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Estados Unidos: confidencias de un mercenario

30 luglio 2010 Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 30 de julio de 2010.
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La empresa estadunidense Blackwater, la primera contratista de Washington en la guerra en Afganistán y en Irak, también realizaría operaciones encubiertas en Pakistán.

La empresa fundada por el exmarine Erick Prince y cuyas ganancias, según el excongresista demócrata Henry Waxman, dependerían en un 90% por los contratos otorgados por el Departamento de Defensa (DD) y por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, se encuentra operando a lado de las tropas de la OTAN y protegiendo a funcionarios de Estados Unidos desde 2002.

Aunque tanto Prince como el gobierno de Estados Unidos desmintieron la versión de la presencia de la empresa privada en Pakistán, fuentes anónimas de inteligencia estadunidense revelaron el año pasado al rotativo The Nation que Blackwater estaría presente en Pakistán en “operaciones especiales dirigidas por el Comando de Operaciones Especiales (JSOC)”.

Según la fuente, dichas operaciones utilizarían a “aviones no tripulados (drones)” en misiones secretas para eliminar miembros de Al-Qaeda en Pakistán. Lo anterior, revela la fuente, “porque (los contratistas) no son sujetos a la supervisión del Congreso” de Estados Unidos.

Dicha versión fue confirmada por el mismo Erick Prince, quien el pasado 14 de enero, en una ponencia ofrecida a “cadetes, comandantes militares, gente de negocios y veteranos (de guerra)”, cuyo título fue Superando las adversidades: el liderazgo en la punta de lanza, describió en detalle las actividades de Blackwater en los países del centro de Asia.

En la conversación reservada, cuya grabación consiguió el periodista de The Nation –el estadunidense Jeremy Scahill–, el dueño de Blackwater comentó que quien le pregunta si está consciente de que sus empleados, “están exentos (de ser sancionados) por las leyes internacionales, como la Convención de Ginebra, en sus operaciones en Irak, Afganistán y Pakistán”, él siempre contesta que sabe de ello y que “ellos (los enemigos) son gente que se arrastró desde las cloacas y tienen una mentalidad medieval”.

Añadió: “Son bárbaros, no saben siquiera dónde está Ginebra. Dejemos en paz esa convención que se hizo allá.”

Scahill refirió que Prince, “con tono confiado y conocedor”, ofreció un largo análisis de la situación en Irán y propuso que “soldados privados”, como los de Blackwater, sean empleados en países en donde Irán tiene cierta influencia: Yemen, Somalia y Arabia Saudí.

“No vas a resolver el problema metiendo ahí (en dichos países) soldados regulares, es una pista demasiado sensible políticamente”. En su lugar, afirma, “el sector privado puede operar con una muy, muy pequeña y muy baja huella”.

El dueño y fundador de la mayor compañía de soldados privados del mundo añadió en su ponencia que muchas tropas de la OTAN, cuyas nacionalidades no mencionó, “no tienen ganas de pelear (…) Muchos hacen (su trabajo), otros no. Es como un mosaico de distintos comitentes internacionales de los cuales algunos pueden hacer su parte y otros no”.

Sostuvo: “Muchos de ellos (fuerzas de los países de la OTAN) deberían empacar sus cosas e irse a su casa.”

Más adelante, en el mismo discurso, Prince se ufanó del entrenamiento que su empresa realiza todas las semanas con “mil 300 afganos”.

“Los agarras (a los ciudadanos afganos) y descubres que para ellos es la primera vez que se encuentran en algo de primera clase, algo que funciona”, detalló. “Los primeros días tenemos que darle clase de ‘introducción al uso del toilette’, pues –explica– muchos de estos jóvenes nunca han visto un escusado antes”.

Prince señaló el “elevado número” de “líderes mundiales” que han sido objeto de atentados. En particular, se refirió al ataque contra el Papa Benedicto XVI realizado por una mujer durante la misa navideña el año pasado, así como el ataque al primer ministro italiano Silvio Berculsconi.

En este contexto, describió la protección que su empresa otorga a altos funcionarios estadunidenses en Afganistán, entre los cuales se encuentra el embajador de Estados Unidos, Karl Eikenberry. Acerca de estos eventos, Prince narró el episodio acontecido en Bagdad en diciembre de 2008 cuando un periodista iraquí lanzó un zapato al entonces presidente George W. Bush.

Muntadhar al-Zaidi, el atacante que Prince describe como a un “bombardero de zapatos”, fue inmovilizado por personal de Blackwater. Según el exmarine estadunidense, aunque su empresa no está nunca a cargo de la protección del presidente, tarea exclusiva del Servicio Secreto de Estados Unidos, sus hombres “respondieron inmediatamente y mucho más rápido” que los agentes asignados a la tarea.

En la misma grabación, el dueño de Blackwater detalló la presencia de la empresa en Afganistán, nación en la que se encuentra desde abril de 2002. Actualmente los soldados privados de Prince tienen en sus manos el control de cuatro Bases de Operaciones Avanzadas (FOB, por sus siglas en inglés) ubicadas en los cuatro puntos cardinales de Afganistán.

En particular, Blackwater tendría bajo su mando una FOB en la localidad de Boldak, en el sur del país, en un territorio que “es la mayor área de tráfico de droga”. Otra base estaría ubicada en las cercanías de Herat, a “sólo 15 millas de la frontera con Pakistán”.

A propósito de tráfico de sustancias ilícitas, Prince describió la llamada Unidad de Interdicción Antinarcóticos (NIU) de su empresa que habría comenzado a operar en Afganistán hace cinco años. Compuesta por al menos 200 elementos, dicha unidad, según dijo, habría “eliminado el equivalente de 3.5 mil millones de dólares de heroína” gracias a múltiples operaciones “no en contra de los campesinos, sino de los traficantes”.

En una de estas operaciones realizadas en julio de 2009, detalló Prince, “hicimos el más grande decomiso de hachís en la historia del país (Afganistán)”.

Afirmó que cuando los miembros de NIU encontraron el depósito de la sustancia ilícita “no tenían suficiente equipo para destruirlo”, de tal manera que mandaron a llamar a los soldados de la OTAN.

Naturalmente, subrayó Prince, “ya saben, cada país de la OTAN que intervino se quiso llevar el crédito por la destrucción de la droga”.

