobrante respecto a los proyectos neoliberales. Que se trate de opositores o simplemente de diferentes, el fin es explotarlos hasta la última gota: con su trabajo barato, con su imagen consoladora para una sociedad empapada de miedo, con la producción de la verdadera inseguridad social: el sentimiento de dependencia del poder. Los presos en overoles naranja se han vuelto familiares a los ojos de quienes todavía gozan de la libertad. Es la advertencia de un futuro ineludible para todos aquellos que retan un sistema en clara descomposición.
Cabe preguntar si frente a este panorama ya es posible vislumbrar también una globalización de las alternativas al encarcelamiento de la sociedad y un concepto de seguridad y de justicia no punitivo y excluyente. Cabe cuestionar cuál puede ser el camino de liberación de los cuerpos encerrados y de las mentes aplastadas en la esquina de los temores.

[Matteo Dean & Vittorio Sergi – 2005]

[1] Informe del Instituto del Tercer Mundo – Guia del Mundo, Montevideo, Uruguay, 11/4/2003.
[2] Desde “Overview of Critical Resistance on the Prison Industrial Complex”en Critical Resistance to the Prison Industrial Complex, A specia issue of the journal Social Justice, 2000, San Francisco.
[3] Informe del Instituto del Tercer Mundo – Guía del Mundo, Uruguay, 2003
[4] Michael Welch “The role of the Immigration and Naturalización Service in the Prison Industrial Complex” en Social Justice, Vol. 27, n.3, 2000.
[5] Cada dia, un promedio de 20.000 personas, hombres, mujeres y niños, enfrentan la dentención indefinida por tiempos que varian desde meses hasta años en carceles tanto estatales como privadas, en condiciones de falta de los derechos humanos basicos. (Rachel Meerpol “The post 9/11 investigation and Immigration detention” en America’s Disappeared, Seven Stories Press, New York, 2005)
[6] En “The other California” in Globalize Liberation, City Lights Books, San Francisco, 2004.
[7] En “Critical Resistance to the Prison Industrial Complex”, San Francisco, 2002