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L’Enel e i maya del Quichè

26 maggio 2011 Lascia un commento

Il presente articolo é stato pubblicato sul giornale italiano Il Manifesto il giorno 26 maggio 2011.
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Ne avevamo già parlato, ma forse vale la pena tornarci. Si tratta del progetto idroelettrico Palo Viejo, nella regione del Quichè, Guatemala settentrionale, un investimento da 185 milioni di dollari co-finanziato dalla banca Mondiale. I protagonisti sono i soliti: un’importante impresa multinazionale italiana, l’Enel Green Power (Egp); il governo guatemalteco, che ha approvato il progetto e lo sostiene con forza; le comunità indigene di origine maya della zona interessata. Ma nel quadro entrano altri due elementi, non da poco conto: la presenza delle forze armate nel territorio e il ruolo controverso dell’ambasciata d’Italia.
La presenza delle truppe dell’esercito guatemalteco in quella zona del Quichè è stata ampliamente documentata dalle comunità indigene e dalle organizzazioni della società civile solidali. È dal febbraio scorso che i militari guatemaltechi fanno il bello e cattivo tempo presso le comunità del municipio di San Juan Cotzal, dove è forte l’opposizione al progetto idroelettrico: centinaia di uomini in passamontagna che terrorizzano, irrompono, invadono, occupano (vedi terraterra del 29 marzo scorso). Forse è bene ricordare che questa regione è stata per oltre trent’anni teatro di scorribande dello stesso esercito, che ha seminato il terrore durante guerra civile che ha attraversato il paese. È evidente che la presenza armata di questi mesi ricorda troppo da vicino le «prassi» messe al bando dal Trattato di Pace firmato nel 1996. Tra l’altro, molta del’opposizione ruota attorno alla comunità maya ixil di San Felipe Chenla e alle terre che l’Enel ha acquisito da un proprietario terriero locale, Pedro Broll, che però aveva incamerato quelle terre proprio grazie alla guerra civile…
Sull’altro fronte, il ruolo giocato dall’attuale ambasciatore italiano nel paese, Mainardo Benardelli, è registrato almeno dal marzo scorso. In un comunicato diffuso dalle comunità maya si legge testualmente che il signor ambasciatore, assieme al signor Alain Wormser dell’Egp, «ha chiesto alle Autorità Ancestrali di presentarsi nei suoi uffici per far conoscere loro la situazione, tuttavia, mentre richiedevano questo dialogo, facevano pressione sul governo del Guatemala affinché il Presidente della Repubblica ordinasse la repressione» delle comunità. Altre testimonianze ci dicono inoltre di «visite personali» di Benardelli presso diversi protagonisti della protesta. In una di queste visite, l’ambasciatore avrebbe suggerito di non usare il termine «genocidio», ma piuttosto di sostenere l’esistenza di «difficoltà di comunicazione con le comunità o un disaccordo da parte di alcune persone».
In questo scenario, all’inizio di maggio le parti sembrano aver ripreso il dialogo, anche se gli indigeni denunciano di nuovo pressioni da parte dell’impresa e del governo. L’ultimo episodio in ordine di tempo è stato il furto dei timbri del «sindaco ausiliare indigeno» da apporre su presunti documenti di accettazione delle proposte dell’impresa, furto che diverse fonti attribuiscono a «lavoratori dell’Egp». Qualcuno continua dunque a giocare sporco, nonostante sia evidente che le comunità locali non stiano preparando la rivoluzione: vogliono solo essere consultate su un progetto che ha un impatto diretto sulla loro vita, secondo quanto disposto dall’articolo 6 Convenzione 169 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, e poter cogestire le risorse naturali del proprio territorio (articolo 15). Nulla di più. C’è da chiedersi se l’Enel – ed i governi guatemalteco e italiano dietro a lei – abbia intenzione di rispettare questo diritto. Le comunità locali un compromesso han dimostrato di volerlo accettare – chiedendo, per esempio, che il 20 per cento delle entrate del progetto sia gestito autonomamente dalla comunità stesse. Egp dice che la sua missione è produrre energia pulita. E anche se è discutibile il fatto che l’energia idroelettrica sia realmente «ecologica», il problema è un altro: è pulita un’energia la cui produzione si macchia di sangue indigeno?