Finalmente, el dueño de Blackwater reveló la presencia de sus soldados en Nueva Orleans en 2005 durante las operaciones de rescate por el paso del huracán Katrina. Tras esa experiencia que Prince definió como “exitosa”, Blackwater estaría pensando en crear un “reparto de ayuda humanitaria masiva”.

“Si los militares somos tan buenos en mover equipo y hombres en el combate, ¿por qué no podemos hacerlo por el lado humanitario también?”, preguntó a los asistentes.Según Prince, con la ayuda generosa de algunas corporaciones privadas, se puede conseguir un barco de al menos 250 metros, que pueda llevar mil 700 contenedores y más de 250 vehículos.

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De Arizona y crisis

29 maggio 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 29 de mayo de 2010
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La ya mal afamada SB (Senate Bill) 1070 aprobada en el estado de Arizona y que entrará muy probablemente en vigor el próximo 29 de julio, despertó, justamente, hartas protestas tanto en Estados Unidos como en México y otros países directa o indirectamente afectados por la medida normativa. Los contenidos de dicha ley y las facultades que otorga a las fuerzas de seguridad del vecino país del norte hablan por sí solos de la inteligencia de las personas que la aprobaron. No es de inteligencia pero que es necesario hablar. Ella faltó a los legisladores de Arizona. Hay que hablar más bien de la tendencia que esta legislación marca y de las reacciones a ella, las que también señalan una peligrosa pauta.

Por un lado, en efecto, dicha ley no es ninguna novedad. Sería interesante enumerar la larga lista de normativas restrictivas para la vida digna de los ciudadanos migrantes, tanto en Estados Unidos como en Europa y otros países. Una larga serie de medidas restrictivas, punitivas, discriminantes que matan tanto en esta frontera norte como en la europea, que discriminan y estigmatizan tanto en el desierto estadunidense como en la capitales de Europa. Miles de muertos cada año, cientos de expulsados y deportados todos los días son las consecuencias de dichas normativas que desde hace años pueblan el imaginario reprimido del ciudadano migrante.

Sin embargo dicha ley despertó particular malhumor y enojo en la comunidad nacional e internacional. ¿Será porque es absurdo que sea sólo la apariencia la causa de un alto policiaco? ¿Será porque la ley establece –negro sobre blanco– una vez más en la historia el perfil racial como elemento discriminatorio entre culpable y no culpable? ¿O será sólo porque se le faculta a todo policía interpretar el papel del policía migratorio?

Todo lo anterior y mucho más. Y sin embargo sorprende el vasto abanico de reacciones y sectores que se hicieron protagonistas de las mismas. Tras poco más de un mes de la aprobación de la SB1070, comienza finalmente a despegarse el panorama, pues no dejaba de rechinar la maquinaria propagandista realizada por ciertos sectores institucionales, quienes logran ver la paja en el ojo ajeno pero bien ciegos están cuando se les señala el tronco que existe en su propio ojo.

El 22 de marzo pasado, 11 organizaciones mexicanas reportaban frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el holocausto de migrantes que se da cotidianamente de este lado de la frontera. En los distintos informes se señalaban abusos sexuales, tortura física y sicológica, homicidios, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación laboral y sexual, esclavitud, tráfico de órganos, impunidad como las características de la política migratoria al sur del río Bravo. Entre todas, emergía una denuncia tremenda: miles de migrantes secuestrados. Los funcionarios de gobierno llamados a responder negaban todo, obviamente.

La verdad entonces es otra y se está demostrando justamente en estos días. El llamado al boicot sirvió para ilusionar y concentrar la atención de muchos. Pero no para quienes piensan que, pase lo que pase, el libre mercado es asunto que no se discute. Cueste lo que cueste, evidentemente: ya sea la vida o la dignidad del ser humano. Las visitas electorales de quienes tienen la visa y están amparados por la investidura popular y van allá a decir que sí haremos algo, dudamos se adaptarían a las incomodidades del río Suchiate. Así como son risibles las tímidas declaraciones de Obama, quien entre un chiste y otro poco supo hacer hasta ahora en cuanto a la aclamada reforma migratoria.

La verdad es también, y sobre todo, que esta ley no hace otra cosa que responder al sentir común de la gente de Arizona y de muchos otros lados, como bien lo sabe la gobernadora Jan Brewer quien, tras firmar la ley, vio subir 14 puntos el consenso del electorado del estado (para las elecciones del 4 de noviembre). En suma: la legislación es pésima porque pésima es la opinión pública. Difícil decir o contrario a menos que tengamos algún otro cínico interés electoral o seamos racistas.

Es necesario preguntar, más bien, por qué la aclamada reforma migratoria no llega. El yes we can de Obama chocó con la realidad de un Congreso federal dominado por el sentimiento racista de sus integrantes. Claro, una reforma migratoria como las propuestas hasta ahora (ya lo dijimos: La Jornada del 8 de abril de 2010) pagaría límites estructurales que no pueden satisfacer al movimiento migrante de forma cabal. Pero, al menos, permitiría cierto nivel de debate en las sociedades involucradas. Y sin embargo no es así y sigue ganando (fácilmente) la salida reaccionaria y derechista a la crisis económica.

Si la apuesta de Obama era la de probar a superar la crisis apostando a los sujetos biopolíticos de la misma, es decir los precarios, los trabajadores autónomos y flexibles, migrantes y entonces móviles, esta idea recoge aún pocos consensos. Por el contrario, se aprueba socialmente la política de atacar a los más expuestos. El enojo, la frustración, el rencor social encuentran de tal manera un fácil desahogo en el conflicto horizontal que se viene creando entre los pocos con algún privilegio –por ejemplo, el derecho a votar una gobernadora de derecha– y los muchos sin derecho alguno. Quienes están arriba, en las sillas del poder, continúan allí. Por el momento.

