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Oscar Olivera: la oposición en tiempos de Evo

1 agosto 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de agosto de 2010
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La fragmentación del movimiento: “Estás con nosotros o estás en contra”

En el gobierno de Bolivia hay un discurso y una práctica totalmente divergentes. Se fomenta el individualismo y se penaliza la toma de decisión comunitaria. Los movimientos sociales están casi en su totalidad subordinados al gobierno. Es vigente la consigna “estás con nosotros o estás en contra”. Pero además, no es sólo que te ignoran o no existes como fue hasta hace poco. No, ahora, tras las últimas elecciones, el gobierno parece decir: ‘sí, existes, y te aniquilo para que ya no existas’. Y entonces hay una fuerte campaña de desprestigio, de calumnia, muy baja, muy dañina, en contra de unos referentes sindicales o sociales que están en una posición fuertemente autónoma.

Yo creo que hay distintos factores. Por un lado hay una actitud general y por otra la presencia de cuadros medios en el gobierno que operan este tipo de políticas. Cuando Evo Morales llegó al gobierno, yo estaba preocupado por cómo es él. En el fondo, es una persona con sus legítimos objetivos. Por ejemplo, él siempre quiso ser presidente. Evo fue entre los promotores del referéndum del gas en 2004. Muchos estábamos en contra por considerar a la consulta una trampa. Él no, él negoció con el gobierno de entonces todo para poder acceder al mismo gobierno.

Yo creo que en esa ocasión, Evo utilizó a la gente. No me parece muy honesto, muy leal, que haya siempre utilizado esa capacidad de seducción muy propia de él para atraer gente, usarla y luego desecharla, inclusive de mala manera. Él es un caudillo y aquí no hay alguna horizontalidad del poder, no hay la más mínima intención de ofrecerle el poder a la gente. Aquí el poder está concentrado en una sola persona, y esa es Evo Morales. Él decide todo, da el visto bueno inclusive para los candidatos a alcalde en este país.

Además, se ha rodeado de gente que es muy condescendiente con él, algo que le gusta mucho. Yo vi actitudes hasta serviles hacia el presidente. No importa el pasado que tenga dicha persona, si segunda lo que dice el presidente está bien. En cambio, un compañero que nuca se ha vendido, que nunca se ha subordinado, o un sector que fue rebelde, que siempre fue autónomo, eso no es tolerado. Creo que es una mezcla de actitud personal junto a una red de personajes absolutamente descalificados que están ahí, en el gobierno.

Por ejemplo, yo ya no me puedo comunicar con él. La última vez fue hace dos años, ahora ni me comunican. Perece que estoy vetado para el gobierno. Y parece que la única forma para decirle que aquí estamos, aquí insistimos, aquí seguimos, no son las cartas públicas que le enviamos o los mensajes que le hicimos llegar por otras personas, sino la movilización. Por ejemplo, el gobierno organizó un evento para recordar los diez años de la ‘guerra del agua’ (en abril de 2010). Un evento partidario al que llegaron unas 500 personas y en el que se dio a entender que las conquistas de hace diez años fueron el logro de un grupo, de un sector.

En cambio, unos días después nosotros organizamos una marcha a la que acudieron más de diez mil personas y reivindicamos que no fue una parte la que ganó, sino que fue el resultado de la construcción colectiva, de un tejido social muy fuerte, muy generoso, muy transparente y sin discriminación alguna. Todo eso ya no existe. Hubo mucha fragmentación y cooptación por parte del actual gobierno. Por otro lado, se desprestigió a todos los que no quisimos entrar a ese juego.

Creo que la gente que está en el aparato tiene miedo hacia el poder que está abajo. Sucedió que cuando nos movilizamos, se asustaron porque vieron que fue la base social la que se manifestó, la base social de todo el proceso que llevó Morales a la presidencia, esa misma base que se movilizó primero cuando la ‘guerra del agua’. El canciller David Choquehuanca, a quien nunca vi en ninguna batalla, en ninguna parte, se dio el lujo de descalificar a la marcha diciendo que fue una marcha de la ultraderecha.

Es una falta de respeto y me indigna que un funcionario que nunca tuvo el valor de darnos la cara se permita descalificarnos. Además, si se considera que el MAS en las últimas elecciones perdió en las zonas urbanas, deberían de tratar de acercarse a esta gente, a esta base social que fue la misma que votó por ellos pero marchó con nosotros. Hay una ceguera absoluta, soberbia, desprecio a su propia gente.

La política laboral en Bolivia

El proyecto de reforma del código del trabajo en Bolivia – presentado el primero de mayo de 2009 – tiene dos grandes cargas para los trabajadores. La primera tiene que ver con la criminalización de la huelga, de la protesta. Hay nuevas reglas que se introducen, como por ejemplo que cualquier medida tomada por el sindicato debe de tener una mayoría de dos terceras partes, cuando ahora es suficiente el 50 por ciento más uno; además se propone que en caso de huelga, los trabajadores que no estén de acuerdo y quieran trabajar puedan hacerlo.

En el caso que un dirigente sindical u otro trabajador trate de impedir que se rompa la huelga, y lo agreda ya sea verbal o físicamente, a dicha persona se le puede ejercer una acción penal. Por otro lado, la propuesta excluye a todos los trabajadores del sector público del derecho a la huelga, es decir, todos los trabajadores del agua, luz, teléfono, comunicación, salud y de todo el aparato administrativo no podrán ir a huelga. De esta manera, se ataca directamente a la unidad sindical, a su posibilidad de acción unitaria.

Estas propuestas denuncian una visión individualista del sujeto trabajador. Nosotros queremos que se mantenga la visión colectiva, que sean los sindicatos quienes de manera organizada representen a los trabajadores. Tenemos aquí una ideología precisa que se está metiendo al interior del gobierno por parte de los tecnócratas. Por ejemplo, la nueva ley anticorrupción que se aprobó hace poco introduce la delación como método. Es decir, se sigue fomentando el individualismo, la desconfianza en el otro, por encima del colectivismo, de lo comunitario.

No hay un discurso oficial para la promoción de estas propuestas. Yo creo que hay gente que está metida, que se ha colado en el gobierno. A ellos les interesa conseguir dinero, recursos financieros, para que haya estabilidad macroeconómica. El mundo del trabajo, al igual que el agua, no les importa. De la misma manera, la vida cotidiana de la gente nos les interesa. En muchos sectores sociales, tras cinco años de gestión de este gobierno, no sólo no han cambiado las cosas sino que han empeorado.

Nosotros estamos con dos cosas en este momento. La primera es la lucha ideológica en contra del gobierno, en contra del individualismo, de la delación, de la criminalización de la protesta, pues lo que ni los gobiernos militares pudieron hacer, este gobierno lo está haciendo. Hay gente que se ha metido en el gobierno y, de manera muy subterránea, está negociando con los poderes económicos, con los empresarios. El proyecto laboral debe de haber sido consensuado con la patronal, no hay otra explicación. Pero como Evo Morales tiene una imagen muy fuerte, uno piensa que todo lo que hace está bien.