Violencia contra los migrantes en México

1 agosto 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de agosto de 2010
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Tapachula, Chiapas, México. En la frontera sur de México los migrantes sufren las consecuencias de una ley no escrita que involucra autoridades locales y federales, delincuencia organizada y hasta el ciudadano “de a pie” que encuentra en los ciudadanos migrantes fuente de todo tipo de provecho.

No hay números, no hay estadísticas. No es posible saber cuántos seres humanos cruzan esta frontera, y el número de migrantes que mueren todos los días es un dato que quizás nadie nunca sabrá. Por un lado, los datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) no alcanzan a interceptar a todas las personas que de aquí transitan rumbo a los Estados Unidos (EU). Por el otro, aquí el territorio está dividido por una frontera pero pocos asumen la diferencia y la diversidad que esa línea implicaría. Aquí todos pasan, de un lado a otro y viceversa: por sólo 2 dólares, la balsa cruza el río Suchiate y nadie – ni las autoridades mexicanas que vigilan desde el puente – te pide los papeles.

“Quiero ir a Estados Unidos”

Fermina Rodríguez Velasco, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFMC) que opera desde 1997 en la ciudad del sur de Chiapas, afirma que Tapachula ya no es el centro de concentración de migrantes que era antes. El paso del huracán Stan en 2005 arrastró las vías del tren que iban de Tapachula hasta el norte del estado, a la ciudad de Arriaga, y esto “descentralizó los flujos migratorios a otras zonas”. A pesar de lo anterior, por aquí siguen pasando cientos de personas todos los días.

En la Casa del Migrante en Tapachula, perteneciente a la Red Casa del Migrante Scalabrini, se hospedan decenas de migrantes que aquí encuentran un techo y un cobijo en su viaje hacia el norte. Reunidos en la calle frente a las instalaciones del albergue, hondureños y salvadoreños sobre todo, esperan seguir en su ruta, que alguien pase por ellos y los contrate para algún trabajo temporal o, simplemente, descansan pensando en el futuro.

Hay muchas ganas de hablar, de contar, de confrontar historias y vivencias. Y no hay competencia: nadie sufrió más, nadie es más experto. Los cigarros que circulan se comparten, la botella de refresco también. La poca comida que llega o que se consigue se distribuye entre todos. Y así, la plática fluye y los migrantes comienzan a contar sus historias.

“Soy Francisco, de Honduras, y estoy aquí porque quiero ir a Estados Unidos”. Cuenta que lo asaltaron y le quitaron el dinero que tenía para el pasaje y ahora “ando consiguiendo para seguir”.

Los asaltantes, explica, estaban vestidos de civil y lo despojaron de todos sus haberes cuando estaba en el tren: “Con machetes nos bajaron del tren y nos quitaron todo. Quien se resistía, lo agarraban a golpes”. Francisco regresó a Tapachula para poder “resolver el asunto migratorio y luego seguir mi recorrido con el tren”.

Ernesto es ciudadano de El Salvador: “Estoy aquí rumbo a los Estados Unidos”. De los peligros del viaje, Ernesto cuenta: “Mira, a uno lo asaltan cuando sale de su país. Luego en la frontera con Guatemala, la policía te pide dinero para dejarte pasar y finalmente hay asaltantes que te quitan el dinero del pasaje, que te ha costado tanto tiempo reunir”.

Ernesto ya estuvo en Estados Unidos trabajando como empleado doméstico en Minnesota. “La migra te cae en la empresa donde trabajas. A mí me sacaron tres veces, y me regresaron hasta mi país”. La última vez que salió de El Salvador fue hace 8 meses y logró llegar hasta la frontera norte de México “pero ahí me agarro la migra mexicana y me encerraron en la estación migratoria, allá en México”. Y añade: “Mi familia dice que estoy loco, pero yo tengo que intentarlo”.

