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La Supervía: rompe y corrompe la vida en la Ciudad de México

1 febbraio 2011 Lascia un commento
El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de febrero de 2010.
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Foto MD

Desde hace poco más de seis meses, en el poniente de la Ciudad de México se pelea la batalla contra la llamada Supervía Poniente, un proyecto promovido por el actual gobierno de “izquierda” de la megalópolis mexicana y que sería realizado – de llevarse acabo – por empresas privadas transnacionales, mismas que desde hace ya varios años han metido las manos en prácticamente todos los grandes proyectos encasillados en el rubro de “obra pública”.

Desde mediados del año 2010, la comunidad de la colonia La Malinche se organizó y construyó un plantón permanente en las zonas afectadas (expropiadas) para la gran obra. La comunidad local resiste el avance de las obras, consiguiendo no sólo la vasta solidaridad de la sociedad civil de la capital mexicana, sino también poniendo en entredicho las reales intenciones del gobierno local (Gobierno del Distrito Federal – GDF) guiado por Marcelo Ebrad Casaubón y logrando rescatar los lazos comunitarios que precisamente las autoridades del gobierno quisieron cortar.
En esta historia ya se ganó una parte pues “ganamos en el terreno de reconstruir la comunidad”, dicen quienes están presentes en el plantón. Una historia que hoy también significa un posible parteaguas en el futuro del Valle de México: “No se puede seguir viviendo así. Es necesario sentarnos todos a estudiar seriamente el Valle y planear de otra manera a la ciudad”, señalan los vecinos entrevistados.
La Supervía: “una ocurrencia” interesada
Fuente: http://prociudad-procontreras.blogspot.com/

Con al menos 20 millones de habitantes, de los cuales ocho viven en la llamada Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que comprende la capital mexicana y otros 60 municipios aledaños, la Ciudad de México es una de las regiones más densamente pobladas del planeta. Los reflejos de esta densidad de población son múltiples y no todos gratos: escasez de recursos naturales (sobre todo agua), contaminación en niveles excesivos, difícil acceso a los servicios (habitacionales, escolares, de salud, etcétera) y graves problemas de movilidad.

El llamado proyecto de la Supervía Poniente, según sus promotores, pretendería precisamente incidir en este último aspecto, pues su trazo original prevé conectar, a través de diez kilómetros (de los cuales la mitad serían de un peaje) de carretera de cuatro carriles, túneles y puentes, la zona sur-poniente de la ciudad (y su salida hacia el sur) y la zona de Santa Fe, moderno y rico “territorio-emporio” de la capital. Dicho proyecto, a su vez, sería parte del megaproyecto denominado Autopista Urbana Querétaro-Toluca-Cuernavaca (ciudades aledañas de la Ciudad de México), cuyo costo asciende a los 30 mil millones de pesos, con una longitud de casi 30 kilómetros de vialidad.
Uno de los mayores problemas, aunque no el único, es el fuerte impacto ambiental que la obra causaría en un territorio mayoritariamente catalogado por las autoridades federales mexicanas como “suelo de conservación”. Cristina Barros, miembro de la organización “ProCiudad-ProContreras” y vecina de las zonas afectadas, destaca los argumentos principales que sustentan la fuerte oposición al proyecto: “atenta contra la sustentabilidad del Valle de México, pues urbaniza y pasa por los suelos de conservación y de recarga de agua para todo el Valle”.
De acuerdo a la activista, la delegación Magdalena Contreras “presta servicios ambientales a toda la ciudad: limpia los vientos de la zona industrial de Ecatepec que se estrellan aquí, y los regresa a la ciudad. Es indescriptible el daño ambiental que provocaría la nueva carretera”, afirma, y calcula que sólo los costos ambientales que la Supervía causaría ascienden a cerca de dos mil 800 millones de pesos mexicanos.
Aunado a lo anterior, Barros señala que el proyecto está “plagado de irregularidades”. No se trata sólo de la falta de consulta a las comunidades afectadas, sino también que, por ejemplo, en el Plan de Gobierno 2007-2010 no aparece la Supervía. “Cuando el gobierno hizo ese programa, la Supervía no era una prioridad”, comenta la activistas. El Plan Verde de la Ciudad no lo contempla, como tampoco los planes de desarrollo de la Delegación Magdalena Contreras. Sólo el Plan de Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Vialidad local (SETRAVI) lo menciona y lo hace apenas en 2008, con un año de retraso sobre las fechas del mismo plan.
Cristina Barros se refiere al gran debate que está causando el proyecto ya que de un lado se encuentra la comunidad local resistiendo y por el otro el gobierno local que, al menos en las últimas semanas, se juega la “reputación” de “gobierno democrático y de izquierda”, pero insiste en desconocer los argumentos de los vecinos e impone un proyecto millonario que pocos comprenden. La activista se pregunta: “¿Por qué tanta desesperada necesidad de realizarla? ¿Por qué tanta desesperación por un proyecto con tan elevados costos políticos, ambientales, sociales y financieros?”.
La razón parece sencilla, aunque articulada. A principio de los 90, Marcelo Ebrad participó activamente, junto al entonces regente de la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís (hoy precario asesor del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador), en el proyecto que transformó el antiguo “basurero” localizado en Santa Fe en el “más importante centro en términos financieros y corporativos de México”. El proyecto otorgó un valor económico enorme al territorio. “Sin embargo, todo el proyecto (de Santa Fe) estaba fundamentado en un concepto urbanístico muy equivocado, pues hoy Santa Fe no tiene salida alguna”. Este problema – la falta de vía de comunicación – convirtió poco a poco Santa Fe en una zona en riesgo de perder el valor acumulado, pues hoy la zona “está literalmente asfixiada”.
“Ahora necesitan otra salida”, comenta Barros. La zona, en efecto, sigue siendo objeto de grandes proyectos inmobiliarios, en su mayoría promovidos por la empresa COPRI, de capital mexicano. Fuera de cualquier coincidencia, el mismo corporativo está actualmente asociado con la empresa española Obrascón Huarte Lain Concesiones (OHL) en la construcción de la Supervía. Tras conseguir una concesión por parte del GDF de 33 años de duración, el corporativo español se compromete a la construcción de la obra con una inversión de 389 millones de euros (equivalentes a más de seis mil millones de pesos mexicanos).
En cambio, el gobierno se compromete a regresar ese dinero en el lapso de la concesión y, mientras, permitirá a OHL el cobro del peaje. Es decir, según los opositores al proyecto, “se socializan los gastos y se privatizan las ganancias”. Si lo anterior fuera poco, Barros cuestiona el historial de la empresa OHL (quien controla el proyecto asociada a COPRI gracias a la creación, ex profeso, de la razón social “Controladora Vía Rápida Poetas S.A. de C.V.”), pues ésta tiene pésimos antecedentes en España: fraude y apoyo a campañas políticas a cambio de obra pública.
“Estaba a punto de quebrar en España y salió del problema tal y como lo hicieron otros – BBVA, por ejemplo – : viniendo a América Latina”. El esquema es el mismo de siempre, comenta la activista: “Obras muy costosas de peaje a cambio de favores”. Como ejemplos están también los proyectos del Arco Norte, en la ciudad de Puebla (al sur de la Ciudad de México) y el Puente Bicentenario en el Estado de México (en la área conurbada), entre otros. En suma, indica Cristina Barros, en este proyecto “están los intereses de los grandes consorcios inmobiliario. Los especuladores inmobiliarios han trazado el desarrollo de la Ciudad de México y hoy tienen la mira sobre el poniente de la ciudad: hay agua, limpieza del aire, calidad paisajística”.
“Los expropiados no son los únicos afectados”
Fuente OHL

Uno de los argumentos utilizados por parte del gobierno de la ciudad para debilitar la resistencia en contra del proyecto de la Supervía, fue señalar que la mayoría de los que protestan no han sido siquiera expropiados, lo que permite no incluirlos entre los afectados. Un argumento débil, dice Cristina Barros, que contradice además toda cultura de la izquierda política, no sólo en México.

“Los expropiados no son los únicos afectados, pues hay potenciales expropiados y potenciales expulsados”. En La Malinche, colonia de cerca de cinco mil habitantes y la principal afectada por las obras previstas en el proyecto, el 6 de abril de 2010 se presentaron los funcionarios del gobierno local acompañados por unos cuantos policías, sin que los esperaran. Aunque Ya se conocían los aspectos generales del proyecto Supervía, pero nadie esperaba sucedería ese día: Les presentaron los decretos de expropiación del primer polígono de los cinco previstos.
“El Frente Amplio contra la Supervía Poniente (FACSP) nace en 2008, cuando comienza a circular el asunto de la Supervía”, relata Barros. “Pequeños grupos con la experiencia de 1991 – cuando se logró rechazar otro proyecto vial, el de la Carretera Contadero-Luis Cabrera – nos comenzamos a mover. Nos unimos otra vez, realizamos juntas y todos los grupos decidimos unirnos en el Frente”. Cristina recuerda que ese 6 de abril la llamaron para comentarle de los decretos de expropiación entregados por funcionarios del GDF. “Nos movimos inmediatamente y nos organizamos”.
Tras unos meses de prórroga concedida para que “los niños terminaran el ciclo escolar”, los decretos se comenzaron a ejecutar a partir del mes de julio. Socorro Méndez, vecina de La Malinche recuerda que un día “nos avisan que se había metido una máquina rumbo a la loma (cerro)” que rodea las espaldas de la colonia. “Nos reunimos y decidimos sacar la máquina y tomamos la zona”. Así, el 26 de julio de 2010, se instala el plantón organizado por el FACSP.
Explican los vecinos de La Malinche, instalados 24 horas al día en el plantón, que desde un principio “la meta de las autoridades fue la de romper a la comunidad, lograr que los propios vecinos fueran en contra de los vecinos”. Para ello, abundan, aplicaron todo lo peor de los gobiernos autoritarios: ofrecieron prebendas; pintaron las casas a cambio de apoyo; ofrecieron dispensas, e incluso “repartieron dinero” (150 pesos por persona).
Socorro admite que “en parte lo han logrado”. De los expropiados en la primera ronda de decretos, el gobierno logró desalojar cerca de mil 500 vecinos, según cálculos de los miembros del plantón. “Se modificó de manera violenta el tejido social ya que era una colonia particularmente unida por la manera en que se conformó: la gente aquí se compró su tierra hace unos 40 años, construyó su propia casa, convivió e hizo esta colonia”.
“No es Beirut, es La Malinche”
Foto MD

El deterioro social se puede medir. Según los activistas que pasan día y noche a la espera de que el proyecto no avance “y el gobierno dé un paso atrás”, los daños sociales son representados por las “dolorosas historias de los expropiados, por el miedo que los aleja de la lucha”. Se puede también ver con los ojos del visitante al plantón: las calles son abandonas, pues ya no hay actividades significativas. Las casas aún habitadas se alternan a los dos lados de la vía adoquinada con las casas ya expropiadas y llenas de boquetes “causados para hacerlas inservibles y para dar el golpe sicológico: aquí ya no se puede hacer nada”.