La segunda es tratar de resistir y conservar lo poco que ha quedado de esa ley general del trabajo que tiene más de 60 años, que sí, se ha convertido en algo contradictorio, desordenado, pero no por esto nos van a imponer algo regresivo como lo es el nuevo proyecto. Por ejemplo: este código (la propuesta gubernamental) legaliza el trabajo tercerizado. Ya en las líneas productivas, los trabajadores de planta y los subcontratados trabajan codo a codo y ni se reconocen entre sí. Existe el trabajador con todos los derechos y luego ‘el tercero’. Ni lo llaman compañero. Hasta el lenguaje te separa, te divide, te fragmenta te discrimina.

La comunidad y el sindicato

Ahora bien, nosotros tenemos unas raíces ancestrales que se refieren al concepto de comunidad. Ese sentir y actuar de la comunidad se está perdiendo y nosotros queremos recuperarlo. Desde nuestra perspectiva, el sindicato puede ser una réplica urbana de la comunidad, es decir que nadie nos pueda fragmentar ni dividir, que las decisiones se toman colectivamente y por consenso, que debe de haber una rotación en las responsabilidades, que pueda ser revocado el cargo, en fin, tal y como funciona en las comunidades andinas.

Urbanización acelerada, corrupción y narcotráfico en Cochabamba

En Cochabamba hay tres problemas. El primero es un proceso de urbanización muy acelerado. Desde el Estado se ha establecido que la tierra y el suelo son un negocio. De esta manera se fomentaron esas actividades absolutamente criminales de urbanizar todo: áreas de cultivo, parques de desarrollo forestal, etcétera. Todo esto está relacionado con el tema del agua. En la ciudad existen alrededor de diez mil pozos que son alimentados por los caudales que bajan desde las montañas. Ahora, esos pozos se están secando, tienen niveles muy bajos, lo cual obliga a mayores perforaciones. Frente a esta situación, no hay quienes lo paren pues todo se promueve desde el gobierno tanto nacional como local.

El segundo problema es el tema de la corrupción. Ya que no se ha cambiado esta institucionalidad corrupta, muchos compañeros que fueron a ‘cambiar al estado’, a ‘horizontalizar’ el poder, a crear una ‘institucionalidad participativa y abierta a la gente’ se han dejado transformar por el estado y se han vuelto corruptos. Un ejemplo es el caso de quien iba a ser el sucesor de Evo Morales que hoy está en la cárcel: Santos Ramírez Valverde.

Y el tercer tema es el narcotráfico que aquí en Cochabamba está acosando a las comunidades. Y es paradójico, porque cuando estaba la DEA (la agencia antinarcóticos de Estados Unidos) el problema estaba más controlado. Éste es un tema muy grave que habrá que enfrentar pues hay sectores de los mismos productores de hoja de coca que están entrando al negocio del narcotráfico. Y de seguir así puede que la hoja de coca que llevó Morales al gobierno quizás sea la misma que lo quite de ahí.

Discurso anticapitalista y práctica inconsecuente

Existen muchas contradicciones entre el discurso anticapitalista y antiimperialista y las formas de desarrollo promovidas que tienen un alto contenido capitalista. El caso de la mina San Cristóbal es ejemplar, como el plan del IIRSA. Es decir, lo que no pudieron hacer los de la derecha lo está haciendo este gobierno junto con Lula (presidente de Brasil). Estas contradicciones entre el discurso y la acción concreta no le permiten al gobierno ocultar las cosas que están ocurriendo aquí. El gobierno dice que todo esto es para juntar los recursos financieros para las necesidades de la gente y para establecer un grado de equilibrio con la naturaleza.

Pero allá en las comunidades, en donde la gente se opone, el gobierno descalifica inmediatamente a quien protesta o, en su caso, la suplanta con otros líderes enviados por el gobierno. En otros casos, el Estado está completamente ausente, lo que provoca que la gente quiera resolver los problemas por sí misma. Es por eso también que en estos cinco años hubo ya más de 60 muertos. Es el caso, por ejemplo, en Huanuni en donde hubo un enfrentamiento entre las comunidades que trabajaban las minas con cooperativistas y los trabajadores sindicalizados: por la disputa de un yacimiento, en octubre de 2006, 4 mil comunitarios, gente muy joven, se enfrentaron con los sindicalizados con un resultado de 17 muertos.

El movimiento autónomo

Es un momento muy difícil para el movimiento en Bolivia. Para comenzar no hay espacios para la autonomía. Ni indígena, ni municipal, ni nada de eso. Hay una fuerte imagen de Evo Morales que no permite la existencia de una voz autónoma. Pero la gente no es tonta y se entera que esto no está bien, aunque no se atreve a levantar la voz, pues hay ciertos niveles represivos.

Con este gobierno veo muy difícil cualquier espacio de autonomía. Es paradójico, pues este proceso fue impulsado por las autonomías, nadie nos decía qué teníamos que hacer, era una deliberación colectiva entre nosotros y ejecutábamos las cosas. Ahora eso ya no ocurre. De la autonomía pasamos a la subordinación absoluta.

Con respecto a este gobierno hay mucha esperanza tanto aquí como en muchas partes del mundo. El gobierno utiliza un lenguaje guevarista, marxista, antiimperialista que lleva a relaciones que a me preocupan. Por ejemplo, la relación entre Hugo Chávez de Venezuela, el presidente iraní Ahmadineyad y el gobierno de Bolivia. Antes de estrechar amistades, habría que ver qué pasa en esos pueblos. Por ejemplo, en Irán hay una fuerte represión en contra del movimiento obrero y en contra de las autonomías de los movimientos sociales.

Soy tan pesimista que no creo que el actual gobierno de Morales logre sobrevivir los cinco años (de su mandato). Va a darse una especie de desencanto en la gente. Me decía un viejo luchador campesino, de aquí, del barrio 1º de mayo, una zona muy empobrecida: “Estas victorias electorales del MAS (Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales), esta imagen esperanzadora del gobierno, son el fruto del esfuerzo de nosotros; pero todo eso se está convirtiendo en una fiesta para los ricos de siempre”.

A pesar de que comienza a haber cierto descontento y desencanto entre la gente, mismo que se registra también en los resultados electorales que tanto interesan al gobierno, lo cierto es que la gente se siente de alguna manera chantajeada, porque si esto se derrumba, la pregunta es: “¿Qué viene después?”. Si esto se viene abajo, esto va a ser una fiesta para la derecha, que podrá decirle a la gente: “Ya tuvieron marxista, guevarista, indigenista…¿y qué hicieron?”. Y si todo se derrumba, como siempre los que pagaremos somos los que estamos abajo.

Perspectivas personales y colectivas

Ser indígena no es un tema de rostro, de rasgos, de color de piel, de vocabulario sino es un problema de actitud. El indígena es generoso y respetuoso con la gente, es transparente. Y este gobierno, aunque diga ser indígena, hace exactamente lo contrario: autoritario y desprecia al que no piensa como él. Por eso no quise asumir ninguna responsabilidad estatal, porque creo que lo que tu vives en tu experiencia cotidiana te hace cambiar tu visión de las cosas y tus actitudes.

