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Video: “Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad” (15′ 04”)

17 maggio 2011 5 commenti

Mini-video en el que presentamos algunas voces desde la marcha que se realizó el 8 de mayo de 2011 en las calle de la Ciudad de México durante la marcha en contra de la violencia en México. Entre otros, habla San Juan Copala, Miguel Concha, Movimiento 5 de Junio, etcétera.

MatteoDean

Los señores del narco

1 marzo 2011 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de marzo de 2011.
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La llamada “guerra contra el narcotráfico” que lanzó el actual gobierno federal mexicano -guiado por Felipe Calderón Hinojosa- es una falsa guerra, pues en realidad “se trata de una guerra entre cárteles del narcotráfico en la que el gobierno de Calderón tomó partido por uno de los contendientes, Joaquín Loera Guzmán, alias El Chapo, líder del Cártel de Sinaloa”.
Estas son algunas de las opiniones que sostiene Anabel Hernández, periodista mexicana y autora del libro revelación de estos últimos meses en las librerías de México, Los señores del narco (editado por Grijalbo Mondadori, 2010, p. 496).
El libro, publicado en diciembre de 2010 y que en dos meses ya vendió 50 mil copias, relata la historia reciente del narcotráfico en México, centrando su atención sobre algunos de los protagonistas de este fenómeno que “está infectando a todo México”. En particular, Anabel Hernández describe la trayectoria delincuencial de Joaquín El Chapo Guzmán, desde su temprana detención por parte de las autoridades de Guatemala (que lo entregaron luego a las autoridades mexicanas) en 1993 -cuando “era apenas un capo de ‘quinta’ en la jerarquía del entonces Cártel de Juárez”- hasta el día de hoy, cuando el líder del Cártel de Sinaloa es considerado el capo de capos, y que inclusive aparece en las exclusivas listas de la agencia Forbes en calidad de uno de los hombres más ricos del planeta.
El volumen que tanto interés está despertando (“sobre todo entre los jóvenes”) aporta nombres y apellidos de capos del narcotráfico en México, así como de funcionarios gubernamentales coludidos con la delincuencia, muchos de los cuales aún están en funciones. Describe con muchos detalles las redes de complicidad que encubren al negocio del tráfico de sustancias ilícitas y cómo, gracias a estas complicidades, se pudo llegar a la situación actual, en la que hay más de 40 mil muertos reconocidos oficialmente.
Como parte de esa red de complicidades y corrupción, Los señores del narco menciona la negociación fallida entre gobierno federal y cárteles del narco que se tuvo que interrumpir cuando “el narco mata al Secretario de Gobernación mexicano, Juan Camilo Mouriño”. Es una situación que Hernández no se limita a definir como dramática, sino que teme pueda empeorar mucho. ¿Una solución posible? “Una enérgica protesta ciudadana”, afirma la autora. En entrevista con Desinformémonos, Anabel Hernández abunda en estos temas, describiendo los errores del gobierno, el rol de Estados Unidos y narrando su propia vida en calidad de periodista “acosada por las autoridades”.
– ¿Por qué escribió Los señores del narco?
-Es un libro cuya idea nació a finales de 2005. Hice un viaje al llamado “Triángulo dorado” (zona comprendida entre los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua, en el norte de México, y considerada la “cuna” de muchos narcotraficantes mexicanos, N.d.R.) para investigar acerca de niños explotados y me encontré con una realidad muy distinta a la que creía. No es una explotación así como uno la puede imaginar, como una esclavitud, sino que es un rol que los niños han asumido durante décadas -y que asumen con mucho orgullo-. Asumen la tarea como ‘ya me va a tocar’. Luego me encontré con el ex director de la cárcel de Puente Grande, en Jalisco, Leonardo Beltrán Santana (quien fue encarcelado por la “fuga” de El Chapo en enero de 2001, y hoy ya está en libertad, N.d.R.), quien me contó acerca de El Chapo. Lo que terminó de convencerme fue el encuentro que tuve con agentes de la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA) aquí en México en mayo de 2006. Ellos me hablaron de la investigación que realizaban en contra del entonces Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, acerca de un presunto soborno que habría recibido por parte de los cárteles del narco. En el hotel Nikko de la Ciudad de México, en donde ellos (los de la DEA) suelen trabajar, me contaron que tenían infiltrada a la organización de Ignacio Coronel Villareal (alias Nacho, socio de El Chapo) y que justamente el infiltrado que tenían había escuchado hablar a El Chapo sobre el tema. Todo eso me convenció de escribir sobre el tema.

[continúa en la siguiente página]