Alberto, de Honduras, se juntó con otros dos hondureños “para que sea más fácil el viaje”. Para conseguir el pasaje, cuenta, “hay que ir andando de un pueblo a otro, trabajar un poco, seguir pasando las montañas, evadiendo los retenes. Es largo el camino”. Sin tren, cuenta, pasar por Tapachula ya no es fácil y hay que viajar con el transporte público. “Aquí nadie te regala el pasaje, hay que tener hasta para pagar la combi. A veces es el mismo chofer que te asalta o te denuncia a la migra. Uno la puede pasar de mexicano, pero a la hora que te piden tu identificación ya valiste”.

Roger Medina Díaz, de 30 años de edad, salió de Honduras hace doce años. “Ya estuve 8 años en New York, de 1999 hasta 2007, cuando me deportaron. Viví en Honduras un rato y ahora lo intento otra vez”. Comenta que ya conoce un poco México: San Luis, Nuevo Laredo, Saltillo, Puebla, y la localidad de Lechería, en el Estado de México, famoso cruce de trenes rumbo al norte. “Lo seguiré intentando, hasta lograrlo”, dice.

“No voltees hacia atrás”

La violencia de la que son objeto los migrantes en México es otro tema que los testimonios tocan con frecuencia. Adolfo, procedente de Honduras, acaba de llegar a la ciudad. “Tengo 30 años”, se presenta. El día anterior a su llegada, denuncia, fue asaltado en Tecún Umán (ciudad fronteriza de Guatemala separada de Ciudad Hidalgo por el río Suchiate). “Me asaltaron al cruzar con la balsa. Hay gente que pide más de la cuenta, pues son 10 quetzales (cerca de 2 dólares)…y nada, me quitaron todo lo que tenía”. Comenta que “es un negocio lo que tienen ahí y sí (el negocio) les da, porque se chingan a la mayoría”.

No es su primer viaje, aclara. En 1997, le tocó “ver una ‘acción’: un chavo llevaba a su hermana y la muchacha no se quiso dejar agarrar y estaba un bato (muchacho) con la escopeta, así – simula tener un arma y apunta al aire-y le disparó. La mató. El hermano se metió y a él también lo mataron. Eso sucedió antes de llegar a Arriaga, aquí en Chiapas”. Su rostro se entristece un momento. Luego continúa: “Que nadie voltee a ver atrás, nos gritaron. Y nadie volteó y los 11 que íbamos seguimos hacia adelante, pues el tren estaba por salir rumbo al norte”.

Entre la violencia, se encuentran abusos de todo tipo. “La primera vez que crucé aquí, en Tecún Umán”, recuerda Luis, migrante de El Salvador, “no conocía a nada y me dijo él de la ‘cámara’ (la balsa construida con cámaras de llanta) ¿Ves aquel de allá? Le respondo que sí. Pues – me contesta – si no me das tanto te entrego a ese tipo”.

En su experiencia, recuerda, está también la frontera norte: “Ya llegué una vez a Nuevo Laredo, pero ahí está difícil cruzar el río, pues están los zetas”.

– ¿Los zetas? ¿O la policía?
-“No, no, los zetas. Lo tienen todo comprado…no comprado, o sea que ya se adueñaron de ello (de la frontera), tienen inclusive casetas, te cobran hasta 2 mil pesos para pasar”.

Roger Medina comenta: “La migra (mexicana) aquí es un poco culera porque nos regresan. Uno anda por el otro lado y estos te regresan. Lo bueno es que no te piden mucho dinero”. Sin embargo, denuncia, “la municipal (la policía local) en cambio sí te pide mucho. Cuando me pararon, la otra vez, me dieron mi paliza para que les aflojara dinero. Me metieron preso dos horas. Ahora ando buscando como llegar a Arriaga para agarrar el tren”. Con tono de voz cada vez más triste añade un último comentario: “No es justo que uno tenga que vivir así, aquí todo es transa”.

Hay también quien se queda en México tras intentar ir al ‘otro lado’. “Llegué aquí cuando tenía 18 años”, comienza Juan, de El Salvador. Llegó joven a México, hace ya 23 años. Recuerda que en ese entonces ”no había ningún problema, uno viajaba a México, Tijuana y luego hasta Estados Unidos. Uno iba y venía sin problemas, no es como ahora que ya lo bajan (del tren) a uno”. Juan hoy vive y trabaja en Puerto Madero, en la costa, a pocos kilómetros de Tapachula.