He pensado qué hacer en este contexto. He platicado con mis compañeros y hemos discutido qué tenía que hacer ahora Oscar Olivera, esa figura que tiene aún una amplia base social. Y hemos decidido que me iba a lo más profundo. Opté por irme hacia lo más profundo de esa base social y buscar y establecer ahí una nueva trinchera de lucha que me permita sumergirme otra vez en la vida cotidiana de la gente, en sus preocupaciones y desde ahí reconstruir un tejido social ante el posible derrumbe.

Dejé de estar en los espacios públicos (la referencia es a la Mesa 18 que se organizó en ‘alternativa’ a la Cumbre sobre Cambio Climático organizada por el gobierno boliviano en abril de este año). Pensé que mejor me voy a la base y trabajo ahí en lo que más me gusta: hablar con la gente, percibir las preocupaciones de la gente, ir a las fábricas a informar a los trabajadores. Quizás mi última actividad pública fue la Feria del Agua, ya que la exposición pública me somete a los ataques del desprestigio del gobierno y esto comienza a agotarme.

Quería volver a la fábrica, pero la empresa ya no quiso. Entonces ahora me quedé aquí, organizando la escuela sindical y popular. Convertimos este lugar (la entrevista se lleva a cabo en el Complejo Fabril de Cochabamba) en un centro social de formación, información, organización e intercambio de saberes abierto a toda la gente, a todos los trabajadores, los nuevos y los viejos, los hombres, las mujeres. Es lo que tratamos de construir aquí: un espacio muy autónomo y muy crítico y que tenga la capacidad de preparar a la gente para que vayan a las comunidades, a los barrios, a construir esa autonomía.

Todo lo anterior con la perspectiva de pensar que la solución (a los problemas) está en la gente, ya no pasa por la política por como está concebida y practicada hoy. Poner nuestra gente en los aparatos estatales no sirve para nada. Definitivamente es un engaño. Al contrario, la solución para por la autogestión. Aquí en la ciudad, por ejemplo, tenemos unas fábricas que queremos tomar y autogestionarlas. Ya veremos.

La gestión comunitaria del agua en Cochabamba

1 giugno 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de junio de 2010
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Cochabamba, Bolivia. A diez años de la llamada “guerra del agua”, que en la primavera del año 2000 sacudió la ciudad de Cochabamba y acabó marcando el inicio del proceso que llevó a Evo Morales a la presidencia de Bolivia, el derecho al agua para la población de Cochabamba sigue siendo un objetivo por alcanzar.

En el sur de la capital de la provincia de Cercado y del departamento homónimo, existe hoy una experiencia autónoma que alrededor de la gestión del recurso hídrico construyó su propia organización y que hoy, tras seis años de existencia, abastece del precioso líquido aproximadamente a 250 mil personas, es decir, una cuarta parte de la población de Cochabamba.

Nacida en agosto de 2004, la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua del Sur (ASICA-SUR) es una organización que aglutina actualmente a más de cien sistemas de agua comunitarios. Según sus integrantes, es también una organización sin fines de lucro que no responde a ningún partido.

El ingeniero Carlos Oropeza Aguilar es desde hace cinco años parte del equipo técnico de la asociación y se ocupa de coordinar al proyecto macro de ASICA-SUR, es decir “planifica, evalúa y realiza el seguimiento a las diferentes áreas de acción” de la organización. Entrevistado por Desinformémonos, Oropeza Aguilar afirma: “Nosotros en cuanto consumidores mayores, tenemos el derecho de ser parte de la gestión, pero no cómo el modelo de ‘observatorios ciudadanos’, sino como parte de la misma gestión, tomar las decisiones”.

“La necesidad de organizarnos”

Carlos Oropeza cuenta que ASICA-SUR nació por “la ausencia del estado, de las autoridades, de las entidades públicas que tenían la obligación de atender a la población con servicios básicos”. Por ello, continúa, la población se organiza en pequeños sistemas locales de agua, los llamados “comités de agua”, que con sus propios esfuerzos logran constituir pozos, tanques, sistemas de extracción y de distribución. Lo más valioso, apunta Oropeza, es justamente que dichos comités administran y gestionan autónomamente los sistemas de agua construidos.

ASICA-SUR, entonces, nace cuando “estos comités, que se crean cada uno por su cuenta, comienzan a sentir la necesidad de ser atendidos por el Estado”. El encargado de proyectos de la organización afirma que la autoridad nunca quiso escuchar a los comités y, por ello, la gente comenzó a percibir la necesidad de constituir una entidad matriz que los aglutinara y que se hiciera portavoz de todos estos pequeños comités.

El miembro del equipo técnico de ASICA-SUR aclara que los comités existían mucho antes de la llamada ‘guerra del agua’ del año 2000 y reivindica que “justamente cuando se da la tentativa de privatización del sistema de agua, los comités toman un rol protagónico en la protesta”. Dicho rol protagónico no fue sólo de los comités, según el Carlos Oropeza, sino de “toda la zona sur de la ciudad”.

Carlos Oropeza explica que “al cumplir con el fortalecimiento de ASICA, cumplo con mis principios personales y profesionales”. Narra que ‘la guerra del agua’ les enseñó que hay que organizarse, pues “solamente organizados, unidos, y con espíritu de lucha es que vamos a poder construir la vida que queremos”. Y añade que se podría decir que ASICA-SUR es fruto de la guerra del agua.

“La constitución de la organización es fruto de un proceso. Una vez que termina la protesta del año 2000, todo mundo se fue a su barrio a realizar un trabajo de base. ASICA-SUR no surge inmediatamente después de la victoriosa protesta de aquella primavera boliviana. Primero fue ir a los barrios, concientizar a la gente acerca de la importancia del recurso. Luego, fueron a trabajar con los pequeños comités y socializar sobre la importancia de organizarnos y desde abajo se fue poco a poco construyendo todo. desde abajo se fueron escribiendo los estatutos, los reglamentos. Fue un trabajo largo”, relata el entrevistado.

La relación con el gobierno

Para Carlos Oropeza, la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia desata la esperanza entre los comités, quienes fueron y se consideran “la base social de este proceso de cambio, que el gobierno dice estar encaminando, pues es esta gente (la de los comités) quien empujó este proceso, quien los llevó al gobierno”. Oropeza admite que al ver “sus representantes” al gobierno, sintieron la esperanza de tener finalmente atención por parte de las autoridades.

Sin embargo no ha sido precisamente así. “Hubo algunos avances, en el sentido de que hemos recibido un financiamiento directo por parte del gobierno, cosa que nunca había pasado, pues antes el dinero pasaba por alguna autoridad local y no llegaba a la base”.

Detalla que en estos meses están utilizando un financiamiento de cuatro millones de dólares para la construcción de infraestructuras para los comités de agua. Además, “al parecer hay intención por parte del gobierno de reconocer estos pequeños comités de agua, de darles su registro, para que funcionen en un marco legal”. Aunque admite que estos son pequeños cambios positivos, Carlos Oropeza afirma que “no obstante, no estamos conformes”.