Según la autora, hasta mediados del los años 80 el narcotráfico en México era un asunto controlado por el gobierno federal. “Esa relación se basaba en la corrupción y la complicidad entre las partes”, afirma. Sin embargo, poco a poco la situación fue cambiando.
– ¿Cómo y por qué cambia esa relación?
-Se podría decir que el gobierno controlaba al narcotráfico. El punto de quiebre para este cambio fue el poder económico que el narco adquirió. Mientras los narcos se dedicaban exclusivamente a sembrar y traficar marihuana y a la extracción de la goma de la amapola para producir heroína, su poder económico era muy limitado. Pero en los 80, cuando gracias a la intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) -en el marco de la Operación Irán-Contra- los narcos colombianos se vinculan a los mexicanos, éstos comienzan a traficar sustancias más valiosas, como la cocaína. Ejemplo de ello es el caso de El Chapo Guzmán. Cuando lo detienen la primera vez, en 1993 en Guatemala, el Chapo era un capo de quinta, sin ningún poder efectivo; inclusive era un estorbo para Amado Carrillo Fuentes (el llamado Señor de los Cielos, máximo narcotraficante mexicano a principio de los años 90 y líder del Cártel de Juárez) y, sin embargo, veo los documentos y en ellos descubro que El Chapo ya en ese entonces tenía mucha riqueza. Eso significa que con el nuevo negocio – la cocaína – inclusive los capos menos poderosos tenían muchos recursos. Es el poder económico de la cocaína (el) que cambia las asimetrías de las relaciones: comienzan a sobornar a policías, comandantes, políticos locales, gobernadores, hasta llegar a hoy, en donde el narco tiene bajo su control a buena parte del gobierno federal.
Hoy en día, Joaquín Loera Guzmán, alias El Chapo, aparece como el capo más poderoso de México e inclusive de Latinoamérica. Tras transcurrir los años 90 en las cárceles federales de México, el 20 de enero de 2001, un mes y medio después que Vicente Fox Quesada asumiera la presidencia de México -en calidad de primer Presidente emanado del Partido de Acción Nacional (PAN)-, El Chapo logra escaparse de la cárcel de Puente Grande.
– En Los señores del narco, se dice que desde el 20 de enero de 2001 El Chapo escaló muy rápidamente el poder entre las filas de los narcotraficantes gracias al apoyo de los gobiernos de Fox y de Calderón. ¿Por qué y cómo lo hizo?
– En 2006 publiqué el libro Fin de fiestas en Los Pinos, y en él documenté que Vicente Fox ya tenía relaciones con El Chapo antes de asumir la presidencia. Guanajuato (estado del que es originario Vicente Fox y en donde fue gobernador) es un territorio histórico de influencia del Cártel de Sinaloa. Desde que Fox gana la presidencia -el 2 de julio de 2000-, El Chapo, gracias a la ayuda de Miguel Ángel Yunez y Jorge Enrique Tello Peón, hoy ilustres panistas, se vuelve muy cínico y comienza a presumir que ya se iba. El primero de diciembre de 2000, Fox toma posesión como Presidente de México, y sólo tres semanas después el Chapo organiza su fiesta navideña en la cárcel: trae a su familia, que se queda en la fiesta durante tres días; pone los árboles navideños y las decoraciones; hace pintar todas las celdas. Esa era su fiesta de despedida. Es evidente que ya había un tácito acuerdo con el gobierno federal. El Chapo no se escapó de la cárcel, ¡fue el gobierno federal quien lo sacó y lo puso en libertad!
En septiembre de 2001, ya desde su estado de “prófugo de la justicia”, El Chapo Guzmán logra lo que “nadie había siquiera imaginado antes”: sentar a todos los principales capos del narcotráfico en México y formar una federación de cárteles. Este encuentro tuvo lugar en septiembre de 2001.
– Con la ayuda del Ismael Mario Zambada García, alias El Mayo, Guzmán logra reunir un cónclave de narcotraficantes. Y en esa reunión, mientras sus socios – El Mayo, El Azul (Juan José Esparragoza Moreno), entre otros – ponían sobre la mesa los territorios, las rutas, los contactos, los sicarios, El Chapo ofreció sólo una cosa: la protección del gobierno federal. Esa fue su aportación. Ese fue su capital. Es escalofriante porque es ahí en donde se propuso, también por primera vez, que la nueva ‘federación’ le hiciera la guerra abierta a otro cártel de la droga, el Cártel de Tijuana (de los hermanos Arellano Félix). Y, efectivamente, en febrero de 2002 es ejecutado el líder del Cártel de Tijuana (Ramón Arellano Félix) y en muy poco tiempo los Arellano Félix quedan desmembrados. Esto demuestra que la supuesta “guerra contra el narcotráfico” no es tal, sino que es una guerra entre cárteles en donde el gobierno juega el papel de aliado de una de las partes. 
Los que hoy mandan en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal son los que durante el gobierno de Fox estaban en la Agencia Federal de Investigación (AFI, hoy desaparecida). Y la AFI, justamente durante el gobierno Fox, trabajó como brazo armado del Cártel de Sinaloa. ¿Por qué digo “brazo armado”? Porque los de la AFI recibían llamadas directamente de los narcotraficantes, quienes los mandaban a detener gente. La gente arrestada no era entregada a las autoridades judiciales sino a los narcos para que los torturaran y los mataran. Eso ocurrió decenas de veces. Esos funcionarios hoy realizan el mismo papel pero desde los mandos del gobierno federal. Por eso, todos los “golpes” (detenciones) en contra de miembros del Cártel de Sinaloa son fuegos artificiales, apantallan nada más. Toda la gente que agarraron en estos años son ‘corcholatas’, como le dirían ellos: toda gente que no es indispensable para el buen funcionamiento del negocio y de la organización.
– En este contexto, ¿cuál es la verdadera estrategia del gobierno federal de México?
– Felipe Calderón sabe que no está haciendo ninguna guerra al narco. Ya lo comentó a sus asesores, sus amigos y algunos empresarios. Lo que le conviene es que El Chapo tome el control del narcotráfico. Según él, sólo así puede haber paz en el país. Lo ha dicho y, si lo niega, pues que lo sometan al detector de mentiras para ver si miente. Y aún así sabe que es mentira, inclusive su hipótesis, porque el grado de violencia que se desató a partir de diciembre de 2006 se debe en gran medida a que Calderón se quedó con la misma gente corrupta y contaminada del gobierno de Fox: Genaro García Luna (secretario de la SSP), Facundo Rosas Rosas (comisionado de la Policía Federal) y Luis Cárdenas Palomino (actual titular de la División de Seguridad Regional de la SSP). No sólo los dejó en el poder, sino que los elevó de nivel. En particular, Calderón asignó a Genaro García Luna el diseño de esta mal llamada “guerra al narcotráfico”. De la fichas de objetivos que la oficina de García Luna preparó se desprende muy claramente que la prioridad número uno de esta operación fue precisamente eliminar a todos los cárteles adversarios del Chapo. Por eso se desata la violencia, porque el estado toma un papel muy claro atacando a todos los enemigos de El Chapo. Me parece que desde el gobierno de Fox ha habido una ignorancia que raya en la demencia, y ésta es (el) haber creído que, porque durante décadas el narcotráfico en México no fue violento y no mostró su capacidad de fuego, no la tenía.
– Con tanta fuerza y poder, y además con la ayuda del gobierno, ¿por qué El Chapo aún no ha ganado la “guerra”?
– El gobierno, en su estrategia, menospreció al adversario. Por ejemplo, el Cártel del Golfo (hoy aliado de El Chapo, pero su acérrimo enemigo durante el gobierno de Fox) es un cártel histórico; siempre tuvo un gran control del territorio, desde hace décadas. El gobierno pensó que ayudando Guzmán a invadir Tamaulipas (territorio del Cártel del Golfo) con sus fuerzas – Ejército y Policía Federal – iba a quitarle muy fácilmente el territorio a los del Golfo. Calcularon mal: esta acción de apoyar a una parte causó que los demás cárteles se armaran aún más. Los hoy temidos Zetas eran sólo la escolta del entonces jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. A ese capo le gustaba presumir su escolta, compuesta por ex militares de élite de los cuerpos especiales mexicanos (del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE). Le gustaba presumir que el ejército mismo lo protegía. Eran treinta en origen y sólo los utilizaba con esa función, pues no eran ni brazo armado, ni paramilitares. Cuando comienza la guerra del gobierno y Osiel Cárdenas ve que El Chapo tiene a su propio ejército – las fuerzas federales – decide hacerse del suyo y refuerza las filas de los Zetas. De treinta pasan a ser cientos, y no sólo mexicanos sino también los temibles kaibiles guatemaltecos. La resistencia inicial que ofrece el Golfo, el hecho de que tenía a ex militares inclusive entrenados por Estados Unidos, provoca que -a su vez- el Cártel de Sinaloa de refuerce y comience a contratar a otros sicarios, e involucran a los Maras Salvatruchas. Es una escalada de violencia que se traduce en el paulatino enrolamiento de sicarios y matones en ambas partes en conflicto. Esta escalada de violencia se traduce también en nuevos métodos de tortura y de asesinato: descuartizamientos, decapitaciones, etcétera, cosas que antes ni se veían y que son provocadas por la intervención partidaria del gobierno. 