Las casas aún de pie pero ya abandonadas parecen haber sido objeto de un bombardeo. Entre los hoyos causados por mano de los obreros al servicio del gobierno, se entrevé la Loma de Tarango, el cerro que sería objeto de las perforaciones para los túneles. “Ahí jugábamos nosotros cuando éramos niños y hoy nuestros hijos”, comentan los vecinos. Lugar de paseo, de recreo, de juego, de esparcimiento, la Loma se está convirtiendo en un montículo cubierto del fino polvo blanco levantando por las obras de perforación del suelo que ya se realizan. “Aún no excavan, apenas son los estudios de mecánicas de suelo… Ni esos tenía el proyecto que presentaron”, dice un vecino para remarcar el elevado número de irregularidades de este proyecto.
De un lado una colonia, aún muy viva, hay gente viviendo la cotidianidad, en la escuela y el mercado. Al fondo de La Malinche, la calle aparece cerrada: ahí está el plantón. Luego, pocas calles conducen al muro que apenas el primero de enero pasado, tras un muy discutible operativo policíaco llevado a cabo en la madrugada de año nuevo, las autoridades elevaron para separar la zona objeto de los primeros trabajo del plantón. Decenas de policías antimotines (granaderos) resguardan a los casi cien trabajadores que comen, ríen y laboran completamente aislados de la vida de la comunidad de La Malinche. Los escombros aparecen de un lado y otro, pues al parecer los trabajadores echan del lado del plantón las sobras de su trabajo. Un vecino mira el panorama y bromea: “Esto que ves – dice al reportero – no es Beirut, es La Malinche”.
Ya se ganó la hermandad
Foto MD

“Llegaron el primero de enero de este año, a las seis de la mañana”, cuenta Socorro Méndez quien no deja de indignarse por el abuso cometido en contra de los vecinos de La Malinche. Mientras la resistencia obligaba a Marcelo Ebrad a prometer públicamente el diálogo con el FACSP, sus policías invadían las calles de la colonia e instalaban un muro divisorio entre los vecinos afectados y los trabajadores. Días más tarde, el 5 de enero, cuando el Frente protestaba en las calles del centro de la Ciudad de México, trabajadores enviados por el gobierno derribaron techo y muros de algunas casas aún en poseso del plantón. La reacción fue inmediata, tuvieron que abandonar la marcha muchos vecinos y defender “su patrimonio”.

Estela es una señora que no participa activamente al plantón pero, dice, “lo apoyo”. Camina estas calles violentadas en días pasados por los policías del GDF. “Queremos reconocer con nuestros pasos estas calles. Vivo del otro lado de ese muro”, comenta y levanta el dedo índice señalando el abuso. “Se siente tristeza porque toda la vida pasamos por aquí y de pronto…”, se le cortan las palabras. Su hija camina con ella: “Este era nuestro paso. Conocíamos a todos. Ahora, hay que conocer los vecinos por el otro lado. Los que estaban aquí ya se fueron. Y los que quedan, ya no los vemos pues ya no pasamos por aquí”.
La tristeza se fuga rápidamente cuando nos unimos a la gente en el plantón. “Cuando comenzaron las expropiaciones decíamos ‘bueno, aún pasamos’. Pero ahora, mire el muro que levantaron, qué tan alto está… no sea que nos vayamos a robar un policía y nos acusen de secuestro. Cada uno defiende sus ideales, lo que cree justo. Por eso estamos aquí. Los no expropiados vamos a serlo. Por eso hay que apoyar”, comenta Socorro. De los 336,626,524 metros cuadros que, según el decreto de expropiación, serán ocupados por la obra, apenas se ocuparon tres mil. “La lucha apenas comienza”.
“Tengo tres razones para estar aquí”, dice Socorro Méndez. “Se llaman Iván, Marisela, Angélica, mis tres hijos”. Aunque el gobierno los acusa de no ser los afectados directos, Socorro comenta que “el gobierno puede decir lo que quiera, pero lo ambiental no tiene remedio y yo me preocupo por el futuro de mis hijos. Se van a echar 60 mil árboles… Sin agua, sin aire…¿qué vamos a hacer?”. Y añade: “No tenemos derecho de hacer eso: el gobierno y nosotros si nos dejáramos”.
Socorro Méndez llega al plantón a las diez de la mañana y se va a la medianoche. Todo el día al frente: “Hacemos varias actividades: cocinamos, tejemos, charlamos, leemos libros… Es mi segunda casa este espacio. A veces nos ofrecen eventos: música, cineclub y tenemos visitas solidarias de muchos lugares del Valle”. Cristina Barros confirma la solidaridad que el plantón recibe todos los días: “Muchísimas organizaciones se acercaron al Frente. Como 50. Cada una en lo que puede, con sus capacidades”. En el plantón participan activamente cerca de cincuenta vecinos. “Nuestros maridos se tienen que ir a trabajar y tenemos que atender a las cosas de la casa”, explica Socorro. Saca la mano del bolsillo y enseña un teléfono celular: “Estamos conectados con mucha gente y avisamos de todo lo que pasa, listos para cualquier emergencia”.
Según Socorro Méndez, el espacio comunitario que se ha creado es muy bonito. “Con el pretexto del plantón recuperamos el gusto de estar juntos, compartir las fiestas y el quehacer cotidiano”. Mirando al futuro, Socorro Méndez se pregunta: “Los que estamos aquí, decimos: el día que esto se termine, ¿qué va a pasar?”. Comenta que aún siendo vecinos, antes de comenzar la resistencia, no todos se conocían. Ahora es al revés: “Todos nos ayudamos, todos nos conocemos, nos reunimos para resolver los problemas que alguien pueda tener, hay mucho compañerismo”. Finalmente, emocionada, Socorro Méndez admite que “con toda esta experiencia, lo malo y lo bueno, hemos reído y llorado, hemos tenido estrés y miedo. Todo esto yo no lo cambiaría”.
Perspectivas y derechos humanos 
A finales de noviembre de 2010, sobre todo tras la emisión de las “medidas cautelares” emitidas en el curso del 2010 por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se formó la llamada Comisión Civil de Acompañamiento(CCA), conformada por diversas personalidades de la sociedad civil mexicana y con el objetivo de acercar las partes – FACSP y GDF – para sentar las bases de un diálogo posible.
Manuel Fuentes Muñiz es presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) e integrante de la CCA. En las últimas semanas la CCA ha tratado de mediar entre las partes construyendo un posible formato de diálogo. Pero la realidad parece decir otra cosa: la obra, aunque lentamente, sigue su curso y el GDF no parece querer dar un paso atrás. Según Fuentes, el GDF afirma querer conseguir resultados concretos del diálogo con el Frente, sin embargo, cada parte está firme es su posición.
“La Supervía va porque va”, afirma el GDF, mientras el Frente está firme en su negativa al proyecto. Fuentes Muñiz admite el cada vez más difícil rol de la CCA y señala que, termine como termine, el GDF va a pagar un elevado precio político. Dicho precio podría elevarse aún más, tras la emisión, el 20 de enero pasado, de las “recomendaciones” por parte de la CDHDF dirigidas a Marcelo Ebrad y a los titulares de las dos Delegaciones políticas involucradas en el proyecto (Magdalena Contreras y Álvaro Obregón) que, en caso de ser aceptadas por el GDF, obligarían a las autoridades a “parar las obras” hasta cumplir con los compromisos fijados por la Comisón.
Dichas recomendaciones, fruto de las quejas presentadas por los vecinos que dieron origen a una investigación independiente de la misma Comisión, abordan el tema desde el punto de vista de la violación a los derechos humanos de los opositores a la obra y dividen sus comentarios en seis rubros distintos: derecho a una vivienda adecuada, derecho a un medioambiente sano, derecho al agua, derecho a la información, derechos políticos y derecho a la seguridad jurídica.
En particular, la CDHDF recomienda al GDF ordenar “la suspensión de la obra hasta que se lleve a cabo una consulta pública, a fin de garantizar una participación amplia y plural en la que se recojan y consideren las preocupaciones, opiniones y propuestas de las personas afectadas”. Asimismo, afirma la Comisión, es necesario que “se valoren distintas alternativas de movilidad sustentable en el sur-poniente de la Ciudad de México”.
Actualmente, uno de los argumentos más señalados por parte de las autoridades para negar la posibilidad de cancelar el proyecto es el compromiso económico contraído con las empresas constructoras, mismas que estarían facultadas a cobrar hasta 36 millones de pesos en caso de no realizarse la Supervía. Cristina Barros, aún reconociendo el compromiso, afirma que “hay la posibilidad de dar paso atrás. Ellos (el gobierno) dicen que tienen compromiso con la empresa, pero la verdad es que el título de concesión (de la obra) es criminal para las finanzas de la ciudad”. Lo anterior porque los costos de parar la obra serían menores a los costos de la obra sumados a los costos ambientales provocados.
No obstante, Cristina Barros afirma que actualmente el diálogo con el GDF no es el principal eje de lucha del FACSP. “De ellos quisimos conocer el proyecto; mostrarles los datos que indican que el proyecto es inútil. Hoy por hoy, lo único que queremos es evidenciar los problemas. Nuestro eje es hacer conciencia, difundir las recomendaciones de la Comisión, unirnos a las organizaciones, esperar que el GDF recapacite. Seguir trabajando en la defensa de la cuenca de México, pues sin ella no vamos a vivir”.
Y acerca del Valle de México comenta: “No se puede seguir viviendo así. Es necesario sentarnos todos a estudiar seriamente el Valle y planear de otra manera a la ciudad. Necesitamos datos reales para la sustentabilidad de la ciudad, no ocurrencias”. Entre las que Barros define como “ocurrencias” señala la línea 3 del Metrobús – también objeto de oposición vecinal en las semanas pasadas – que pasa por encima de una línea del metro. Al respecto, la activista pregunta: “¿Por qué duplicas el transporte público? Hay soluciones a la movilidad mucho más eficaces”.
Por ejemplo: “¿Por qué tenemos que desplazarnos por tantos kilómetros? ¿Transportar los combustibles por tantos kilómetros? ¿La comida?”. Las horas perdidas en desplazarse en la Ciudad de México se traducen en pérdida de tiempo de vida, de salud, de energía… Tenemos que ser más comunitarios”, señala Cristina Barros. Según ella, la única manera en que es posible “sacar adelante la vida de una ciudad como esta es tener un tejido social fuerte, acogedor” . Y prueba de esto es que “las delegaciones más seguras del Valle son las que tienen más pueblos originarios, pues hay mayor solidaridad y fortaleza social”.

Más información en:
:: Ciudadanos por Contreras
:: ProCiudad-Procontreras
:: Concesiones de OHL en el mundo
:: Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF)

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Ser migrante climático

5 dicembre 2010 Lascia un commento
El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 5 de diciembre de 2010
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A la fecha no existe una definición de qué significa hoy ser migrante climático. La normativa internacional y las leyes nacionales no contemplan bajo ningún rubro este nueva categoría, cada vez más presente en el panorama migratorio mundial. Los recientes eventos relacionados con el tema –la Conferencia Mundial de los Pueblos en Bolivia, el IV Foro Social Mundial de Migraciones en Ecuador, el Foro Mundial Alternativo de los Pueblos en Movimiento en México– abordaron el tema tratando, justamente, una definición que permita acotar la problemática.

No se trata de separar a los migrantes climáticos del resto de los pueblos en movimiento, sino justamente encontrar una definición coherente y apegada a una realidad en crecimiento que permita, algún día, plasmar en las leyes nacionales e internacionales este tipo de problema. El reciente Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010 (Organización Mundial de las Migraciones, OIM) aborda el tema justamente partiendo de su falta de definición. Y reconoce, además, la falta absoluta de indicadores útiles y eficaces para describir a este fenómeno en crecimiento.

Al mismo tiempo que el fenómeno no se contempla en la norma, asimismo no hay números capaces de describir cuantitativamente a la migración climática. Fuentes académicas aseguran la existencia de al menos 50 millones de personas en este estado. La misma OIM reconoce la falta de datos al respecto, pero afirma también que es un fenómeno destinado a crecer mucho, en especial modo la migración causada por los cambios graduales del medio ambiente.