Tajante, el ingeniero de ASICA-SUR demanda mucha más inversión, pues “para lo que se necesita es muy poco lo que hasta ahora se ha invertido”. La razón de esta situación, indica, es porque el gobierno aún no define sus políticas alrededor de las necesidades reales de la gente y, al contrario, opta por programas y planes que le van a favorecer políticamente, como puentes, carreteras, “en fin, cosas que uno puede ver”. Los acueductos y los pozos no se ven, por esto, denuncia “sabemos que para el gobierno nosotros no tenemos significado político”.

Sin embargo, ASICA-SUR y sus integrantes parecen estar muy conscientes de la fuerza con la que cuentan. Los poco más de cien comités atienden a cerca de 700 familias cada uno, haciendo un total de más de 200 mil personas, la cuarta parte de la población de Cochabamba. Carlos Oropeza aclara: “Ojo: estamos diciendo que son 250 mil personas que están organizadas en los sistemas de agua locales”. Y advierte: “El gobierno sabe que esta es una fuerza que podría ser su gloria o su tumba”. Y a pesar de que el gobierno siempre haya tratado de “hacernos suyo, de someternos, ASICA-SUR se ha mantenido independiente, nunca aceptó incorporarse a nada que ofreciera el gobierno.”

Por ahora, ASICA-SUR sobrevive gracias a la cooperación internacional. La asociación italiana Centro Volontariato Internazionale (CeVI) es parte de dicha cooperación “en el marco de Proyectos de Cooperación Internacional entre Italia y Bolivia”. Dice el representante de la organización italiana en Bolivia: “Lograr la sustentabilidad de la gestión del agua comunitaria e impulsar una gestión participativa y solidaria del recurso es importante porque el agua debe ser fuente de democracia y justicia y no de desigualdades y ganancias”.

La independencia

El miembro del equipo técnico de ASICA-SUR expone que siempre hubo la idea de mantenerse independientes, “fuera cual fuera el gobierno”. Acerca de los apoyos recibidos – los cuatro millones de dólares mencionados -, Carlos Oropeza aclara: “Si el gobierno quiere apoyar, adelante, pero eso no implica someterse a nadie”.

Esta actitud hacia las autoridades, abunda, también les costó en cierta medida, pues las presiones gubernamentales no faltan. “El gobierno sabe que somos independientes, pero, por ejemplo, ha intentado llevarse personas de la organización ofreciendo puestos de gobierno”.. En otras ocasiones, el gobierno invitó a los miembros de ASICA-SUR a participar en eventos y movilizaciones.

En algunas ocasiones, admite el ingeniero de la organización, hubo respuesta positiva por parte de ASICA-SUR. No obstante, afirma, “luego vimos que nos estaban utilizando, pues no respondían a nuestra necesidades como nosotros lo queríamos”. Y aunque nunca hubo represión directa, “asumimos que podría suceder”.

Durante la tercera Feria Internacional del Agua, organizada por ASICA-SUR junto a otras organizaciones en los días previos a la aclamada Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático (CMPCC), dice Carlos Oropeza, “se sintió la ausencia de algún representante del gobierno”. Este año, en efecto, el gobierno junto al Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Evo Morales) organizó un evento aparte para celebrar el décimo aniversario de la ‘guerra del agua’.

Durante el primer mandato de Evo Morales hubo funcionarios muy cercanos a la organización y los mismos siempre participaron en sus eventos. Como muestra del cambio de actitud y de relación entre la organización y el gobierno, Oropeza cuenta que el gobierno no los invitó a la CMPCC: “Nosotros sentimos que quisieron convocar sólo a las organizaciones que están sometidas a la voluntad del gobierno, donde se hace lo que la cúpula decide”.

Otro modelo de gestión del agua

La zona sur de Cochabamba, según Carlos Oropeza, es una zona que se pobló con la gente que migró desde otros lados. La gente vino sobre todo de los que son centros mineros en el país “por eso la gente trae arraigada la vocación a la organización”. La fuerte tradición sindical del sector minero en Bolivia tuvo gran influencia en la formación de los comités locales de agua.

Al mismo tiempo “mucha gente vino de las áreas rurales, del campo, donde lo fuerte es lo comunitario. La comunidad es un concepto central pues el trabajo se hace en común”. También muy arraigada es “la práctica de la ayuda mutua”. Estas dos realidades se han juntado, expone, “cada una puso de su parte”. “¡Organicémonos y trabajemos!”, fue la consigna. Y reivindica: “Esa es la parte rica de nuestra experiencia: campesinos, indígenas y cultura minera”.

Acerca del fuerte compromiso que la gente demuestra en las actividades coordinadas por ASICA-SUR, Carlos Oropeza señala la importancia de que todos los sistemas de agua fueron construidos por la propia gente, lo que permite que toda la comunidad los proteja y los cuide. La gente no siente la obligación de participar, explica, “pues se involucra alrededor de su necesidad y de lo que construyó con sus propias manos”.

La organización nació en un principio sólo como portavoz de la asamblea de todos los comités. Luego, a lo largo del tiempo, se dio la necesidad de organizar un equipo técnico para ofrecer asistencia a los comités y es ahí, dice Oropeza, “cuando ASICA-SUR se convierte en una organización que va también a reforzar el trabajo de cada sistema de agua”.

Además, explica, el equipo técnico surgió también porque los comités se dieron cuenta que las autoridades no gestionaban proyectos. Por ello, ASICA-SUR se volvió un gestor y un ejecutor de proyectos. “La organización es un poco sui generis, pues por un lado es como un sindicato por otro lado es como una empresa”, comenta el ingeniero boliviano.

Tan es así, que actualmente, ASICA-SUR tiene firmado un convenio con SEMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable de Cochabamba, el servicio público de la ciudad) para que la organización independiente ofrezca servicio de agua potable con sus tres carros cisternas (pipas).

Todo lo anterior, precisa Carlos Oropeza, es el fruto de un trabajo comunitario y autogestionado que tiene su propia organización. Hay un directorio que es elegido por la asamblea de los representantes de los comités que cuenta con cinco miembros y un presidente y como función tiene la de ejecutar lo que ellos – la asamblea de representantes – determina.

Este espacio de “dirección” percibe una compensación económica por su labor permanente, a diferencia de la asamblea, cuyos miembros (los representantes de cada comité local) no tienen sueldo alguno. Carlos Oropeza precisa que el directorio es renovado cada dos años, “aunque la asamblea tiene la facultad de revocar el mandato en cualquier momento”.

Con este tipo de funcionamiento, ASICA-SUR se propone también como modelo alternativo y “democrático” de gestión del recurso hídrico. “Observamos que la empresa pública que fue rescatada durante la guerra del agua no está respondiendo, no sirve. La empresa, cuando tiene muchos usuarios, no logra funcionar con la participación social de la gente. Por esto, como sistemas de agua que somos decidimos no volvernos usuario, sino fortalecernos y convertirnos en un modelo de gestión, primero comunitario”.