Tengo en mi posesión cartas que los Zetas envían al gobierno en el que se quejan de que esta guerra no está siendo “honorable”. Su visión delincuencial no perdona – y nunca lo harán – que el gobierno federal se haya metido en la guerra tomando partido. Ellos tienen claro el papel del Estado: un jugador imparcial que combate a todas las partes. Pero que haya querido ayudar a una parte, eso no lo perdonarán nunca. He hablado con gente cercana a Heriberto Lazcano Lazcano, alias El Lazca (líder del hoy Cártel de Los Zetas), que dice que este hombre está decidido a incendiar al país antes que perder la guerra. Me parece que el gobierno federal no entiende, primero, la mentalidad delincuencial de esta gente (los narcotraficantes), y luego no tiene una clara idea de la capacidad de fuego de los cárteles. Esta gente no ha tirado al avión presidencial o no ha matado un secretario de estado sólo porque no quiere.
La mención de Anabel Hernández hace pensar inmediatamente en el accidente aéreo del 4 de noviembre de 2008, en el que murió Juan Camilo Mouriño, entonces Secretario de Gobernación de Felipe Calderón. A pregunta expresa acerca de quién mató a Mouriño, la periodista mexicana no tiene la menor duda y responde: “Es claro que fue el narcotráfico. Fue El Mayo Zambada, como reclamo por un pacto no cumplido”.
– ¿Por qué lo afirma con tanta certeza?
– Eso lo tengo muy corroborado, tanto por gente cercana a la familia del ex Secretario como por testimonios de gente cercana a El Mayo Zambada. Calderón lo sabe muy bien. El rostro del Presidente cuando comunicó esa noche (el 4 de noviembre de 2008) la muerte de su amigo y Secretario, y el mismo rostro durante los homenajes oficiales a Mouriño, lo dice todo. Cuando menos
ésta es la interpretación de los familiares de Mouriño.
Recientemente una “amistad” de Mouriño se acercó a mí para confirmarme que esta versión responde a la verdad. Me contó que los familiares del ex Secretario tuvieron tres encuentros con el Presidente Calderón. En el primero, Calderón afirmó que fue accidente, respetando la versión oficial. En el segundo encuentro, frente al reclamo de los familiares -quienes preguntaban quién había matado a Mouriño-, Calderón habría dicho “no sé”. Ya en un tercer encuentro, Calderón habría contestado a las mismas preguntas con estas palabras: “¿De verdad quieren que investigue quien mató a Juan Camilo?” Los familiares, invadidos por el miedo, dijeron que no, que así estaba bien, que la gente creyera la versión del accidente. Estamos hablando de una gran simulación. Uno puede entender los errores del gobierno en buena fe, uno puede pensar que son incapaces, ingenuos o mal preparados. Inclusive, uno puede pensar que son engañados. Pero este gobierno ni está engañado, ni es ingenuo, ni está actuando de buena fe.
– En Los señores del narco usted habla de una presunta negociación entre el gobierno y los narcotraficantes, que habría encomendado justamente Mouriño a un ex general del Ejército -que en libro se señala como el “General X”-. ¿Cómo terminó esa negociación?
– Ese proceso (la negociación) se interrumpe porque, mientras en el General X lleva a cabo su tarea, su referente y mandante, Juan Camilo Mouriño, se muere. Y es así como sale pública esa historia, porque el General X estaba preocupado acerca de qué iba a pasar. Todos sabían de la misión -en el Ejército, Calderón mismo- pero cuando muere Mouriño nadie quiere tomarse la responsabilidad de la operación. Y el general se queda con toda esa información – y posiblemente algunos compromisos – sin saber qué hacer con ello; todo se quedó en el aire. La intención de esa negociación era “escondan a sus muertos”. Les dijeron (a los narcotraficantes) “no les vamos a decir cómo matar sus enemigos, pero no los expongan porque nos están espantando a la inversión extranjera, el mundo nos voltea a ver”.
La identidad del llamado “General X” es secreta. Sin embargo, el semanario mexicano Proceso reveló (el 5 de diciembre de 2010) que, según sus investigaciones, ese general no podía más que ser el mal afamado Arturo Acosta Chaparro, anteriormente encarcelado por nexos con el entonces Señor de los Cielos y también involucrado en la llamada guerra sucia en la que -durante los años 70- murieron decenas de activistas sociales mexicanos. A pregunta expresa, contesta tajante: “A eso no puedo contestar”.
– A pesar de los nexos con los narcotraficantes que usted menciona, Calderón no parece tener la situación bajo control; vienen también las elecciones presidenciales de 2012…
– Calderón habría dicho a sus amigos que ya quiere irse. No está ya entendiendo cuál es su papel como Presidente. Si Calderón -como todo parece indicar- está siendo chantajeado, pues que renuncie, porque no por ser víctima de chantaje va a poner en peligro a todo el país. Mis fuentes, inclusive algunas cercanas a los líderes del Cártel de Sinaloa, me comentaban que este año (2011) iba a ser sangriento desde el principio. Inclusive los capos, me dijeron, estarían comenzando a preocuparse por el descontrol que está habiendo en las células de los cárteles. Los nuevos integrantes de los cárteles, comenzando por los llamados ‘narcomenudistas’ (los vendedores de droga al menudeo), ya están comenzando a pensar solos. Ni conocen a El Chapo ni lo respetan. Tienen control territorial y se están enriqueciendo muy rápidamente. En consecuencia se están armando mucho. Un ejemplo fue el cerco que realizaron en Guadalajara (segunda ciudad más grande mexicana) hace un mes (el primero de febrero de 2011). No eran grandes cárteles, fueron unos veinte muchachos, casi todos menores; fue un grupo menor, desconocido. Lo mismo pasa en la periferia de la Ciudad de México. Esta llamada guerra se está convirtiendo en una guerra territorial, casi cuadra por cuadra, por el control del mercado. Y el gobierno federal no hace nada. Si es así, la ingobernabilidad podría aumentar, pues ni los cárteles ya tienen control sobre su gente: muchos Maras ya se independizaron, así como existen ya muchos desprendimientos en las filas de los Zetas. La violencia está escalando y nos acercamos a un punto en que nadie la va a poder controlar.
Una medida que caracterizó a la “guerra al narcotráfico” del actual gobierno de Felipe Calderón fue el uso intensivo de las Fuerzas Armadas. El Ejército Mexicano, así como la Armada de México, juegan hoy un rol protagonista en el conflicto entre los cárteles mexicanos.
– ¿Cuál es el rol del Ejército en toda esta situación?
– De acuerdo a mi investigación, el actual Secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, es una persona muy débil; no es apto para el rol que es llamado a cubrir. Lo que encontré fueron casos aislados de corrupción, casos de infiltración, pero -a diferencia de la SSP- no encontré una infiltración institucional. En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hay partes contaminadas por la corrupción, pero no toda la estructura. Lo que sucede es que Genaro García Luna es el estratega de toda la llamada “guerra”; la Sedena no tiene influencia en esa estrategia. Aún así, García Luna los pone en la primera línea de fuego. Esta situación está incomodando mucho a los militares, pues se sienten como “carne de cañón”. En las reuniones del Consejo de Seguridad Pública, Galván Galván es callado por el mismo Presidente cuando intenta discrepar con algo. Esta situación le está quitando mucha legitimidad al titular de la Sedena entre las filas de sus subordinados. A pesar de eso, el ejército es muy estructurado y tiene una mentalidad muy institucional, por eso será difícil una crisis interna de gran tamaño. Lo que sí está sucediendo es que muchos jefes militares de zona están comenzando a preguntar “¿y a nosotros qué?”. Lo que sucede entonces es que los militares están comenzando a cobrar “botines de guerra”: en muchos operativos realizados por la Sedena se dan excesos como abusos sexuales, robos, asaltos.
El Ejército Mexicano, es notorio, está muy ligado a los mandos militares de Estados Unidos (EU). Sus oficiales están siendo entrenados en el país vecino y, según fuentes periodísticas y académicas, el gobierno de EU estaría influenciando fuertemente al actuar de las fuerzas de seguridad mexicanas.
– Y entonces, ¿qué rol juegan los Estados Unidos en esta “guerra”?
– Los Estados Unidos saben muy bien que hay mucha discrepancia entre SSP y Sedena. Saben, por ejemplo, que el Ejército no quería que García Luna fuera nombrado Secretario de Seguridad Pública, pues conocía de su corrupción. Mis fuentes confirman claramente que EU no confía en el Secretario de Seguridad Pública. EU se lo dijo en más de una ocasión a Calderón, pero éste siempre se negó a removerlo. Me queda claro que EU tiene confianza en las Fuerzas Armadas, pero no en García Luna. Las declaraciones de Hillary Clinton en su reciente gira en México (a finales del mes de enero) son de fachada, es su rol. Mi impresión es que EU da la palmadita a Calderón pero prepara el garrote. Supe de mis fuentes que EU le dijo a México que la situación, especialmente en la frontera, ya es insostenible y, al parecer, propusieron que o México le pone un remedio radical o se tendría que aplicar las medidas adoptadas en Guatemala por el presidente Álvaro Colom: sellar la frontera y crear un estado de sitio en la zona. Como siempre el gobierno de EU no calcula las consecuencias de sus políticas, porque -en efecto- ahora el narcotráfico en México, para Barack Obama, ya no es sólo un problema de seguridad nacional, sino un problema político. En EU, sobre todo los Republicanos están haciendo una fuerte campaña en contra del Presidente por el problema del narco en México. Y, en efecto, es cierto: ya está habiendo incursiones violentas de los cárteles mexicanos en territorio estadounidense. La verdadera postura del gobierno de EU hacia México se refleja más en las declaraciones de los funcionarios del Pentágono que en las declaraciones de Hillary Clinton. El asesinato del agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de EU, Jaime Zapata, los debe tener muy molestos. ¿Quién sabía a dónde iban esos dos funcionarios estadounidenses? Si fue un atentado, como parece ser, el atentado es el resultado o de una filtración directa del embajada (de EU) o de algún funcionario del gobierno federal mexicano. Alguien tuvo que decirlo.