Arizona, riforma migratoria e ipocrisie

17 maggio 2010 Lascia un commento

Il presente articolo é stato pubblicato sul sito Andinamedia.com il 17 maggio 2010.
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L’approvazione, il 19 aprile scorso, della ormai famigerata legge SB1070 in Arizona, Stati Uniti, da parte del congresso locale ha scatenato ogni tipo di reazione a livello tanto locale quanto nazionale ed internazionale. La ragione è ovvia: la nuova legge, sostenuta dal settore repubblicano del parlamento statale, conclude il lungo percorso di criminalizzazione dei migranti nello stato a confine con il Messico. Dopo l’approvazione nel 2005 di una legge che penalizzava il traffico di persone e dopo la legge del 2007 che proibiva (e penalizzava) la contrattazione di lavoratori illegalmente residenti nello stato, questa nuova norma impone alle forze dell’ordine (di ogni grado e livello) l’arresto anche solo su sospetto di tutti coloro ritenuti migranti illegali. Così le cose, oggi in Arizona è sufficiente avere appena l’apparenza di un migrante irregolare per essere sottoposti ad arresto ed interrogatorio. Certo, anche la governatrice repubblicana Jan Brewer ha ammesso di non sapere quali siano i tratti distintivi di un “illegale”, ma poco importa: essere “clandestino”, ovvero semplicemente non avere le carte in regola, oggi è un reato.
La polemica è immediatamente scoppiata tra le file delle decine di organizzazione di migranti che affollano l’ampio spettro di organizzazioni, partiti e movimenti che ormai da diversi anni acclamano una riforma migratoria che, seppur promessa da più parti, stenta ancora a concretarsi. Ma come? – ci si domanda – son anni che si chiede una riforma migratoria che regolarizzi innanzitutto i circa 12 milioni di migranti irregolari (la cui maggior parte sarebbero messicani) e poi che regoli e dia certezza giuridica tanto a chi è già presente sul territorio e, soprattutto, a chi nutre la speranza di andare a lavorare negli Stati Uniti; ed invece, eccola là, l’ennesima stretta repressiva, l’ulteriore norma criminalizzante, penalizzante, contro chi comunque la vita facile non ce l’ha.
Ed in effetti, nell’epoca Obama, una misura di questo genere suona stridente con quella che sembrava una tendenza. Eppure, proprio per Obama si sarebbe approvata questa legge. Secondo la stessa governatrice Jan Brewer sarebbe proprio l’immobilità di Washington che avrebbe causato tanta disperazione (ed efferatezza) tra i deputati dell’Arizona. Son anni, dicono, che si chiede al governo federale maggior efficacia nel controllo della frontiera con il Messico. E siccome il governo centrale non risponde, dato che le misure adottate sono insufficienti, allora ci pensiamo noi, autonomamente.
Se non ci fossero centinaia di chilometri di deserto a circondare tutta questa storia, sembrerebbe di essere in pianura padana ad ascoltare gli spropositi di alcuni deputati o amministratori locali che invocano il federalismo. Ma siccome qui il federalismo ce l’hanno, le leggi anche se le fanno e le fanno come pare a loro. E già, perché nonostante le centinaia di voci che si son levate contro questa norma francamente razzista e xenofoba, la nuova legge in realtà risponde ad un sentire comune in Arizona e in altri stati del sud americano: i migranti sono una minaccia ed è necessario cacciarli via.
Lo sa bene la governatrice dell’Arizona che, pur avendo la facoltà di bocciare la legge approvata dal congresso locale, non ci ha pensato su due volte e il 23 aprile l’ha firmata. Razzista? Forse, o forse semplicemente attenta ai sondaggi d’opinione, soprattutto in vista delle prossime elezioni statali che la vedono, oggi, tra le favorite per un secondo mandato durante le prossime elezione del 4 novembre di quest’anno. Un sondaggio pubblicato il 28 aprile scorso della compagnia Rasmussen Reports rivela infatti che il 64% dei votanti dello stato approva la nuova legge e che gli indici di gradimento nei confronti della governatrice sarebbero passati dallo scarso 40% di metà aprile al 56% di fine mese. Un salto non male, da far sbiancare i cacciatori di consenso nostrani. Insomma, la nuova legge SB1070 è pessima, ma perché pessima è l’opinione pubblica. Difficile sostenere il contrario se non vi è qualche altro cinico interesse elettorale e se non si è razzisti.
Da chiedersi piuttosto perché la acclamata riforma migratoria non arriva. Il “yes we can” di Obama (tramutato dallo spagnolo “sí, se puede” che era parte del discorso del dirigente sindacale latino Cesar Chávez) si è scontrato con mille e una resistenze interne al governo statunitense e soprattutto in seno al congresso americano. Chiaro, detta riforma (lo abbiamo già detto: http://www.jornada.unam.mx/2010/04/08/index.php?section=opinion&article=…) comunque sconterebbe limiti strutturali che non possono soddisfare le reali esigenze del movimento migrante. Ma, comunque sia, una riforma o almeno una sua seria discussione parlamentare aprirebbe forse gli spazi per un dibattito anche sociale sul tema. Ma così non è, e continua a vincere (facilmente) l’uscita reazionaria e a destra a questa crisi economica globale.
Insomma, se la scommessa di Obama era quella di provare ad superare la crisi scommettendo sulle soggettività biopolitiche della crisi stessa, ovvero i precari, ovvero i lavoratori autonomi e flessibili, migranti e quindi mobili, l’idea per ora raccoglie adesioni ancora non sufficientemente numerose. E, per converso, si aprono le porte alla via facile, all’opzione che attecchisce con certa facilità negli Stati Uniti come in Europa: l’attacco diretto alle soggettività più esposte, ovvero i migranti. La rabbia, la frustrazione, il rancore sociale, trovano così facile sfogo nel conflitto orizzontale che si viene creando tra i molti dai pochi privilegi – se non quello di votare una governatrice repubblicana piuttosto che una ex governatrice oggi ministra della “homeland securuty”, Janet Napolitano – e i moltissimi privati di ogni diritto. Chi sta in alto, in sella al potere, continua a mantenere il posto. Per ora.
Tra questi, i governanti messicani che oggi provano a sommarsi al coro di protesta contro la nuova legge SB1070. Se da un lato infatti vi sono le legittime proteste delle organizzazioni di migranti negli Stati Uniti dall’altro vi è l’enorme macchinaria retorica e mediatica costruita dal governo e dai settori propriamente partitici messicani. Una retorica che, sebbene non riesca a superare i limiti imposti da un rapporto di dipendenza economica e politica del Messico nei confronti degli Stati Uniti, si scontra con una realtà dell’immigrazione in Messico nei cui confronti la terribile legge SB1070 sbiadisce lentamente sino a convertirsi nell’ennesima norma reazionaria. La politica migratoria messicana, infatti, pur vantando un carattere più progressista è nella via dei fatti assolutamente più discriminatoria di quella statunitense. Tre anni fa, proprio in questo periodo tardo primaverile, il coraggioso ex deputato Jaques Medina – che sempre si è definito ‘deputato migrante’ – riusciva a far approvare una modifica di legge che despenalizza l’irregolarità in Messico. In chiara controtendenza con le politiche europee, la nuova norma evita il carcere ai migranti irregolari in Messico.
Eppure, la realtà concreta di tutti i giorni parla un linguaggio diverso: discriminazione, sfruttamento, miseria, clandestinità, traffico illegale, abusi e morte. Il 22 marzo scorso, 11 organizzazioni messicane di solidarietà con cittadini migranti presentarono un documento alla Commissione Interamericana di Diritti Umani (CIDH, la sigla in spagnolo) in cui definivano la politica migratoria messicana un vero e proprio “olocausto di migranti”. Le organizzazioni firmanti indicavano di aver denunciato i gravi problemi dei migranti nel loro percorso attraverso il Messico da oltre tre anni. Eppure non vi è stata risposta alcuna. Anzi, nel prendere la parola di fronte le accuse mosse in sede di CIDH, il rappresentante del governo messicano ha negato tutto. Secondo la denuncia della società civile messicana impegnata a lato dei migranti, la situazione è caratterizzata da “abusi sessuali di ogni tipo, tortura fisica e psicologica, omicidi, estorsione, corruzione, privazione illegale della libertà, sfruttamento lavorativo e sessuale, schiavitù, traffico di organi, impunità, tra le altre cose”.
Il fermo su “sospetto” è la pratica più comune tra i membri del famigerato Istituto Nazionale di Migrazione (INM), organo decentrato del ministero degli interni messicano. È sufficiente avere l’apparenza “da centroamericano” perché le forze dell’ordine messicane ti fermino e ti portino dentro. L’estorsione è all’ordine del giorno e la violenza sessuale sulle donne migranti (in netto aumento negli ultimi anni) è pratica comune tra i poliziotti dell’INM e i militari dell’esercito oggi presenti più che mai nel territorio a causa della cosiddetta “guerra al narco”. Le cosiddette “stazioni migratorie”, ovvero i Centri di Identificazione ed Espulsione messicani, sono strapieni ed anche lì, tra le mura delle istituzioni, gli abusi abbondano.
Eppure forse è sufficiente un dato, per comprendere la dimensione del problema e mettere a nudo l’ipocrita retorica del governo messicano: in meno di sei mesi (da settembre 2009 a gennaio 2010), ci sarebbero stati oltre 10.000 sequestri di persona tra i migranti che attraversano il Messico. Tra gli accusati, oltre a diversi settori delle forze dell’ordine, vi sarebbero i cartelli del narcotraffico, che anche in questo settore trovano il modo di far soldi. Lo scopo del sequestro sarebbe tanto lo sfruttamento sessuale e lavorativo (sino alla vera e propria schiavitù) quanto la richiesta di riscatto ai familiari dei migranti già residenti negli USA.