Según datos ofrecidos por distintas oficinas gubernamentales en Estados Unidos y en la Unión Europea, los llamados desastres naturales (sequías, terremotos/temblores, inundaciones y tormentas) han tenido un aumento asombroso en la década 2000-2010 en comparación con la década anterior: hubo un aumento de cerca de 50 por ciento en el número bruto de desastres (3 mil 151 contra 2 mil 117). La mayoría de los desastres habrían ocurrido en el continente asiático (China, India, Indonesia, Filipinas y Vietnam) y, además, entre los 10 países más afectados se encuentran siete de esa región a los cuales hay que añadir Irán, Estados Unidos y México. Aunado a esto, Oxfam Internacional denuncia que, por los mismos desastres, habrían muerto sólo en los primeros nueves meses del año al menos 21 mil personas en el planeta.

Se trata en un primer momento de diferenciar a los desastres naturales: una cosa son los desastres naturales súbitos y de grandes proporciones; otra cosa es el cambio paulatino del medio ambiente. Ambos tienen la tendencia a desplazar seres humanos, mas sin embargo es opinión compartida que el primer fenómeno tiene como resultado un tipo de desplazamiento con carácter más temporal, mientras el segundo fomentaría una migración más estructural.

Otros observadores, quizás más atentos, reconocen el fenómeno del migrante climático pero insisten en ubicar las causas de la crisis climática en el modelo de desarrollo capitalista. Megaproyectos nacionales e internacionales, sobrexplotación de recursos naturales, degradación ambiental debida a contaminación industrial y otras aberraciones de este estilo serían las responsables de la crisis ecológica que provoca sequías e inundaciones, tormentas y temblores, escasez de recursos y, por ende, desplazamiento de enteras poblaciones.

Durante la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), realizada en Cochabamba, Bolivia, se trató de definir al fenómeno. En la resolución final del grupo de trabajo dedicado al tema, los participantes en la CMPCC esbozan una interesante definición. Explican primero el concepto de refugiado climático, categoría que, aunque no exista en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 de Ginebra, es descrita como aquellas personas que se ven obligadas a huir por el cambio climático y que por consiguiente necesitan y tienen derecho a una protección temporal especial para defenderlos de la amenaza representada por el hambre y la hambruna. En las mismas conclusiones se habla también de desplazados climáticos y los define así: aquellas personas que son forzadas a desplazarse por razones del cambio climático, tanto dentro como fuera del país.

Evidentemente las soluciones, así como las causas, son mutidimensionales. En origen es urgente que la comunidad internacional reconozca el fenómeno en sus normativas. Se impone, por ejemplo y por enésima vez, una revisión a fondo de la definición del Estatuto de los Refugiados. Por otro lado, y no sólo en este aspecto, es indispensable respetar el derecho a no ser desplazados y a no migrar, que se puede implementar simplemente dando curso al derecho a la consulta previa y al libre consentimiento de las comunidades afectadas por los proyectos que, como primera consecuencia, pueden tener el desalojo de territorios. Finalmente, es necesaria una revisión a fondo del actual modelo económico vigente, el que está destruyendo al planeta Tierra y la vida en él.

La 16 Conferencia de las Partes (COP) que se está llevando a cabo en Cancún, México, sería el espacio adecuado para este tipo de reflexiones, aunque sabemos que otra es la agenda. Ojalá al menos las organizaciones sociales tomen en cuenta esta problemática tan urgente como es la de salvar al planeta Tierra del capitalismo salvaje

Rumbo a la COP16 en Cancún

1 novembre 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de noviembre de 2010.
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México, DF. Del 29 de noviembre al 10 de diciembre próximos, se llevará a cabo la 16 Conferencia de las Partes (COP) sobre Cambio Climático, reunión convocada por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), en Cancún, Quintana Roo, en México. La mejor conocida como COP16 tratará, según las intenciones declaradas por parte de los 192 países que en ella tendrán representación, de llegar a un acuerdo multilateral que sustituya el próximo a vencer Protocolo de Kioto, que fue firmado en 1992 en la Cumbre de la Tierra y que aborda la reducción de las emisiones de Gases de Efectos Invernadero (GEI).

Así como los gobiernos del mundo parecen concentrar su atención por el medioambiente en la próxima reunión en Cancún, así la sociedad civil mexicana e internacional hicieron de la reunión de la COP16 parte fundamental de su propia agenda. En ella, sin embargo, no se habla de cambio climático, sino más bien de “crisis ecológica y climática”, abriendo el camino a un debate más complejo que impone en las mesas de discusión, tanto los derechos de la Madre Tierra, como de los pueblos que en ella viven.

Con agendas múltiples y ricas en iniciativas, distintas organizaciones sociales, movimientos ecologistas y campesinos, movimientos autónomos y ONGs se están dando cita en Cancún para protestar ciertamente, pero también para proponer alternativas válidas a las que definen las “falsas soluciones” promovidas en las sedes oficiales de la COP. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales que se preparan para “tomar” Cancún en los días de la conferencia internacional, en especial las que son parte del movimiento social mexicano, pretenden aprovechar la ocasión de los “ojos del mundo” concentrados en México para mostrar la realidad de un país especialmente víctima de la crisis ecológica, misma que el gobierno federal mexicano esconde y, en su caso, niega reprimiendo a los movimientos que protestan.

Tras el fracaso de la anterior reunión de la COP en Copenhague, Dinamarca, el año pasado, que produjo – por iniciativa de únicamente cinco países, China, Estados Unidos, India, Brasil y Sudáfrica – sólo un documento de tres hojas – el “Entendimiento de Copenhague” – que no obliga a ninguna de las partes a su cumplimiento, la COP16 se presenta como el enésimo potencial parteaguas para salvar al planeta y a la vida del “cambio climático”. A pesar de lo anterior, múltiples declaraciones, tanto de representantes del gobierno mexicano, anfitrión de la conferencia, como de otros actores gubernamentales involucrados en el proceso, apuntan a acotar los posibles resultados concretos de la reunión. Por el contrario, para los movimientos sociales globales, ésta representa una ocasión más para insistir en que “no hay que cambiar al clima, hay que cambiar al sistema”.

Los movimientos

El panorama de las agendas de los movimientos sociales rumbo a las actividades alternas a la COP16 se ha enriquecido en los últimos meses con decenas de actividades y propuestas. Aunque en un primer momento pueda parecer que el movimiento esté dividido, la realidad habla de una vasta y rica complejidad que refleja totalmente el gran abanico de organizaciones y posturas existentes en México y en el mundo. Con todo lo anterior, las distintas agendas del movimientos rumbo a la COP16, según declaran los protagonistas de sus formulaciones, coinciden en que no se puede hablar de “cambio climático” porque ello sería reducir el problema, hacerlo más simple de lo que es. Hay que hablar de “crisis ecológica”, insisten los movimientos, y dicha crisis hay que insertarla en la más compleja “crisis multidimensional” por la que está atravesando el mundo. Dicha coincidencia no es poca cosa, pues gracias a ella, el movimiento social internacional supera las aparentes divisiones entre “ecologistas” y “movimientos sociales”, los primeros supuestamente ajenos a los temas de la “justicia social”, los segundos menospreciadores del tema “ambiental”.

Al mismo tiempo, las distintas agendas del movimientos coinciden en la formulación de propuestas concretas de actividades a realizarse en los días de celebración de la COP16. Espacios distintos entonces, pero incluyentes al mismo tiempo y con un horizonte común en contra de las “falsas soluciones” (el Entendimiento de Copenhague, pero también los llamados “bonos de carbono” y los acuerdos REDD y sus evoluciones) y de los espacios “no democráticos” como es la COP, pero también en favor de la autonomía de los movimientos y sus agendas, con propuestas en contra de la crisis ecológicas, que van del llamado “decrecimiento” hasta “la vía campesina al enfriamiento del planeta”, de “las enseñanzas de los pueblos originarios” hasta el radical cambio del modelo de desarrollo capitalista e industrial.

“Miles de Cancún por la justicia climática”

“Llamamos a los movimientos sociales, a las organizaciones populares y a los pueblos de todo el mundo a organizar el 7 de diciembre 2010, miles de protestas y acciones en rechazo a las falsas soluciones y las soluciones de mercado. Nos declaramos en movilización permanente hasta derrotar las negociaciones de gran mercado en Cancún en diciembre de 2010”. Así termina el comunicado que el pasado 1 de septiembre Vía Campesina (VC), organización campesina internacional, publicó y en el que analiza la situación de las negociaciones internas a la COP y fija su postura. En el documento, la organización campesina apunta que la reunión de Copenhague el año pasado “demostró la incapacitad de la mayoría de los gobiernos para enfrentarse a las causas reales del caos climático”.

Señala además que los países industrializados han convertido a las “negociaciones climáticas” en un gran mercado. Ejemplo de ello, insisten los miembros de VC es el llamado “Mecanismo para un Desarrollo Limpio” (MDL) del protocolo de Kioto que “permite a los países seguir contaminando y consumiendo como de costumbre, a cambio de pagos mínimos para que supuestamente los países del Sur reduzcan sus emisiones”. A propósito de “falsas soluciones”, VC señala también su rechazo a “la iniciativa REDD (reducción de las emisiones por deforestación y degradación)”, ya que “la protección de los bosques y la reforestación de los bosques degradados es una obligación de todos los gobiernos que debe implementarse sin limitar la autonomía, los derechos o el control de los pueblos indígenas y campesinos sobre la tierra y los territorios”.

Al mismo tiempo, VC rechaza el llamado “mercado de bonos de carbono” que “ha probado ser extremadamente lucrativo en términos de generación de ganancias para los inversionistas, sin embargo ha fallado rotundamente en la reducción de gases de efecto invernadero”. Junto a ello, la organización campesina se opone a la geoingegnería que pretende alterar deliberadamente el clima. Sin embargo, VC no se queda solamente en la propuesta, sino que insiste en que “los campesinos podemos enfriar al planeta” y vuelve a presentar la propuesta ya indicada en el año pasado durante la COP15, en Dinamarca. Afirman los miembros de VC: “La investigación científica muestra que los pueblos campesinos e indígenas podríamos reducir las emisiones globales actuales al 75% al incrementar la biodiversidad, recuperar la materia orgánica del suelo, sustituir la producción industrial de carne por una producción diversificada a pequeña escala, expandir los mercados locales, parar la deforestación y hacer un manejo integral del bosque”.

En entrevista con Desinformémonos, Alberto Gómez, responsable por la región América del Norte de Vía Campesina, afirma que en la Conferencia de los Pueblos realizada en Cochabamba, Bolivia, el pasado mes de abril, la organización tuvo una reunión global para definir su agenda rumbo a la movilización en ocasión de la COP16. “Hemos decidido convocar a la movilización global de la organización”, explica, “ya que no toda la Vía Campesina podrá estar en Cancún”. Con la consigna de “Miles de Cancún”, Gómez explica que se comenzó ya a trabajar en muchos países en donde la organización tiene presencia para preparar movilizaciones locales que “ofrezcan un marco a las protestas en México”.

Añade que rumbo a Cancún, además de tener una amplia agenda de actividades, lo principal “es informar a la gente”. Señala que la gente, “el pueblo”, está sintiendo la problemática, la está sufriendo, “pero no tiene la información suficiente para relacionar las cosas”. Abrir el debate entre las cientos de organizaciones y resistencia existentes en México que se oponen tanto a los “megaproyectos” como las consecuencias de la “política ambiental” del gobierno es medular para Vía Campesina. “Tenemos que informar a la gente, que sepan que todo es parte del mismo problema, pues informando tendremos las herramientas para organizarnos”, concluye.

