Home > cárcel - español, guerra - español, La Jornada, USA > El negocio del miedo

El negocio del miedo

El presente articulo, escrito a cuatro manos con Vittorio Sergi, fue publicado en el periódico mexicano, La Jornada el 13 de mayo de 2005, en el suplemento Masiosare.
________________________
“En una nación donde la ideología dominante es la acumulación
y el dominio del capital, el ingreso de las descontroladas
fuerzas de las corporaciones es profundamente inquietante.
Porque, ¿cuál puede ser el futuro del encarcelamiento
cuando el motivo ulterior es la ganancia? En un régimen en
el que más cuerpos significan más ganancia, las prisiones
están dando un enorme paso hacia su antecesor histórico,
la jaula de esclavos”

Mumia Abu Jamal, preso y condenado a la pena capital.

En 1961, el general y presidente Dwight Eisenhower acuño el término Military Industrial Complex, para designar la alianza estratégica entre los sectores militares y los industriales productores de armas para aumentar sus ganancias promoviendo e induciendo la venta y el consumo de sus mercancías, o sea la guerra. Este contubernio llevó en los años de la guerra fría a enormes ganancias privadas subsidiadas económicamente y políticamente por el estado que a la vez incrementaba el empleo de la fuerza militar, el apoyo externo a guerras contrainsurgentes y la construcción a larga escala de armas nucleares. El Complejo Industrial Penal (PIC, su sigla en inglés), designa en las palabras de sus promotores como en las de quienes lo enfrentan, el inmenso sistema de represión, control y explotación que es hoy el sistema carcelario de Estados Unidos.

El PIC en una sociedad racista

Atrás de una realidad que se nos presenta sumamente dividida entre los colores que componen este extraño patchwork, llamado Estados Unidos, no se puede dejar de ver la realidad de una sociedad fundada sobre el racismo. Ejemplo de ello es la gran diferencia que se puede observar en la composición de la población carcelaria. A partir del emprendimiento de la “guerra contra las drogas” durante el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), las proporciones raciales de los encarcelados en las prisiones estadounidenses presentan asombrosas diferencias con las proporciones raciales de la sociedad en general. En los últimos treinta años la tasa de encarcelación se ha disparado a cifras que alcanzan hoy hasta los dos millones de personas y cinco millones en libertad condicionada[1]. Estados Unidos tiene 5% de la población mundial y el 25% de los presos a nivel global. Desde 1990, la población carcelaria se ha duplicado, alcanzando los dos millones en el 2000.[2] De hecho el 63% de los encarcelados pertenece a las minorías negras y latina (constituyendo una mayoría en las prisiones) mientras que dichas minorías solo constituyen un 25% de la población nacional.[3] Si bien, esta disparidad guarda una relación evidente con la distribución de la riqueza según las razas, y con el índice de criminalidad, no se explica totalmente, por tales motivos es considerada por muchos estudiosos del tema como una insidiosa continuación de las políticas discriminatorias. A prueba de esto es suficiente revisar a las leyes de tránsito de los diferentes Estados, todas o casi todas permiten o exigen el perfil étnico de los detenidos. En otras palabras, si eres negro o latino y manejas un automóvil tienes muchas más posibilidades de ser controlado que cualquier conductor blanco.
La prisión representa el sistema más rentable para desaparecer lo que la sociedad considera inaceptable. ¿Por qué?
Una explicación la tiene Pilar Maschi, ex presa, madre soltera de una hija de cinco años y activista de tiempo completo en el movimiento abolicionista Critical Resistance que lucha para la eliminación de todas las cárceles y para la reconstrucción de comunidades y relaciones solidarias: “Desde los años setenta, frente a la insurgencia de los movimientos de la gente de color, de los grupos radicales, de los movimientos feministas y del rechazo general a la guerra de Vietnam el Estado empezó una represión feroz. Al mismo tiempo se emprendieron cambios profundos en la estructura productiva. Los empresarios, con el apoyo del gobierno han abandonado millones de personas cuyo trabajo ya no es necesario. Estas personas se vuelven inútiles y luego son etiquetadas como peligrosas para la sociedad. En el Complejo Industrial Penal estas personas son más valuables como desempleados o criminales, simplemente se ha encontrado la manera de sacar un provecho económico de los excluidos. En 1970 los presos en Estados Unidos eran 200.000, hoy el numero sobrepasa los dos millones.”
Ik Aikur, originaria de Nigeria, otra activista de Critical Resistance desde New Haven, Connecticut, subraya el alto grado de exclusión en las comunidades de color que no tienen otra opción que el servicio militar, trabajos mal pagados y precarios, o emprender alguna actividad ilegal que lleva tarde o temprano al contacto con las cárceles y con un circuito de mayor exclusión. Un solo cargo para delitos de droga o violencia, lleva a no poder ser empleados legalmente. Las mujeres, además, sufren doblemente por el complejo penal industrial, como presas y como compañeras y familiares de los hombres encarcelados que por falta de oportunidades al regresar en sus comunidades reproducen los patrones de la violencia y del abuso de drogas.
El fenómeno de la encarcelación de masa tiene efectos aterradores entre los grupos sociales ya marginados, con altas tasas de drogadicción y desempleo, sobre todo los Afro americanos, los Latinos y los Nativos son atrapados en el complejo penal industrial. Critical Resistance calcula que uno de cada tres jóvenes afro americanos está en la cárcel o ha estado encarcelado. En las comunidades más pobres estas cifras aumentan. Ali Suncere Shakur, activista de APC (Pueblos de Color Anarquistas) de Washington, afirma que en su comunidad el porcentaje de hombres afectados por las cárceles llega al 85%.