“Toda mi familia vive allá en Salvador. Son 9 años que no veo a mi mamá y a mi familia allá. Fui militar en Salvador, no hice nada mal allá, puedo entrar a mi país con la frente en alto”. Por la guerra, decidió dejar al Ejercito e irse. Cuenta que ahora está casado con una mujer de Guatemala y está en Tapachula de paso. “Sólo unos días, porque estoy tramitando mi FM (forma migratoria)”.

Ya se siente mexicano y sin embargo, con más de dos décadas en el país, aún tiene que tramitar sus papeles de legal estancia. “Yo ya me siento de aquí. Cuando vuelvo allá (en El Salvador), ya no me siento bien, aunque haya nacido allá, me siento como extranjero, la gente me desconoce. No me tienen confianza como la gente de aquí que me conoce bien. Al ser migrante no soy ni de aquí ni de allá”.

Si nunca has sido pobre….

En la Casa del Migrante hay pocas mujeres, separadas de los hombres. Francia, de 28 años de edad y procedente de Honduras, accede a hablar. Lejos de los oídos masculinos afirma no ser un caso común.

– Yo no voy a los Estados Unidos, entonces no sé si quieres hablar conmigo
– No hay que ir a los Estados Unidos para ser migrantes…

Asienta con la cabeza y comienza su narración: “Vine aquí (Tapachula) a ver a mi esposo que me esperaba. Sus parientes tienen veinte años viviendo aquí. Él los alcanzó y luego me mandó a llamar”. Sonríe, sentada en la banca de la Casa del Migrante, toma su niño, Jeremías de 5 años, de la mano. Lo acerca y luego se acaricia el vientre. “Tengo cinco meses de embarazada”, dice. “Cuando vine a México, mi esposo me rechazó”. Hace 6 meses salió de su país y ahora se encuentra sola.

No parece desanimada, al contrario, la sonrisa sigue ocupando su rostro. “Llegué y (mi esposo) no me quiso. Y después de salir 4 veces embarazada y ahora con este niño – señala el pequeño a su lado -, él comenzó a ser agresivo, no sólo conmigo”. No sabe qué hacer, confiesa, aunque considera quedarse en México pues no sólo logró registrar a su hijo en el país, sino que piensa que “la educación está mejor aquí que en Honduras”.

Otras mujeres no se ven. No hay una opinión compartida acerca de dicha ausencia. Para la mujer es más fácil, opinan, porque cuando pide ayuda a la gente, “le dan más. A nosotros (hombres) nos dan 10 o 15 pesos, a ellas hasta 100 o 200”. La vulnerabilidad de las mujeres es clara: “Sufren más la violencia, eso sin duda”.

“Si preguntas por qué otras personas tienen mejor fortuna que yo – dice Luis, de El Salvador, de 32 años -, porque yo, que soy pescador, no puedo meter una empresa mía, aún con la posibilidad de hacer todos los papeles, porque se privilegian a empresas de otros lados, las transnacionales extranjeras”. En este contexto, afirma el migrante salvadoreño, no teniendo oportunidad “en tu tierra”, es necesario buscar la manera de salir adelante en otro lugar.

Aclara: “No es porque yo me sienta mejor en otro lado, yo creo que cualquiera de nosotros quisiera vivir bien con su familia, en su tierra, pero es algo que uno no tiene la oportunidad de hacer”. Luis mira fijamente a los ojos y afirma tajante: “Si tú nunca han sido pobre, nunca vas a saber lo que nosotros hemos sufrido”.

Hablando de El Salvador, pregunta: “¿Tú crees que El Salvador mejoró cuando le metieron el dólar (en 2001)? Eso no fue ningún futuro, fue futuro para los Estados Unidos, no para nosotros”. Y recuerda que la canasta básica “se fue para arriba y el salario se quedó igual”.

“Pero si vamos a hablar de política –continúa- a uno que no sabe le digo que la política es pura mentira, algo que no existe: si tú te quieres elegir como presidente municipal, le dices a la gente que vas a mejorar las cosas nada más para que te den su voto. Pero cuando ya tienes el poder ya ni te acuerdas de la gente que está necesitada y luchó por ti. Esa gente se muere de hambre todos los días, mientras tú ya tienes tu puesto”.

