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Túnez: a la espera de “un cambio profundo”

12 maggio 2011 Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 12 de mayo de 2011.
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La “situación en Túnez es muy delicada”, ya que “el proceso democrático está aún lejos de afincarse”. Tal es la conclusión de integrantes de la caravana Unidos por la Libertad, que del 7 al 11 de abril pasado visitó la capital de esa nación, donde se encontró con muchas “organizaciones sociales protagonistas de la revolución”, y luego se desplazó a los campos de refugiados que en el curso de los últimos meses surgieron en la frontera sur del país con Libia. La caravana –integrada por miembros de la sociedad civil italiana– surgió con “la idea de materializar un puente político y social entre las dos orillas del Mediterráneo”. De acuerdo con varios de sus miembros, la sociedad civil tunecina advierte la necesidad de constituir “un frente común de las fuerzas democráticas y laicas alternativas a la ala islamista más extremista y a las fuerzas aún fieles a Ben Ali”, rumbo a las elecciones para la Asamblea Constituyente del próximo 24 de julio.

En particular, señalan, “en la ciudad origen de la revuelta, Sidi Bouzid, siguen las protestas con mítines y encarcelamientos de personas, sobre todo jóvenes”, ya que, según los activistas, “la revolución de enero cambió la cara del país, pero aún existen profundas contradicciones sociales ligadas a la miseria general, a la falta de trabajo y oportunidades para los jóvenes”. Según los activistas italianos, los refugiados en la frontera sur de Túnez muestran una “actitud de solidaridad  que avergüenza a los gobiernos europeos”, los cuales “tomaron una actitud de cerrazón y rechazo frente a los miles de tunecinos que en estas semanas emigran” hacia el viejo continente. Cuentan que había cerca de 10 mil personas viviendo en los campos de refugiados, de los cuales 2 mil solicitaban asilo político. Sin embargo, señalan, éstos no habían sido canalizados hacia “los circuitos internacionales de refugio”.

Rumbo a Túnez

En entrevista telefónica con Apro, Tommaso Cacciari, uno de los integrantes de la caravana, explica que la iniciativa “nació del contacto directo con la comunidad tunecina presente en Italia”. En particular, detalla, “nos llamó mucho la atención lo que nos narraron acerca de los eventos que tuvieron lugar a partir del 24 de febrero pasado”, es decir la llegada de las primeras oleadas de migrantes que escapaban de Libia tras las primeras protestas que acosaban al líder libio Gadafi. De ese encuentro entre migrantes tunecinos en Italia y activistas de la sociedad civil, se generó la idea de organizar un “viaje que llevara ayuda a los tunecinos y a la gente que se escapa de la guerra”.

Además, subraya Cacciari, surgió la idea de contrastar la manera en que los gobiernos europeos enfrentan las revueltas en los países árabes: “Como un espacio cerrado y no transitable para los ciudadanos que proceden de esas regiones”. En este contexto la caravana también creó un espacio de relación política entre los movimientos del Magreb y Máshreq (las dos áreas geográficas del mundo árabe). Dichas relaciones “apuntan a romper la imponente campaña mediática en Europa, y en Italia en particular, que promueve la alarma social acerca de la idea de una invasión de millones de migrantes de la región norafricana”. En resumen, abunda Cacciari, “la caravana respondió a la necesidad de conocer la realidad de la situación en Túnez y las razones por las que muchos tunecinos llegan a las costas europeas, y a la necesidad de ofrecer una señal fuerte del razonamiento que habla de un diálogo franco y abierto de Europa con el área euromediterránea”.

Antes de desplazarse a la frontera sur y conocer “de primera mano” los campos de refugiados, la caravana se detuvo un día en la capital del país. Aquí, cuenta Cacciari, los activistas italianos pudieron entrevistarse con distintas organizaciones tunecinas que protagonizaron las revueltas de enero. “Nos encontramos con una representación muy vasta y plural de jóvenes tunecinos”. Entre ellos, relata el activista, “había grupos de desempleados, de personas ligadas a la cultura y el arte, y comunicadores”. El italiano constata que “la mayoría de estas organizaciones no tienen una historia previa a la revolución, sino que justamente en esta experiencia se organizan y ahora tratan de afianzarse en el proceso posrevolucionario”. Luego hubo el encuentro con la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), la central sindical única del país, que, según “admiten los mismos sindicalistas”, comprende a distintos sectores sociales, algunos de los cuales son incluso muy cercanos al entorno del expresidente Ben Ali.

La caravana también pudo reunirse con las mujeres de la Asociación Mujeres Democrática de Túnez, quienes “remarcaron el rol jugado durante la revuelta” y “el deseo de seguir siendo protagonistas del proceso”. En particular, las mujeres tunecinas habrían señalado el riesgo de que tome mayor fuerza “el partido islámico extremista Al-Nadha, que aunque se presenta como un partido moderado trata de excluir a las mujeres de la vida pública”. Según Cacciari, a pesar de haber sido “reuniones caóticas”, los encuentros revelaron la que fue la “primera conquista de la revuelta: la escena pública, el deseo singular y colectivo de tomar la palabra, de romper el silencio ensordecedor que durante décadas se impuso a los tunecinos”.

En este contexto, continúa el italiano, los tunecinos “coinciden en la delicada situación actual rumbo al 24 de julio”, fecha establecida para la elección de la Asamblea Constituyente. Comenta que había mucha preocupación por el hecho de que “la revolución de enero, como todos la llaman, cambió la cara del país, pero aún siguen existiendo profundas contradicciones sociales ligadas a la miseria generalizada, a la falta de trabajo y oportunidades para los jóvenes”. A pesar de lo anterior, Cacciari señala que fue “unánime la solicitud de encontrar nuevas relaciones entre las dos orillas del Mediterráneo que se fundamenten en la cooperación y la libertad”. El activista describe a una sociedad que tiene aún “mucha rabia, ya que todos esperan un cambio más profundo”. Y sin embargo, continúa, “la gente aún no tiene la fuerza para imponerse y convertirse en una organización integral”. Dice que ello genera miedo en vista de las elecciones del 24 de julio.

“Nacieron más de 50 partidos desde enero a la fecha, lo cual demuestra también la elevada fragmentación de la sociedad tunecina”, comenta. Por eso, “todos aquellos con los que hablamos subrayan la necesidad de formar gradualmente un frente común de las fuerzas democráticas y laicas alternativas a la ala islamista más extremista y a las fuerzas aún fieles a Ben Ali”. El activista italiano revela su sensación: “Un mundo (el árabe) se puso en movimiento. ¿A dónde irá? ¿Qué sucederá? ¿Qué situaciones complejas tendrán que enfrentar? Nadie lo puede saber, pues en los tiempos de la crisis global vivimos un presente acelerado en el que nada es como antes”.

Los refugiados

El 3 de mayo pasado, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) dijo en un comunicado que “el éxodo desde las regiones montañosas del oeste de Libia hacia Túnez se ha reanudado tras una breve interrupción causada la semana pasada por las refriegas entre el gobierno libio y las fuerzas opositoras”. En un comunicado anterior del 29 de abril, ACNUR denunció que “el gran número de llegadas recientes está agotando los limitados recursos en la región fronteriza de Dehiba, en el sureste de Túnez: los campamentos instalados para acoger a los refugiados ya se han llenado”. Y afirmó que “afortunadamente la mayoría de estas personas (más de 30 mil) están siendo acogidas por la comunidad local”. Cacciari cuenta que los primeros campos de refugiados fueron organizados gracias al esfuerzo de las mismas comunidades locales que no sólo “fueron capaces de demostrar solidaridad a los refugiados procedentes de Libia”, sino que también supieron “despertar la solidaridad de todos los tunecinos” que hicieron llegar insumos a los campos.