Con respecto a otros espacios de organización rumbo a las movilizaciones de Cancún, Alberto Gómez resalta el vasto abanico de propuestas e iniciativas. Sin embargo, Vía Campesina buscó tener una agenda propia con el afán, eso sí, de encontrar puntos de coincidencia “más adelante”, ya próximos a las protestas de principio de diciembre. “Trabajamos todos, organicémonos, realicemos cada quien nuestras actividades, sólo así vamos a tener puntos de encuentro y articulación en Cancún”.

La agenda y los aliados

Vía Campesina tiene un firme aliado en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA). Junto a ella, y a otras organizaciones como son la Red en Defensa del Maíz, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la organización campesina está organizando unas caravanas que no sólo llevarán sus contingentes a Cancún para organizar el “Foro Alternativo Global por la Vida, la Justicia Ambiental y Social”, del 3 al 8 de diciembre, sino también para hacer visibles “las luchas locales contra las injusticias sociales y ambientales”. Las cinco caravanas previstas “denunciarán la apatía generalizada con respecto a los escándalos socio-ambientales actuales, así como la manipulación del gobierno mexicano para implementar mega-proyectos que realmente devastan comunidades y el medio ambiente”.

Saliendo de distintos puntos de la república mexicanas (Jalisco, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca y Chiapas), las cinco caravanas contarán con la participación de los movimientos sociales de Canadá y Estados Unidos, además de muchas organizaciones de otros países del mundo. Un actor principal en la organización de este esfuerzo que se realizará a partir de finales de noviembre para converger primero en la Ciudad de México (con la prevista movilización del día de 30 de noviembre) y luego en Cancún el 3 de diciembre, es, junto con VC, la ANAA. Dicho espacio social, organizado alrededor de decenas de luchas locales en defensa del territorio y en contra tanto de los mega-proyectos, como de sus consecuencias, tuvo su Sexta Asamblea Nacional los pasados días 11 y 12 de septiembre. Reunidos en el municipio de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, los más de dos mil asistentes produjeron un pronunciamiento muy significativo.

En él, los integrantes de la ANAA afirman que sólo en el último año, dicha Asamblea acogió “a decenas de nuevos escándalos de injusticia ambiental, social y climática por diversas regiones del territorio nacional”. Dicha devastación, denuncia ANAA, está “incluida dentro de la actual política de destrucción nacional del mercado interno, de la industria y la agricultura soberanas, así como asociada a la indefensión de millones de migrantes mexicanos y centroamericanos, a la carnicería humana que ha desatado la supuesta guerra al narcotráfico, a los interminables asesinatos de periodistas, al comercio sexual de personas y menores de edad, y tantos otros crímenes e injusticias que en este Bicentenario ponen de manifiesto la situación de extremo peligro en que se encuentra México”.

Entre las muchas denuncias que realiza la ANAA es importante mencionar los “atroces asesinatos” sufridos por parte de muchos activistas ambientales y sociales en México: “Mariano Abarca, en Chicomuselo, Chiapas, muerto por oponerse al proyecto minero de la empresa canadiense Blackfire, Miguel Ángel Pérez Cazales, del pueblo de Santa Catarina, en el municipio de Tepoztlán, Morelos, por oponerse a al especulación urbana con las tierras del Texcal en las inmediaciones de la ciudad de Cuernavaca, así como de Beatriz Cariño y Jiri Jaakola, en San Juan Copala, por oponerse a los asesinatos previamente ocurridos en contra de los miembros de este municipio autónomo de Oaxaca”.

Junto a ellos, el pronunciamiento de la Asamblea señala a la “muerte silenciosa” de decenas de personas que sobrevienen, entre otras causas, por efecto de la pandemia de insuficiencia renal, que junto a otras enfermedades degenerativas ocurren en las riberas del río Atoyac, en Tlaxcala, del río Santiago, en Jalisco y de los ríos Blanco y Coatzacoalcos, en Veracruz. Todas estas muertes, afirman, son “debidas a las descargas industriales no controladas en sus cauces”.

La ANAA denuncia los cientos de proyectos de minería a cielo abierto que están destruyendo al territorio mexicano, así como el hecho que el gobierno mexicano “no ha atendido ninguna de las demandas de las 26 comunidades afectadas por las mega-granjas de cerdos de la empresa Granjas Carroll de México, propiedad de la trasnacional estadounidense Smithfield Foods”, mismas que se señalaron como causa de la llamada “gripe porcina” (AH1N1). En cambio, señala ANAA, “el gobierno federal se apresta a presentar este puerco negocio como un ejemplo nacional de los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)”. Salen a flote luego decenas de otras denuncias en contra de los proyectos de construcción de presas a lo largo y ancho del país, la concesión de nuevos campos experimentales de maíz transgénico “en las narco-regiones de los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua”.

Finalmente, la ANAA manifiesta la decisión de participar, con la Vía Campesina, en las movilizaciones de protesta ante la COP 16 del Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. “La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Vía Campesina ya comenzamos a organizar caravanas de visibilización de la situación de injusticia ambiental, climática y social en la que se encuentra hundido México”. Estas caravanas, afirman, pasarán por varios puntos donde hay luchas y resistencias de los pueblos y organizaciones de la Asamblea, para visibilizar la situación de desastre y las respuestas populares que ahí se vive, para denunciar “la grave situación nacional que padecemos” y para establecer nuevas redes locales, regionales , nacionales e internacionales de solidaridad con ellas. “Así construiremos un mapa de la devastación ambiental y social que vamos a denunciar en Cancún, como la verdadera política ambiental y climática del gobierno mexicano”.

“La crisis ambiental es económica”

Andrés Barreda, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro de la ANAA afirma que nombrar a la actual crisis múltiple como cambio climático es una “farsa”. Entrevistado por Desinformémonos, el académico mexicano dice que la transformación climática que está ocurriendo es catastrófica, con temperaturas futuras “jurásicas”, miles de millones de vidas en peligro, destrucción completa del planeta. Por lo anterior, “definir todo esto como cambio es banal y muy irresponsable”. Barreda indica que el discurso oficial “evidentemente trata de manipular a la población”. Además, continúa, el problema no es sólo climático, sino “es ecológico, en un sentido total”. Adjunto al cambio climático, “se registra el problema del agua, de la fuerte contaminación ambiental, de las aguas, mares, bosques, etcétera y todas estas crisis están interactuando en complejidad”.

Todo lo anterior (y mucho más), afirma Barreda, está sucediendo y está causando consecuencias terribles para el planeta y la vida. Y sin embargo, denuncia, “todo esto no entra en la agenda del cambio climático (de la ONU), no obstante es parte de una crisis ambiental global del capitalismo”. Por eso, insiste, es importante hablar de la crisis ambiental en un sentido complejo y de ésta junto a las demás crisis, pues “resulta impúdico hablar sólo del ambiente sin tocar el tema de la crisis económica y social que está viviendo el planeta”. Lo anterior, porque “el capitalismo ha tratado de ocultar el eje de esta crisis que es la crisis del modelo de desarrollo de la civilización petrolera”. En otras palabras, afirma, “la crisis ambiental es económica”.

Ya hablando de México, Barreda afirma que Estados Unidos ha podido convertir al país (y a otros, por ejemplo China) en el espacio de desahogo y desplazamiento de sus contradicciones y problemas. Ejemplo de ello es la industria maquiladora y de ensamble automotriz o las modificaciones a la ley que permite la siembra de plantas transgénicas. En suma, afirma el académico de la UNAM, “México, que ya no tiene la ventaja de la mano de obra barata, lo único que lo hace competitivo en el mundo es la desregulación ambiental, lo que convirtió al país en un paraíso de la destrucción ambiental”. Aunado al anterior, México está en la franja del planeta que se prevé más estará afectada por el cambio climático. “No sabemos”, afirma Barreda, “si es peor el cambio climático o el comportamiento de las autoridades mexicanas frente al problema”.

Con respecto a la movilización en el marco de la COP16, Barreda afirma que “se viene el activismo más vivo actualmente en el planeta”. Es un activismo, señala, que ya entendió que el calentamiento global se generó por la “sobre acumulación capitalista”, que “es la crisis del capital la que genera estos problemas”. Por eso, los activistas que llegarán a Cancún tienen “cada vez más claro que el capitalismo es el responsable y que no hay que cambiar al clima, sino al sistema entero”. Añade que “para nosotros (los movimientos sociales) ésta es una gran oportunidad para mostrar lo que está ocurriendo en México”. Por esto, insiste, no sólo “estamos organizándonos para ir a Cancún, sino queremos realizar las caravanas que muestren al mundo lo que sucede”. Además, señala Barreda, tanto la ANAA como otras organizaciones afines están trabajando y solicitando la realización en México de una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, mismo que debería tocar justamente la temática ambiental y la complejidad de su crisis.

Diálogo Climático-Espacio Mexicano

Junto a Vía Campesina y a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, existen otros espacios de organización y movilización rumbo a Cancún. Uno de ellos es el llamado Diálogo Climático-Espacio Mexicano (DCEM). Surgido como fusión de Diálogo Climático, espacio impulsado por un conjunto de organizaciones de base en México, y el Espacio Mexicano, nacido alrededor de la articulación de distintas organizaciones cercanas al mundo de las ONGs ambientalistas y sociales. El DCEM se compone hoy de más de 120 organizaciones sociales y ecologistas de México que, juntas, han formulado una agenda propia “que no contradice ni entra en conflicto con las otras agendas”. Se presenta como “un espacio plural y abierto, en el que se expresan distintas opiniones, estrategias y culturas políticas, al mismo tiempo que se articula sobre la base de un claro posicionamiento político para la acción común”.

Consciente de la pluralidad de propuestas frente a la COP16, el DCEM aclara que “si bien en esta confluencia no están todos los movimientos y redes sociales, se acordó mantener (en México y a nivel internacional) las gestiones unitarias, proponiendo que los diferentes movimientos sociales que van a realizar acciones paralelas coincidan en la movilización del 7 de diciembre, se elabore una declaración común, se fortalezca el apoyo mutuo en materia de difusión de las actividades, se hagan labores de prensa conjunta y se coordinen al máximos los debates y paneles, y se respete el papel y autonomía de cada espacio”. La fecha del 7 de diciembre, también señalada por Vía Campesina, se convierte entonces en la fecha símbolo de las próximas protestas en Cancún. Una movilización global se prepara y todos los esfuerzos apuntan hacia ella.

El DCEM reconoce también que “el cambio climático no es un mero problema ambiental sino que es el reflejo de una crisis global con múltiples dimensiones: económica, social, cultural y política”. El problema de fondo, afirma en múltiples comunicados, es “un modelo de producción y consumo injusto y no sustentable, causante principal del cambio climático y las desigualdades sociales, la pobreza, la exclusión, la iniquidad de género y la depredación ambiental”. Y para dejar clara la postura frente a la COP16, dicho espacio afirma que “la propuesta que impulsamos no se circunscribe a la acción coyuntural en las reuniones internacionales, en este caso la COP-16, sino a la construcción de agendas locales y nacionales y su articulación con los movimientos globales por la justicia climática”. Lo anterior, abundan, implica procesos múltiples y descentralizados que incluyen los esfuerzos de muchas organizaciones y movimientos en todos los estados y regiones del país y de todo el mundo.

Con referencia a las declaraciones del gobierno mexicano y otros que buscan minimizar los alcances de la reunión de Cancún e inclusive crear las expectativas de que un acuerdo integral no se logrará, el DCEM afirma que “el movimiento social y las organizaciones civiles mexicanas y mundiales discutiremos en Cancún nuestras propuestas para hacer frente al problema y, a través de manifestaciones pacíficas haremos escuchar la diversidad y pluralidad de nuestras voces”. Además de lo anterior, en un comunicado de prensa con fecha el primero de octubre pasado, dicho espacio organizativo, quien tuvo pláticas y negociaciones con el gobierno mexicano sobre todo acerca de los lugares físicos para la instalación de actividades alternas a la COP16, toma distancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del gobierno mexicano quien está al mando de la organización del evento COP16.