El migrante aborda también la política del presidente estadounidense Barack Obama. “Cuando Obama ganó yo estaba aquí en México. Él dijo que los migrantes aquí y los migrantes allá, pero no vi nada”. Comenta que desde que tomó el poder la nueva administración en Estados Unidos en 2009 han aumentado las deportaciones y disminuyeron las posibilidades para nosotros”. Acerca de la anhelada reforma migratoria, comenta: “Si hacen esa reforma (migratoria) es para el beneficio de los que están allá, no para nosotros que aún estamos de este lado”.

Según Luis, lo duro es aquí en México, no allá en los Estados Unidos. “Si todo fuera abierto, como dice el Libre Comercio (Tratado de Libre Comercio de América del Norte – TLCAN), podríamos ir y venir, sin problema. Pero no, aquí en México hay muchos retenes”. Y esboza una hipótesis: “Creo que Estados Unidos le paga a México cierta cantidad de dinero por cada migrante que agarran. Lo pagan, seguramente”.

Apariencia física guatemalteca

La campaña política y mediática que se desató alrededor de la ley SB1070 de Arizona ha sido intensa y amplia en los últimos meses. Sin embargo, no se ha pronunciado una palabra acerca de otros casos de detención de ciudadanos mexicanos por su apariencia.

Tal es el caso denunciado el año pasado a través de la queja AJ/22/2009 promovida por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías Córdova (CDHFMC) y dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con fecha 16 de julio. En ese entonces, el CDHFMC demandaba a la CNDH que investigue los casos de tres ciudadanos mexicanos detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) e ingresados a la estación migratoria de Tapachula.

En el oficio firmado por uno de los abogados del Centro, Felipe Solís Gutiérrez, se reportan los casos de tres ciudadanos mexicanos (cuyos nombres omitimos por petición de los interesados), originarios de Chiapas, Puebla y Sinaloa respectivamente que, por no presentar el documento de identificación requerido por las autoridades en los puestos de control (credencial de elector) fueron primero detenidos y luego ingresados a la estación migratoria.

Dicha queja encontró finalmente respuesta el 25 de febrero de 2010. En una carta firmada por el coordinador de la Oficina Foránea en Tapachula, Héctor Pérez García, la CNDH informa la conclusión de su investigación, reconociendo los agravios sufridos por los tres ciudadanos mexicanos y reporta que el argumento de los servidores públicos fue “que no respondieron las preguntas que les formulamos sobre su lugar de origen […] y sus modismos son similares a las personas de Centroamérica y tenían acento guatemalteco”. La CNDH, en su respuesta, turna al INM la tarea de castigar eventuales responsabilidades.

No satisfecho, el 11 de mayo el abogado Solís Gutierrez del CDHFMC solicitó la intervención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que contestó el 27 de mayo pasado enviando una oficio dirigido al Víctor Manuel Herrera De Lira, director de la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula. En dicho oficio, el CONAPRED pide al INM que “modifiquen los mecanismos implementados para evitar que los agentes migratorios de dicha estación realicen detenciones de ciudadanos mexicanos por su apariencia física al imputarles la nacionalidad guatemalteca”.

Economía sumergida

La Casa del Migrante de Tapachula, parte de la Red Casa del Migrante Scalabrini que cuenta con cinco casas (en Tijuana, Nuevo Laredo, Tapachula, Tecún Umán y en Ciudad de Guatemala), trabaja también gracias a la ayuda de voluntarios que aportan su labor por un periodo determinado. Ramón García-Rubio Ruiz, ciudadano del Estado español, trabajó durante tres meses en la Casa de Tapachula. Antes, cuenta, trabajó de voluntario en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en San Cristóbal de Las Casas. Califica su experiencia como positiva ya que en su país de origen y en Europa en general, dice, se conoce poco esta frontera, pues “se habla casi sólo de la frontera norte”.

Tras tres meses de trabajo con los migrantes, García-Rubio Ruiz afirma que entre tantos controles que se encuentran en la zona – hay 6 retenes sólo de aquí (Tapachula) a Arriaga (unos 250 kilómetros más al norte) – para atravesar el río Suchiate no haya ninguna dificultad, pues hay un flujo constante de balsas o en Arriaga hay cientos de migrantes que abordan el tren…y la policía no dice nada.