Según el activista italiano, los otros campos de la ACNUR, como los de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), “llegaron después, gracias sobre todo a ese primer esfuerzo local que hizo posible que la situación fuera visible”. Además, cuenta que desde el 24 de febrero, fecha de inicio de las llegadas masivas de migrantes, y hasta el pasado 9 de abril –fcuando llegó la caravana– “pasaron por esa fronteras cerca de 200 mil personas de más de 60 nacionalidades distintas”. Detalla que “muchos migrantes piden ser repatriados a sus países de origen, otros deciden esperar y ver cómo evoluciona la situación en Libia, y muchos más no tienen la posibilidad de ir a ningún lado, pues son refugiados de países como Ghana, Somalia y Eritrea que piden asilo político y no pueden volver debido a que podrían ser sancionados con la pena capital”.

Categorie:AFRICA, Proceso

Franja de Gaza: secuestran y asesinan a activista italiano

14 aprile 2011 Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 14 de abril de 2011.
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El italiano Vittorio Arrigoni, voluntario en Palestina por el Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM, por sus siglas en inglés), fue asesinado esta tarde (hora de Mëxico) en la Franja de Gaza. La noticia la difundió en un escueto comunicado el gobierno de Hamas tras el secuestro del activista italiano, perpetrado horas antesd por un grupo islámico salafi – la “Brigada Mohammed Bin Moslama”.
El grupo amenazó, por medio de un video difundido a través de internet con ejecutar al activista italiano dentro de 30 horas si el gobierno de Gaza no liberaba al líder reconocido del grupo islámico opositor, el jeque Abu Walid al-Maqdasi.
La amenaza se cumplió ante tiempo por razones que hasta ahora se desconocen. Arrigoni fue secuestrado a las diez de la mañana de este jueves por un grupo de tres milicianos del grupo islámico. Tras la difusión del video en internet, tanto los activistas del IMS como el propio gobierno de Gaza se movilizaron para conseguir la liberación del secuestrado. La noticia, comentaron amigos y colegas, cae como “agua helada”.
Los corresponsales italianos en la región, que conocían al activista por su rol de testigo directo de los eventos en la Franja de Gaza, comentaron que posiblemente hubo “algún problema en la negociación que aceleró los eventos”. En el video difundido horas antes que el cuerpo fuera encontrado sin vida, se ve a Vittorio Arrigoni con lo ojos vendados, las manos aparentemente ligadas tras la espalda y una mancha de sangre del lado derecho del rostro.
El activista italiano fue uno de los pocos ciudadanos “occidentales” que permaneció en la Franja de Gaza durante la cuestionada operación Plomo Fundido que el gobierno de Israel realizó entre diciembre de 2008 y enero de 2009. En esa ocasión, ofreció a Proceso su testimonió sobre las dificultades y atrocidades cometidas por el ejército israelí y de las cuales fue testigo (Proceso  1680).
Tras la desaparición de Arrigoni, el alias ThisIsGazaVoice publicó un video en el portal de You Tube en el que aparecen las imágenes del voluntario europeo golpeado y cuya cabeza es levantada por la mano de alguien. Las imágenes de Arrigoni se repiten una y otra vez, mientras a un lado de la pantalla aparece un largo texto en árabe que, según las primeras traducciones realizadas, reportarían las principales reivindicaciones del grupo de secuestradores: “Liberen nuestro presos o lo matamos”.
En el mismo texto se pueden leer las acusaciones que el grupo secuestrador dirige, tanto al gobierno italiano como al de Hamas en la Franja de Gaza. Sin embargo, el objetivo principal de las acusaciones parece ser el mismo Vittorio Arrigoni, señalado como aquel que “entra en nuestras vidas llevándonos los vicios occidentales” y la “corrupción moral”.
Detrás del activista, acusan los raptores, se encontraría “un pequeño país, Italia, infiel, cuyo ejército se encuentra en el mundo islámico”. Luego, los secuestradores se dirigen también al gobierno “apostata” de Hamas, acusándolo de “luchar en contra de la Sharia (la ley religiosa islámica) y le exigen de liberar a todos los presos salafis “en sus manos” pena la ejecución del rehén.
Al parecer el gobierno de Gaza estaría en máxima alerta por el temor a otras acciones por parte de los grupos más radicales del islamismo árabe. Las fuerzas de seguridad de la Franja de Gaza detuvieron hace poco más de un mes al jeque Abu Walid al-Maqdasi por sus presuntas relaciones con las franjas más radicales del movimiento islámico. De hecho, el líder del grupo secuestrador hoy detenido estaría detrás de los atentados que en 2006 causaron la muerte de 19 personas en el Sinaí, en Egipto.
Ya en el pasado, Vittorio Arrigoni había sido objeto de otras amenazas por parte de grupos ligados a los radicales israelíes. Parte del Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM, por sus siglas en inglés), Arrigoni fue señalado como el “blanco número uno para las fuerzas aéreas de Israel y sus tropas terrestres”. Dichas amenazas llegaron justamente pocos días después de terminada la operación militar Plomo Fundido. Su testimonio directo desde las zonas bombardeadas fue recogido por Proceso, que logró comunicarse telefónicamente con el activista italiano.
“La situación es dramática más allá de lo imaginable. No logramos siquiera ir por los heridos. El ejército israelí no nos permite recogerlos en las zonas bombardeadas. Nos dispara. Entonces nos paramos en las inmediaciones y esperamos a que los familiares nos los traigan”, dijo en esa ocasión. Sin embargo, Arrigoni había comenzado pocas semanas antes a gestionar un blog en internet, en el cual también señalaba críticas importantes al gobierno de Hamas.
El último mensaje publicado el 13 de abril en el blog de Guerrilla Radio – así se llama el sitio de Arrigoni – mencionaba: “Cuatro trabajadores han muerto ayer por la noche a causa del derrumbe de un túnel escavado debajo de la frontera de Rafah (con Egipto); a través de esos túneles pasan todos los bienes necesarios que permiten la supervivencia de la población de Gaza estrangulada desde hace cuatro años por el criminal cerco israelí.”

Libia: La presencia de tropas "occidentales"

8 aprile 2011 Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 8 de marzo de 2011.
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El 20 de marzo anterior, el periódico inglés Daily Mail reveló que “cientos de soldados” del Reino Unido y de Estados Unidos ya estaban operando en territorio libio semanas antes de que comenzaran los bombardeos avalados por la Resolución 1973/2011 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