Según Anabel Hernández, la actual situación está demostrando que nadie en este país está capacitado para combatir de manera violenta al narcotráfico. “No digo que no haya que combatir a los cárteles, pero me pregunto por qué no comenzar por los pilares, por los cimientos que soportan al narcotráfico: banqueros, empresarios, funcionarios corruptos, el Secretario de Seguridad Pública y su equipo”. Y añade: “No necesitarían disparar ni una bala, sólo sería suficiente hacer auditorías, detener a los responsables, incautar bienes y capitales. Con eso, el narcotráfico no desaparecería de inmediato, pero se minarían sus bases. En mi investigación me queda claro que ni El Chapo, ni los Beltrán Leyva (del cártel homónimo), ni El Mayo Zambada, ni El Lazca, ni nadie de estos delincuentes, serían nada sin ese apoyo económico y político. Esta gente no terminó la primaria, apenas saben leer y escribir…no valen nada sin ese apoyo. Si se quiere hacer una verdadera guerra, ¿por qué no atacar esos pilares primero?”.
– Hablando de esos “pilares”, ¿cuál es la relación entre narcotráfico y economía formal en México?
– No sé en qué proporción, pero creo que el narcotráfico contamina y sostiene muchas de las súbitas fortunas de los llamados “nuevos” empresarios mexicanos. Existe una economía sólida que no depende de ese dinero (del narcotráfico), pero muchas empresas sí dependen del dinero del tráfico de drogas. Los bancos, por ejemplo, dependen muchísimo de esa riqueza. Hay tres ejemplos claros de cómo la economía puede depender de ese dinero: Ciudad Juárez, Monterrey y Guadalajara. Esa violencia interna que de pronto brota en esas ciudades no creció ayer ni anteayer; esa violencia siempre estuvo allí. Hoy estalla y se manifiesta porque se quebró algún equilibrio interno, no porque no hayan existido antes. Sin duda hay una parte de la economía mexicana que depende del narcotráfico, y es allí justamente en donde la sociedad mexicana tiene una función que cumplir: resistir a ese dinero. 
Me contaron muchos casos de gente que vendió su casa al triple del precio; o de concesionarias de automóviles que vendieron lotes enteros de autos pagados en efectivo. ¿Y la gente no se pregunta de dónde viene ese dinero? ¿Es eso posible? Hay que decirlo: una parte de la sociedad mexicana vivió un tiempo extendiendo la mano, recibiendo ese dinero (y) cerrando los ojos. Una parte de la sociedad estuvo viviendo de ese dinero “sucio” y hoy se quejan de “qué pasa en México”. “Pasa que aceptaste pagos enormes, que aceptaste al edificio de enfrente, aceptaste al narcomenudista, aceptaste al prepotente”…y nadie dijo nada, pues había beneficios. Es la maldita costumbre de pensar que, si la corrupción salpica, pues “que nos salpique a todos”, con la diferencia que hoy salpica sangre.
Actualmente, no se sabe a ciencia cierta cuántos muertos ha causado el conflicto entre cárteles en México. Cifras periodísticas hablan de varios miles de muertos asesinados. En enero de 2011, el Gobierno Federal mexicano publicó por primera vez unos documentos en los que reconoce la muerte de poco más de 34 mil personas por hechos violentos vinculados al enfrentamiento entre cárteles. Inclusive, en los documentos oficiales, el Gobierno trata de ofrecer datos relativos a muertos por ejecución, civiles muertos (otrora definidos como “efecto colaterales”), etcétera. Sin embargo, Anabel Hernández tiene una opinión distinta.
– Diferenciar a los muertos por “tipología” sería hacerle un favor al gobierno. Creo que hay que decir que los 43 mil muertos (la periodista suma también las cerca de nueve mil muertes sucedidas durante el gobierno de Vicente Fox) son todos inocentes mientras no haya un juicio que demuestre las responsabilidades de cada uno. Convoco al gobierno a demostrar cuántos tenían averiguación previa, cuántos ya fueron condenados. El gobierno no habla claramente: no se trata de ejecuciones sumarias, no se trata de que ya te dieron ochos balazos y entonces ya eres delincuente. Hoy, cualquier persona que muere por más de tres balazos es “delincuencia organizada” y cae en el costal de la impunidad. Nadie investiga porque ya eres “delincuencia organizada”, ya existe la suspicacia de que andabas en malos pasos. Eso es infame. La sociedad se va acostumbrando y los medios de comunicación masiva promueven eso.
Anabel Hernández no esconde que el panorama de la actual situación es dramático. Sin embargo, también reconoce elementos de esperanza. Entre éstos, reconoce el rol que los jóvenes pueden hoy jugar.
– Lo que me conforta es ver a todos los jóvenes que llegan a la presentación del libro que estoy realizando en el país. En ellos veo la esperanza de que no todo está perdido. Ellos vienen y me preguntan qué hay que hacer. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que esta situación es todavía un foco de infección muy definido, no aún un cáncer que afectó a todo el cuerpo social. Esa es mi aportación con el libro: ubicar a esos focos de infección. No los ilustro a todos, sólo a algunos. Ahí están, con nombres y apellidos: funcionarios, empresarios, etcétera. Lo que me preocupa es que el foco de infección se vaya esparciendo y contamine a toda la sociedad. Creo que estamos en un momento clave de definición, si acabamos con el problema o no. Lo que me queda claro es que “los señores del narco” no van a resolver el problema, no van a hacer nada. Todo está en manos de la sociedad; esperaría una protesta ciudadana muy enérgica. Si hay países como Guatemala, Perú, Chile, Argentina o Brasil, que han dado ejemplo llamando a sus funcionarios al banquillo de los acusados a rendir cuentas, ¿por qué en México no podemos hacerlo? Son esos jóvenes que veo quienes pueden hacerlo.
En un país como México, en el que el ejercicio periodístico es objeto de represión y violencia (tal y como lo demuestran las cifras de muertes y desapariciones, pero también la evidente autocensura que sufre la prensa en México, particularmente en las zonas de mayor conflicto), publicar un libro como Los señores del narco puede exponer a su autora a represalias. A este respecto, Anabel Hernández afirma tener miedo.
– Confieso que, desde diciembre a la fecha, cuando ando por la calle y veo una motocicleta con dos personas, pienso que (me) van a matar. Traigo escolta que me proporcionó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tras denunciar que se estaba preparando un atentado en mi contra por parte presuntamente de la SSP. Levanté una denuncia el 13 de diciembre de 2010 tras recibir la información por parte de una fuente, que me contó de una conversación entre funcionarios de la SSP acerca de indicaciones que García Luna habría girado a los nuevos reclutas para que me atentaran a la vida haciéndolo parecer un asalto o un accidente, a cambio de un aumento de sueldo y de puesto. En un principio no me lo tomé muy en serio, pues son al menos tres años que García Luna me persigue, pero luego sí me asusté. Es irónico, pero le tengo más miedo al gobierno que los cárteles de la droga. Puede que diga una obviedad, pero creo que para los colegas (periodistas) que viven en zonas como Ciudades Juárez es mucho más difícil el oficio. Para quien, como yo, vive en la Ciudad de México y publica en medios nacionales, es mucho más fácil criticar a quienes (periodistas) no firman las notas o quienes deciden no hablar de ciertos temas. Al mismo tiempo, sin embargo, creo que los periodistas no podemos rendirnos, inclusive quienes están en la línea del fuego. Creo que sería mejor inclusive renunciar al ejercicio periodístico si no estamos dispuestos a ejercerlo en su totalidad. No me refiero a morir por ello, pero sí tenemos que hacer valer nuestra voz incluso frente a los narcotraficantes y a los funcionarios corruptos. Finalmente, en la mayoría de los casos de homicidios de periodistas hay más sospechas sobre funcionarios públicos que sobre los propios delincuentes. Por lo tanto, me parece que los periodistas deberíamos hacer un frente común de verdad para defender nuestro oficio y dignidad. Si no confiamos en nosotros nos van a matar a uno a uno.
Un periodista muerto es primero un ser humano y luego un colega. Esto debería empujarnos a hablarnos (entre periodistas) y dejar a un lado el egoísmo que veces nos caracteriza. Creo que los periodistas de verdad – no los que aparentan serlo y conducen programas televisivos y radiofónicos -, los que nos dedicamos a reportear y a investigar las cosas, tenemos que rescatar a nuestras voces, también en las redacciones en donde trabajamos. Efectivamente no somos ricos, no somos los dueños de los medios, ni siquiera estamos en la dirección, pero sin nuestro trabajo esos medios no podrían existir. Los periodistas tenemos que hacer valer nuestra voz, aunque significa a veces renunciar al medio en donde trabajas. Ya basta de concesiones: si existe un trabajo bien hecho, sustentado y documentando, no tiene por qué no ser publicado.