“En fechas recientes el gobierno federal anunció la instalación de una “Villa Climática”, espacio en el que pretende combinar la participación de la sociedad civil, con empresas nacionales y transnacionales en busca de negocios verdes”. Lo anterior, señalan, “es totalmente inaceptable ya que además de una intervención innecesaria del gobierno en actividades auto-organizadas, no reconoce la identidad propia de nuestras redes, que si bien son plurales, están unidas por un denominador común: buscar desde la sociedad las soluciones reales para detener el calentamiento global y lograr la justicia climática”. Tras intensas negociaciones, el DCEM logró llegar a un acuerdo con el gobierno federal mexicano para que éste acepte “respetar la autonomía, auto-coordinación e independencia de los movimientos sociales: no habrá presencia policial en el interior, ni procedimientos de seguridad para entrar a este espacio, y los eventos, propaganda y exposiciones empresariales, así como las actividades mediáticas contratadas por el gobierno será en otro lugar de la ciudad”.

Dentro y afuera de la COP

Alberto Arroyo, miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (REMALC), a su vez parte del DCEM, afirma que el DCEM, además de la agenda de actividades rumbo a la COP16, está articulando relaciones con el movimiento internacional. Entre las organizaciones del mundo que se estarían relacionando entre sí, figuran la Alianza Internacional de Habitantes, la Alianza Social Continental, Amigos de la Tierra, la Campaña Mesoamericana para la Justicia Climática, Convergencia de Movimientos los Pueblos de las Américas, Jubileo Sur América, Marcha Mundial de las Mujeres, la Confederación Sindical de las Américas, entre otras.

En entrevista con Desinformémonos, Arroyo explica que en Cancún se realizarán tres tipos de actividades. Por un lado, la movilización tanto en Cancún como descentralizada en el país (México) y en el mundo finalizará en la cita internacional del día 7 de diciembre. Para ello, cuenta el activista mexicano, “se está preparando una caravana que llegará de la zona andina del continente, cruzará toda América Central y alcanzará Cancún”. Por otro lado, continúa, “habrá un Foro sobre Justicia Climática, que tendrá distintos tipos de paneles y eventos autorganizados”, y, junto a ello, “se está organizando una sesión preliminar del Tribunal de los Pueblos sobre Justicia Climática”.

Cuenta Alberto Arroyo que muchas organizaciones del DCEM “tendrán tanto gente afuera (de la sede de la COP) como adentro”, por lo que esperan poder “tener ese contacto entre ambas partes”. La relación con el interior de la reunión es un tema importante según Arroyo. “A diferencia de otras reuniones internacionales, aquí sí hay que llegar a un acuerdo formal internacional entre los gobiernos”. Por eso, afirma, “es importante el diálogo con los gobiernos y el trabajo adentro de la COP es más central que en otras ocasiones”. Lo anterior, aclara, “se consigue sólo con la presión social, por eso estamos organizando las movilizaciones afuera de la conferencia”.

Acerca de las propuestas del DCEM, el activista de REMALC fija la posición de este espacio organizativo. “El espacio comparte las propuestas y la postura del documento producido en Cochabamba durante la Cumbre de los Pueblos como punto de partida”. Esto significa, según Arroyo, que “debe de haber consenso internacional alrededor de toda decisión que se tome en la COP; se tiene que llegar a un acuerdo vinculante sobre reducción de emisiones y lo anterior implica repensar radicalmente el actual modelo productivo y de consumo”. Aunado a lo anterior, “hay que impulsar la transición a otra matriz energética y privilegiar la agricultura campesina, la producción local para consumo local”, pues buena parte de las emisiones de GEI se debe a la agroindustria y al traslado de mercancías importadas.

“La dialéctica existente entre movimientos ecologistas y movimientos sociales de matriz económico”, sigue Arroyo, “se ha diluido bastante”. El miembro de DCEM afirma que cada vez hay más conciencia, entre los “ecologistas”, de que la actual crisis ambiental es fruto de una crisis integral que implica muchas dimensiones. Lo anterior “se podría resumir en la propuesta indígena del vivir bien – y no del vivir mejor -, que asume otro modelo de consumo, pues no es viable un planeta en que todos consumimos como Estados Unidos”. La cultura indígena permite hacer converger las dos posturas, afirma Arroyo, aunque admite que hay que plantear una transición, pues no es posible pensar un decrecimiento “parejo” para todos los países. “Los países desarrollados tienen que comenzar, pues tienen una deuda ecológica y climática con el planeta”.

Los anticapitalistas

Un tercer espacio de organización rumbo a las movilizaciones de Cancún es el llamado Espacio Internacional Anti-C@p, sigla que incluye las movilizaciones anti-COP con una postura declaradamente anticapitalista. Integrado por varias organizaciones, algunas de las cuales también son parte del DCEM, como es Marea Creciente, el Anti-C@p mira a Cancún como con una visión netamente anticapitalista. Integrantes de Jóvenes en Resistencia Alternativa (JRA),quienes también son parte de este espacio, afirman que “la COP16 representa una pasarela y un espacio en el que se disputan recursos” por parte de las grandes ONGs dedicadas al tema climático.

Anti-C@p está conformado, continúan, “por colectivos ecologistas, anticapitalistas y promotores de tecnologías anti consumo” entre los que figuran la Zona Autónoma Makhnovtchina, Acción Directa Autogestiva (ADA), los miembros del Auditorio Che Guevara ocupado de la UNAM, el colectivo CACITA, el Centro de Medios Libres de la Ciudad de México, el Frente Amplio Contra de la Supervía Poniente de la Ciudad de México, entre otros. Todas estas organizaciones denuncian que en las conferencias como la COP “no está representada la gente de base, ya que adentro de la conferencia se desarrolla más bien una especie de burocracia ongera”.

Los “colectivos autónomos y anticapitalistas” que conforman la Anti-C@p afirman tener relación con los demás espacios rumbo a Cancún, en especial modo con Vía Campesina y la ANAA. A diferencia de ellos, sin embargo, marcan la distancia de los gobiernos que se reunirán durante la COP16. “La conferencia de la ONU no es un interlocutor para nosotros”, pues el cambio climático “no es asunto de cumbres, aquí lo vivimos diariamente”. A pesar de lo anterior, Anti-C@p reconoce que la movilización de Cancún puede representar “un momento alto” en la articulación de movimientos sociales a nivel global. Impulsar convergencia entre los movimientos, es la consigna de Anti-C@p, “para hacer visibles los impactos de las políticas capitalistas”.

En particular, la oposición a la COP se concreta en una crítica profunda y articulada a las llamadas “falsas soluciones” y a los “negocios de las grandes ONGs”. La oposición neta al neoliberalismo que Anti-C@p reivindica se traduce en una crítica también al mensaje que la COP maneja. “Ellos (los de la COP) se apropiaron del discurso sobre el cambio climático. Con sus discursos buscan la creación de un imaginario de unidad para luego promover al llamado capitalismo verde”. En este contexto, Anti-C@p denuncia también al rol que está jugando el gobierno mexicano, mismo que trata de presentarse como un gobierno preocupado por el tema ambiental y con soluciones.

“Nosotros queremos cuestionar a la agenda de la COP” e imponer la agenda de los de abajo, afirman. Se reconocen en el espacio político marcado por la Otra Campaña, aunque, hasta ahora, ésta no haya adherido oficialmente a ningún espacio rumbo a la movilizaciones de Cancún. Anti-C@p también está organizando su propia caravana, la cual saldrá tras la marcha prevista por el día 30 de noviembre en la Ciudad de México. Según sus organizadores, la caravana estará compuesta por “estudiantes, amas de casa, niños y toda la gente que quiera sumarse”.

Junto a Marea Creciente y a ADA que organizaron la primera Convergencia Climática Regional en el estado de Puebla, Anti-C@p está organizando otras tres Convergencia en distintos puntos de la república mexicana. La primera, en orden de tiempo, se llevará a cabo a principio de noviembre en la localidad de Atenco, con la participación activa de la organización anfitriona, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Otra Convergencia se está organizando en la ciudad de Mexicali, a la frontera con Estados Unidos, y otra más en la comunidad de Acteal, en el estado de Chiapas.

Junto a Marea Creciente y a ADA que organizaron la primera Convergencia Climática Regional en el estado de Puebla, Anti-C@p está organizando otras tres Convergencia en distintos puntos de la república mexicana. La primera en orden de tiempo se llevará a cabo a principio de noviembre en la localidad de Atenco, con la participación activa de la organización anfitriona, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Otra Convergencia se está organizando en la ciudad de Mexicali, a la frontera con Estados Unidos, y otra más en la comunidad de Acteal, en el estado de Chiapas.

Con un eje que privilegia, según afirman sus integrantes, “la acción directa”, Anti-C@p señala que “ellos (los capitalistas) quieren manejar la crisis climática y social con un nuevo mercado de productos verdes y sustentables, con promesas de soluciones tecnológicas y otras falsas soluciones la crisis climática”. Por eso, convocan a construir “espacios y eventos autónomos, movilizaciones, y acciones para re-apropiarnos del discurso sobre el Cambio Climático y los procesos de adaptación y mitigación de los efectos devastadores del Calentamiento Global en una verdadera búsqueda de Justicia Ambiental y Social”. En Cancún, concluyen, “mostraremos que nosotros somos su crisis”.

La gestión comunitaria del agua en Cochabamba

1 giugno 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de junio de 2010
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Cochabamba, Bolivia. A diez años de la llamada “guerra del agua”, que en la primavera del año 2000 sacudió la ciudad de Cochabamba y acabó marcando el inicio del proceso que llevó a Evo Morales a la presidencia de Bolivia, el derecho al agua para la población de Cochabamba sigue siendo un objetivo por alcanzar.

En el sur de la capital de la provincia de Cercado y del departamento homónimo, existe hoy una experiencia autónoma que alrededor de la gestión del recurso hídrico construyó su propia organización y que hoy, tras seis años de existencia, abastece del precioso líquido aproximadamente a 250 mil personas, es decir, una cuarta parte de la población de Cochabamba.

Nacida en agosto de 2004, la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua del Sur (ASICA-SUR) es una organización que aglutina actualmente a más de cien sistemas de agua comunitarios. Según sus integrantes, es también una organización sin fines de lucro que no responde a ningún partido.

El ingeniero Carlos Oropeza Aguilar es desde hace cinco años parte del equipo técnico de la asociación y se ocupa de coordinar al proyecto macro de ASICA-SUR, es decir “planifica, evalúa y realiza el seguimiento a las diferentes áreas de acción” de la organización. Entrevistado por Desinformémonos, Oropeza Aguilar afirma: “Nosotros en cuanto consumidores mayores, tenemos el derecho de ser parte de la gestión, pero no cómo el modelo de ‘observatorios ciudadanos’, sino como parte de la misma gestión, tomar las decisiones”.

“La necesidad de organizarnos”

Carlos Oropeza cuenta que ASICA-SUR nació por “la ausencia del estado, de las autoridades, de las entidades públicas que tenían la obligación de atender a la población con servicios básicos”. Por ello, continúa, la población se organiza en pequeños sistemas locales de agua, los llamados “comités de agua”, que con sus propios esfuerzos logran constituir pozos, tanques, sistemas de extracción y de distribución. Lo más valioso, apunta Oropeza, es justamente que dichos comités administran y gestionan autónomamente los sistemas de agua construidos.