De confirmarse esta noticia –retomada por decenas de medios internacionales– podría configurarse una violación a esa resolución de ONU, que prohíbe explícitamente el uso de tropas de tierra “en cualquier forma o parte del territorio libio”. La nota del rotativo inglés, que citó fuentes reservadas, afirmó que “cientos de soldados de las fuerzas especiales inglesas están siendo utilizados en Libia para ubicar objetivos de las fuerzas del coronel Muamar El Gadafi”.
Sostuvo que “mientras el canciller (inglés) George Osborne repitió que las tropas de tierra del Reino Unido no se involucrarían en el conflicto, el Daily Mail puede revelar que hay cerca de 350 (soldados) empeñados en operaciones encubiertas” en territorio libio. El rotativo precisa que “cerca de 250 soldados de las fuerzas especiales británicas y sus apoyos han estado presentes en Libia desde antes que comenzaran los bombardeos”. Las tropas inglesas presentes en Libia serían parte de los escuadrones del Servicio Aéreo Especial (SAS, por sus siglas en inglés).
Un día antes, el 19 de marzo, Focus Online, un semanario alemán cercano a los círculos de seguridad del gobierno de Berlín, publicó una nota en el mismo sentido: que tropas inglesas y estadunidenses habrían llegado a Libia “semanas antes” del inicio de los bombardeos. Ello coincidió con la noticia difundida el 6 de marzo pasado, en el sentido de que rebeldes libios capturaron una unidad del SAS que funcionaba como escolta de diplomáticos ingleses enviados a la ciudad de Bengasi para reunirse con integrantes del Consejo Provisional, que se opone a Gadafi. Los militares del SAS fueron posteriormente liberados.
De hecho, la presencia de tropas extranjeras en Libia, prohibida explícitamente por la Resolución 1973/2011, fue objeto de rumores desde hace muchas semanas. El 26 de febrero pasado, el portal Pakistan Observer difundió que “Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia han enviado varios cientos de consejeros militares para entrenar y apoyar a las fuerzas contrarias a Gadafi en Cirenaica, la rica región petrolera de Libia”. La publicación paquistaní citó a una fuente interna del gobierno de Trípoli, la cual “prefirió mantenerse en el anonimato”.
La fuente del Pakistan Observer dijo que tres países occidentales enviaron sus tropas especiales en Cirenaica y “ahora están construyendo campos de entrenamiento para los rebeldes”. Precisó que “los estadunidenses y los ingleses enviaron a sus soldados de noche, entre el 23 y 24 de febrero, a través de pequeñas lanchas que zarparon desde los barcos militares de Estados Unidos y Francia anclados frente las costas de Libia y dirigidas a los puertos de Bengasi y de Tobruk”.
Otro periódico inglés, el Sunday Mirror, publicó el 20 de marzo que la misión de las supuestas tropas habría sido “ubicar las más poderosas y estratégicas armas del coronel Gadafi: los misiles de largo alcance y de construcción soviética SAM 5”. Según el Sunday Mirror, las “dos unidades” inglesas se denominan smash, debido a su capacidad destructiva. Afirma que “operaron en contra del tiempo” en la búsqueda de los armamentos capaces de “alcanzar los aviones o los vuelos comerciales”. Las dos unidades del SAS, sigue la nota, “compuesta por ‘señaladores’ (de objetivos), ingenieros y médicos”, habrían establecido “posiciones en el terreno” en el caso de que “aviones occidentales cayeran durante los ataques aéreos”.
“Nuestros muchachos en el terreno”
Aunque el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha negado la utilización de tropas de tierra en la ofensiva en contra de Libia, en su edición del 30 de marzo, el periódico The New York Times reveló el envío “autorizado” de un equipo, cuyo tamaño “se desconoce”, de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) al país norafricano. El diario neoyorquino –que utiliza como fuentes a “oficiales estadunidenses— destacó que mientras Obama “ha insistido que las tropas de tierra de Estados Unidos no participan en la campaña de Libia, pequeños grupos operativos de la CIA han estado trabajando en Libia durante varias semanas, como parte de una ‘fuerza-sombra’ de los países Occidentales con la esperanza de desangrar al Ejército de Gadafi”.
El rotativo añade que oficiales británicos no identificados admitieron la presencia de fuerzas especiales inglesas en territorio libio junto con “oficiales del MI6”, el servicio de espionaje del Reino Unido. Luego de la publicación de la noticia por parte del Daily Mail, el conocido conductor del noticiero de Fox News en Estados Unidos, Bill O’Reilly, tuvo en su estudio, el 24 de marzo, a dos expertos del sector: el coronel retirado David Hunt y el teniente coronel Tony Shaffer, exmiembro del espionaje del Ejército de Estados Unidos.
A pregunta expresa del periodista –quien cuestionó la veracidad de la información publicada en Inglaterra–, Hunt contestó: “Sí, es exactamente así”. Y abundó: “Al lado de las tropas de los SAS británicos y de los comandos GIGN franceses, desde hace 12 días (12 de marzo) también están nuestras fuerzas especiales y agentes de la inteligencia de Estados Unidos”, ya que “nunca lanzamos operaciones aéreas de este tipo sin nuestros muchachos en el terreno”.
Shaffer coincidió: “Es exactamente lo que me dijeron mis fuentes”. No es posible, señaló, realizar estas misiones “sin el apoyo de estas tropas de tierra, las cuales llevan a cabo operaciones de control aéreo avanzado para evitar el bombardeo de objetivos equivocados”. O’Reilly recordó entonces que la administración Obama dejó en claro que “no tenemos botas en el terreno y no las tendremos”. Y tras la confirmación de los dos oficiales, preguntó: “¿Fue una mentira?”. Hunt entonces contestó: “Pues sí, una poca de desinformación es necesaria para proteger a los muchachos en el terreno. Nunca se habla de las operaciones encubiertas”, remató.

Gran Bretaña: la vida de un policía encubierto

18 febbraio 2011 Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 18 de febrero de 2011.
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En enero de 2010, Mark Kennedy, un policía inglés de la Policía Metropolitana (MET, por sus siglas en inglés), renunció a la corporación tras pasar siete años encubierto entre las filas de los movimientos ambientalistas en Europa. La razón de su renuncia fue que pocos meses antes, en 2009, tras ser detenido junto con otros activistas, su identidad fue descubierta.
La participación activa de Kennedy en los movimientos sociales desató las protestas de amplios sectores del activismo ecologista y de distintos miembros del Parlamento de Inglaterra que cuestionaron los métodos que los policías encubiertos de Reino Unido utilizan en su trabajo. El caso fue revelado el pasado 9 de enero en un reportaje del periódico inglés The Guardian. Los documentos divulgados por el rotativo de Londres, aunados a las declaraciones del mismo policía infiltrado, apuntan a que Kennedy habría sobrepasado sus funciones.
De ser un “espía pasivo”, Kennedy habría utilizado todo medio a su alcance para colaborar, organizar e inclusive financiar las acciones de protesta en las que se encontró involucrado, pasando a ser un “agente provocador”. Kennedy abandonó al país y actualmente se encontraría “en algún lugar desconocido” en Estados Unidos de América, según reveló el mismo expolicía en entrevista con el periódico estadunidense The Mail on Sunday. En la entrevista concedida “desde algún  lugar seguro”, el policía inglés negó haberse convertido en un “provocador”, asegura que sus superiores en la MET estaban al tanto de todas sus actividades y admite tener miedo por su seguridad, pues ha recibido “amenazas de muerte”.

La revelación

El 13 de abril de 2009, unos 400 policías ingleses irrumpieron en una escuela de la ciudad de Nottingham, donde detuvieron de manera “preventiva” a 114 activistas ambientalistas ahí reunidos, acusándolos de “conspiración para realizar daño e incursión agravada”, por estar planeando la ocupación simbólica de la planta de generación eléctrica de Ratcliffe-on-Soar.
La protesta, que según la fiscalía inglesa (Crown Prosecution Service, CPS) los activistas estaban planeando, estabas planeada para llevarse a cabo durante la reunión del Grupo de los 20 (G20) que se llevó a cabo el 2 de abril de ese mismo año en Londres. Tras la detención, 26 activistas fueron enjuiciados. Veinte de ellos fueron condenados a principios de este año, mientras los restantes seis impugnaron la acusación, pues, afirmaron, “no estaban de acuerdo con la acción que se discutía en la reunión que se llevaba en le escuela”.
Tras la impugnación, el juicio siguió su curso. Fue hasta el pasado 7 de enero que la fiscalía renunció a la acusación debido a que el abogado de los activistas, Mike Schwarz, llevó frente al juez que llevaba el caso, John Milmo, una prueba fundamental. “Representé a 113 activistas detenidos”, dijo Schwarz, “el que faltaba era el policía encubierto Mark Kennedy”. Aunque el juez nunca lo admitió, el abogado está seguro que la cancelación del juicio y consecuente liberación de los seis activistas fue el resultado de que “aportamos pruebas de la presencia de Kennedy entre los activistas”. El abogado está seguro de ello, aunque hasta la fecha no ha tenido respuesta a sus preguntas:
“¿La prueba (acerca del involucramiento de Kennedy) fue mantenida secreta al juez? ¿Es apropiado que el acceso –y la decisión acerca de ello-– a las pruebas claves se encuentre en manos de la fiscalía cuya función primaria es garantizar las condenas?”. El abogado, al parecer, tuvo la razón. No sólo la CPS abandonó la acusación en contra de los seis defendidos por Schwarz, sino que el pasado 28 de enero instruyó a sus fiscales a revisar los casos de los veinte ya condenados. Aunado a lo anterior, Nick Hebert, ministro de Gobierno de la actual administración, tuvo que admitir la falta de control de las operaciones encubiertas y abogó para que se promueva el control judicial de las mismas.