Ciudad Juárez, la esperanza en el desierto

16 febbraio 2011 2 commenti
El presente artículo fue publicado en periodico español Diagonal el día 17 de febrero de 2011
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El 31 de enero, en Ciudad Juárez, cientos de personas se reunieron para recordar la masacre acontecida
hace un año y que provocó el asesinato de 16 estudiantes, en su mayoría menores de edad. En la madrugada de ese domingo del año 2010, un comando armado irrumpió en una fiesta en la colonia de Villas de Salvárcar y sin mayor explicación acribilló a los jóvenes que ahí estaban reunidos. El impacto de esa enésima masacre fue tremendo. No sólo por el evidente dolor provocado a los familiares de las víctimas y a la sociedad entera, sino sobre todo porque fue el principio de una larga serie de asesinatos que tuvo como objetivo a jóvenes estudiantes de esta y otras ciudades de México.
Para provocar que aumentara la tensión de aquellos días, sirvieron también las declaraciones del presidente de México, Felipe Calderón. Desde Japón, en donde se encontraba de viaje oficial, tuvo la osadía de declarar que la masacre no era otra cosa que un ajuste de cuentas entre bandas de pandilleros. La reacción no se hizo esperar y es quizás por esa reacción que hoy, en Ciudad Juárez, a pesar de la tremenda ola de violencia, la gente ya no tiene miedo. Las reacciones de la sociedad civil –que han comenzado por las mujeres-madres, hermanas e hijas de los asesinados– no dejaron de coincidir con cada injusticia perpetrada por la criminalidad organizada, pero sobre todo por la ineficiencia y las múltiples omisiones de las autoridades mexicanas que, aquí en Juárez, han substancialmente dejado en mano de los pistoleros y de los grandes capos del narco la gestión del territorio.

“La guerra al narcotráfico”

De esta forma, los periódicos mexicanos e internacionales pintan a Juárez como a la ciudad más violenta del planeta. Así la describen también las estadísticas acerca del número de personas asesinadas cada año, cada mes, cada día. Según datos oficiales, ofrecidos a principios de este año 2011 por el secretario técnico de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré en la ciudad fronteriza de México habrían sido asesinados 2.377 personas en 2010. Dichas muertes serían parte de los más de 15.000 asesinatos relacionados con la llamada “guerra al narcotráfico” registrados el año pasado. De ese total asombroso y que muestra una aumento vertiginoso de muertes relacionadas con los carteles del narcotráfico en relación al año anterior –1.462 en 2009–, una tercera parte habría ocurrido en el Estado de Chihuahua, donde Ciudad Juárez se encuentra.
Y, sin embargo, estos datos no logran describir a plenitud la realidad de esta ciudad incrustada en el desierto y que hoy está completamente en mano de la criminalidad organizada. El escritor y periodista estadounidense Charles Bowden publicó recientemente un libro que describe con tremenda crudeza a la ciudad. El título: La ciudad del crimen. Bowden describe las frecuentes muertes en esta ciudad como
“un estilo de vida” y comenta que los habitantes de Ciudad Juárez, los juarenses, hoy no se ponen el problema de la muerte en sí, sino de lo que puede pasar antes de morir. Tortura, degollamientos, descuartizamientos, y todo tipo de injuria que se le puede hacer en un cuerpo humano son las huellas de estos asesinatos por mano, oficialmente, de los carteles de la droga que se pelean por unos de los territorios más codiciados por los negocios ilícitos promovidos por el ya débil Cartel de Juárez y su mayor contrincante, el malafamado capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Los ‘juventicidios’

De la misma manera, los datos oficiales tampoco logran describir a plenitud otras muertes que recorren
las calles acosadas de la ciudad. Éstos son los asesinatos de mujeres, los llamados feminicidios; las muertes de jóvenes –el llamado ‘juventicidio’– por mano, en este caso sí, de la delincuencia pero también por parte de las fuerzas del orden llamadas a garantizar la seguridad en el territorio. A esta lista se suman las muertes de migrantes anónimos en su recorrido final a Estados Unidos y, por último, los asesinatos de periodistas. Es igualmente difícil describir a otros “efectos colaterales” de tanta violencia, como son las, al menos, 15.000 viviendas abandonadas por ciudadanos que, frente a la muerte, optan por abandonar a la ciudad.
En cuatro años de gobierno –desde diciembre de 2006–, el Gobierno Federal mexicano ha logrado implementar cuatro programas especiales para la ciudad. El primero fue lanzado el 27 de marzo de 2008 cuando el Gobierno oficializó el Plan Conjunto Chihuahua que llevó al ejercito mexicano a ocupar las calles de esta y otras ciudades del Estado. El fracaso evidente de esta estrategia, impulsó que en enero de 2010 el Gobierno promoviera un segundo plan que utilizara la Policía Federal (PF) en Juárez. Sin embargo, la matanza de Villas de Salvárcar obligó al Gobierno a impulsar una “estrategia global” para la ciudad: “Todos somos Juárez”. El programa, fundamentado en operativos policíacos, junto a otros “programas sociales” de alto impacto, cumplió un año este mes de febrero y, según admiten las autoridades, fracasó.
Hoy, tras la muerte “por error” causada por mano de la PF que se encargaban de la labor de escolta del alcalde de la ciudad, el Gobierno lanza el enésimo plan de seguridad que prevé, entre otras cosas, “mantener al ejército en las calles de Ciudad Juárez”. No obstante, la confianza en la autoridad se perdió hace mucho. Eso sí queda la esperanza generada por la renovada voluntad de lucha y rescate que la ciudadanía está demostrando. Dos luchadoras sociales se han quedado en el camino: Josefina Reyes, asesinada el 3 de enero de 2010, y Susana Chávez, asesinada el 11 de enero. Sin embargo, ya lo dijimos: los juarenses han perdido el miedo y el futuro aparece cada vez más en sus manos.
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Los femincidios, no sólo ocurren en Juárez

Ciudad Juárez se ha vuelto tristemente famosa a partir de finales de los años ‘90 cuando los datos acerca del llamado feminicidio comenzaron a describir un patrón del fenómeno. Los carteles del narcotráfico, el patriarcado, los ritos satánicos, el tráfico de órganos, las películas snuff, los asesinos en serie, los ‘sexo turistas’ de la vecina ciudad estadounidense de El Paso, la maquiladora. Todos culpables según distintos análisis y puntos de vista.
Sin embargo, a pesar de la deficiencia de datos fidedignos, debida a la falta de voluntad política de los gobiernos locales de registrar el fenómeno, a su difícil tipificación y a la dificultad de “distinguir” las decenas de muertes que ocurren diariamente en el país, es posible afirmar que no sólo Juárez es teatro de este tremendo delito.
Según el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) en más de 80 municipios del Estado de México, colindante con la Ciudad de México, la tasa de homicidios dolosos contra mujeres es superior a la media nacional y en Toluca –capital del Estado– los índices son superiores a los de Ciudad Juárez. Estas estadísticas desmiente la creencia de la posesión del récord de Juárez, además, se presentan los datos ofrecidos por el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), el cual reporta que en 2009, de los 459 feminicidios registrados, 89 habrían sucedidos en el Estado de México, seguido del norteño Chihuahua (71), el Distrito Federal (46) y el norteño Baja California (45).
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La ‘presencia’ del presidente Calderón en la ciudad

Tras las declaraciones, que quiso adjudicar la masacre de Villas de Salvárcar de enero de 2010 a un “pleito entre pandilleros”, el presidente mexicano Felipe Calderón visitó tres veces la ciudad fronteriza el año pasado para promover el plan que pomposamente llamó “Todos somos Juárez”. La visita que todos los mexicanos recordarán fue la primera. El 9 de febrero, diez días después de la matanza, Luz María Dávila –madre de dos de las víctimas– logró burlar al cerco de seguridad de la reunión y confrontó al presidente frente la mirada atónita de la platea complaciente. “Yo hoy no le puedo dar la mano y decirle que es bienvenido, pues no lo es”, le dijo. “Pónganse en mi lugar a ver que siento yo”, continuó. Calderón asintió y Luz María le espetó: “No diga ‘por supuesto’, y ¡haga algo por Juárez!”.