El negocio de los cuerpos encerrados

Al mismo tiempo, en los años ’90 empieza el boom de la privatización de los servicios de seguridad. Caída la amenaza soviética, las inversiones se aplican hacia nuevos equilibrios del control social y del uso de la fuerza del Estado. En este sistema se integran también los centros de detención para migrantes indocumentados del INS (Servicio de Inmigración y Naturalización) que tiene centros especiales para migrantes y también utiliza cárceles convencionales. En el año fiscal 2000, el budget del INS contaba con 4,27 billones de dólares, con un incremento del 8% respeto al año anterior.[4] Después del incremento de las políticas de seguridad luego del 11/9 y el encarcelamiento a tiempo indefinido de miles de ciudadanos de origen árabe, la inversión en este sector está en continuo aumento[5]. Desde los años ’90 el incremento de financiamientos hacia el encarcelamiento de indocumentados ha beneficiado también las empresas privadas que se encargan de la gestión, de la seguridad y de la deportación de extranjeros. El primer experimento de cárceles privadas se dio en los ochenta, durante la administración de Reagan, cuando se experimento la construcción de algunas cárceles de mínima seguridad en Houston y en Laredo, en el conservador estado de Texas. Con los saberes “técnicos” de ex directores de cárceles y el dinero de las corporation, en particular la Kentucky Fried Chicken, se fundo la Corrections Corporation of America (CCA), actualmente la más grande empresa privada en el sector, con contratos en EU, Puerto Rico, Inglaterra y Australia. La Wackenhut Corrections, otra importante empresa especializada en cárceles privadas, ha sido fundada por el ex agente del FBI George Wackenhut. Con tan solo estas experiencias no es difícil intra ver lo que ha pasado en los últimos veinte años: en la última fase de la guerra fría, la industria bélica, de las armas, de la tecnología y de los saberes al servicio de la seguridad, se fue convirtiendo en los nuevos negocios, en este caso el PIC, el cual tiene diferentes facetas. Una de ellas, la más rentable para las grandes corporations que gestionan el PIC y para todas aquellas que buscan reducir costos de producción, es la elevada disponibilidad de mano de obra barata que en las cárceles se encuentra. Un ejemplo asombroso es el de la LTI Inc., empresa que de acuerdo con la Wackenhut Corrections, mudó sus propias instalaciones dentro de las estructuras carcelarias para aprovechar la mano de obra que ésta ofrecía. Los dueños de la empresa se quedan con las ganancias producidas por trabajadores que cobran el salario mínimo y no se organizan en sindicatos. Mas éste no es un caso aislado. En California el sistema es difundido gracias a los bajos costos de la mano de obra (60 dólares por mes) y es aprovechado por diversas empresas: Microsoft, Palmolive Colgate, Starbucks entre otras. Característico de este sistema es que los trabajadores no tienen oportunidad de substraerse a este trabajo sin por esto perder sus privilegios, como la libertad bajo palabra o los beneficios por buena conducta. Estos modernos esclavos, obligados al trabajo y privados de todo derecho, producen para estas empresas utilidades importantes: en 1980 las ganancias obtenidas por el trabajo de los reclusos fueron de 392 millones de dólares; en 1994 habían alcanzado los 1.310 millones gracias al gran aumento en la proporción de presos trabajando.