Siete años encubierto

En 2003, cuando tenía 33 años de edad, Mark Kennedy fue asignado, en calidad de policía encubierto –y por un sueldo anual de 250 mil esterlinas inglesa–, a infiltrar las organizaciones sociales dedicadas a la protesta en el ámbito ambiental. Se dejó crecer el cabello, cubrió sus brazos con tatuajes, se perforó la piel con vistosos aretes y, tras asumir el alias de Mark Stone, se presentó entre grupos de ambientalistas presumiendo ser un escalador profesional. Desde ese momento, Kennedy fue ganando paulatinamente la confianza de los distintos grupos ambientalistas en Europa y participó en diversas protestas que recurrieron al continente.
Trabajó para los movimientos sociales “manejando automóviles rumbo a las acciones directas” y se ganó el apodo de Flash gracias a su reconocida “generosidad para conseguir dinero para el alquiler de transporte y el pago de fianzas”. Tras presenciar y participar en “docenas” de protestas en al menos 22 países, Kennedy fue descubierto. En julio de 2010, su “pareja sentimental” y activista ambientalista en Inglaterra encontró un pasaporte en el que, quien hasta ese momento conocía con el apellido Stone, tenía otro hombre: Mark Kennedy. La activista reunió a su grupo de trabajo y, juntos, convocaron a Kennedy. Lo confrontaron mostrándole los documentos encontrados.
El policía no tuvo más remedio que admitir su rol y “expresó remordimiento”, según afirmaron testigos del fatídico encuentro. Inmediatamente los activistas interrogaron al policía acerca de otros activistas que en pasado habían levantado “ciertas sospechas”. Kennedy admitió la existencia de más policías infiltrados. En particular señaló a un activista involucrado en la campaña de protesta en Leeds en contra de la planta termoeléctrica Drax en North Yorkshire, así como a una mujer de 30 años que desapareció repentinamente del movimiento en 2008.
Craig Logan, activista de 37 años presente en el “interrogatorio”, explicó que Kennedy habría revelado que “son muchos los policías que infiltran al movimiento social europeo”. Aunque Logan afirme que “Kennedy es un gran mentiroso y no podemos fiarnos de todo lo que dice”, en la grabación que se realizó del ríspido encuentro, el policía inglés afirma: “No soy el único, se lo apuesto. Es como un martillo que rompe a una nuez: se esparce en distintas direcciones y bueno… ¡caray!”

En su propia voz

Tras ser descubierto por los activistas ingleses, Mark Kennedy decidió dejar al país. Desde “algún lugar desconocido” de Estados Unidos de América, el ahora expolicía concedió una entrevista al periódico estadunidense The Mail on Sunday en la que cuenta su versión de los hechos y señala las responsabilidades de sus superiores Aún sin una acusación formal, Kennedy fue señalado por los activistas y por las múltiples declaraciones de las autoridades, como “un agente provocador” por haber “sobrepasado” los límites impuestos por los protocolos de operaciones encubiertas.
Kennedy, quien dejó la escuela cuando tenía 16 años, entró en las filas de la policía a los 21 años de edad. “Siempre respeté a la policía”, dijo, “le dediqué toda mi vida”. En efecto, Kennedy comenzó siendo parte del llamado “Anillo de Acero” que rodea la ciudad de Londres. En 1996, el joven policía entró a ser parte del equipo de agentes encubiertos que controlan las calles de la ciudad en contra de la venta al menudeo de drogas.
“Era un trabajo encubierto que adoraba”, dijo Kennedy. Tras años de esta actividad, fue asignado a la Policía Metropolitana en el año 2001. Sólo dos años más tarde, en 2003, como parte de la Unidad Nacional de Inteligencia para el Orden Público (NPOIU, por sus siglas en inglés), Kennedy asume el alias de Mark Stone. “Tuve que crear mi leyenda”, contó. “Era un escalador y alguna vez fui a Pakistan… así inventé que me involucré en importación de droga”. Kennedy conocía bien el ambiente de las drogas en Londres y no le costó meter el “rumor” que el tal Mark Stone fuera un “corriere de la droga”.
Ya con ese “historial”, el ahora Mark Stone se asomó al mundo del activismo diciendo: “tuve una vida mala y quería enmendarla”. Se fue haciendo de un pasaporte, una licencia de manejo, una cuenta bancaria y una carta de crédito, todos documentos falsos. Tras años de actividad encubierta, Kennedy admite haber sido “preso por una especie de Síndrome de Estocolmo”, aunque nunca perdió “la claridad” acerca de su trabajo”. Enviaba informes diariamente, aunque “comencé a sentir simpatía por las personas que frecuentaba pues hice verdaderas amistades en el ambiente (del activismo)”.
Una acusación recurrente fue la de haber mantenido relaciones sexuales con activistas de los grupos infiltrados, así como haber mantenido un rol activo tanto en la organización como en la realización de acciones de protesta. Si bien los estándares de operaciones encubiertas indican que “la actitud (del policía) debe ser pasiva y cubrir sólo a roles periféricos”, Kennedy habría trasgredido estas normas asumiendo “el protagonismo” en las acciones, pasando a ser un “agente provocador”. Por lo anterior, inclusive, distintos comentadores han señalado la posibilidad de que Kennedy se haya “convertido” al activismo.
En este contexto, el expolicía denuncia la “campaña de desprestigio” de la que, dice, es objeto. Niega, además, haberse “convertido” y señala, que en todo momento, sus jefes “estaban al tanto” de sus actividades “y las han aprobado todas”. Y añade: “No estornudé sin que ellos lo supieran, siento que me están sacrificando”. Aunado a esto, Kennedy dice que sus superiores habrían escondido pruebas y testimonios que exculparían a los veinte activistas condenados por el caso Ratcliffe-on-Soar. Ahora, afirma, “tengo miedo por mi vida y por la vida de mi familia”, pues según dice habría recibido “amenazas de muerte”.
“A la gente le gusta pensar a las cosas en los términos de blanco y negro, sin embargo el mundo de los policías encubiertos es gris y oscuro”, afirma. En contra de él, añade, “está sucediendo algo verdaderamente feo”. Acerca de las relaciones sentimentales del que se le acusa, Kennedy, quien fue abandonado por su esposa y los hijos de 10 y 12 años que tuvo con ella, afirma que mantuvo dos relaciones sentimentales durante sus siete años en calidad de policía encubierto.
“Una de esas dos relaciones fue seria, pues me enamoré”, admite Kennedy. “Estuve muy metido en el movimiento y me hice muy amigo de muchas personas. Ellos (los ambientalistas) se convirtieron en amigos míos, me apoyaron y me quisieron mucho”, agrega. Aunque rechaza que “los policías son los buenos y los activistas, lo malos; o viceversa, ya que ambos tienen cosas buenas y malas”, ahora se siente acusado injustamente y bajo peligro. Por eso, dice, “quiero hablar para que la policía sepa los errores que comete”. “Fui al centro de una operación muy sensible”, afirma, Kennedy, quien, además, revela que su oficial de referencia le dijo que “la información que proveía, en particular modo durante las protestas por el G8 en Escocia (en 2005), iba directamente al escritorio de Tony Blair”, el exprimer ministro inglés.