El Banco Santander, salpicado por blanqueo de dinero

16 settembre 2010 Lascia un commento
El presente artículo fue publicado en periodico español Diagonal el día 16 de septiembre de 2010
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El banco de Santander está siendo investigado por posible blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, según reveló en agosto la revista financiera de EE UU Bloomberg Markets Magazine (BMM). La publicación señala en un reportaje que diversas entidades bancarias transnacionales de Europa, Estados Unidos y México han blanqueado miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico.
El reportaje revela que Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Union habrían realizado operaciones financieras utilizando dinero procedente
de las actividades ilícitas de los cárteles del narcotráfico mexicanos. Si bien tanto el reportaje
mencionado como las mismas autoridades estadounidenses no han abundado en la información acerca de las investigaciones, documentos obtenidos por el periódico mexicano La Jornada desvelan que en marzo pasado las autoridades fiscalizadoras de Estados Unidos
habrían pactado un acuerdo con Wells Fargo (desde 2008 dueño de Wachovia) por no haber vigilado actividades sospechosas de lavado de dinero por parte de los narcos.

Aviones para llevar cocaína

Entre estas actividades estarían la gestión de fondos que sirvieron para comprar cuatro aviones que transportaron 22 toneladas de cocaína. En otro caso, Bank of America fue encontrada responsable de haber manejado el dinero necesario para la compra del DC-9 que el 10 de abril de 2006 fue secuestrado por autoridades mexicanas con 5,7 toneladas de cocaína en su interior. Otro caso fue el de Western Union, que fue condenado a pagar una multa de 94 millones de dólares porque sus empleados en Estados Unidos resultaron ser culpables de recibir sobornos por parte de presuntos narcotraficantes a cambio de permitir el traslado de
fondos de manera ilícita, es decir con nombres ficticios.
Por su parte, el banco Santander aparece en la lista de instituciones investigadas junto a otros bancos, entre los cuales aparecen Citygroup (dueño en México de Banamex) y HSBC. Según el autor del reportaje de BMM, Michael Smith, los bancos de Estados Unidos, México y la
Unión Europea habrían permitido que a través de sus cuentas los narcotraficantes
mexicanos movieran al menos 39.000 millones de dólares en los últimos 20 años.
Aunque el Santander y las otras instituciones figuren sólo en calidad de “supervisadas” todas aparecen involucradas de alguna manera y ninguna, sin embargo, ha sido cuestionada acerca de sus prácticas. En este sentido, sólo Wells Fargo habría admitido que desde 2004 es consciente del riesgo de ciertas operaciones aunque no las haya impedido o controlado con mayor atención. Dicha admisión fue la que permitió al grupo financiero estadounidense llegar a acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por los cuales el banco se compromete a reformar sus sistemas de vigilancia y a pagar una multa de 160 millones de dólares.
Según el fiscal Jeffrey Sloman, encargado del caso, “la flagrante desatención de nuestras leyes bancarias por Wachovia otorgó una virtual carta blanca a los cárteles internacionales de cocaína para financiar sus operaciones al lavar por lo menos 110 millones de dólares en ganancias de la droga”. La responsabilidad de Wachovia está probada por las declaraciones del ex director de su unidad antilavado, Martin Woods. El ex empleado del grupo estadounidense declaró a la revista fundada por el hoy alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que renunció a trabajar en la empresa tras denunciar la presencia de dinero sospechoso y ser invitado a “dejar el asunto”. Más adelante, Woods dijo: “Es el lavado de dinero de los cárteles por los bancos lo que financia la tragedia. Si uno no ve la correlación entre el lavado de dinero por los bancos y las 22.000 personas asesinadas en México, no entiende de qué va la cosa”.

La fallida guerra contra el narco

1 aprile 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el número 123 del periodico español Diagonal el día 3 de abril de 2010
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El 31 de enero pasado, en la madrugada, un comando armado hizo irrupción en una casa privada, en la periferia de Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos. En esa casa se estaba llevando a cabo una fiesta entre adolescentes. El comando irrumpió, separó a hombres y mujeres. Éstas, en su mayoría menores de edad, fueron inmediatamente alejadas de la casa. Los hombres, en cambio, fueron obligados contra una pared. Con los adolescentes en fila, los agresores dispararon con sus armas largas. El resultados: 16 muertos – todos menores de edad, excepto dos – y decenas de heridos.
La matanza de este grupo de adolescentes revivió, si fuera necesario, el asombro y la indignación de parte de la sociedad mexicana frente la ola de violencia que se registra en México a raíz, se dice, de la llamada ‘guerra al narcotráfico’ promovida desde la presidencia de la república mexicana, es decir por decisión del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Según datos del mismo gobierno mexicano, a partir de la actual administración, en diciembre de 2006, y hasta la fecha se contarían más de 18mil muertes ligadas a dicha ‘guerra’. Según fuentes periodísticas, pero, el dato resulta de mayor impacto, pues la frecuencia de dicho asesinados es en aumento: si en 2007, las primeras mil muertes se alcanzaron en 134 días, en este año pasaron sólo 34 días para que las estadísticas registraran los primeros mil asesinados.
La matanza de Ciudad Juárez del pasado 31 de enero no es la última ni la más grave que haya ocurrido en los últimos meses. Sin embargo ha sido y siegue siendo en estas semanas una razón más que suficiente para dirigir especial atención tanto a esta ciudad fronteriza, ya golpeada por el triste fenómeno del feminicidio – por cierto, ya no exclusivo de esta ciudad -, como al estado de Chihuahua, entidad federal escenario del más elevado porcentaje de homicidios del país. En efecto, se calcula que hasta una cuarta parte de todos los homicidios cometidos en lo que va de la actual administración habrían sucedido justamente en este estado norteño.
Frente esta situación, e inclusive desde las filas del gobierno o del partido que lo sostiene, el Partido de Acción Nacional (PAN), se desprenden las críticas acerca de la que muchos ya definen ‘estrategia fallida’ del gobierno mexicano. Dicha estrategia, según los críticos de las distintas partes políticas, encontraría su fracaso en la decisión gubernamental de centrar la represión hacia la delincuencia organizada en la sola vía militar: despliegue del ejercito federal (en clara violación al texto constitucional) en contra de los carteles del narcotráfico; promoción de reformas legislativas que amplían facultades y poderes de las fuerzas del orden; fuerte e intensa campaña mediatica de respaldo tanto a las acciones de las fuerzas armadas (por otros sectores acusadas de repetidas violaciones a los derechos humanos) como de criminalización o desprestigio de toda organización social autónoma e independiente de las intenciones gubernamentales.
Desde la sociedad civil de Ciudad Juárez se ataca al gobierno federal mexicano. “No hace nada”, gritan. “El gobierno mexicano tiene 16 mil 217 elementos en Juárez: 8 mil 500 son soldados, 4 mil agentes de la Policía Federal, 2 mil 850 policías municipales, 487 preventivos estatales y 380 agentes ministeriales”, y sin embargo, denuncian, “60mil familias en los últimos tres años tuvieron que abandonar la ciudad”. Es más: “Hay cerca de 10mil menores de edad en estado de abandono, pues sus familias murieron en esta guerra absurda”. Tras tanta indignación y protesta, finalmente el gobierno mexicano tuvo que responder proponiendo un cambio de estrategia: programas sociales, inserción laboral, prevención del delito. Todo “para recomponer el tejido social”, según el propio Calderón.
No obstante lo anterior, desde la sociedad civil mexicana se levantan ya las dudas y las críticas al gobierno mexicano. Éstas van desde las consignas de las marchas de estas semanas en Ciudad Juárez como son “Calderón mentiroso y farsante” hasta las acusaciones abiertas pronunciadas por las organizaciones cívica de Juárez: “El gobierno federal encubre paramilitares y escuadrones de la muerte”, en referencia a las matanza de jóvenes – última, pero no única, la del 31 de enero. Por otro lado, vale la pena retomar una declaración del noviembre de 2008, en la que el Ejercito Revolucionario Popular Insurgente – grupo guerrillero activo – acusaba a Calderón de esta forma: “Hoy se siembra un terror de Estado que lleva la consigna de ‘guerra al narco’; en realidad se trata de una estrategia multifacética del régimen calderonista que tiene en la violencia y la impunidad su norma. Ante la poca legitimidad y la falta de credibilidad de que goza, el gobierno panista busca controlar a su favor (no desaparecer) el mercado de las drogas, dentro de un contexto de crisis económica aguda. Para esto criminaliza e intimida a las organizaciones sociales y formaliza las estructuras y prácticas mafiosas ya existentes en muchos cuerpos policiacos, y crea códigos judiciales (verdaderos códigos de guerra que consideran enemigo a cualquiera que quiera acusar de delincuente) para imponer su terror”. Ahí está la duda entonces. ¿Hasta qué punto la estrategia es fallida? ¿Estamos en la vía definitiva de la colombianización de la sociedad mexicana?