Reforma migratoria, ¿y luego?

8 aprile 2010 2 commenti
El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 8 de marzo de 2010
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Es placentero cada vez que se escucha de migrantes y sus respectivas organizaciones en la movilización. Sus derechos y libertades son cuestión que atañe a la sociedad en su conjunto y por esto es preciso apoyar desde otros espacios de la sociedad sus reivindicaciones y felicitar el esfuerzo constante y nunca rendido de su camino de liberación.

Es así que en estas semanas, el debate y la movilización acerca de la anhelada y apremiante reforma migratoria en Estados Unidos captura nuestra atención. Dejando a un lado el debate meramente legal y legislativo que cruza los pantanos parlamentarios y las nieblas de los intereses cruzados, creemos importante dirigirnos al movimiento social que apoya dichas movilizaciones tanto en Méxioc como en el país vecino.

Por su composición y amplitud es difícil hoy discernir quién es quién en el movimiento de solidaridad con la lucha migrante. Y ahora no es importante esa diferenciación, pues hoy el movimiento está unido en la persecución de un objetivo tan importante como esencial, esto es, la reforma migratoria que permita a al menos 12 millones de ciudadanos salir de la invisibilidad, la precariedad del derecho, el chantaje, la amenaza y la incertidumbre. También es importante subrayar olvidos, omisiones y riesgos que conlleva dicha reforma migratoria.

Ante todo es preciso advertir los riesgos de apoyar una reforma que si bien contempla una salida de regularización –por más difícil y perversa que resulte–, viene con una serie de medidas represoras de primer nivel. Es, por un lado, la cédula biométrica –última frontera tecnológica del control social–; por otro, la militarización ulterior de la frontera. Si no fuera suficiente, la propuesta de reforma migratoria no considera ninguna medida que ataque el grave y urgente problema del racismo creciente en la sociedad estadunidense. Una reforma seria debería poner el tema de la discriminación en el centro del debate, ya que es el meollo del asunto, pues no hay derecho que sea válido ni practicable en una sociedad racista.

Y, sin embargo, éstos siguen siendo problemas aún menores. Porque cualquier propuesta de reforma migratoria que se pueda plantear en Estados Unidos seguirá siendo limitada, parcial y hasta inútil si no ataca el problema con perspectiva distinta. Por lo anterior, propuestas como las recientemente presentadas u otras discutidas en el pasado seguirán siendo reformas y leyes migratorias compatibles con el actual sistema productivo y económico, mismo que es la principal causa de las corrientes migratorias que tanto asustan a los países ricos.

Un aspecto fundamental, por ejemplo, resulta la división arbitraria entre migrantes residentes –aunque ilegalmente– y migrantes que se desplazan. Es absurdo observar el silencio alrededor de esta diferenciación que los gobiernos se preocupan por mantener y que, por el contrario, deberían presentar como un asunto medular en cualquier movimiento migrante o en solidaridad con ellos que quiera ser digno de tal nombre. No es posible insistir en separar a los pocos afortunados que lograron cruzar desiertos, mares, montañas, ciudades y fronteras; de los muchos que lo anhelan, pero que aún no lo tienen.

Una verdadera reforma migratoria no puede contemplar la regularización sólo de quienes ya vivan en el territorio de llegada; sino que tiene que considerar nuevas, modernas (ahora sí), eficientes, justas y equitativas formas de ingreso legal al país de llegada. Salvar a unos para condenar a la mayoría es lo que siempre se hace. ¡Que al menos esta vez no se haga con el beneplácito de las organizaciones migrantes!