La despedida

Tras la detención del 13 de abril de 2009, Mark Kennedy tuvo que enfrentar a la justicia como cualquier otro activista, “pues si no, me hubieran descubierto”. Sin embargo, en septiembre de 2009, tras ser absuelto de los cargos, recibió un mensaje de texto al teléfono celular en el cual, en pocas líneas, lo sublevaban del encargo y le daban tres semanas para “despedirse” de su tarea. “Tuve que dejar la casa en donde vivía en Nottingham, deshacerme de los documentos falsos y nunca pude despedirme (de los activistas) de manera adecuada”, señala. Kennedy dice que contó a sus “amigos” que se sentía cansado y que viajaría para visitar a  un hermano en Estados Unidos: “Inclusive, ofrecí una dirección, un apartado postal, en Estados Unidos.” Sin embargo, se quedó en Inglaterra, en donde encontró trabajo en una empresa que se llama Global Open, firma privada de seguridad. Ya con su nuevo trabajo, Kennedy regresó con sus viejos “amigos”, los activistas ambientales.
“No le dije nada a la policía y regresé a ver a mis amigos que estaban muy preocupados por mi suerte”, dice Kennedy. “Quise salir (del grupo) en la manera más adecuada posible”, agrega. Rompió su relación sentimental aunque no a tiempo, pues su pareja sentimental encontró el pasaporte con su nombre. “En julio fuimos de vacaciones y ella descubrió mi nombre verdadero”, afirma. La pareja contó todo a los otros activistas y ellos “comenzaron a investigarme”. “Fue en ese momento cuando supe que todo se había acabado”.

El registro de su presencia

El 1 de mayo de 2004, durante la reunión de la Unión Europea en Dublín, un grupo de cerca de 500 activistas se desprendió de la manifestación de protesta que se estaba llevando a cabo y atacó frontalmente a los policías antimotines. El testimonio de los activistas presentes revelaron a la prensa inglesa que Kennedy “se encontraba en la cabeza del grupo, incitó a los manifestantes a unirse a ellos. Luego, vistió una máscara para taparse el rostro y se lanzó con los demás en contra de los policías”.
En consecuencia de estas revelaciones, Micheal Higgins, miembro del Partido Laborista irlandés, exigió al gobierno que pida al gobierno de Inglaterra una explicación acerca del rol de sus policías encubiertos en la república de Irlanda. “Este tipo de actividades es totalmente inaceptable”, dice. “Muchos de nosotros conocemos las consecuencias destructivas en términos de democracia de este tipo de operaciones que se llevan a cabo desde los años 70 en Irlanda del Norte.”
En 2005, Olafur Pall Sigurdsson, fundador de la organización Saving Iceland (SI), la primera red ambientalista de “acción directa”, recurrió Europa en búsqueda de “expertos” que le ayudarán en hacer crecer a la recién nacida organización. Tras enviar distintos correos electrónicos en los que exponía los problemas organizativos de SI y sus necesidades, su gira europea tuvo éxito. Habían pasado pocos meses cuando Sigurdsson pudo encontrarse con el activista inglés Mark Stone.
Según testimonios de los activistas islandeses recogidos por la prensa, “el policía encubierto jugó su parte a la perfección”. La confianza que Kennedy, alias Stone, inspiró en los inexpertos ambientalistas islandeses le permitió conseguir una larga lista de contactos en la red ecologista. Además, Kennedy habría tenido “un rol fundamental en la formación de los activistas islandeses”. “Se hizo indispensable, pues en los primeros años (de vida de SI) él fue una de las personas claves”. Además, en distintas acciones llevadas a cabo, “Kennedy hizo el portavoz de la organización y se tuvo un rol clave en la toma de decisiones”.
Kennedy inclusive fue señalado como el autor de un artículo que provocó un intenso debate en el país. El texto, firmado por el alias Mark Stone, fue producido días después de la protesta en la sede la presa Kárahnjúkar y acusaba a la policía islandesa de brutalidad e inclusive de “llevar a cabo acciones (represivas) potencialmente fatales para los activistas”. Decía la nota: “La incapacidad de la policía para entender la situación pudo tener consecuencia fatales y sin duda provocó actos de violencia por parte de los guardias de seguridad.”
Andrej Hunko, diputado alemán por el partido de izquierda Linke, denunció que Kennedy también estuvo involucrado en operaciones encubiertas en los grupos antirracistas alemanes. Ya en diciembre pasado, antes inclusive que en Inglaterra surgiera el escándalo acerca de las operaciones de Kennedy orquestadas por la MET, el diputado alemán tuvo acceso a las declaraciones de los activistas que habían interrogado a Kennedy.
Hunko inquirió, a su vez, al gobierno alemán durante todo el mes de diciembre sin recibir respuesta alguna.  El diputado alemán no sólo acusó a Kennedy de haber participado en diversas protestas en territorio alemán participando en el llamado “bloque negro”, sino también señaló que el policía inglés habría “incursionado de manera abusiva” en la vida privada de los activistas, ya que “tuvo relaciones sentimentales y sexuales”.
El gobierno alemán, denunció Hunko, no quiso aún responder a las acusaciones formuladas. Según las investigaciones del diputado alemán, Kennedy habría estado en Berlín en al menos tres ocasiones y fue un activo miembro de la red Dissident! que organizó las protestas en contra de la “reunión de los ocho” (G8) en Gleneasgles en julio de 2005.

Kosovo: el nexo gobierno y crimen

4 febbraio 2011 Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 4 de febrero de 2011.
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Dick Marty

MÉXICO, D.F., 4 de febrero (apro).- En 1999, durante el conflicto entre las tropas de Serbia y el Ejército de Liberación de Kosovo (UCK, por sus siglas en albanés) –apoyado militarmente por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)–, y tras el fin de las hostilidades decretado el 12 de junio de ese año, los jefes militares de la guerrilla kosovara habrían sido responsables de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones.

Además, paulatinamente habrían construido una red de tráfico ilegal de órganos junto a los grupos del crimen organizado, presentes tanto en Kosovo como en Albania. Lo anterior fue denunciado por el senador suizo Dick Marty en su informe “Tratos inhumanos y tráfico de órganos en Kosovo”, auspiciado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) el 16 de diciembre pasado.
En el reporte, Marty señala las responsabilidades de los miembros del UCK en la comisión y ejecución de un sinnúmero de “crímenes”, perpetrados inclusive desde el país confinante y políticamente afín, Albania.
En particular, indica como mayor responsable al llamado “Grupo de Drenica” (localidad kosovara), guiado por el actual primer ministro kosovaro Hashim Taqui. La acusación formulada por el senador suizo y asumida por la APCE llegó sólo cuatro días después de que se realizaran las primeras elecciones políticas en Kosovo, tras la declaración de independencia de febrero de 2008. En medio de acusaciones de fraudes e irregularidades, justamente Hashim Taqui, el exguerrillero y figura prominente del UCK, hoy líder del Partido Democrático de Kosovo (PDK), ganó las elecciones.
Según analistas internacionales, el reporte de Marty pone en entredicho lo que sería el primer gobierno electo de Kosovo. Mientras tanto, en el país balcánico como en Albania, las autoridades niegan las versiones asentadas en el documento europeo y acusan al senador y a sectores críticos de querer “enlodar la reputación de Kosovo”.
El nexo
La investigación realizada por Dick Marty fue instruida por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tras conocer los contenidos de las memoria de la exfiscal general del Tribunal Penal Internacional por la Ex-Yugoslavia (TPIY), Carla Del Ponte. Luego de  terminar su mandato en el TPIY, la hoy embajadora de Suiza en Argentina escribió una memoria titulada “La Caza, yo y los criminales de guerra”, en la que relata su trabajo al frente de la fiscalía internacional, misma que ha llevado a la detención del expresidente serbio Slobodan Milosevic, entre otros.
En el texto, publicado en 2008, Del Ponte denunciaba además la existencia de un tráfico ilegal e internacional de órganos humanos, mismo que se originaría justamente en Kosovo. La Unión Europea, a través del Consejo Europeo, instruyó a Dick Marty para que realizara una investigación con el propósito de comprobar lo dicho por la exfiscal y “tener una mirada más cercana de los presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos en Kosovo”.
El senador suizo, también conocido por las investigaciones realizadas en 2007 sobre las cárceles ilegales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en Europa, afirma que si bien “los crímenes de guerra de los serbios –durante el conflicto en ex Yugoslavia– han sido muy bien documentados”, los cometidos por las tropas irregulares del UCK “han sido omitidos”.
Su informe apunta: “La visión que se tuvo en Kosovo (por parte de los países occidentales) fue de muy corto plazo: restaurar el orden (después del conflicto) tan rápido como fuera posible para evitar cualquier factor que pudiera vulnerar la frágil estabilidad de la región”. Para eso “los actores internacionales cerraron un ojo acerca de los crímenes de guerra cometidos por el UCK”. El resultado “fue una forma especial de justicia que sólo se puede definir como selectiva, con grados elevados de impunidad”.
El “Grupo de Drenica”
Hashim Taqui