Dudas sobre los objetivos de ‘la guerra al narco’

3 settembre 2009 1 commento

El presente artículo fue publicado en el periodico español Diagonal el día 3 de septiembre de 2009
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En la actual ofensiva militar del Gobierno mexicano en contra de las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, la llamada “guerra al narco”, aparecen cada vez más sombras. Y muchas dudas. Las sombras pertenecen sobre todo al ámbito de los derechos de los ciudadanos que son puestos en entredicho no solamente por la presencia de más de 70.000 soldados en las calles del país, sino también por las modificaciones legislativas que han ido cambiando el contexto del conflicto entre el Estado y los carteles de la droga. Es importante mencionar el debate que se ha desatado en la sociedad mexicana alrededor del llamado “fuero militar”, es decir la posibilidad por parte de las tropas y sus mandos de ser juzgados siempre y de todas formas por los órganos de justicia militar. El debate se desata evidentemente por los ya incontables episodios de abusos por parte castrense hacia la ciudadanía: irrupciones en casas particulares, detenciones arbitrarias, violaciones a los más básicos derechos, pero también algunos homicidios, “errores” o “legítimas respuestas” que quizás un día, terminada esta absurda guerra (que solamente en el primer semestre de este año produjo 4.000 muertos), nos describirán como “efectos colaterales”. El último episodio de este debate es el rechazo, el 10 de agosto, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la posibilidad de juicio por parte de la justicia civil de los atropellos cometidos por los militares. La SCJN, llamada a resolver el dilema, ratifica la actual situación y no resuelve la contradicción creada por el uso del Ejército para funciones de policía. Por el otro lado, al recrudecerse la situación que conlleva cada día más muertos y violencia en el país, así como la evolución de la confrontación misma que orilla a la criminalidad a buscar cada vez más y nuevos instrumentos de supervivencia, obliga –por así decirlo– al Estado a adecuar la actual legislación, acotando libertades, irrumpiendo en la privacidad ciudadana, otorgando más poderes a sus fuerzas policíacas. Todo lo anterior sin meter mano alguna en los problemas reales: corrupción e impunidad.

En este escenario, surgen las dudas acerca de la real efectividad de la “guerra al narcotráfico” y también acerca de los intereses reales que puedan esconderse tras tanta campaña mediática. Es urgente recordar cómo la decisión inicial de promover un choque frontal entre las fuerzas del Estado y las organizaciones criminales haya respondido a la urgencia por parte de Felipe Calderón de legitimarse frente a una sociedad que aún hoy duda de la legalidad de las elecciones que le entregaron la Presidencia. Una decisión entonces que se puede leer a la luz de la prisa, de la necesidad apremiante de ofrecer un elemento fuerte y definitivamente cautivante para todos: el de la seguridad y de la guerra contra quienes la ponen en peligro. Por otro lado es preciso también subrayar la inutilidad de la estrategia actual del Gobierno mexicano. Una estrategia que parece trasmutada de la guerra al narco en Colombia, que busca nada más descabezar a los carteles, haciendo absoluto caso omiso no solamente de la naturaleza de estas organizaciones –parecidas a una hidra por su capacidad de sustitución de líderes–, sino sobre todo del entorno social que permiten la existencia de estas organizaciones y el cada vez mayor consenso social que consiguen.

2010, año delicado
Así, es necesario tratar de contestar las dudas. La creciente militarización de la sociedad mexicana evidentemente responde también a otras necesidades. Si el objetivo primario de vencer al narco no se estaría cumpliendo, ¿es posible pensar en objetivos secundarios? Por ejemplo, un 2010 que se perfila cada día más como un año delicado, debido no solamente a las consecuencias sociales que está comenzando a tener la crisis económica global en México, sino también al Bicentenario de la Lucha de Independencia de México y al Centenario de la Revolución (interrumpida). Ambos aniversarios, con un fuerte tinte simbólico, llamarán sin duda a la sociedad mexicana a confrontarse con una pregunta esencial: ¿se han cumplido cabalmente los anhelos de justicia, libertad, independencia y democracia reivindicados en esos dos momentos históricos? Responder, en el contexto de un empobrecimiento generalizado y en el medio del acotamiento de ciertos derechos –por el Estado de excepción que impone la guerra al narcotráfico–, es hoy quizás el mayor reto, tanto para la sociedad mexicana, cuanto para el Gobierno de Calderón. Mientras, el Gobierno parece adelantar posibles respuestas. Así la presencia militar asume nuevas características. Por un lado, el control territorial; por otro, ofrecer una señal inequívoca a aquellos que podrían estar pensando en soluciones más radicales que las protestas callejeras: estamos listos. En un escenario en el que el narcotráfico sigue sobreviviendo y la sociedad podría sublevarse, el Gobierno –de querer seguir existiendo– tendría solamente una vía de fuga: pactar con la delincuencia organizada y aniquilar a los revoltosos.

‘Guerra al narcotraffico’

1 settembre 2009 Lascia un commento

Il presente articolo é stato pubblicato sul sito italiano Global Project l’1 settembre 2009
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La chiamano ‘guerra contro il narcotraffico’. È stata lanciata così, in pompa magna, davanti alle centinaia di telecamere dei mezzi di comunicazione che riprendevano il neo presidente messicano, Felipe Calderon, in uno dei suoi primi discorsi pubblici, verso la fine di dicembre 2006. E da allora, colui che si era presentato alle elezioni – vinte grazie ad alcune irregolarità – come il “presidente del lavoro” (inteso come posti di lavoro), divenne il presidente della ‘guerra al narco’, della battaglia ‘epocale’ contro i potentissimi cartelli messicani della droga. Sin da quei primi mesi, lo slogan ottenne il successo desiderato: nonostante la scarsa legittimità di cui godeva Calderon, la nuova impresa dello Stato contro la criminalità organizzata che “insanguina le nostre terre e offre droga ai nostri figli” sembrava ottenere quel consenso non pienamente ottenuto alle urne. Ed allora il via ufficiale alla crociata anti-criminalità: 70.000 soldati utilizzati in funzione di polizia, nuove leggi che permettono maggiore agilità ‘giuridica’ e libertà operativa per le forze di polizia e per gli inquirenti, firma dell’Iniziativa Merida, piano strategico che prevede il finanziamento per circa 1.4000 milioni di dollari in tre anni da parte del governo americano per la ‘lotta al narcotraffico’, ecc..
Ad oggi, 32 mesi dopo il lancio delle operazioni, il bilancio è tragico: oltre 13.000 morti, con un aumento del 100% tra il 2008 e il 2009, visto che si è passati da una media di 10,2 morti al giorno dello scorso anno a ben 20,1 di quest’anno. E, purtroppo, non vi sono segnali di una controtendenza a questa vertiginosa crescita. Certo, si dice, i morti sono tutti narcotrafficanti, grandi e piccoli, che si uccidono tra loro, nella battaglia campale che si è scatenata da quando il governo messicano, lanciando la sua ‘guerra’, ha tagliato la testa a praticamente tutti i grandi cartelli della droga. Una guerra interna, si dice, che “dimostra l’efficacia dell’attuale politica dello Stato”, dicono presso il plenipotenziario Ministero della Pubblica Sicurezza (SSP, l’acronimo in spagnolo). Quel che è vero, però, è che gli scontri tra le bande di narcotrafficanti non avvengono nelle ore notturne, i luoghi isolati e lontani dagli occhi della popolazione. Al contrario, le sparatorie ormai si realizzano nei centri cittadini delle grandi città, da Guadalajara a Monterrey (rispettivamente la seconda e la terza città più grande del paese), da Ciudad Juarez a Tijuana, da Acapulco e Città del Messico. Ed allora le cifre potrebbero aumentare, perché molte volte le cronache giornalistiche riportano l’esistenza di vittime ‘civili’, tra i passanti, tra i comuni cittadini costretti ad assistere impotenti a questo scontro senza precedenti. Ma purtroppo, di queste vittime, ancora non c’è una statistica ufficiale che, pur riducendo le vite in semplici numeri, riesca comunque ad offrire un panorama anche di questo genere d’impatto sulla società. Dall’altra parte, poche sono anche le informazioni relative alle morti, pure copiose, tra le forze dell’ordine, attaccate ormai con quotidiana regolarità dalla potente macchina militare del narcotraffico. Il governo lo ha ammesso ormai da diversi mesi: “I cartelli sono militarmente superiori a noi, in quanto a volume di fuoco e capacità distruttiva”. Detto in altre parole: i narcotrafficanti hanno più uomini – si calcola che in tutto il giro d’affari ci lavorino circa 2 milioni e mezzo di persone – ed armi più potenti – da bazooka a missili terra-aria. Insomma, la guerra è vera e non risparmia colpi.