ASICA-SUR, entonces, nace cuando “estos comités, que se crean cada uno por su cuenta, comienzan a sentir la necesidad de ser atendidos por el Estado”. El encargado de proyectos de la organización afirma que la autoridad nunca quiso escuchar a los comités y, por ello, la gente comenzó a percibir la necesidad de constituir una entidad matriz que los aglutinara y que se hiciera portavoz de todos estos pequeños comités.

El miembro del equipo técnico de ASICA-SUR aclara que los comités existían mucho antes de la llamada ‘guerra del agua’ del año 2000 y reivindica que “justamente cuando se da la tentativa de privatización del sistema de agua, los comités toman un rol protagónico en la protesta”. Dicho rol protagónico no fue sólo de los comités, según el Carlos Oropeza, sino de “toda la zona sur de la ciudad”.

Carlos Oropeza explica que “al cumplir con el fortalecimiento de ASICA, cumplo con mis principios personales y profesionales”. Narra que ‘la guerra del agua’ les enseñó que hay que organizarse, pues “solamente organizados, unidos, y con espíritu de lucha es que vamos a poder construir la vida que queremos”. Y añade que se podría decir que ASICA-SUR es fruto de la guerra del agua.

“La constitución de la organización es fruto de un proceso. Una vez que termina la protesta del año 2000, todo mundo se fue a su barrio a realizar un trabajo de base. ASICA-SUR no surge inmediatamente después de la victoriosa protesta de aquella primavera boliviana. Primero fue ir a los barrios, concientizar a la gente acerca de la importancia del recurso. Luego, fueron a trabajar con los pequeños comités y socializar sobre la importancia de organizarnos y desde abajo se fue poco a poco construyendo todo. desde abajo se fueron escribiendo los estatutos, los reglamentos. Fue un trabajo largo”, relata el entrevistado.

La relación con el gobierno

Para Carlos Oropeza, la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia desata la esperanza entre los comités, quienes fueron y se consideran “la base social de este proceso de cambio, que el gobierno dice estar encaminando, pues es esta gente (la de los comités) quien empujó este proceso, quien los llevó al gobierno”. Oropeza admite que al ver “sus representantes” al gobierno, sintieron la esperanza de tener finalmente atención por parte de las autoridades.

Sin embargo no ha sido precisamente así. “Hubo algunos avances, en el sentido de que hemos recibido un financiamiento directo por parte del gobierno, cosa que nunca había pasado, pues antes el dinero pasaba por alguna autoridad local y no llegaba a la base”.

Detalla que en estos meses están utilizando un financiamiento de cuatro millones de dólares para la construcción de infraestructuras para los comités de agua. Además, “al parecer hay intención por parte del gobierno de reconocer estos pequeños comités de agua, de darles su registro, para que funcionen en un marco legal”. Aunque admite que estos son pequeños cambios positivos, Carlos Oropeza afirma que “no obstante, no estamos conformes”.

Tajante, el ingeniero de ASICA-SUR demanda mucha más inversión, pues “para lo que se necesita es muy poco lo que hasta ahora se ha invertido”. La razón de esta situación, indica, es porque el gobierno aún no define sus políticas alrededor de las necesidades reales de la gente y, al contrario, opta por programas y planes que le van a favorecer políticamente, como puentes, carreteras, “en fin, cosas que uno puede ver”. Los acueductos y los pozos no se ven, por esto, denuncia “sabemos que para el gobierno nosotros no tenemos significado político”.

Sin embargo, ASICA-SUR y sus integrantes parecen estar muy conscientes de la fuerza con la que cuentan. Los poco más de cien comités atienden a cerca de 700 familias cada uno, haciendo un total de más de 200 mil personas, la cuarta parte de la población de Cochabamba. Carlos Oropeza aclara: “Ojo: estamos diciendo que son 250 mil personas que están organizadas en los sistemas de agua locales”. Y advierte: “El gobierno sabe que esta es una fuerza que podría ser su gloria o su tumba”. Y a pesar de que el gobierno siempre haya tratado de “hacernos suyo, de someternos, ASICA-SUR se ha mantenido independiente, nunca aceptó incorporarse a nada que ofreciera el gobierno.”

Por ahora, ASICA-SUR sobrevive gracias a la cooperación internacional. La asociación italiana Centro Volontariato Internazionale (CeVI) es parte de dicha cooperación “en el marco de Proyectos de Cooperación Internacional entre Italia y Bolivia”. Dice el representante de la organización italiana en Bolivia: “Lograr la sustentabilidad de la gestión del agua comunitaria e impulsar una gestión participativa y solidaria del recurso es importante porque el agua debe ser fuente de democracia y justicia y no de desigualdades y ganancias”.

La independencia

El miembro del equipo técnico de ASICA-SUR expone que siempre hubo la idea de mantenerse independientes, “fuera cual fuera el gobierno”. Acerca de los apoyos recibidos – los cuatro millones de dólares mencionados -, Carlos Oropeza aclara: “Si el gobierno quiere apoyar, adelante, pero eso no implica someterse a nadie”.

Esta actitud hacia las autoridades, abunda, también les costó en cierta medida, pues las presiones gubernamentales no faltan. “El gobierno sabe que somos independientes, pero, por ejemplo, ha intentado llevarse personas de la organización ofreciendo puestos de gobierno”.. En otras ocasiones, el gobierno invitó a los miembros de ASICA-SUR a participar en eventos y movilizaciones.

En algunas ocasiones, admite el ingeniero de la organización, hubo respuesta positiva por parte de ASICA-SUR. No obstante, afirma, “luego vimos que nos estaban utilizando, pues no respondían a nuestra necesidades como nosotros lo queríamos”. Y aunque nunca hubo represión directa, “asumimos que podría suceder”.

Durante la tercera Feria Internacional del Agua, organizada por ASICA-SUR junto a otras organizaciones en los días previos a la aclamada Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático (CMPCC), dice Carlos Oropeza, “se sintió la ausencia de algún representante del gobierno”. Este año, en efecto, el gobierno junto al Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Evo Morales) organizó un evento aparte para celebrar el décimo aniversario de la ‘guerra del agua’.

Durante el primer mandato de Evo Morales hubo funcionarios muy cercanos a la organización y los mismos siempre participaron en sus eventos. Como muestra del cambio de actitud y de relación entre la organización y el gobierno, Oropeza cuenta que el gobierno no los invitó a la CMPCC: “Nosotros sentimos que quisieron convocar sólo a las organizaciones que están sometidas a la voluntad del gobierno, donde se hace lo que la cúpula decide”.

Otro modelo de gestión del agua

La zona sur de Cochabamba, según Carlos Oropeza, es una zona que se pobló con la gente que migró desde otros lados. La gente vino sobre todo de los que son centros mineros en el país “por eso la gente trae arraigada la vocación a la organización”. La fuerte tradición sindical del sector minero en Bolivia tuvo gran influencia en la formación de los comités locales de agua.

Al mismo tiempo “mucha gente vino de las áreas rurales, del campo, donde lo fuerte es lo comunitario. La comunidad es un concepto central pues el trabajo se hace en común”. También muy arraigada es “la práctica de la ayuda mutua”. Estas dos realidades se han juntado, expone, “cada una puso de su parte”. “¡Organicémonos y trabajemos!”, fue la consigna. Y reivindica: “Esa es la parte rica de nuestra experiencia: campesinos, indígenas y cultura minera”.

Acerca del fuerte compromiso que la gente demuestra en las actividades coordinadas por ASICA-SUR, Carlos Oropeza señala la importancia de que todos los sistemas de agua fueron construidos por la propia gente, lo que permite que toda la comunidad los proteja y los cuide. La gente no siente la obligación de participar, explica, “pues se involucra alrededor de su necesidad y de lo que construyó con sus propias manos”.

La organización nació en un principio sólo como portavoz de la asamblea de todos los comités. Luego, a lo largo del tiempo, se dio la necesidad de organizar un equipo técnico para ofrecer asistencia a los comités y es ahí, dice Oropeza, “cuando ASICA-SUR se convierte en una organización que va también a reforzar el trabajo de cada sistema de agua”.

Además, explica, el equipo técnico surgió también porque los comités se dieron cuenta que las autoridades no gestionaban proyectos. Por ello, ASICA-SUR se volvió un gestor y un ejecutor de proyectos. “La organización es un poco sui generis, pues por un lado es como un sindicato por otro lado es como una empresa”, comenta el ingeniero boliviano.

Tan es así, que actualmente, ASICA-SUR tiene firmado un convenio con SEMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable de Cochabamba, el servicio público de la ciudad) para que la organización independiente ofrezca servicio de agua potable con sus tres carros cisternas (pipas).

Todo lo anterior, precisa Carlos Oropeza, es el fruto de un trabajo comunitario y autogestionado que tiene su propia organización. Hay un directorio que es elegido por la asamblea de los representantes de los comités que cuenta con cinco miembros y un presidente y como función tiene la de ejecutar lo que ellos – la asamblea de representantes – determina.

Este espacio de “dirección” percibe una compensación económica por su labor permanente, a diferencia de la asamblea, cuyos miembros (los representantes de cada comité local) no tienen sueldo alguno. Carlos Oropeza precisa que el directorio es renovado cada dos años, “aunque la asamblea tiene la facultad de revocar el mandato en cualquier momento”.

Con este tipo de funcionamiento, ASICA-SUR se propone también como modelo alternativo y “democrático” de gestión del recurso hídrico. “Observamos que la empresa pública que fue rescatada durante la guerra del agua no está respondiendo, no sirve. La empresa, cuando tiene muchos usuarios, no logra funcionar con la participación social de la gente. Por esto, como sistemas de agua que somos decidimos no volvernos usuario, sino fortalecernos y convertirnos en un modelo de gestión, primero comunitario”.

No obstante, la interacción con el servicio público es necesaria ya que es la empresa pública la que tiene la propiedad de las mayor parte de los pozos de agua. La propuesta de ASICA-SUR es comprar agua en bloque a la empresa pública y gestionar su administración y distribución, tal y cual “hacemos ahora con el agua que extraemos nosotros”.

“Un modelo así es mejor porque es comunitario y eso significa mayor transparencia en el proceso. Nosotros en cuanto consumidores mayores, tenemos el derecho de ser parte de la gestión, pero no como el modelo de ‘observatorios ciudadanos’, sino como parte misma de la gestión, tomar las decisiones”, finaliza Oropeza.

La Mesa 18 en la Cumbre de los Pueblos en Bolivia

1 maggio 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de mayo de 2010
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Cochabamba, Bolivia. Una semana antes de la esperada Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático (CMPCC), convocada por el presidente boliviano Evo Morales, se realizó la Tercera Feria Internacional del Agua, organizada por sectores de la extinta Coordinadora del Agua que en el año 2000 condujo y ganó la llamada “Guerra del agua” en contra de la privatización del recurso en la ciudad de Cochabamba. En ese espacio se ratificó la intención de organizar otra mesa de discusión al interior de la CMPCC, pues muchos de los temas en la agenda de las organizaciones indígenas, campesinas y sociales bolivianas habían sido rechazados por los organizadores de la Conferencia oficial, por considerarlos temas “demasiado locales” como para caber en la Conferencia mundial, explicaron fuentes gubernamentales.

Los rebeldes

“¿Dónde está la práctica?”, preguntó un portavoz de los “excluidos” de la CMPCC al presentar la décimo octava mesa de trabajo, es decir la “mesa popular”, la que tuvo que reunirse afuera de la sede de la Conferencia oficial “porque adentro no nos dejaron entrar”. Sin embargo, en la que la prensa oficialista calificó como “la mesa 18” encontraron cabida todos los temas excluidos del programa oficial, es decir los conflictos socioambientales que la conferencia mundial no quiso abordar.