Gracias a testimonios directos tanto de víctimas como de exmiembros del UCK y “cientos de documentos” –algunos de ellos de inteligencia–,  Marty y su equipo reconstruyeron episodios, rastrearon lugares y finalmente encontraron responsables de lo que califican de “actos criminales” durante el conflicto, y de la creación de “redes cercanas a los líderes del exUCK y a las grandes organizaciones criminales internacionales”.

A pesar de la visión generalizada y “promovida por la comunidad internacional” de que el UCK “luchaba en contra de la opresión serbia”, los líderes del grupo armado –“y sus familias/clanes”– tuvieron una “estrategia mucho más compleja” que sirvió para “hacerse del poder, controlar el territorio” y “hacerse del control de ciertos recursos como petróleo y del sector construcción”.
Entre las muchas facciones –“clanes”, según el reporte– internas del  UCK, Marty destacó la existencia de “un pequeño pero muy poderoso grupo que se autodenomina ‘Grupo de Drenica’”, liderado por el excomandante del UCK y recién electo primer ministro Hashim Taqui. Según el senador suizo, dicho grupo “construyó un formidable poder, basado en empresas del crimen organizado, que fue prosperando tanto en Kosovo como en Albania”.
Sostiene que Taqui “sin duda debe su escalada al poder” al apoyo y reconocimiento otorgado por las potencia occidentales, en específico el del gobierno de Estados Unidos. Este “apoyo incondicional” convirtió al líder kosovaro en un “personaje que cree ser intocable”. Además, Taqui pudo contar con el “apoyo operativo y la complicidad no sólo de las instituciones formales de Albania, sino también de los servicio secretos albaneses y de la poderosa mafia de aquel país”.
A pesar de los “numerosos reportes de los servicios de inteligencia de Alemania, Italia, Inglaterra y Grecia”, y de la misma agencia antidroga de Estados Unidos (DEA), que señalan a Taqui como “el responsable de tráficos ilícitos en la región”, nunca ningún “actor internacional quiso intervenir en su contra”. Según Marty, a esta situación se añadió “la eliminación de adversarios y la intimidación de posibles testigos”, lo que garantizó su impunidad.
Crímenes
El informe presentado el pasado 16 de diciembre detalla la existencia de decenas de centros de detención clandestinos, en donde miembros del UCK y del Grupo de Drenica aseguraban “tanto a serbios como a supuestos colaboradores del enemigo” en “condiciones inhumanas”. La tortura, según el relator suizo, “era la norma”. El reporte destaca la existencia de “al menos 6 mil desaparecidos durante el periodo del conflicto”. Con datos de la Cruz Roja Internacional, Marty explica que de esa cifra, “mil 400 personas fueron encontradas vivas, los cuerpos de otras 2 mil 500 se identificaron en numerosas fosas comunes”, mientras el restante “permanece desaparecido”.
Según testimonios directos de muchos sobrevivientes,  los detenidos en los campos del UCK”, “eran seleccionados tras exhaustivas visitas médicas realizadas por gente que se hacía llamar ‘doctores’” y llevados a Fushë-Krujë. El informe señala que “muchos de los ‘seleccionados’ entendían cuál iba a ser su destino final (…) y suplicaban a sus captores que ‘no los hicieran pedazos’”. Otros testimonios afirman que los miembros del UCK “eliminaban a sus víctimas con un tiro en la cabeza antes de comenzar la extracción de sus órganos”.
Además, Marty y su equipo tuvieron conocimiento de que el principal “negocio” consistía en “extracción y tráfico de riñones”. La dimensión práctica del negocio del tráfico “era sencilla”, señala.
“Los detenidos eran llevados a Fushë-Krujë, donde los encerraban en unas casa de seguridad. Cuando se confirmaba la cirugía, el detenido era llevado afuera de la casa de seguridad y ejecutado sumariamente”. De ahí, el cuerpo era llevado a un espacio llamado “la clínica”, donde se le extraían los órganos.
Fuentes de Marty explicaron la elección de la localidad albanesa: “El lugar fue escogido sobre la base de su proximidad con el aeropuerto de Tirana” (la capital de Albania). Estas condiciones, finaliza, permitían las llegadas de “visitantes extranjeros” y la “salida rápida” de los órganos hacia el extranjero.