Sin embargo, lo que más lo sorprende, señala, es el papel que juega México. “Sacan una ley como la de Arizona (la SB1070) y hay políticos, gente del mundo del espectáculo, que firman manifiestos, publican cosas en contra, se llenan la boca de derechos humanos y luego como país receptor de migrantes y de tránsito, México es un país muy racista con los centroamericanos”. Un ejemplo, abunda, es el trabajo que en Tapachula se ofrece a los migrantes. Pasan camionetas frente a la Casa y recoge migrantes para ir a trabajar. “Trabajan de albañiles o de cargadores o de recolectores de fruta. En fin, lo que sea, un trabajo del día. Los empleadores llegan aquí porque saben que aquí hay migrantes y muchas veces no les pagan”.

El voluntario español afirma que alrededor de los migrantes hay una mafia enorme para sacar dinero: “desde agentes migratorios que cobran para dejarte pasar hasta la red de secuestro para extorsionar a la familias”. Finaliza tajante: “Hay una economía sumergida increíble”.

Los derechos humanos en la frontera sur

Fermina Rodríguez Velasco, coordinadora del Centro de Derecho Humanos Fray Matías de Cordova (CDHFMC), describe a la frontera sur de México como un filtro que busca crear una división entre “el migrante bueno y el migrante malo”. Explica que no hay autoridad o grupo que controle el territorio, aunque señala que quizás las autoridades federales son las que más se sienten “amparadas” para cometer abusos. “Si un migrante se va caminando, todo mundo lo para. Lo único que lo puede salvar de ser detenido o interceptado es su buena suerte. Y todos buscan una manera diferente de extorsionarlo”.

Rodríguez Velasco señala que el trabajo del Centro de Derecho Humanos Fray Matías Córdova – cuyo equipo cuenta con abogados y expertos en el sector – se desarrolla paulatinamente debido a que “somos muy pocas las organizaciones que trabajamos aquí y el trabajo es mucho”. La responsable señala algunos obstáculos para el trabajo del CDHFMC, cuyas actividades se centran en un 90 por ciento en atender a los ciudadanos migrantes.

El primer obstáculo sería la participación de las autoridades de distinto nivel en los delitos que sufren los migrantes. “Para ellos (las autoridades) no es nada interesante que un centro participe en la protección de los derechos humanos. En estos momentos, por ejemplo, nos impiden entrar a la estación migratoria. Podemos acceder sólo con personas que ya conocemos, no con la población en general”. De esta manera, las denuncias son más difíciles.

Otro obstáculo que señala Rodríguez Velasco son los medios de comunicación locales. No sólo no difunden la información, sino que se dedican a “desacreditar nuestra labor y nuestro personal”. Por último, señala a la delincuencia organizada como otro obstáculo. “Nunca hemos tenido ataques directos, pero hemos tenido migrantes que nos han contado que los mismos traficantes de personas los mandan a ver qué hacemos”. Admite que “sería muy ingenuo pensar que no estamos observados”.

En diciembre del año pasado, el CDHFMC publicó un informe titulado “Derechos Humanos y Condiciones de Detención en la Estación Migratoria Siglo XXI. Tapachula, Chiapas, México” en el que se analiza la composición migrante en el centro más grande de América Latina de su tipo. “Hemos observado con mucha preocupación que la estación migratoria en un lugar en el que la delincuencia amenaza a los migrantes para que no denuncien abusos. Cuando migración (el INM) detiene a grupos de migrantes, entre éstos se infiltran delincuentes y detectan a quienes podrían denunciar y los amenaza”, afirma la coordinadora del Centro.

El racismo también es objeto de reflexión en el CDHFMC. “Hay racismo en la región inclusive en las autoridades. Cuando hubo la XV Conferencia Regional sobre Migración (CRM), el 20 y 21 de mayo pasado, el entonces alcalde, Ezequiel Orduña Morga dijo que había tres tipos de población migrante: la negra, la gris y la blanca”. Según la declaración del político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “la negra venía a delinquir, la gris estaría de paso y la blanca viene a trabajar”.