“El discurso (del gobierno de Bolivia) es bonito, pero no hay consecuencia en los hechos”, se dijo en la rueda de prensa que dio inicio a esta mesa de trabajo cuyos temas fueron tildados, días antes de comenzar la conferencia mundial, de “locales, fuera de contexto, inoportunos” por el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera.

Rafael Quispe, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus en Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), explicó el primer día de actividades de la mesa: “No estamos en contra de esta Conferencia (la CMPCC), que quede bien claro…no obstante los temas que propusimos (conflictos socioambientales) no han sido aceptados como parte del programa de la CMPCC”. Y no sólo eso, explicó el indígena boliviano: “Nos han dicho ‘la mesa rebelde’, nos han tratado de satanizar”.

A pesar de lo anterior y no obstante la negación del espacio al interior de la CMPCC para instalar la décimo octava mesa de discusión, afuera de las instalaciones de la Univalle, la universidad privada que hospedó las labores de la Conferencia oficial, en una casa particular alquilada por la ocasión, la mesa 18, titulada “Derechos colectivos y derechos de la madre tierra”, llevó a cabo sus discusiones.

“No son problemas locales”

Según los integrantes de la mesa 18 en Bolivia el 80 por ciento de los ingresos son por industria extractivista: petróleo, gas y minerales. En este contexto, y tras el primer gobierno popular guiado por Evo Morales, la pregunta que más circuló fue: ¿dónde está la práctica? Es decir, ¿cómo se traduce el discurso del gobierno (boliviano) en hechos concretos?

Walberto Baraona Garnica, miembro de CONAMAQ, reconoció al “proceso” emprendido desde el gobierno de Evo Morales, pero también afirmó que se debe hablar con la verdad. Los indígenas guiamos un proceso de cambio, de respeto a la madre tierra, pero también debemos comenzar en casa a cumplir con los conflictos socioambientales.

Baraona cuenta que hubo varias reuniones con Evo Morales “quien se comprometió a escucharnos, a escuchar el verdadero pueblo que sufre, pero tras cuatro años de gobierno, tres meses de plenos poderes políticos, para los pueblos originarios no hay cambio, siguen los conflictos”. Recuerda que “Evo Morales dice: pachamama o capitalismo. Nosotros contestamos: la pachamama. Pero nos percatamos que tanto en el modelo capitalista como en (este) modelo socialista, está el modelo extractivista, desarrollista, consumista…esa forma de vida de consumo”.

Baraona Garnica insiste en que “esos dos modelos, el capitalista y el socialista, violan los derechos de la madre tierra, violan los derechos de los pueblos indígenas”. Por lo anterior, recuerda, “le dijimos a Evo Morales y se lo decimos a ustedes: ¡no seamos puro discurso, hablemos la verdad!”.
Finalmente, señala que el problema no es sólo de Bolivia: en Perú, por ejemplo, o en Colombia, ¿cuántos muertos hubo por defender su territorio? Y sentencia: “Los conflictos socioambientales no son un problema local. Los megaproyectos, por ejemplo, decididos bajo gobierno neoliberales, pero hoy impulsados con el dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los bancos privados ahí siguen; son proyectos que violan lo derechos de la madre tierra, violan los derechos de los pueblos indígenas, violan el derecho a la consulta, libre, previa e informada, no benefician a los pueblos, sino sólo al capital privado”.

La mina San Cristóbal

El primer y más sonado caso ilustrado fue el de la mina en San Cristóbal, en la región del Potosí, en el sur de Bolivia, a unos 150 kilómetros de la frontera con Chile. Aquí, desde 1995, la Empresa Minera San Cristóbal (MSC), actualmente propiedad de la japonesa Sumitomo Corporation, explota zinc, plata y plomo en las tierra desérticas de la región. Las organizaciones sociales locales, en particular la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (FRUTCAS) denuncia que la mina estaría consumiendo entre 42 mil y 50 mil metros cúbicos de agua subterránea para aprovisionar sus procesos mineros y otras necesidades propias.

Las comunidades que viven alrededor del proyecto de explotación minera están sumamente preocupadas por el futuro del recurso hídrico, pues los niveles de abastecimiento en la región son casi nulos, debido a la naturaleza desértica de la zona. Y si por un lado, afirman los afectados, el gobierno no ejerce ningún tipo de control acerca de la explotación acuífera (ni siquiera cobra los impuestos correspondientes), por el otro “la única información acerca del proyecto es la que proporciona la empresa misma”. Debido a lo anterior, la FRUTSAC encargó en 2009 un estudio al hidrogeólogo Robert Morgan.

En el estudio titulado Minando el agua: la mina San Cristóbal, Bolivia, el investigador afirma que las tasas tan extremas de extracción (de agua) aseguran que grandes áreas de los acuíferos locales van a ser desabastecidas por varias décadas después de que MSC concluya sus actividades. De esta manera -continúa el documento- muchos otros usuarios potenciales de agua (las comunidades locales) se verán impedidos de hacer uso de estos recursos.

Por esta razón, miles de pobladores locales se movilizaron justamente en la semana previa a la CMPCC bloqueando las instalaciones de la mina con mítines y manifestaciones. Amparados en el precepto constitucional que indica que el agua “un derecho humano fundamental”, los manifestantes han puesto “patas arriba” la región. Más de mil comuneros bloquearon las líneas del tren y la estación Abaroa en la frontera con Chile y paralizaron un convoy de vagones cargados con minerales procedente de la mina San Cristóbal.

Otros comuneros descarrilaron un vagón que contenía 22 toneladas de mineral. El viernes 16 de abril, unos días antes del inicio de la CMPCC, los manifestantes ocuparon y prendieron fuego a las oficinas de la empresa. Al mismo tiempo, decenas de camiones se encontraban varados en la frontera con Chile, tomados por las protestas. Al momento de escribir estas línea, la situación aún no se resolvía.

Desde la mesa 18 de Cochabamba se denunció las amenazas gubernamentales de intervenir contra los bloqueos utilizando la fuerza pública y se matizó: “Desde aquí, desde la mesa 18, va toda nuestra solidaridad a los hermanos de San Cristóbal que hoy viven un conflicto muy grande. Se están utilizando las aguas fósiles y el gobierno ha amenazado a los hermanos con la utilización de la fuerza pública. Y si metemos a la fuerza pública estamos haciendo lo que ya hicieron los neoliberales, los capitalistas”.

Casos como el de la mina San Cristóbal, denunciaron los integrantes de la “mesa rebelde”, son comunes y esparcidos a lo largo de todo el territorio boliviano. Por ejemplo, en los mismos días, 300 indígenas weenhayek, tapiete y guaraníes del Chaco, departamento de Tarija, protagonizaron una marcha en contra del gobierno de Morales, que autorizó operaciones petroleras en sus territorios violando su derecho a la consulta previa.

Colectivo CASA

El Colectivo de Coordinación de Acciones SocioAmbientales (CASA), integrante de la mesa 18, afirma: “El gobierno está pidiendo en el exterior que se respete a la madre tierra. Bien, qué comience en su casa”. En particular, los de CASA exigen que en la región de Oruro, en el sureste de Bolivia, “las empresas mineras dejen de contaminar nuestros ríos y nuestra agua”. La empresa minera Uanuni está actualmente contaminando el lago Popo, en la región, matando a los peces y desapareciendo nuestras plantas medicinales, porque las empresas mineras “primero llegan, se llevan todo y nos dejan en la miseria, la pobreza, la muerte…el ecosistema de Oruru está muerto”.

Orman Ajax Sannuezza Machicado comenta que “si bien se está pidiendo al mundo que se respeten los derechos de la madre tierra, en Bolivia el gobierno está vendiendo las concesiones (mineras) como pan caliente, se están sacando todos los recursos naturales, no está quedando nada para Bolivia, y nos quedamos pobres y contaminados”. En lo específico, explica que el lago Oruru y el lago Popo son parte del Convenio Ramsar, el convenio internacional, firmado en 1971 en la ciudad de Ramsar (Irán), de protección a las zonas húmedas en el mundo.

El activista de CASA añade: “Las actividades mineras en los alrededores de estos lagos está acabando con ellos: ellas extraen agua desde pozos que llegan hasta 600 metros de profundidad, la utilizan y luego, sin siquiera tratarla, la echan a los lagos”. Abunda que “si la trataran, al menos la podríamos usar para el riego de nuestras tierras, pero ni eso”. Finalmente denuncia que los pozos de sus comunidades se están secando: “No tenemos agua en nuestras comunidades, nos estamos muriendo y además las transnacionales, según la ley, están exentos de pagar los recursos que consuman, mientras nosotros, los comuneros, tenemos que pagar por nuestro modesto consumo de agua”.

Frente a esta situación, las comunidades de la región coordinadas en el Colectivo CASA se están organizando. Alvaro Fabían Rivero, de la organización Juventud Ecologista en Acción (JEA), parte de la CASA, cuenta que se ha organizado una campaña de firmas denominada ‘Por Nuestros Ríos y Lagos’ que fue también un Festival de Música. Por otro lado, los comuneros de la región también organizan mítines, marchas, manifestaciones. La movilización constante, continúan los miembros de JEA, ha sido también objeto de represión: “A los comuneros que protestan ya se les tildó de ladrones, los han acusado de querer perjudicar a la minería y por lo tanto al desarrollo del país”. Según el testimonio, las autoridades locales han levantado inclusive varias demandas en contra de los comuneros más vivibles de la protesta.

MST de Bolivia

En la mesa 18 también encontró espacio la reivindicación del Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B). Moisés Torres, secretario de relaciones internacionales de la organización, comenta que en Bolivia hay mucha pobreza y sigue la mala distribución de tierras. En Bolivia sigue existiendo el latifundio y con la nueva constitución política del país el latifundio se ha reforzado. Por lo tanto, el problema de la tierra y de las familias sin tierra va a seguir durante años todavía.

Acerca de la relación con el gobierno de Evo Morales, el dirigente del MST de Bolivia apunta que no hay en este momento indicios claros de querer atender a las familias sin tierra. El actual ministerio de desarrollo rural y tierras -continúa- ha elaborado un anteproyecto de ley de tierras en favor del latifundio, empresarial, procapitalista. Según Torres, dicha ley está siendo propuesta por el actual viceministro, Víctor Camacho y apoyada por los ejecutivos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), aunque sea rechazada por todas las organizaciones indígenas del país.

Moisés Torres calcula que hoy en día, en Bolivia, hay al menos un millón de personas sin tierra e indica que son alrededor de 5mil familias y que actualmente ocupan cerca de diez mil hectáreas en todo el país. Por esta razón, finaliza, “desde arriba, desde el gobierno, nos consideran un dolor de cabeza, por eso tratan de dividirnos, tratan de destruirnos nada más porque no queremos apoyar al mensaje del gobierno”.

IIRSA

Otra grave amenaza tanto para Bolivia, como para todo el área de Sudamérica es la “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamericana” (IIRSA). Según Donovan Osorio Suarez, miembro fundador de la Fundación Medioambiente y Desarrollo Alternativo para Bolivia (MADALBO), “el proyecto de IIRSA es desastroso para Bolivia y los otros países participantes”. Promovido desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el fuerte impulso del gobierno de Brasil, el proyecto prevé la construcción carreteras como parte de los corredores bioceánicos, hidrovías en la cuenca amazónica, apertura a los monocultivos agrícolas, la construcción de represas, etcétera.