Otro punto importante, más en el contexto específico de Estados Unidos, es la cuestión de los refugiados. Que el fenómeno resulte más importante del otro lado del mundo no significa que Washington no deba asumir las consecuencias de las guerras, contaminaciones, desastres, etcétera, que se ha preocupado de exportar por el globo. El tema de los refugiados, por la cantidad de personas en ese estado y por las causas de dicha situación, debería ser también incluido en la reforma migratoria, mediante la construcción de mecanismos de acogida, ayuda, apoyo, de los millones de ciudadanos que padecen no sólo la pobreza, sino la necesidad de abandonar un territorio por la ausencia de condiciones para la salvaguarda de la misma vida.

Por último, es importante mencionar que una verdadera reforma migratoria debería hacerse cargo de romper de una vez por todas esa extraña, aunque muy de moda relación arbitraria entre permanencia legal en un territorio y relación de trabajo. El supuesto según el cual un migrante tiene derecho a quedarse sólo en virtud de una relación laboral es tan antiguo que ya nadie se atreve a cuestionarlo. Y, al contrario, en el panorama de la crisis económica y laboral, en el horizonte del cambio de paradigma productivo, de flexibilidad laboral, de precariedad del puesto de trabajo; con todo lo anterior es preciso que una reforma migratoria verdadera cuestione este falso axioma de la ciudadanía para extranjeros y conceda plenos derechos al migrante por el sencillo hecho de ser ciudadano de este mundo.

EU: sistema penitenciario en crisis

29 maggio 2009 Lascia un commento

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 29 de abril de 2009.
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“Tres décadas de crecimiento de la población en las prisiones de Estados Unidos ha llevado al país a un peligroso umbral: por primera vez, más de una persona de cada 100 está actualmente confinado in una cárcel de Estados Unidos”, afirma el PEW Center On The States, fundación estadunidense dedicada a la investigación cuyo objetivo es “crear conocimientos para resolver los más importantes retos sociales de la actualidad”.

El documento titulado Uno cada 100, detrás de los barrotes en América, publicado a finales de 2008, señala que una de cada 30 personas de entre 20 y 34 años se encuentra en prisión. Destaca que en el caso de la población afroestadunidense la proporción “es uno de cada nueve”.

Los datos de que presenta el PEW son confirmados por las estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDJ), las cuales indican que “hasta la mitad de 2008 (30 de junio), 2 millones 310 mil 984 ciudadanos se encontraban en una cárcel federal o estatal en el país”. A esta cifra, añade los “5 millones 100 mil ciudadanos que se encuentran en libertad bajo fianza, bajo palabra o dentro de algún programa de reinserción”.

Según el PEW, estas cifras se traducen en que “1 de cada 45 ciudadanos del país están bajo alguna forma de supervisión judicial”, lo cual, cruzado con los datos anteriores, “significa que 1 de cada 31 estadunidenses está bajo alguna forma de control judicial”.

Todo lo anterior, explica el PEW, arroja el siguiente dato: “casi 7 millones y medio de estadunidenses se encuentran con el sistema de readaptación del país”.

Aunado a lo anterior, el reporte del PEW señala que “en 2007 los costos de mantenimiento de las cárceles, estatales y federales, en el país ha rebasado los 49 mil millones de dólares, contra los 12 mil que costaba el sistema penitenciario en 1987”. Un aumento constante que “de seguir así aumentaría en otros 25 mil millones para el año 2011”.

Encarcelados y droga

Gil Kerilkowske, nuevo “zar antidrogas” de la Casa Blanca, enfrenta el problema del elevado número de presos en Estados Unidos y de los crecientes costos que implica mantener el sistema penitenciario en este país.

El pasado 14 de mayo declaró que la llamada “guerra contra las drogas ha fracasado en su intento por reducir el mercado estadunidense de narcóticos ilícitos”, y admitió que “ese esfuerzo ha llenado las prisiones de la nación”.

Las palabras del nuevo encargado de enfrentar al problema del tráfico y el consumo de sustancias ilícitas en Estados Unidos encuentran sustento en los últimos datos disponibles del Departamento de Justicia: A finales de 2005, al menos 333 mil personas estaban presas por delitos relacionados con las drogas, una cifra que corresponde a más del 20% del total de la población carcelaria.

La misma fuente reporta que en 1981, cuando la administración republicana de Ronald Reagan lanzó la llamada “guerra a las drogas”, los presos por los mismos delitos eran apenas 21 mil 700.

Del total de detenidos por delitos de este tipo en 2005, 21% estaba preso en cárceles estatales y 55%, en prisiones federales.

Las estadísticas del Departamento de Justicia señalan, además, que más de 50% de los detenidos relacionados con drogas no tenía algún antecedente penal en el momento de ser aprehendido.

Sin embargo, lo que llama la atención son los datos relativos a los ciudadanos estadunidenses que se encuentran en libertad bajo fianza, bajo palabra o inscritos en algún programa de reinserción social. La información aportada por el PEW, según la cual en 2008, uno de cada 45 ciudadanos estaría en esta condición, encuentra confirmación en los datos del Departamento de Justicia.

A finales de 2007, la información oficial señalaba a 5.1 millones de ciudadanos en este estado judicial. De éstos, 824 mil se encontraban libres bajo palabra. Y de esta cifra 37% seguían bajo juicio por delitos relacionados con las drogas. El resto de este sector de la población, es decir 4 millones 293 mil ciudadanos, estaba libre bajo fianza, y 27% de ellos, por delitos ligados al tráfico, la posesión o consumo de substancias ilícitas.

Costos prohibitivos

El 2 de abril pasado, Joe Klein, escribió en la revista Time, sobre la discusión por la legalización de la mariguana: “Cada año nos gastamos 68 mil millones de dólares en el sistema de readaptación y, de aquellas personas presas, una tercera parte está condenada por delitos no violentos relativos a las drogas”.

Añadió que en el sistema judicial se gastan cerca de 150 mil millones de dólares y que 47.5% de los arrestos por droga son relativos a la mariguana”.

De ser ciertos estos datos, se confirmaría las tesis sostenidas por el reporte del PEW relativas a los excesivos costos de mantenimiento del entero sistema de readaptación en Estados Unidos.