No obstante, la interacción con el servicio público es necesaria ya que es la empresa pública la que tiene la propiedad de las mayor parte de los pozos de agua. La propuesta de ASICA-SUR es comprar agua en bloque a la empresa pública y gestionar su administración y distribución, tal y cual “hacemos ahora con el agua que extraemos nosotros”.

“Un modelo así es mejor porque es comunitario y eso significa mayor transparencia en el proceso. Nosotros en cuanto consumidores mayores, tenemos el derecho de ser parte de la gestión, pero no como el modelo de ‘observatorios ciudadanos’, sino como parte misma de la gestión, tomar las decisiones”, finaliza Oropeza.

La Mesa 18 en la Cumbre de los Pueblos en Bolivia

1 maggio 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de mayo de 2010
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Cochabamba, Bolivia. Una semana antes de la esperada Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático (CMPCC), convocada por el presidente boliviano Evo Morales, se realizó la Tercera Feria Internacional del Agua, organizada por sectores de la extinta Coordinadora del Agua que en el año 2000 condujo y ganó la llamada “Guerra del agua” en contra de la privatización del recurso en la ciudad de Cochabamba. En ese espacio se ratificó la intención de organizar otra mesa de discusión al interior de la CMPCC, pues muchos de los temas en la agenda de las organizaciones indígenas, campesinas y sociales bolivianas habían sido rechazados por los organizadores de la Conferencia oficial, por considerarlos temas “demasiado locales” como para caber en la Conferencia mundial, explicaron fuentes gubernamentales.

Los rebeldes

“¿Dónde está la práctica?”, preguntó un portavoz de los “excluidos” de la CMPCC al presentar la décimo octava mesa de trabajo, es decir la “mesa popular”, la que tuvo que reunirse afuera de la sede de la Conferencia oficial “porque adentro no nos dejaron entrar”. Sin embargo, en la que la prensa oficialista calificó como “la mesa 18” encontraron cabida todos los temas excluidos del programa oficial, es decir los conflictos socioambientales que la conferencia mundial no quiso abordar.

“El discurso (del gobierno de Bolivia) es bonito, pero no hay consecuencia en los hechos”, se dijo en la rueda de prensa que dio inicio a esta mesa de trabajo cuyos temas fueron tildados, días antes de comenzar la conferencia mundial, de “locales, fuera de contexto, inoportunos” por el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera.

Rafael Quispe, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus en Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), explicó el primer día de actividades de la mesa: “No estamos en contra de esta Conferencia (la CMPCC), que quede bien claro…no obstante los temas que propusimos (conflictos socioambientales) no han sido aceptados como parte del programa de la CMPCC”. Y no sólo eso, explicó el indígena boliviano: “Nos han dicho ‘la mesa rebelde’, nos han tratado de satanizar”.

A pesar de lo anterior y no obstante la negación del espacio al interior de la CMPCC para instalar la décimo octava mesa de discusión, afuera de las instalaciones de la Univalle, la universidad privada que hospedó las labores de la Conferencia oficial, en una casa particular alquilada por la ocasión, la mesa 18, titulada “Derechos colectivos y derechos de la madre tierra”, llevó a cabo sus discusiones.

“No son problemas locales”

Según los integrantes de la mesa 18 en Bolivia el 80 por ciento de los ingresos son por industria extractivista: petróleo, gas y minerales. En este contexto, y tras el primer gobierno popular guiado por Evo Morales, la pregunta que más circuló fue: ¿dónde está la práctica? Es decir, ¿cómo se traduce el discurso del gobierno (boliviano) en hechos concretos?

Walberto Baraona Garnica, miembro de CONAMAQ, reconoció al “proceso” emprendido desde el gobierno de Evo Morales, pero también afirmó que se debe hablar con la verdad. Los indígenas guiamos un proceso de cambio, de respeto a la madre tierra, pero también debemos comenzar en casa a cumplir con los conflictos socioambientales.

Baraona cuenta que hubo varias reuniones con Evo Morales “quien se comprometió a escucharnos, a escuchar el verdadero pueblo que sufre, pero tras cuatro años de gobierno, tres meses de plenos poderes políticos, para los pueblos originarios no hay cambio, siguen los conflictos”. Recuerda que “Evo Morales dice: pachamama o capitalismo. Nosotros contestamos: la pachamama. Pero nos percatamos que tanto en el modelo capitalista como en (este) modelo socialista, está el modelo extractivista, desarrollista, consumista…esa forma de vida de consumo”.

Baraona Garnica insiste en que “esos dos modelos, el capitalista y el socialista, violan los derechos de la madre tierra, violan los derechos de los pueblos indígenas”. Por lo anterior, recuerda, “le dijimos a Evo Morales y se lo decimos a ustedes: ¡no seamos puro discurso, hablemos la verdad!”.
Finalmente, señala que el problema no es sólo de Bolivia: en Perú, por ejemplo, o en Colombia, ¿cuántos muertos hubo por defender su territorio? Y sentencia: “Los conflictos socioambientales no son un problema local. Los megaproyectos, por ejemplo, decididos bajo gobierno neoliberales, pero hoy impulsados con el dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los bancos privados ahí siguen; son proyectos que violan lo derechos de la madre tierra, violan los derechos de los pueblos indígenas, violan el derecho a la consulta, libre, previa e informada, no benefician a los pueblos, sino sólo al capital privado”.

La mina San Cristóbal

El primer y más sonado caso ilustrado fue el de la mina en San Cristóbal, en la región del Potosí, en el sur de Bolivia, a unos 150 kilómetros de la frontera con Chile. Aquí, desde 1995, la Empresa Minera San Cristóbal (MSC), actualmente propiedad de la japonesa Sumitomo Corporation, explota zinc, plata y plomo en las tierra desérticas de la región. Las organizaciones sociales locales, en particular la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (FRUTCAS) denuncia que la mina estaría consumiendo entre 42 mil y 50 mil metros cúbicos de agua subterránea para aprovisionar sus procesos mineros y otras necesidades propias.

Las comunidades que viven alrededor del proyecto de explotación minera están sumamente preocupadas por el futuro del recurso hídrico, pues los niveles de abastecimiento en la región son casi nulos, debido a la naturaleza desértica de la zona. Y si por un lado, afirman los afectados, el gobierno no ejerce ningún tipo de control acerca de la explotación acuífera (ni siquiera cobra los impuestos correspondientes), por el otro “la única información acerca del proyecto es la que proporciona la empresa misma”. Debido a lo anterior, la FRUTSAC encargó en 2009 un estudio al hidrogeólogo Robert Morgan.

En el estudio titulado Minando el agua: la mina San Cristóbal, Bolivia, el investigador afirma que las tasas tan extremas de extracción (de agua) aseguran que grandes áreas de los acuíferos locales van a ser desabastecidas por varias décadas después de que MSC concluya sus actividades. De esta manera -continúa el documento- muchos otros usuarios potenciales de agua (las comunidades locales) se verán impedidos de hacer uso de estos recursos.