Nacido oficialmente en el año 2000 en Brasilia, durante la enésima cumbre de presidentes del subcontinente, la iniciativa tiene hasta ahora previstos 507 proyectos de construcción de infraestructuras para transportes y telecomunicaciones. Lo anterior se debería realizar con una inversión de al menos 70 mil millones de dólares, de lo cuales, a la fecha, se han ya invertido 21 mil en 145 proyectos ya echados a andar. Bolivia, en particular, estaría al centro de 4 de los 10 ejes considerados en toda la iniciativa. Hasta la fecha, 5 serían los proyectos en curso de realización, todos relativos a carreteras, por un total de 1289 millones de dólares.

Osorio Suarez denuncia que, por ejemplo, el proyecto prevé la construcción de una carretera de alto impacto que partiría en dos el Parque nacional y Territorio Indígena Isiboro-Sécure. El miembro de Madalbo denuncia que el gobierno de Evo Morales se adhirió al proyecto sin consulta alguna de las comunidades locales afectadas. Según el activista boliviano, aunque el proyecto es promovido por muchos otros países, los beneficiados finales van a ser Brasil y Chile, mientras que Bolivia, como Perú, sólo serán prestadores de servicios.

Parque Nacional Isiboro-Sécure

El Isiboro-Sécuri es un parque nacional definido como territorio indígena por la legislación boliviana y se encuentra entre el departamento de Cochabamba y el de Beni. Durante la CMPCC el tema de la violación a dicho territorio por parte del proyecto IIRSA tampoco fue abordado. A un borde de la calle que conduce a la entrada de la conferencia oficialista, una mujer indígena trinitaria tiene un grande mapa colgado de la pared que flanquea la acera. En su castellano precario, la indígena – quien no quiso ofrecer su nombre – ilustra la causa de su gente en defender su territorio de lo que define “un proyecto que no nos sirve”.

“Venimos hasta aquí porque vimos que iba a haber…”, la mirada se pierde en el cartel que tiene a su lado, en búsqueda de un nombre. Finalmente alcanza a leer y dice: “Cumbre…climática”. Continúa: “…sin embargo no nos toman en cuenta a nosotros, los pueblos trinitario, yurakaré, mojeño, chimán, que somos quienes vivimos en el parque”. Ellos denuncian ante todo la falta de respeto de la ley en defensa de la naturaleza y de los pueblos originarios; la tala ilegal sin reposición; el envenenamiento de los ríos y de la tierra con químicos; y la caza y la pesca ilegales con dinamita.

Además, explica la indígena trinitaria, “ahora nos dicen que la carretera va, pero ni hemos sido consultados, si queremos esa carretera”. Acusa al gobierno de mantener un doble discurso acerca de la defensa de la tierra y la promoción de proyectos que violan sus derechos y afirma: “No puede ser cierto que sea así”. Tajante advierte: “Nosotros no queremos esta carretera porque sino cuántos animales van a desaparecer, cuántas plantas van a morir”. Con la mano señala al cartel: “Aquí lo tenemos al tigre, al loro…ellos se van a quedar muy tristes cuando se abra la carretera en el territorio”.

Frente las miles de personas que caminan y pasan frente su instalación improvisada, la mujer trinitaria pide ser escuchada. Cuenta que en 1990 “marchamos para defender al parque y, mire, de 1990 hasta ahora se ha mantenido el territorio…y ahora quieren abrir una carretera…¿con qué necesidad? Esta carretera no nos va a beneficiar a nosotros sino a la gente de afuera, pues en nuestro territorio no hay producción en gran cantidad como para necesitar sacar algo de ahí”.

Derechos colectivos y derechos de la madre tierra

La mesa 18 trabajó durante dos días en intensas reuniones de trabajo y discusión. Fueron denunciados otros casos, como por ejemplo las actividades mineras en Corocoro, en el norte de La Paz o el caso de la mina Mutún. Se analizaron los distintos proyectos de explotación petrolera en los territorios indígenas, como en los territorios Lliquimuni, también en el norte de la Paz, o en territorio Guaraní. Se ilustraron, finalmente, los proyectos hidroeléctricos en la Amazonía con los proyectos en el Río Madera, Cachuela Esperanza y El Bala.

Tras los días de labores, la mesa 18 produjo un documento cuya redacción final fue el fruto de una larga asamblea participativa, ordenada, paciente. Se discutió cada frase, cada palabra, para que el documento final pudiera iniciar con la siguiente frase: “Esta mesa convocada por el CONAMAQ representa a los pueblos del mundo”. Al mundo entero quizás no, pero sin duda a todos los presentes en las actividades de esos dos días.

En el documento final, dejan en claro que “la mesa número 18 se constituyó como un espacio necesario de reflexión y denuncia en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, a fin de profundizar la lectura sobre los efectos locales del capitalismo industrial global”. Asimismo, no esconden su postura frente a la conferencia oficial: “Asumimos la responsabilidad de cuestionar a los regímenes latinoamericanos denominados populares y a la lógica depredadora y consumista, la lógica de la muerte del desarrollismo y del neo extractivismo”.

En esta mesa se reconoció también la existencia de un proceso transformador en Bolivia y señalaron que para garantizar que este proceso se profundice y se extienda como un ejemplo alentador a todo el continente y a los pueblos del mundo, es necesario visibilizar las contradicciones existentes, reflejadas en los conflictos socioambientales.

Finalmente, los participantes de la mesa 18 afirmaron en su documento final: “Repudiamos al imperialismo, a las transnacionales y a los gobiernos del denominado progresismo latinoamericano que impulsan proyectos de energía y mega infraestructura de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en todos los territorios latinoamericanos –especialmente territorios indígenas y áreas protegidas– diseñados por bancos, empresarios y constructores privados con una visión neoliberal y explotadora”.

Copenhague, algunas consideraciones

29 dicembre 2009 Lascia un commento

Con todo y a pesar de los ríos de palabras de estas últimas horas, es necesario subrayar el substancial fracaso de la conferencia COP15 que se realizó tras meses de debate, discusión e intercambio de ideas acerca del tema climático que, después de tantos años, lograba cobrar la centralidad que merece. Tanta publicidad, tanta expectativa, para que en el escenario los actores fueran siempre los mismos y actuando los papeles de siempre.
El primer fracaso es acerca del mero asunto a discutir: el cambio climático. Observamos la actitud conservadora, envidiosa y de chantaje de los gobiernos de siempre por encima de los intereses de todos. El control del nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) no se volverá más estricto sino seguirá siendo un elemento de intercambio para intereses políticos y económicos. Cualquier acuerdo se haya alcanzado en las últimas horas nunca será suficiente para respetar en lo mínimo cuanto indicado por distintas partes del mundo científico internacional: los gobernantes del planeta prefirieron condenar al planeta en lugar de ceder aunque fuera un poquito de su poder. En efecto, la sensación cada vez más firme es que no se trató de ver cuanto y cuando los países – tanto los ‘desarrollados’ como los ‘en vía de desarrollo’ – estuvieran dispuestos en conceder, en limitar, en controlar, en reducir, etc. Sino más bien de ver cuál podía según ellos – gobiernos y representantes del actual modelo económico y productivo – una propuesta alternativa al posible colapso climático y al fin de la era de los recursos fósiles. Las dos cosas no están separadas. Al contrario, como se dijo en las calles de Copenhague durante las protestas de la sociedad civil internacional, cambiar al sistema es condición ineludible para evitar al cambio climático. El problema, para ellos ‘los poderosos’, es que cambiar de sistema económico implica cambiar al sistema de producción energética. Y lo anterior no se puede hacer sin compartir conocimientos, tecnologías y, finalmente, poder con los demás. La verdad es que ‘ellos’ se encuentran sin claridad ni soluciones estratégicas frente al problema y lo único que pueden hacer ahora es tomar tiempo, quizás para convencernos de las bondades de la green economy.
Prueba de lo anterior – claro, no la única – es el fracaso político de la conferencia. El meollo del fiasco político tiene que ver con el revés que sufrió la propuesta de algunos acerca de un nuevo modelo multilateral de gobierno de la actual crisis global. Habíamos anteriormente lamentado la decisión unilateral de los gobiernos de China y de EU de adelantar conclusiones a la COP15. Luego observamos una marcha atrás por parte de los dos mencionados, casi a pedir disculpa y ofrecer espacios de maniobra a otros actores. Hoy, se ve con claridad que la multilateralidad es una quimera, un sueño para algunos, pero cada vez menos una realidad concreta. La hipótesis de un gobierno mundial, multilateral, global de la actual crisis ecológica y sus facetas económicas, financieras, sociales, no se realizó.
Síntomas de lo anterior son los distintos niveles de participación que tuvo ‘la humanidad’ a la COP15. En la conferencia oficial había tres niveles de acreditación. El primer nivel era el de la participación de visitadores, substancialmente activistas de ONGs y periodistas; el segundo nivel era el de los negociadores de las grandes ONGs, por lo regular afines a los gobiernos; el último nivel, fue el de los negociadores gubernamentales. Esta conferencia, comenzada incluyendo a los tres niveles, se cerró excluyendo a los primeros dos niveles e inclusive a parte del último nivel, es decir transformando la conferencia (global) en una cumbre (entre pocos). Además, es preciso subrayar que en este último nivel, se encontraban los países del G77, con China, India, Brasil al frente, que se presentaron en calidad de ‘países en vía de desarrollo’ pero jugaron y siguen jugando roles dignos de los países capitalistas más avanzados. Es un engaño, por desgracia, creer que el gobierno de Lula o la economía de China puedan jugar el papel de contrapeso al rol supuestamente hegemónico de EU y Unión Europea. Los niveles de crecimiento económico aclaran cuanto dicho. Y las intenciones de los gobernantes de dichos países no son tan distantes de las de Washington: un ejemplo, la devastación ambiental en la Amazona brasileña en favor de los agrocombustibles.
Por último, vale la pena subrayar la evidencia más clara de este fracaso político que sufrió la COP15. Dijimos anteriormente que dicha conferencia se presentó mucho más legitimada que otras cumbres en el pasado, como fueron las reuniones de la OMC, FMI, BM, G8, etc. En pocos días de protesta callejera, también la COP15 perdió toda su legitimidad. No hubo violencia y ni ataques directos por parte de la protesta organizada afuera de la conferencia oficial, tanto en la movilización callejera como en el Foro alternativo – el KlimaForum09. Sin embargo, por parte de los gobiernos – y en específico por parte de las fuerzas del orden – hubo una respuesta violenta y agresiva. Lo anterior demuestra, una vez más, que la ausencia de una respuesta incluyente por parte de los ‘poderosos’ se llena con las dinámicas y formas de vida desde abajo, mismas que se salen del orden constituido y por eso, en efecto, son atacadas con maldad, brutalidad y arrogancia, pero también con miedo por parte de los ya ex-poderosos del planeta.

Protestas en contra de la COP15

17 dicembre 2009 Lascia un commento

Fui a Copenhague para dar seguimiento a las protestas organizadas por el movimiento social global en contra de la Conferencia de las Parte sobre Cambio Climático de la ONU.
Abajo las notas publicadas en el periódico mexicano La Jornada:
> 17/12/09: “Se confirma la crisis de la cumbre en Copenhague; dimite ministra danesa
> 16/12/09: “La represión policiaca, tónica en Copenhague
> 14/12/09: “Represión policíaca roba cámara durante la cumbre climática en Copenhague
> 13/12/09: “Multitidinaria marcha de ONG en Copenhague; hay 400 detenidos
> 12/12/09: “Aplican en Copenhague detención preventiva contra 61 activistas
> 11/12/09: “Proponen en cumbre del pueblo reparar la llamd deuda ecológica