En su más reciente reporte, el PEW dice: “El año pasado (2007), se gastaron más de 44 mil millones de dólares en el sistema de readaptación nacional, lo cual representa, con las debidas proporciones inflacionarias, un aumento de 315% desde 1987.”

Además, señala el documento, “con el aumento esperado de la población encarcelada, estos costos aumentarán de 25 mil millones”.

En este aspecto, el PEW afirma “que evidentemente la primera causa (de esta situación) es el costo que conlleva cada preso”. Y explica: “El promedio de gasto por cada preso fue de 23 mil dólares en 2005, con un máximo de 44 mil en Rhode Island y un mínimo de 13 mil, en el estado de Louisiana”.

Además, abunda el documento, actualmente “hay 13 estados del país que gastan poco más de mil millones de dólares en su sistema de readaptación local”.

El récord de gastos, según el PEW, “lo tiene el estado de California que dedicó a este rubro poco más de 8,800 millones en 2008”, de tal manera que dicha entidad “hoy simboliza de modo vívido el peligro para las financias del sistema de readaptación estatal”.

Otro rubro económico importante señalado por el estudio del PEW es el de la salud. Explica el documento: “De acuerdo con los datos del Consejo de Gobiernos estatales, el costo de los servicios de salud en las cárceles estatales suma más de 10% del total.” De estos, continúa, “la mayoría son destinados a problemas de salud ligados al elevado hacinamiento que existe en las cárceles del país: contagios de algunas enfermedades (hepatitis C, por ejemplo), difusión del HIV, heridas causadas por peleas, uso de drogas”. En este último aspecto, los datos del USDJ señalan que “en 2005, 78.7% de los presos en las cárceles federales hacía algún uso de drogas (mariguana, cocaína, heroína, anfetaminas, etcétera), contra 83.2% de los presos en las cárceles estatales”.

Por otro lado, señala el PEW, “la otra grave causa de los elevados costos (del sistema de readaptación) es el envejecimiento de la población presa”.

“Entre 1992 y 2001, la población presa mayor de 50 años aumento en 173% y de seguir la situación actual, se estima que en 2010 ese sector alcanzará a ser una tercera parte del total de presos en Estados Unidos”.

Al respecto, el PEW estima que cada preso mayor de 50 años cuesta al estado más de 70 mil dólares anuales. La conclusión de esto, agrega, es que “hay crímenes tan atroces que requieren una vida tras los barrotes. Pero los estados están gastando más dinero para aquellos presos que son mucho menos peligrosos para la salud social”.

Otro costo importante indicado es el relativo al personal de vigilancia. “Casi medio millón de personas trabajan en las cárceles estatales. Sin embargo”, sigue el documento, “estamos lejos de tener el personal suficiente para todos los institutos de readaptación total”.

Por esta razón, “uno de los costos mayores en este aspecto es el abuso de las horas extras requeridas a los trabajadores”.

El estudio señala también que “la confianza que tiene el gobierno en el sistema de readaptación social para los ciudadanos culpables de crímenes menores conlleva también otros costos, aparentemente menos obvios”. Entre estos, el PEW señala “la dificultad para los presos que trabajan de ganar más de un salario mínimo, lo cual se refleja inevitablemente en el cuidado de los hijos que se encuentran afuera de las cárceles, en la compensación para las víctimas de tales delitos e inclusive en el pago de los impuestos”.

El resultado de todo lo anterior, abunda el PEW, “es que en el año fiscal 2006 por los estados de la federación americana, los fondos destinados al sistema de readaptación han representado 9.2% del total, sólo por detrás del rubro transporte, pero por mucho delante del sector educativo y médico público”.

El reporte concluye que Estados Unidos ha “estado anclando sus políticas punitivas a muros y morteros. La tangible sensación que produce la presencia de cárceles […] ha sido una arma nunca cuestionada en nuestra batalla en contra del crimen”. Sin embargo, subraya el documento, “numerosos estudios demuestran que nuestra ciega confianza en la detención (de ciudadanos) está pagando siempre menos dividendos en la prevención del crimen”.

“Dicho en otras palabras –concluye el PEW–, seguir expandiendo nuestro sistema de readaptación social rendirá cada vez menos frutos y costará cada vez más.”

EU: estrategia empresarial contra los sindicatos

21 febbraio 2009 Lascia un commento

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 21 de enero de 2008.
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“Es la muerte de una civilización. Así es como una civilización desaparece. Estoy sentado aquí como un hombre de Estado y estoy mirando lo que sucede y no lo puedo creer”, declaró Bernie Marcus, fundador y líder de la empresa estadunidense Home Depot, el pasado 17 de octubre.

Tres días antes, el 14, la Bank of America Corporation (BAC) recibió, por parte de la administración saliente de Estados Unidos, su cuota del plan de rescate financiero: 25 mil millones de dólares. Inmediatamente, la BAC ofreció sus oficinas para que en ellas se realizara una “reunión reservada” con el “mundo empresarial”, misma que fue convocada por Marcus y por Rick Berman, fundador del Centro de Estudios Privados Union Facts.

El objetivo: aliarse y analizar cómo bloquear “la amenaza constituida por la Employee Free Choice Act” (EFCA), es decir, una propuesta de ley, ya aprobada en la Cámara de Representantes y aún bloqueada en el Senado, que reformaría las vías de elección de un sindicato por parte de los trabajadores estadounidenses.

La reunión se realizó el pasado 17 de octubre. A pesar de su carácter “reservado”, fue grabada. En los archivos de audio –una de cuyas copias tiene este reportero– se escuchan las voces de los dos principales protagonistas del encuentro: Marcus y Berman. Ambos revelaron el profundo malestar que les provoca la EFCA y esbozaron la estrategia para frenar su aprobación.

A lo largo de sus intervenciones, definieron el proyecto de ley como “la mayor amenaza al capitalismo americano”. Explicaron que por ello “son necesarias importantes donaciones a todas las fuerzas que se están oponiendo” a la ley.

Según los expositores, estas aportaciones “de cientos de miles de dólares” deberán de ser destinadas “al centro” dirigido por Berman y “a los senadores republicanos más sensibles al tema”, para evitar “que Estados Unidos se convierta en un país como Francia”.

En una de sus alocuciones, Marcus añadió: “Si los empresarios no intervienen, si no han gastado dinero en esta elección (la presidencial), si no han enviado dinero a Norm Coleman (senador republicano) y a todos esos muchachos, deberían dispararles. Deberían ser despedidos de sus malditos trabajos”.