Por esta razón, miles de pobladores locales se movilizaron justamente en la semana previa a la CMPCC bloqueando las instalaciones de la mina con mítines y manifestaciones. Amparados en el precepto constitucional que indica que el agua “un derecho humano fundamental”, los manifestantes han puesto “patas arriba” la región. Más de mil comuneros bloquearon las líneas del tren y la estación Abaroa en la frontera con Chile y paralizaron un convoy de vagones cargados con minerales procedente de la mina San Cristóbal.

Otros comuneros descarrilaron un vagón que contenía 22 toneladas de mineral. El viernes 16 de abril, unos días antes del inicio de la CMPCC, los manifestantes ocuparon y prendieron fuego a las oficinas de la empresa. Al mismo tiempo, decenas de camiones se encontraban varados en la frontera con Chile, tomados por las protestas. Al momento de escribir estas línea, la situación aún no se resolvía.

Desde la mesa 18 de Cochabamba se denunció las amenazas gubernamentales de intervenir contra los bloqueos utilizando la fuerza pública y se matizó: “Desde aquí, desde la mesa 18, va toda nuestra solidaridad a los hermanos de San Cristóbal que hoy viven un conflicto muy grande. Se están utilizando las aguas fósiles y el gobierno ha amenazado a los hermanos con la utilización de la fuerza pública. Y si metemos a la fuerza pública estamos haciendo lo que ya hicieron los neoliberales, los capitalistas”.

Casos como el de la mina San Cristóbal, denunciaron los integrantes de la “mesa rebelde”, son comunes y esparcidos a lo largo de todo el territorio boliviano. Por ejemplo, en los mismos días, 300 indígenas weenhayek, tapiete y guaraníes del Chaco, departamento de Tarija, protagonizaron una marcha en contra del gobierno de Morales, que autorizó operaciones petroleras en sus territorios violando su derecho a la consulta previa.

Colectivo CASA

El Colectivo de Coordinación de Acciones SocioAmbientales (CASA), integrante de la mesa 18, afirma: “El gobierno está pidiendo en el exterior que se respete a la madre tierra. Bien, qué comience en su casa”. En particular, los de CASA exigen que en la región de Oruro, en el sureste de Bolivia, “las empresas mineras dejen de contaminar nuestros ríos y nuestra agua”. La empresa minera Uanuni está actualmente contaminando el lago Popo, en la región, matando a los peces y desapareciendo nuestras plantas medicinales, porque las empresas mineras “primero llegan, se llevan todo y nos dejan en la miseria, la pobreza, la muerte…el ecosistema de Oruru está muerto”.

Orman Ajax Sannuezza Machicado comenta que “si bien se está pidiendo al mundo que se respeten los derechos de la madre tierra, en Bolivia el gobierno está vendiendo las concesiones (mineras) como pan caliente, se están sacando todos los recursos naturales, no está quedando nada para Bolivia, y nos quedamos pobres y contaminados”. En lo específico, explica que el lago Oruru y el lago Popo son parte del Convenio Ramsar, el convenio internacional, firmado en 1971 en la ciudad de Ramsar (Irán), de protección a las zonas húmedas en el mundo.

El activista de CASA añade: “Las actividades mineras en los alrededores de estos lagos está acabando con ellos: ellas extraen agua desde pozos que llegan hasta 600 metros de profundidad, la utilizan y luego, sin siquiera tratarla, la echan a los lagos”. Abunda que “si la trataran, al menos la podríamos usar para el riego de nuestras tierras, pero ni eso”. Finalmente denuncia que los pozos de sus comunidades se están secando: “No tenemos agua en nuestras comunidades, nos estamos muriendo y además las transnacionales, según la ley, están exentos de pagar los recursos que consuman, mientras nosotros, los comuneros, tenemos que pagar por nuestro modesto consumo de agua”.

Frente a esta situación, las comunidades de la región coordinadas en el Colectivo CASA se están organizando. Alvaro Fabían Rivero, de la organización Juventud Ecologista en Acción (JEA), parte de la CASA, cuenta que se ha organizado una campaña de firmas denominada ‘Por Nuestros Ríos y Lagos’ que fue también un Festival de Música. Por otro lado, los comuneros de la región también organizan mítines, marchas, manifestaciones. La movilización constante, continúan los miembros de JEA, ha sido también objeto de represión: “A los comuneros que protestan ya se les tildó de ladrones, los han acusado de querer perjudicar a la minería y por lo tanto al desarrollo del país”. Según el testimonio, las autoridades locales han levantado inclusive varias demandas en contra de los comuneros más vivibles de la protesta.

MST de Bolivia

En la mesa 18 también encontró espacio la reivindicación del Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B). Moisés Torres, secretario de relaciones internacionales de la organización, comenta que en Bolivia hay mucha pobreza y sigue la mala distribución de tierras. En Bolivia sigue existiendo el latifundio y con la nueva constitución política del país el latifundio se ha reforzado. Por lo tanto, el problema de la tierra y de las familias sin tierra va a seguir durante años todavía.

Acerca de la relación con el gobierno de Evo Morales, el dirigente del MST de Bolivia apunta que no hay en este momento indicios claros de querer atender a las familias sin tierra. El actual ministerio de desarrollo rural y tierras -continúa- ha elaborado un anteproyecto de ley de tierras en favor del latifundio, empresarial, procapitalista. Según Torres, dicha ley está siendo propuesta por el actual viceministro, Víctor Camacho y apoyada por los ejecutivos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), aunque sea rechazada por todas las organizaciones indígenas del país.

Moisés Torres calcula que hoy en día, en Bolivia, hay al menos un millón de personas sin tierra e indica que son alrededor de 5mil familias y que actualmente ocupan cerca de diez mil hectáreas en todo el país. Por esta razón, finaliza, “desde arriba, desde el gobierno, nos consideran un dolor de cabeza, por eso tratan de dividirnos, tratan de destruirnos nada más porque no queremos apoyar al mensaje del gobierno”.

IIRSA

Otra grave amenaza tanto para Bolivia, como para todo el área de Sudamérica es la “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamericana” (IIRSA). Según Donovan Osorio Suarez, miembro fundador de la Fundación Medioambiente y Desarrollo Alternativo para Bolivia (MADALBO), “el proyecto de IIRSA es desastroso para Bolivia y los otros países participantes”. Promovido desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el fuerte impulso del gobierno de Brasil, el proyecto prevé la construcción carreteras como parte de los corredores bioceánicos, hidrovías en la cuenca amazónica, apertura a los monocultivos agrícolas, la construcción de represas, etcétera.

Nacido oficialmente en el año 2000 en Brasilia, durante la enésima cumbre de presidentes del subcontinente, la iniciativa tiene hasta ahora previstos 507 proyectos de construcción de infraestructuras para transportes y telecomunicaciones. Lo anterior se debería realizar con una inversión de al menos 70 mil millones de dólares, de lo cuales, a la fecha, se han ya invertido 21 mil en 145 proyectos ya echados a andar. Bolivia, en particular, estaría al centro de 4 de los 10 ejes considerados en toda la iniciativa. Hasta la fecha, 5 serían los proyectos en curso de realización, todos relativos a carreteras, por un total de 1289 millones de dólares.