Argentina: el trabajo esclavo

14 gennaio 2011 Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 15 de enero de 2011.
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BUENOS AIRES., 20 de enero (apro).- En esta ciudad existen alrededor de 5 mil talleres textiles, de los cuales unos 3 mil trabajan de manera clandestina. Según organizaciones de la sociedad civil argentina, las personas que trabajan en ellos simbolizan el “trabajo esclavo”, el cual, afirman, “infesta a la ciudad y al país entero”.
Estiman que 30 mil migrantes bolivianos trabajan en este sector, el cual produce alrededor de 2 mil millones de dólares anuales y cuyos productos no sólo se destinan al mercado local de ropa barata, sino también para surtir a las grandes marcas internacionales del vestido, como Puma, Adidas, Fila y Lecop-Arena.
Muchos ciudadanos bolivianos que eran explotados laboralmente han creado, con apoyo de organizaciones argentinas, sus propias cooperativas y logran comercializar sus propias marcas en el país y en el exterior.
Un ejemplo: la cooperativa La Alameda, que actualmente maneja la marca argentina Mundo Alameda y comparte la marca global No Chains (No Cadenas) con la organización de Tailandia Dignity Returns (Retorno a la Dignidad).
Gracias al esfuerzo de La Alameda y sus aliados, el sector textil en Argentina comenzó a “formalizar” las relaciones laborales. “Actualmente una quinta parte del mercado laboral en este sector, es blanco (formal)”, afirma Gustavo Vera, presidente de La Alameda.
La Alameda se fundó “para que tuviéramos una razón jurídica que nos permitiera seguir las causas penales en contra de los dueños de los talleres”, añade.
Pero la experiencia de La Alameda se está trasladando a otros sectores donde existe el “trabajo esclavo”, como el agrícola e, incluso, el sexual.
La Alameda
Tras la crisis económica y política que golpeó Argentina a finales de 2001, surgieron cientos de asambleas populares como respuesta “a la ausencia del Estado en los barrios pobres de Buenos Aires”.
En una asamblea de la zona de La Avellaneda, en el poniente de la ciudad, surgió La Alameda.
Vera recuerda que, tras las primeras semanas de protesta, comenzaron a reunirse con los demás barrios “y se empezó a hablar sobre cómo enfrentar a los problemas que cada uno tenía”.
Sostiene que no sólo se discutía sobre las protestas en las calles, sino cómo resolver los problemas de todos los días.
“Se tocaban los temas de los ahorros, pero también el problema del hambre, la desocupación y se organizaron las ollas populares, los trueques y las compras comunitarias.
“Aquí la carestía llegó prepotente –comenta Vera–. La miseria conquistó al barrio y comenzamos a hacer una olla popular que funcionaba con las aportaciones de todos los vecinos.”
Señala que al principio esa “olla popular” tenía un sentido simbólico de protesta; pero, en la medida que la situación se fue agravando, se convirtió en un servicio. “Llegamos a un momento en que ya no dábamos abasto de tanta gente necesitada que acudía con nosotros”, comenta Vera.
Dice que después de unos meses, el gobierno metropolitano buscó “absorber nuestro trabajo”. Pero, señala, la asamblea supo mantenerse independiente. Y se hizo de un espacio: “Recuperamos un local abandonado en el barrio, un ex bar que se llamaba La Alameda”.
Ya con ese espacio, la asamblea comenzó a ofrecer no sólo la “olla popular” sino también servicios de compra comunitaria, consultorio médico y programas para niños. Poco a poco “La Alameda se convirtió también en un lugar de encuentro para la comunidades migrantes, la boliviana, sobre todo”, que organizó eventos culturales.
Según Vera, “esto permitió que se fuera generando un clima de confianza entre extranjeros y argentinos, ya que por lo regular los habitantes de Buenos Aires desconfían de los migrantes”.
Actualmente en La Alameda conviven tanto el Centro Comunitario –que mantiene el comedor popular y los talleres para le gente del barrio–, como la Cooperativa La Alameda, formada por trabajadores que dejaron los talleres clandestinos.
Además, en La Alameda trabaja la fundación homónima que se dedica a la investigación, la denuncia y el seguimiento de causas penales en contra de la explotación laboral, tanto en el sector textil como agrícola y sexual.
Clandestinos
No existen en Argentina estadísticas fiables que abarquen todo el espectro del trabajo informal. No obstante, organizaciones civiles independientes calculan que en todo el país habría, al menos, 4 millones de trabajadores sin contrato de trabajo y sin protección social. De esta cifra, medio millón trabajaría en la capital del país y la mitad de éstos lo hacen en el sector textil, sobre todo en los “talleres clandestinos”.
José Luis es ciudadano de Bolivia. Desde hace cuatro años vive en la capital argentina: “Los primeros dos años y medio trabajé en negro (informal) en un taller textil”, dice en entrevista con Apro.
Cuenta que fue contratado en su ciudad natal, El Alto, cerca de La Paz. Le ofrecieron empleo y prestarle dinero para el pago del transporte, la comida y un techo. El acuerdo implicaba que estos últimos gastos los devolvería al patrón una vez que hubiera trabajado. “Me hice muchas ilusiones”,  pero éstas “se vinieron abajo cuando llegué aquí (a Buenos Aires)”, comenta.
El patrón los encerró en un edificio en el centro de la ciudad. Abajo, explica José Luis, se encontraba el taller, arriba unos cuartos de dos por tres metros donde dormán cuatro o más migrantes. Además, había un baño para decenas de personas. Afirma que las condiciones de la vivienda eran insalubres y no podían atender a los niños que acompañaban a los migrantes.
María, boliviana de 42 años cuyos dos hijos menores la acompañan, cuenta que trabajaban de 7 de la mañana hasta la 1 o 2 de la madrugada del día siguiente. Explica que ella trabajó seis meses gratis para reponer el préstamo que el mismo patrón le hizo para solventar los gastos del viaje. “El patrón nunca nos dejaba salir del taller, pues nos amenazaba y asustaba”, comenta.
Según los trabajadores bolivianos, los patrones los amenazan con denunciarlo con las autoridades migratorias para que los deporten. Además, “los patrones nos asustan mucho, diciéndonos que afuera (del taller clandestino) la sociedad nos tratará mal, que habría agresiones y peligros”, señala María.
Ella admite que durante mucho tiempo tuvo miedo y no se atrevía a salir ni durante el periodo de tiempo en que tenía permiso: dos horas a la semana.
A pesar de esta situación, José Luis, María y muchos más trabajadores costureros logran “liberarse” del trabajo en los talleres clandestinos. Admiten que la situación económica, estando afuera del taller, no ha mejorado mucho, pues “hay mucho racismo hacia los bolivianos, los alquileres de las casas son altísimos y nos discriminan”.
Explican que, tras años de migración boliviana, la comunidad de su país en Argentina ha crecido mucho y hoy existen bolivianos dueños de talleres textiles que “aplican a sus trabajadores el mismo trato que recibieron cuando llegaron”.
“Alianza global”
Mundo Alameda es la marca que la cooperativa homónima produce. Su difusión alcanza los mayores mercados textiles de la ciudad, en particular el Mercado Social Solidario, situado en el central barrio de Palermo y recuperado por decenas de cooperativas con experiencia similar.
En 2008, la cooperativa situada en la Avellaneda conoció la experiencia de la organización tailandesa Dignity Returns. De ese encuentro, surgió la marca global No Chains que fue presentada el pasado mes de junio tanto en Argentina como en el país asiático.
Vera cuenta la historia de esta “alianza global”:
“Cuando comenzamos a meternos con lo que llamamos trabajo esclavo tuvimos que ver cómo íbamos a hacer una organización gremial en un submundo en el que había, y hay, mucha explotación y mucha opresión; y en donde se mezclan los temas penales, el de derechos humanos y los laborales.”
Tras una intensa búsqueda, descubrieron la experiencia de Tailandia: “Ya con ese contacto, fuimos invitados a Bangkok para hablar de las experiencias argentinas de recuperación de fábricas y de las cooperativas.”
De ese encuentro, continúa Vera, “nos convencimos de que era necesario producir una marca global que simbolizara lo contrario del trabajo esclavo. Pensamos que era necesaria también una base productiva al tiempo que se lanzaban las campañas en contra del trabajo esclavo, una base productiva que trascendiera la mera denuncia y que produjera una alternativa real y concreta”.
Junto con la “alternativa real”, La Alameda sigue con su campaña en contra del trabajo esclavo en Argentina. 
“Tuvimos la suerte de que uno de los primeros talleres que interceptamos estaba produciendo ropa para la princesa de Holanda, así que se creó un gran escándalo”, cuenta Vera, quien sostiene que durante estos años lograron “asestar algunos golpes fuertes a muchas marcas”.
En efecto, hoy la Fundación La Alameda ha presentado denuncias ante la justicia federal argentina en contra de 103 marcas.
Sin embargo, señala, “la batalla aún está lejos de ser ganada”, pues no sólo siguen existiendo miles de talleres textiles clandestinos, sino también en otros rubros. “Ahora comienza a venir gente de otras ramas de la economía que ve los resultados que logramos. Por ejemplo, estamos metidos en el sector agrícola denunciando la explotación infantil”.

Afganistán, dinero para los talibanes

19 novembre 2010 Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 19 de noviembre de 2010.
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“Los contratistas privados de seguridad (en Afganistán) pasaron dinero de los contribuyentes estadounidenses a los señores de la guerra afganos y a hombres fuertes directamente conectados con asesinatos, secuestros, actos de corrupción, así como con actividades de los Talibanes y otras en contra de la coalición” de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF).

De las más de 26 mil personas que operan en Afganistán en calidad de “personal privado contratado para la seguridad”, “muchos están asociados con grupos armados fuera del control gubernamental”. Por lo anterior, “la proliferación de personal privado de seguridad en Afganistán es incompatible con la estrategia de contrainsurgencia” promovida por el Comando Central de Estados Unidos en el país asiático.

Éstas son las conclusiones de la Comisión de Fuerzas Armadas (CAS) del Senado de Estados Unidos (EU), publicadas el pasado 28 de septiembre en un documento titulado “Investigación acerca del rol y la negligencia de los contratistas privados de seguridad en Afganistán”.