No paró ahí: “En calidad de accionista, si encuentro a un directivo que no hizo nada en contra de la EFCA demandaría al hijo de puta (…) Estoy tan enojado con estos directivos. No comprendo toda esta estupidez”.

La EFCA

La Employee Free Choice Act fue propuesta por sectores demócratas en el Congreso federal estadounidense. El 1 de marzo de 2007, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley. Fue una votación reñida: 241 votos a favor y 185 en contra.

La iniciativa se turnó al Senado, que la sometió a votación el 26 de junio de ese año. Pero la EFCA no alcanzó los 60 votos necesarios para ser aprobada.

En dicha sesión, el entonces senador Barack Obama expresó su opinión favorable: “Apoyo esta ley porque, para restaurar un sentido de prosperidad y de seguridad, necesitamos ayudar a las clase trabajadora de Estados Unidos a ejercer su derecho a organizarse bajo un proceso libre y a ser contratados colectivamente”.

Un año más tarde, en abril de 2008, durante la campaña interna para alcanzar la candidatura demócrata, Obama afirmó frente a los sindicatos: “La aprobación de la EFCA será mi prioridad por lo que concierne al ámbito laboral”.

Las principales centrales sindicales estadounidenses lanzaron una campaña en favor de la ley, entre ellas la American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO). La campaña, que lleva el nombre de “Acta de la opción libre”, es apoyada incluso por organizaciones civiles estadounidenses.

De acuerdo con diversos documentos de esta campaña, las centrales de trabajadores afirman que la EFCA mejorará las condiciones para formar un sindicato y para negociar contratos de trabajo.

“Con la actual normativa, los trabajadores podemos formar a un sindicato de dos maneras: o el empleador reconoce que la mayoría de los trabajadores quieren tener una representación y la acepta, o la puede pelear si al menos el 30% de los trabajadores no están de acuerdo con la nueva representación”, señala uno de los documentos.

En efecto, el empleador actualmente puede recurrir a la Mesa Nacional de Relaciones Laborales para pedir una elección.

En los citados documentos, los sindicatos afirman: “Inclusive si los trabajadores ganan, el empleador puede no reconocer al voto interno”. De esta manera, denuncian, “el empleador tiene todo el poder de control de la vida sindical”.

Por el contrario, con la EFCA “es suficiente que la mitad más uno de los trabajadores elijan a un sindicato para que éste exista”. Así, la nueva ley obligaría a los empleadores a reconocer a la nueva representación y les quitaría cualquier medio de apelación frente a las autoridades.

Además, la EFCA permitirá frenar los abusos de los empleadores.

“Con la actual legislación, los empleadores intimidan, persiguen, obligan y despiden a quienes tratan de formar a un sindicato”, pero con la nueva ley se quitan las barreras para formar uno nuevo”, agrega el documento.

También “introduciría la figura del Servicio Federal de Mediación y Conciliación” y “endurecería las multas y castigos para los empresarios que violen la legislación laboral”.

En los documentos de la campaña, los sindicatos afirman que este último aspecto es importante, “pues las violaciones (a la ley) por la parte empresarial se han vuelto algo epidémico.

Los abusos de las corporaciones, como por ejemplo el despido de los sindicalistas, se ha extendido tanto porque, no habiendo castigos suficientes, el costo a pagar por estas violaciones es considerado aceptable para el empleador”, quien lo asume como un costo más de su negocio.

El “doctor mal”

Por el momento, la nueva ley ha quedado congelada en el Senado. Los sindicatos aseguran que “detrás de los senadores se encuentra el mundo empresarial”. Así lo muestran también las grabaciones de la reunión del pasado 17 de octubre.

En esa ocasión, Marcus afirmó que “esta ley puede ser una de las cosas peores que nuca he visto en mi vida”.

Y añadió: “Podría estar de vacaciones en un barco en el Mediterráneo. Sin embargo, sentí que es más importante emprender esta lucha”.

En una referencia al entonces inminente día electoral del pasado 4 de noviembre, Marcus afirma que “es increíble que alguien haya tenido el valor de intentar hacer pasar esta ley en este año electoral, especialmente cuando tenemos una economía que es un desastre, un total y absoluto desastre”.

Según testimonios reportados por medios alternativos en Estados Unidos, en las semanas anteriores al 4 de noviembre, Marcus y Berman habrían cabildeado con empresarios, investigadores económicos y accionistas de distintas empresas la posibilidad de “apoyar las campañas de los candidatos republicanos”, entre los cuales mencionaron a Norm Coleman, del estado de Minnesota; Gordon Smith, de Oregon; Mitch McConnell, de Kentucky; Elizabeth Dole, de Carolina del Norte, y Roger Wicker, de Mississippi.

No obstante, en el encuentro del 17 de octubre, Berman advirtió: “Si después de estas elecciones no hay suficientes republicanos que se opongan a la ley, será muy difícil resistir”.

Añadió: “La única manera (de oponerse a la aprobación de la ley) después de estas elecciones, en el caso de no tener una mayoría obstruccionista en el Senado, es la de calentar tanto el asunto en ciertos estados, que los demócratas que apuntan a las elecciones de 2010 tendrán que pensarlo dos veces si dejan o no pasar este asunto”.

En una declaración pública concedida a pocos días del encuentro, Berman negó “que en la reunión se haya promovido el financiamiento de nadie”. Sin embargo, en las grabaciones se escucha la voz de un hombre que sugirió a los participantes enviar mayores contribuciones a la organización de Berman como una vía para tener influencia en las elecciones sin “molestar a la campaña de (John) McCain”, el candidato presidencial republicano.

Se escucha la voz afirmar: “Algunas organizaciones han firmado cheques por 250 mil, 500 mil y hasta por 2 millones de dólares para este propósito”.

El Centro de Estudios Union Fact –que encabeza Berman– es “una organización sin fines de lucro, apoyada por fundaciones, hombres de negocios, miembros de sindicatos y por el público en general”, que se ocupa “de mostrar a los estadounidenses la verdad acerca de los líderes sindicales de hoy”, apunta el sitio en internet del centro.

Pero los documentos de la campaña lanzada por los sindicatos afirman que en realidad “Berman es un reconocido hombre de negocios que se ocupa de desacreditar a los sindicatos y de cabildear entre los políticos”.