Finalmente, Rodríguez Velasco identifica las diferencias entre la frontera sur y la norte de México: “Los casos de violación a los derechos humanos que suceden en esta frontera son poco conocidos: aquí mueren como en el norte, sólo que aquí los entierran en las fosas comunes. Mueren a mano de asaltantes, a mano de la delincuencia y nadie dice nada”.

Guatemala: ataque al sindicalismo

27 febbraio 2010 Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 26 de febrero de 2010.
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El gobierno de Guatemala “ha venido siendo objeto de señalamientos por graves violaciones a los derechos sindicales, particularmente las relacionadas con el derecho a la vida e integridad física y el histigamiento en contra de los líderes sindicales”.

De ello dan cuenta las 49 muertes violentas registradas de 2005 a enero de 2010, ningun a de las cuales ha sido investigada ni los agresores juzgados.

Estos datos figuran en el informe “Guatemala: el costo de la libertad sindical”, elaborado por el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG), con el apoyo de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA).

Luego de documentar algunos de los homicidios, 16 de los cuales ocurrieron en 2009, el informe publicado el pasado 12 de febrero denuncia que “existen indicios razonables y, en algunos casos, elementos de convicción de que al menos en 23% de los asesinatos hubo participación de las fuerzas de seguridad del Estado, vinculadas directamente a ordenes del organismo ejecutivo o de las Municipalidades”.

Además, documenta 93% de los casos “los compañeros asesinados y sus organizaciones estaban en conflicto por reclamaciones relacionadas con el ejercicio de los derechos sindicales ya sea laborales o bien relacionado con el acceso a recursos naturales”.

En el 7% restante de los hechos de violencia, dice, ocurrieron fuera “de un marco específico de actividad sindical”.

Lo más grave es, subraya el informe, que “existen indicios razonables para considerar que los asesinatos se produjeron en un acto de represalia, para desarticular la acción y la organización sindical”.

Un dato apuntala el anterior señalamiento: “8% de los homicidios se han cometido pocas semanas después de que los compañeros han iniciado acciones para hacer valer sus derechos sindicales y laborales” y, además, “porque el 75% de los sindicalistas asesinatos ha sido amenazado con anterioridad por su actividad sindical”.

De los casos mencionados, el informe reporta los dos últimos sucedidos a principio de este año. El primero, el 13 de enero, día en que Evelinda Ramírez Reyes fue asesinada poco después de “sostener reuniones con los Diputados del Congreso de la República para discutir la problemática de los consumidores frente a los abusos de Unión Fenosa (empresa española de electricidad)”.

El otro caso, aún más reciente, es el de Pedro Antonio García quien “fue asesinado el 29 de enero de 2010 en el marco de un conflicto con la empleadora (municipalidad Malacatán San Marcos)”. En este caso, afirma el documento, “existen indicios razonables de que en estos actos existe participación de las autoridades municipales”.

Más adelante, el informe de MSICG revela que “un 31% de asesinatos fue perpetrado contra trabajadores sindicalizados del sector público en donde la empleadora es el propio estado de Guatemala”. Lo anterior, según los autores de la investigación, demuestra que “la grave falta de respeto a los derechos sindicales y la falta de cultura sindical” ocurre “tanto en el sector público como en la iniciativa privada”.

Así, prosigue el documento, “existen indicios razonables y en algunos casos elementos de convicción de que al menos en un 23% de los asesinatos hubo participación de las fuerzas de seguridad del Estado, vinculadas directamente a ordenes del organismo ejecutivo o de las Municipalidades”.

Y, por si fuera poco, indica, “a la fecha de presentación de este informe en ninguno de los casos citados se ha individualizado, juzgado y sentenciado a los autores materiales e intelectuales de los hechos”.

Como en la guerra civil

Además de los asesinatos, el informe señala también otras formas de violencia en contra de la actividad sindical. Denuncia “secuestro, tortura, lesiones, intentos de asesinato, intentos de ejecución extrajudicial”. Indica que este tipo de acciones se incrementaron “475% en 2009, llegándose a cometer 76 agresiones consideradas de forma individual”.

Afirma que “las amenazas toman un nuevo matiz y se relacionan con patrones seguidos durante la guerra interna para exterminar al sindicalismo”.