Los juicios de los senadores norteamericanos representan el último de una larga serie de reveses para la administración Obama, empeñada en retomar el control de la cada vez más complicada misión en el país asiático. Los miembros de la CAS, entre los cuales figura el excandidato presidencial republicano John McCain, señalan también que las empresas contratadas por el gobierno de EU “no están respetando los protocolos, ya que no controlan de manera adecuada los perfiles del personal local contratado“.

Aunado a lo anterior, las mismas empresas “están minando la posibilidad para el gobierno afgano de retener el personal” de las fuerzas de seguridad nacionales, ya que “reclutan su personal ofreciéndoles mejores salarios”.

Los señores de la guerra

La investigación de la CAS se realizó durante el año 2009, a través de la lectura de “cientos de miles de archivos” proporcionados por el Departamento de Defensa (DoD), por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y por empresas privadas de seguridad contratadas por el gobierno de Washington.

En particular, los analistas de la CAS se concentraron en los más de 26 mil agentes de seguridad privados presentes hoy en Afganistán, cifra incluida en los 112 mil contratistas del gobierno de Estados Unidos empeñados también en otras actividades. Una cantidad importante, indica el documento, pues “cuando la 101ª División Aerotransportada del Ejercito (de EU) ocupó al país en 2001, se desplegaron 20 mil soldados”.

Uno de los casos denunciados comenzó en marzo de 2007, cuando la Fuerza Aérea de EU encargó a la empresa Environmental Chemical Corporation (ECC) la construcción de una base aérea en la localidad de Shinand, en la provincia de Herat, en el noroeste del país. A su vez, ECC contrató los servicios de seguridad de la empresa inglesa ArmorGroup International (AGI).

La empresa de seguridad privada, ya presente en la lista de más de 70 empresas contratadas por el DoD para sus operaciones en Afganistán, en su búsqueda de personal para dicha misión de “protección” reclutó a “dos señores de la guerra” que la misma empresa identificó con el nombre de Mr. White y Mr. Pink.

Los dos no mejor identificados ciudadanos afganos fueron, según indica el reporte, “recomendados por personal militar de EU”, ya que en estos dos hombres encontraban “el punto de contacto local para evitar las largas filas de gente buscando trabajo”. El primer grupo proporcionado por AGI a la empresa ECC e integrado por personal de los dos “señores fuertes” de la región comenzó a operar en junio de ese mismo año.

Sólo un mes después, en julio, el llamado Mr. White fue objeto de un atentado, justo en las inmediaciones de la base en construcción. El episodio nunca fue aclarado. Sin embargo, el 12 de diciembre siguiente, el Mr. White fue otra vez atacado.

El documento del Senado de EU describe la batalla que se generó en el mercado local a raíz del atentado. Dos grupos oponentes: el de Mr. White y sus “fieles” y otro grupo guiado por Mr. Pink, quien finalmente logró matar a su par. El enfrentamiento, que es descrito por los testigos como “un reglamento de cuentas de estilo mafioso”, dejó sin “personal” a la empresa AGI, ya que el asesino (y subcontratista de AGI) “se fue a un pueblo cercano y se reunió con combatientes talibanes”.

Para suplir dicha falta, la empresa buscó al hermano de la víctima –identificado con el nombre de Mr. White II-– para encargarle el trabajo. Además, denuncian los autores del reporte, AGI siguió trabajando con los hombres del desaparecido Mr. Pink durante al menos otro mes.

En efecto, señala el reporte, “este personal fue despedido sólo cuando se descubrió que pasaban información a Mr. Pink acerca de nuestros movimientos de y hacia Herat y las rutinas de seguridad de la base”.

La trayectoria del nuevo “punto de contacto” está también llena de episodios poco claros. Según la investigación, no sólo hubo reportes internos a la empresa que señalaban que “el sujeto apoyaba las operaciones de los talibanes”, ofreciendo a los comandantes insurgentes “mucho del dinero de sus contratos”, sino que además Mr. White II fue el protagonista de actos de corrupción de las autoridades locales, en particular del responsable del Ministerio de la Defensa afgano en Herat.

La investigación del Senado de EU descubrió, finalmente, que el nuevo encargado por AGI de proveer de personal de seguridad para sus operaciones, el llamado Mr. White II, murió el 21 de agosto de 2008, en una operación en búsqueda del mullah Sadeq, considerado a su vez “un valioso comandante talibán”.

Las fuerzas del ISAF orquestaron un operativo que condujo a un bombardeado del pueblo de Azizabad. Durante dicho operativo murieron Mr. White II y otros siete hombres de su “equipo” mientras estaban reunidos con el jefe talibán. Junto a ellos perdieron la vida más de 90 civiles, en la que fue una de las operaciones mayormente criticada por la opinión pública internacional.

El clamor generado por dicho bombardeo obligó al entonces presidente estadounidense George W. Bush a realizar una llamada telefónica al presidente afgano Hamid Karzai “para expresarle su pesar por las muertes civiles”. A pesar de las “advertencias”, AGI y sus filiales no dejaron de tener relaciones con los hombres del extinto Mr. White II.

Miembros de la empresa contactaron con el hermano del “señor de la guerra local” y le encargaron la búsqueda de “mano de obra”. De esta manera, AGI firmaba otro contrato con el nuevo referente, indicado con el nombre de Mr. White III.

Acusaciones

El reporte del Senado de Estados Unidos señala otros casos “sensibles”, como el de la empresa Eod Technology que contrató “señores de la guerra” de la localidad de Adraskan, entre los cuales figuró el llamado “General” Said Abdul Wahab Qattili, quien fue señalado por los servicios secretos militares de EU como “el comandante del grupo de Herat encargado de conducir la Jihad (“guerra santa”)” en 2003.

El mismo “general” estaría además involucrado en operaciones de transmisión de información “acerca de las operaciones de Estados Unidos en Afganistán” a gobiernos extranjeros, entre los cuales, afirma el documento, se encontraría Irán.

Más adelante, la investigación de la CAS indica que “en el afán de evitar problemas como los ilustrados”, actualmente las empresas de seguridad privadas “contratadas por el gobierno de Estados Unidos” están “substrayendo personal a las fuerzas locales (afganas) de seguridad”, entre éstas la Policía Nacional Afgana (ANP) y el mismo Ejercito Nacional Afgano (ANA).

Según los senadores estadounidenses, las empresas privadas de seguridad, como ArmorGroup, pagarían a su personal un promedio de 275 dólares mensuales contra los 70 que “un miembro de segunda clase” de la ANP recibiría.

Finalmente, la investigación finca una larga serie de responsabilidades al Departamento de Defensa (DoD) de Estados Unidos, primer responsable de las contrataciones de empresas privadas de seguridad en Afganistán.

No sólo “el DoD aparentemente contrata a empresas que no tienen la suficiente experiencia”, sino que demostró “negligencia en el control de la actuación de dichas empresas”. En el “raro caso” de identificar fallas en las operaciones de estas empresas, el DoD se ha demostrado “incapaz de corregir las serias deficiencias encontradas”.

La CAS revisó todos los contratos establecidos entre 2007 y 2009, y detectó en las auditorias realizadas por el DoD a las empresas “con deficiencias”, pero tomó “medidas correctivas” en sólo cinco casos.

Aunado a lo anterior, el Pentágono no sería capaz de controlar la cadena de subcontratistas que se derivan de los primeros contratos firmados entre el DoD y las empresas de seguridad. El resultado, denuncia el documento, es que “ningún oficial gubernamental controló las identidades y los perfiles de los guardias de seguridad subcontratados”.

Dichas guardias “utilizaron drogas, atentaron en más de una ocasión contra personas del Ministerio de Defensa de Afganistán, dejaron su lugar de guardia para buscar venganzas por pleitos locales y proporcionaron, conscientemente, información a los señores de la guerra afiliados a los talibanes”.