En los años, 90 Berman obstaculizó la legislación que prohibía manejar automóviles bajo los efectos del alcohol y lanzó el lema “tolerancia hacia el beber social”.

Más adelante fundó el Instituto por las Políticas del Empleo, en el que defendía “la importancia de los trabajos con el salario mínimo para la gente pobre y para la gente no educada”.

El 5 de abril de 2007, el programa televisivo 60 minutes, de la CBS, dedicó un programa a las actividades de este empresario. Casi cuando concluía el programa, el locutor lo describió como “el arma de destrucción masiva que utiliza la industria de alcohólicos y de la comida”, y al final lo llamó “el doctor Mal”.

Estados Unidos: las cifras del hambre

2 gennaio 2009 Lascia un commento

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 2 de enero de 2008.
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El 89% de los hogares estadounidenses ha tenido suficiente comida durante 2007. Sin embargo, el 11% restante -alrededor de 13 millones de personas- no siempre ha tenido qué comer y el 4% ha padecido “graves faltas alimentarias”.
Estos son los números arrojados por un estudio realizado por la Secretaría de Agricultura del gobierno de Estados Unidos (USDA, en sus siglas en inglés), con fecha de noviembre de 2008.
El estudio revela además que del total de la población estadounidense (300 millones), 36 millones 200 mil personas no tuvieron acceso permanente a la comida durante 2007.
Realizado en el marco del Programa de Investigación acerca de Asistencia Alimentaria y Nutrición, y promovido por la USDA, el estudio analiza el grado de seguridad alimentaria en Estados Unidos durante 2007. Fue presentado en el mes de noviembre de 2008 como parte de la evaluación que la misma USDA realiza acerca de sus programas de asistencia alimentaria.
El informe también muestra que los altos índices de inseguridad alimentaria se encuentran en familias en estado de pobreza, con un solo progenitor y formadas por afroestadunidenses o latinos. Las regiones del noreste y los estados del sur del país son los más golpeados por este fenómeno.
Los números
El estudio fue realizado con base en entrevistas a una muestra poblacional de 54 mil hogares de los 118 millones que existen en Estados Unidos. El primer dato es que 13 millones de los ciudadanos estadounidenses que tienen un hogar fijo no han tenido acceso regular a la comida durante 2007: un aumento de medio millón con respecto al año anterior.
El estudio revela que 36 millones 200 mil ciudadanos -alrededor del 12% de la población- sufrió inseguridad alimentaria en ese año. De ellos, una tercera parte fueron menores de edad. Es decir que de los 73 millones de jóvenes que viven en Estados Unidos, unos 12 millones -cerca de 17%- padecieron inseguridad alimentaria.
El estudio precisa: sufrieron hambre 5 millones de jóvenes blancos, 4 millones de latinos y 2 millones 500 mil de afroestadunidenses. La mayoría de ellos residentes en estados del sur del país.
Con respecto a la geografía del fenómeno, el análisis muestra que la inseguridad alimentaria creció substancialmente en al menos 11 estados del país, mientras que disminuyó en solamente cinco. Entre los primeros se encuentran los estados de la región noreste del país, algunos del llamado Midwest, como Mississipi.
Por el contrario, en los estados de California, Florida, Idaho, Montana, Oklahoma, Texas y Washington, los números muestran un substancial aumento de la seguridad alimentaria de sus habitantes.
El estudio señala que todos estos números se han mantenido substancialmente estables durante los últimos diez años: el porcentaje de aquellos ciudadanos que tienen permanentemente acceso a comida ha sido siempre el mismo: 89.7%. Sin embargo, los mismos datos marcan una tendencia a la alza en 1% en los sectores de mayor inseguridad alimentaria.
De la misma manera, frente a una generalizada estabilidad de los datos entre 2006 y 2007, el estudio señala que hubo un aumento de 2% entre las personas que entraron a ser parte de los que oficialmente son reconocidos como pobres.
En el mapa de la distribución social del fenómeno, el estudio indica que la mayoría de las personas con inseguridad alimentaria se encuentra en hogares de más bajos recursos (37%), seguidos por hogares ocupados por madres solteras (30%) y por familias de afroamericanos y latinos (23%).
Inseguridad alimentaria
El reporte define la seguridad alimentaria de la siguiente manera: “Acceso a todas las personas en cualquier momento a la alimentación suficiente para llevar a cabo una vida activa y saludable”.
Para ubicar los diferentes sectores según su propio grado de seguridad alimentaria, el estudio formuló 18 preguntas a los entrevistados de la muestra seleccionada. En el estudio, además, se distingue entre quienes padecen alguna forma de inseguridad y aquellos que sufren “graves faltas alimentarias”.
En estos últimos contempla a los hogares que se vieron obligados a reducir la cantidad de alimentos por la falta de dinero u otros recursos. La cifra: 4 millones 700 mil personas en 2007.
El 97% de ellos confesó que “la comida se acaba antes de tener dinero para comprar más”. Otro porcentaje elevado afirmó que se vio obligado a “recortar comidas o la cantidad de las mismas por falta de recursos” al menos durante tres meses del año analizado. El 65% declaró haber tenido “hambre porque no me alcanzaba”. Y casi la mitad afirmó “haber perdido peso por no tener dinero para comer”.
Según el estudio, las “graves faltas alimentarias” son causadas por reducidos ingresos económicos o por “trastorno en los patrones alimentarios”. Sin embargo, apunta el documento, estas situaciones “son usualmente ocasionales o episódicas, nunca crónicas”.
Señala que la mayoría de las personas que padecen distintos grados de inseguridad alimentaria se enfrentaron al menos una semana al mes con otros problemas asociados, tal como el desempleo.
La investigación sostiene que un estadounidense que goza de seguridad alimentaria gasta 42.5 dólares a la semana y hasta 63 dólares en el caso de un hombre soltero e independiente. Sin embargo, los que no tienen acceso regular a la alimentación gastan un promedio de 32.5 dólares a la semana.
La investigación aclara que se concentró en las personas que pertenecen a algún tipo de núcleo familiar y señala: “La omisión de las familias sin casa y de los individuos de estas estadísticas empuja los datos hacia abajo”. Entonces -explica- los datos relativos a las estimaciones presentadas pueden ser substancialmente diferentes, sobre todo en los casos en condiciones más severas”.

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