Osorio Suarez denuncia que, por ejemplo, el proyecto prevé la construcción de una carretera de alto impacto que partiría en dos el Parque nacional y Territorio Indígena Isiboro-Sécure. El miembro de Madalbo denuncia que el gobierno de Evo Morales se adhirió al proyecto sin consulta alguna de las comunidades locales afectadas. Según el activista boliviano, aunque el proyecto es promovido por muchos otros países, los beneficiados finales van a ser Brasil y Chile, mientras que Bolivia, como Perú, sólo serán prestadores de servicios.

Parque Nacional Isiboro-Sécure

El Isiboro-Sécuri es un parque nacional definido como territorio indígena por la legislación boliviana y se encuentra entre el departamento de Cochabamba y el de Beni. Durante la CMPCC el tema de la violación a dicho territorio por parte del proyecto IIRSA tampoco fue abordado. A un borde de la calle que conduce a la entrada de la conferencia oficialista, una mujer indígena trinitaria tiene un grande mapa colgado de la pared que flanquea la acera. En su castellano precario, la indígena – quien no quiso ofrecer su nombre – ilustra la causa de su gente en defender su territorio de lo que define “un proyecto que no nos sirve”.

“Venimos hasta aquí porque vimos que iba a haber…”, la mirada se pierde en el cartel que tiene a su lado, en búsqueda de un nombre. Finalmente alcanza a leer y dice: “Cumbre…climática”. Continúa: “…sin embargo no nos toman en cuenta a nosotros, los pueblos trinitario, yurakaré, mojeño, chimán, que somos quienes vivimos en el parque”. Ellos denuncian ante todo la falta de respeto de la ley en defensa de la naturaleza y de los pueblos originarios; la tala ilegal sin reposición; el envenenamiento de los ríos y de la tierra con químicos; y la caza y la pesca ilegales con dinamita.

Además, explica la indígena trinitaria, “ahora nos dicen que la carretera va, pero ni hemos sido consultados, si queremos esa carretera”. Acusa al gobierno de mantener un doble discurso acerca de la defensa de la tierra y la promoción de proyectos que violan sus derechos y afirma: “No puede ser cierto que sea así”. Tajante advierte: “Nosotros no queremos esta carretera porque sino cuántos animales van a desaparecer, cuántas plantas van a morir”. Con la mano señala al cartel: “Aquí lo tenemos al tigre, al loro…ellos se van a quedar muy tristes cuando se abra la carretera en el territorio”.

Frente las miles de personas que caminan y pasan frente su instalación improvisada, la mujer trinitaria pide ser escuchada. Cuenta que en 1990 “marchamos para defender al parque y, mire, de 1990 hasta ahora se ha mantenido el territorio…y ahora quieren abrir una carretera…¿con qué necesidad? Esta carretera no nos va a beneficiar a nosotros sino a la gente de afuera, pues en nuestro territorio no hay producción en gran cantidad como para necesitar sacar algo de ahí”.

Derechos colectivos y derechos de la madre tierra

La mesa 18 trabajó durante dos días en intensas reuniones de trabajo y discusión. Fueron denunciados otros casos, como por ejemplo las actividades mineras en Corocoro, en el norte de La Paz o el caso de la mina Mutún. Se analizaron los distintos proyectos de explotación petrolera en los territorios indígenas, como en los territorios Lliquimuni, también en el norte de la Paz, o en territorio Guaraní. Se ilustraron, finalmente, los proyectos hidroeléctricos en la Amazonía con los proyectos en el Río Madera, Cachuela Esperanza y El Bala.

Tras los días de labores, la mesa 18 produjo un documento cuya redacción final fue el fruto de una larga asamblea participativa, ordenada, paciente. Se discutió cada frase, cada palabra, para que el documento final pudiera iniciar con la siguiente frase: “Esta mesa convocada por el CONAMAQ representa a los pueblos del mundo”. Al mundo entero quizás no, pero sin duda a todos los presentes en las actividades de esos dos días.

En el documento final, dejan en claro que “la mesa número 18 se constituyó como un espacio necesario de reflexión y denuncia en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, a fin de profundizar la lectura sobre los efectos locales del capitalismo industrial global”. Asimismo, no esconden su postura frente a la conferencia oficial: “Asumimos la responsabilidad de cuestionar a los regímenes latinoamericanos denominados populares y a la lógica depredadora y consumista, la lógica de la muerte del desarrollismo y del neo extractivismo”.

En esta mesa se reconoció también la existencia de un proceso transformador en Bolivia y señalaron que para garantizar que este proceso se profundice y se extienda como un ejemplo alentador a todo el continente y a los pueblos del mundo, es necesario visibilizar las contradicciones existentes, reflejadas en los conflictos socioambientales.

Finalmente, los participantes de la mesa 18 afirmaron en su documento final: “Repudiamos al imperialismo, a las transnacionales y a los gobiernos del denominado progresismo latinoamericano que impulsan proyectos de energía y mega infraestructura de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en todos los territorios latinoamericanos –especialmente territorios indígenas y áreas protegidas– diseñados por bancos, empresarios y constructores privados con una visión neoliberal y explotadora”.

Protegiendo a los migrantes

12 febbraio 2009 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 12 de febrero de 2009
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Al hablar del fenómeno migrante en estas páginas, siempre nos encontramos en la relativamente fácil tarea de señalar y criticar las deficiencias y lo que son francamente maldades de las políticas migratorias de los países del “norte” del mundo, es decir, los países que reciben a los migrantes que buscan una mejor calidad de la vida: la Unión Europea, Estados Unidos, pero también Australia, Costa Rica o Argentina, entre otros territorios que si geográficamente están en el sur del planeta, pertenecen a ese grupo de países receptores que no logran lidiar con el fenómeno migratorio sin represión de por medio.

En raras ocasiones hablamos, al contrario, de los países expulsores de migrantes. Lo hacemos aquí para señalar una interesante propuesta ya puesta en marcha por el gobierno boliviano de Evo Morales.

Un decreto presidencial, fechado el 15 de octubre pasado, dice que el gobierno boliviano pretende ofrecer a sus ciudadanos presentes en España y en Italia todas las facilidades para conseguir los papeles que les permitan alcanzar la residencia legal. Es decir, el gobierno de Bolivia ofrece a sus ciudadanos la posibilidad de conseguir el pasaporte, el acta de nacimiento, matrimonio y defunción, así como certificado de no inscripción de matrimonio y de antecedentes penales.

En el programa del gobierno de La Paz se especifica que los beneficios de estas medidas alcanzarán también al cónyuge del migrante, a sus hijos menores de edad y a sus padres. Además, dice la ley, estos servicios se extenderán desde las oficinas en los dos países europeos a todos los ciudadanos boliviano presentes en el viejo continente.

En el decreto se añade que el gobierno boliviano, a través de sus representaciones consulares en el Estado español y en Italia, hará todo lo posible por interceptar a los ciudadanos bolivianos para facilitarles los trámites necesarios que les permitan conseguir el objetivo del decreto. Para tal efecto, el decreto promueve la creación de “brigadas móviles” que viajarán desde Bolivia a los países interesados para que formen el personal de los consulados y faciliten los trámites.