Abunda: “Las detenciones ilegales no sólo se incrementan sino que en ellas se ven involucrados funcionarios públicos […] las esposas de dirigentes sindicales o las mismas sindicalistas son objeto de violencia sexual con el ánimo de desmotivar el ejercicio de los derechos sindicales”.

En este rubro, el informe denuncia también la existencia de casos muy recientes. Menciona, por ejemplo, el “intento de asesinato por parte de las autoridades municipales” en contra de Abel Barsilai Girón Roldan, miembro de sindicato de trabajadores del municipio de Zaragoza.

El 20 de enero pasado, “a las diecinueve horas con treinta minutos, cuando el compañero Abel se disponía a ingresar a su vivienda ubicada en la 1 calle 5-90 zona 3 del municipio de Zaragoza del departamento de Chimaltenango, recibió cerca de él alrededor de 13 impactos de bala provenientes del señor Rumualdo Marroquín concejal primero de la corporación municipal del municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango”.

Narra también el caso de María Vasquez quien en fecha “6 de enero de 2010, a las 6:05 am, en la parada de bus donde esperaba el transporte de la empresa Winner S.A., fue secuestrada, torturada y violada”. El hecho, según el documento, “ocurre en el marco de la reciente toma de posesión de la compañera como Secretaria General Adjunta del Sindicato de la empresa”.

Finalmente, el informe describe con detalle “otra práctica antisindical utilizada en Guatemala, tanto en el sector público como en el privado, para eliminar las organizaciones sindicales existentes”: la criminalización del ejercicio de los derechos sindicales.

Según el documento, esta práctica se traduciría tanto en acciones penales en contra de los dirigentes sindicales, como en la gestión mediatica contraria a las actividades sindicales como, finalmente, en “ataques informáticos contra el movimiento sindical autónomo”.

El interés de la OIT

El informe del MSICG afirma que “desde la ratificación por parte del Estado de Guatemala (1952) del Convenio 87 Sobre la libertad sindical y la protección del derecho a la sindicación de 1948 y del Convenio 98 Sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949, pero particularmente desde el año 2007, este ha venido siendo objeto de señalamiento por graves violaciones a los derechos sindicales”.

Dichos señalamientos fueron incorporados recientemente en el Informe IB de la 97 Conferencia Internacional del Trabajo realizada en el año 2008 “La libertad de asociación sindical en la práctica: lecciones extraídas”.

En este informe, el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, afirma que “pese a que el número de quejas relativas a la violación del derecho a la vida e integridad física de sindicalistas a nivel mundial fue disminuyendo, en el caso de Guatemala estas quejas aumentan día a día”.

Tal situación orilló a la OIT a enviar una Misión de Alto Nivel en Guatemala, en febrero de 2009. El resultado de dicha misión enfatizó “la enraizada situación de violencia contra sindicalistas e impunidad de esos casos”.

Otros puntos de la relación de la misión de la OIT son los siguientes: “La Comisión observó con preocupación que los problemas pendientes se refieren a numerosos y graves actos de violencia contra sindicalistas y a disposiciones legislativas o prácticas incompatibles con los derechos consagrados en el Convenio 87, inclusive restricciones al derecho de sindicación de ciertas categorías de trabajadores”.

Acerca de la actuación del gobierno de Guatemala, ya señalada como “ineficaz” por el Informe del MSICG, la Comisión de la OIT “tomó nota también de la ineficacia de los procedimientos penales en relación con estos actos de violencia que dan lugar a una situación grave de impunidad y de los retrasos excesivos en los juicios laborales”.

Además, “tomó nota también de alegatos relativos a la falta de independencia del Poder Judicial”, así como de que “la situación en cuanto a la violencia y la impunidad parece haberse agravado y recordó la importancia de garantizar urgentemente que los trabajadores puedan llevar a cabo sus actividades sindicales en un clima exento de temor, amenazas y violencia”.

Acerca del nivel de impunidad se “subrayó la necesidad de que se realicen progresos significativos en relación con las sentencias condenatorias sobre actos de violencia contra sindicalistas y para garantizar que se sancione no sólo a los autores materiales sino también a los instigadores.”