La Wackenhut Corporation, la CCA (Corrections Corporation of America) y la Correctional Services Corporation son entonces las principales competidoras en el mercado. Estas empresas exportaron el modelo en otros países anglófonos como el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y también a Sudáfrica; y cuentan con ampliar sus mercados en los próximos años hacia otros países industrializados. Los efectos perversos de esta estrategia son evidentes: la demanda de mano de obra barata y de inversiones generan una fuerte presión corporativa sobre el entero sistema policial y judicial hacia el aumento del numero de presos.
Hace treinta años, el filosofo francés Michel Foucault escribió un texto que devino pronto un clásico del análisis del poder en la sociedad “Castigar y punir. El nacimiento de la cárcel”. En su análisis subrayó el carácter represivo pero también productivo de las cárceles en la sociedad. El Complejo Industrial Penal es un negocio pero también una herramienta política de primera importancia. Quizás el preso más conocido de Estados Unidos, Mumia Abu Jamal, condenado a muerte en el estado de Pennsylvania, describe los efectos sociales de esta encarcelación masiva: “Los Americanos viven en una cueva de miedos, una fuerza aturdente fabricada por la industria de la diversión, reificada por la industria psicológica y rematada por la industria de la coerción (o sea los tribunales, la policía, las cárceles, etc.)”.
Así la conveniencia privada, la represión, el racismo y la exclusión, se alimentan en una escalada, tantas ganancias, tantos presos.
El negocio del PIC muchas veces se presenta hacia comunidades rurales empobrecidas como la única oportunidad para atraer ingresos y trabajos. El desarrollo neoliberal ha vaciado los espacios rurales, la agricultura se concentra en las manos de grandes propietarios o corporaciones y el medio rural se está transformando en la extrema periferia de las metrópolis. Las grandes corporaciones que construyen las cárceles y los gobiernos estatales y federales lo saben e intentan explotar esta debilidad para colocarlas en los lugares donde puedan conseguir mano de obra barata, reducir el riesgo de protestas y de publicidad negativa. Ruth y Craig Wilmore son organizadores del California Prison Moratorium Project, un movimiento activo para impedir la construcción de nuevas cárceles y para la clausura de las ya existentes. Ruth acaba de escribir un libro sobre estas luchas en California cuyo título es más que elocuente: Golden Gulag. El estado de California, la quinta economía del mundo, tiene los datos más aterradores: en las últimas dos décadas el estado de California construyó veintitrés cárceles con una capacidad entre los 4000 y los 6000 reclusos y reclusas. Un ejemplo claro es la ciudad de Corcoran, condado de Kings, California. Este pequeño centro agrícola tiene dos cárceles para un total de 11000 internos. La población ha quedado estable en 9000 personas desde el 1980 cuando fue construido el primer establecimiento. En aquél entonces 1000 personas vivían bajo la línea de la pobreza. Diez años después, luego de una inversión estatal de 1 billón de dólares en las cárceles, los pobres suman 2000.[6]