El decreto del gobierno de La Paz se emite a partir de algunas consideraciones que marcan la pauta de lo que podría –y quizás debería– hacer el gobierno de un país expulsor de migrantes. Antes que todo, se considera el caso específico, es decir, el hecho de que en los dos países blanco del decreto hay, efectivamente, una presencia importante de ciudadanos bolivianos, misma que se calcula en 550 mil personas. Éste es un hecho real y el gobierno de Evo Morales lo reconoce.

Al mismo tiempo, el decreto reconoce la función esencial de su Secretaría de Relaciones Exteriores: proteger –no solamente con palabras– a sus ciudadanos en el exterior. En este sentido, el decreto retoma cuanto estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, en el que se lee: “se le da prioridad al programa de protección y atención al boliviano en el exterior”. Se considera además que los bolivianos interesados por el decreto están en su mayoría en una posición de irregularidad e inestabilidad derivada de la falta de papeles de residencia legal. Por esta razón el gobierno considera necesario apoyarlos para que puedan tener la posibilidad de regularizarse “en especial a la luz de Directiva de Retorno de la Unión Europea en Materia Migratoria del 18 de junio de 2008”.

Como decíamos, el decreto boliviano, pasado más o menos desapercibido en el debate público –con excepción de los espacios y organizaciones específicas que se ocupan del fenómeno migratorio–, marca la pauta de un quehacer político que se ocupa realmente de proteger a sus ciudadanos en el exterior. Evidentemente, es distinto emitir un decreto de este estilo en lugar de solamente estar lamentando el maltrato que las autoridades de otros países puedan reservar a los “paisanos”. O, peor aún, lamentar muertes y deportaciones sin al mismo tiempo hacer el esfuerzo concreto para establecer facilitaciones a los ciudadanos en el exterior, víctimas, en el caso específico, de las políticas represivas de otro gobierno.

Una visión distinta, definitivamente. Porque una cosa es señalar y denunciar lo que otro gobierno pueda hacerles a los ciudadanos de tu país. Denunciar maltratos, deportaciones y redadas. Señalar errores y finalmente exigir regularizaciones. Y al mismo tiempo lamentar muros que se elevan a dividir países e historias, y sin embargo firmar acuerdos con esos gobiernos para que los migrantes regresen “voluntariamente”. Medidas y muchas palabras que no cambian nada y dejan, como suele suceder, la “papa caliente” a otro Congreso y a otro gobierno, quizás esperanzados de que nuevos presidentes y nuevos grupos parlamentarios determinen algún beneficio para los conciudadanos.

Otra cosa es moverse, actuar y, con la posibilidad que el puesto de gobierno te otorga, decretar y realizar acciones concretas no únicamente para que tus ciudadanos no se sientan abandonados a su destino –cosa que ya sucede, pues quizás, de no ser así, muchos no se irían a ningún lado–, sino también para que ese destino pueda tener las herramientas para transformarse en algo mejor que el presente.

Pianeta Dimenticato

3 dicembre 2006 1 commento

Di seguito troverete le date delle trasmissioni del programma Pianeta Dimenticato di Radio 1 Rai alle quali ho partecipato.
I file audio cui mandano i link qui sotto si ascoltano con Real Player o, meglio ancora, con VLC.

  • 2 gennaio 2009: “Candidata al Nobel per la pace nel 2006, e parlamentare Dona María Del Rosario Ibarra 81 anni, e’ una indomabile attivista per la difesa dei diritti umani. Presidente della commissione nazionale dei diritti umani del senato messicano, nel’agosto ha fondato il fronte nazionale contro la repressione, al quale partecipano moltissime associazioni civili tra cui il comitato Eureka per la difesa dei prigionieri, perseguitati, desaparecidos ed esiliati politici”. [scarica il file]
  • 26 novembre 2008: “Funzionano e stanno per essere estesi a tutte le aree metropolitane, in Bolivia, i programmi di sostegno sociale all’emigrazione interna”. [scarica il file]
  • 13 novembre 2008: “In Messico proliferano i sindacati fantoccio, vere e proprie bande criminali, che impongono ai dipendenti delle fabbriche il racket della protezione e li costringono ad accettare condizioni di lavoro capestro”. [scarica il file]
  • 14 ottobre 2008: “Per arginare la grave emergenza del narcotraffico e il continuo flusso dei clandestini, Washington e il governo messicano hanno messo a punto un complesso piano di controllo investigativo”. [scarica il file]
  • 16 maggio 2008: “In Colombia i paramilitari hanno scatenato una violenta offensiva al confine col Venezuela”. [scarica il file]
  • 2 maggio 2008: “In Messico si susseguono gli omicidi dei giornalisti che denunciano la corruzione e gli intrecci fra narcos, politica e finanza”. [scarica il file]
  • 22 aprile 2008: “Controlli armati, 1250 km di barriere, il Rio Bravo e il deserto non riescono ad arginare la valanga di clandestini che si riversa dal Messico negli Stati Uniti”. [scarica il file]
  • 28 marzo 2008: “In Ecuador lo sfruttamento petrolifero avviato da una multinazionale brasiliana minaccia l’equilibrio ecologico del Parco Nazionale del Yasunì, ai confini col Perù, riserva di biosfera dell’UNESCO e area di insediamento di varie tribù Indios”. [scarica il file]
  • 21 marzo 2008: “Nonostante la priorità più volte assicurata dal Governo alla lotta contro il traffico di droga, i narcotrafficanti messicani stanno soppiantando i cartelli colombiani e gestiscono una crescente percentuale delle spedizioni di cocaina negli Stati Uniti”. [scarica il file]
  • 12 febbraio 2008: “In Messico un’inchiesta giornalistica denuncia l’attività di un gruppo di potere denominato El Yunque, un’organizzazione segreta che mescola ritualità e precisi interessi politici”. [scarica il file]
  • 31 gennaio 2008: “Incontro internazionale a Caracol de la Garrucha per sottolineare il ruolo delle combattenti nella guerriglia zapatista in corso nel Chiapas”. [scarica il file]
  • 18 gennaio 2008: “Negli stati messicani di Tabasco e Chiapas una serie di frane e di inondazioni ha fatto scattare pesanti denunce nei confornti delle industrie idroelettriche della zona“. [scarica il file]
  • 14 dicembre 2007: “A dieci anni dalla strage di Acteal in Messico i familiari delle vittime reclamano ancora verità e giustizia per uno dei più gravi massacri della guerra civile in Chiapas”. [scarica il file]
  • 4 dicembre 2007 : “Ciudad Juarez, Messico: da 14 anni alla frontiera fra Messico e Stati Uniti vengono uccise centinaia, forse migliaia di donne, senza che siano stati mai individuati assassini e moventi. Una strage misteriosa sulla quale nessuno vuole far luce per non ostacolare i molti traffici della zona, denunciano le associazioni femministe”. [scarica il file]