Ma se la campagna presidenziale – perché ormai, tra critiche ed opinioni contrarie, sembra che solo Calderon ed il suo staff continuino a credere nell’attuale strategia – sembra destinata ad aumentare ulteriormente il numero di morti nel paese, sorge da più parti la domanda rispetto il reale obiettivo di tanta “violenza legittima”. Perché è pur vero che molti – ma non tutti: esemplare il caso di Joaquín ‘el Chapo’ Guzman – dei grandi capos della droga son finiti dietro alle sbarre, ma è questo forse l’unico risultato concreto ottenuto: sull’altro versante, infatti, ormai non si contano i municipi commissariati, le cui polizie locali sono state sostituite dall’esercito; non si conta il numero di armi presenti nel paese; non si contano i giovani – e meno giovani – che oggi, disoccupati e in crisi perenne da ben prima della temibile ‘crisi economica’, entrano a far parte dell’affare-narcotraffico. Così come, infine, è difficile oggi distinguere con chiarezza le reali operazioni anti-criminalità da quelle contro le organizzazioni sociali, più o meno civili.
La presenza dell’esercito nello stato di Guerrero, per esempio, incluso nelle vie della rinomata Acapulco, ha già prodotto scontri a fuoco, di una certa rilevanza, tra le forze armate e gruppi armati appartenenti alle diverse sigle guerrigliere presenti nel territorio. In altre zone del paese, Oaxaca e Chiapas per esempio, ma anche nel nord della repubblica, sono ormai all’ordine del giorno le denunce di organizzazioni sociali – assolutamente non guerrigliere, ma semplicemente radio comunitarie, contadini, comunità indigene, studenti, ecc. – rispetto ai presunti abusi ed alle violazioni ai diritti umani realizzate dalle truppe dell’esercito nelle vesti della pubblica sicurezza. In questo senso, non solo sono allarmanti le denunce, ma ancor più inquietante risulta essere la risoluzione della Suprema Corte di Giustizia della Nazione (SCJN) emessa a principio di agosto rispetto all’immunità di cui godono le truppe. Dice la risoluzione: i militari colpevoli di violazioni al codice penale saranno giudicati dagli organi di giustizia militari. Un colpo tremendo, soprattutto per tutti coloro – tra cui diversi settori della classe politica rappresentata in Parlamento – che pongono il dubbio sulla reale legittimità nell’uso delle forze armate in funzioni di polizia.

Il dibattito rispetto l’immunità dei militari non è sterile. Al contrario, si genera a partire da fatti concreti: omicidi ‘involontari’, magari a qualche posto di blocco dove un’automobile innocente non si è fermata all’alt pronunciato dall’esercito; arresti arbitrari, incursioni senza mandato in case e spazi privati; torture ed abusi fisici agli interrogati; alcune sparizioni sospette. Ma la polemica, come suole accadere, si accende solamente quando l’ombra del dubbio è segnalata dalle voci ‘importanti’. La consegna dei finanziamenti previsti dall’Iniziativa Merida, infatti, è condizionata dal rispetto dei diritti umani nella lotta al narcotraffico. La legge emessa in aprile di quest’anno dal Congresso statunitense, infatti, vincolava il 15% del finanziamento ad uno studio in fase di realizzazione che certifichi tale rispetto. Il presidente Calderon nega gli abusi. Il Ministero della Difesa ne ammette una decina e conferma che la giustizia militare sta facendo il suo corso. Ma le organizzazioni sociali hanno altri dati: Amnesty International, Human Rights Watch ed altre documentano decine e decine di casi, in tutto il paese.
Rosario Ibarra, oggi senatrice della Repubblica, ma da oltre trent’anni attenta e testarda lottatrice per la consegna delle centinaia di desaparecidos della cosiddetta ‘guerra sporca’ degli anni ’70, tra cui il figlio Jesus Ibarra, avverte che la presenza di tanti soldati nelle strade messicane potrebbe avere anche altre finalità: “Giustificano tutto con la lotta al narcotraffico, ma la gente continua a morire e pochi sono gli arresti”. Aggiunge: “Cercano di abituare la popolazione alla presenza militare per le strade. Fanno in modo che la gente esiga questa presenza, con l’illusione di risolvere il problema dell’insicurezza”. E conclude: “In realtà temo che il prossimo passo ci saranno gli escuadrones de la muerte”(l’ipotesi, purtroppo, si starebbe confermando). Carlos Montemayor, scrittore ed analista politico, coincide nell’analisi: “È evidente che la situazione è scappata al controllo del governo”. In quest’ottica e nel contesto dell’attuale crisi economica – che ha portato all’aumento ‘ufficiale’ nel numero di poveri in Messico: 53,1 milioni, secondo l’INEGI, l’istituto nazionale di statistiche -, spiega, “si stanno chiudendo le valvole di sfogo naturali alla pressione sociale crescente, ovvero emigrazione (il Messico espelleva, sino all’altr’anno, quasi un milione di persone verso gli USA) e il lavoro informale (o lavoro ‘nero’, di cui farebbe parte il 48% della Popolazione Economicamente Attiva)”. Quel che resta, conclude “è che la gente senza lavoro andrà ad ingrossare le fila del narcotraffico”. È evidente dunque che, come spiega Johan Galtung, “le ragioni per le quali la gente accetta di lavorare per i cartelli è che desidera uscire dalla miseria” e quindi “ si devono offrire valide alternative economiche alla popolazione”. Ma il governo messicano non ci sente per quell’orecchio e continua ad inviare soldati nelle ‘zone calde’ del conflitto. Continua Galtung: “Per il governo il problema non è la miseria, ma il narcotraffico, perché questo offre un’alternativa alla miseria di milioni” e di conseguenza ottiene tendenzialmente maggiore consenso. L’attuale militarizzazione del paese, dunque, potrebbe essere letta in un’ottica che comprenda il lungo termine. L’opinione di Galtung, largamente condivisa da Montemayor, è che “il governo teme il 2010, per l’effetto simbolico che produrrà”. Il prossimo anno, infatti, si celebreranno due importanti anniversari: i duecento anni dell’Indipendenza (1810) e i primi cent’anni della Rivoluzione (1910). Secondo i più queste due date “obbligheranno i messicani a chiedersi se gli obiettivi di quei due momenti storici sono stati raggiunti”. In altre parole, nel 2010 i messicani dovranno dire se il Messico è oggi veramente indipendente e veramente democratico. Secondo Galtung il governo messicano teme realmente una rivolta generalizzata nel paese. Le condizioni vi sarebbero tutte e dunque “la presenza dei militari nel territorio, nella società, risponde anche ad altre necessità: abituare la gente alla presenza militare; lanciare un segnale chiaro a chiunque abbia in mente di ribellarsi, ‘siamo pronti’; e infine abituare gli stessi militari a stare per le strade, in mezzo alla gente”. Se tutto ciò fosse vero, dunque, rimane una sola domanda a cui rispondere: “La guerra che il governo messicano realizza contro chi è? Contro le bande di narcotrafficanti o contro la popolazione?”.