Represión, exclusión y consenso

Frente a un panorama de este tipo, no deja de sorprender el grado de aceptación general del PIC. Muy pocas son las organizaciones que protestan en contra de un sistema que tiene los mas altos porcentajes de gente encarceladas o vinculadas con el PIC. Paul Wright, prisionero en el Estado de Washington y editor del magazine Prison Legal News, abre el camino a la reflexión alrededor de este fenómeno generalizado de aceptación. Wright, en una de sus intervenciones[7], ilustra el modelo cultural que sostiene la idea del PIC cual sistema de justicia apuntado a la punición y a la defensa de parte “sana” de una sociedad en clara descomposición. En efecto es suficiente observar la producción cultural oficial para poder entender cómo la construcción del imaginario colectivo resulta parte esencial del PIC. Desde las grandes producciones de Hollywood hasta la creación publicitaria de todo tipo de producto, las referencias al mundo de las cárceles apuntan a crear la idea de un mundo ciertamente duro y difícil, mas justo e indispensable en su existir. El limite de esta campaña que arrastra las conciencias de millones de personas en todo el país son los famosos viajes de fin de semana que permiten al “ciudadano común” tener su propia experiencia carcelaria.
El resultado final de este proceso es representado por una alta moralización del sistema carcelario. Así resulta que meter gente en las cárceles no sólo es justo sino indispensable para que la sociedad se mantenga sana y pueda salvar sus propios valores. La punición, al igual que la punición divina, representa la vía de la salvación. De esta manera, en el espectro político nacional, no hay quien se oponga a esta visión, sino al contrario todos desde el presidente hasta el político local de la provincia sacan ganancia del endurecimiento de las condiciones de los detenidos. Esto es la pérdida de los derechos básicos y la conversión de los detenidos en seres humanos privados no solo de la libertad sino también de toda posibilidad de rehabilitación. Un ejemplo es el acceso a la educación: el ser un convicto invalida cualquier oportunidad de obtener una beca universitaria, lo cual, teniendo en cuenta la imposibilidad de la gran mayoría de los presos de pagarse algún tipo de estudios, los excluye automáticamente del acceso a una educación terciaria. Otro ejemplo es la exclusión, dictaminada en forma definitiva por ley federal en 1998, de cualquier ayuda social económica.

En estos últimos años, la extensión y el incremento de la cantidad y de la diversidad de las formas de detención proporcionadas por Estados Unidos no han tenido quizás iguales en el mundo. Desde la súper cárcel de Pelican Bay en California, hasta Guantanamo en Cuba, Abu Grahib en Irak y Woomera Camp en Australia, asistimos hoy a la globalización de un modelo y de una práctica. Ésta es encerrar la población incómoda o simplemente sobrante respecto a los proyectos neoliberales. Que se trate de opositores o simplemente de diferentes, el fin es explotarlos hasta la última gota: con su trabajo barato, con su imagen consoladora para una sociedad empapada de miedo, con la producción de la verdadera inseguridad social: el sentimiento de dependencia del poder. Los presos en overoles naranja se han vuelto familiares a los ojos de quienes todavía gozan de la libertad. Es la advertencia de un futuro ineludible para todos aquellos que retan un sistema en clara descomposición.
Cabe preguntar si frente a este panorama ya es posible vislumbrar también una globalización de las alternativas al encarcelamiento de la sociedad y un concepto de seguridad y de justicia no punitivo y excluyente. Cabe cuestionar cuál puede ser el camino de liberación de los cuerpos encerrados y de las mentes aplastadas en la esquina de los temores.

[Matteo Dean & Vittorio Sergi – 2005]

[1] Informe del Instituto del Tercer Mundo – Guia del Mundo, Montevideo, Uruguay, 11/4/2003.
[2] Desde “Overview of Critical Resistance on the Prison Industrial Complex”en Critical Resistance to the Prison Industrial Complex, A specia issue of the journal Social Justice, 2000, San Francisco.
[3] Informe del Instituto del Tercer Mundo – Guía del Mundo, Uruguay, 2003
[4] Michael Welch “The role of the Immigration and Naturalización Service in the Prison Industrial Complex” en Social Justice, Vol. 27, n.3, 2000.
[5] Cada dia, un promedio de 20.000 personas, hombres, mujeres y niños, enfrentan la dentención indefinida por tiempos que varian desde meses hasta años en carceles tanto estatales como privadas, en condiciones de falta de los derechos humanos basicos. (Rachel Meerpol “The post 9/11 investigation and Immigration detention” en America’s Disappeared, Seven Stories Press, New York, 2005)
[6] En “The other California” in Globalize Liberation, City Lights Books, San Francisco, 2004.
[7] En “Critical Resistance to the Prison Industrial Complex”, San Francisco, 2002

Annunci
  1. Non c'è ancora nessun commento.
  1. No trackbacks yet.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: