Argentina: el trabajo esclavo

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 15 de enero de 2011.
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BUENOS AIRES., 20 de enero (apro).- En esta ciudad existen alrededor de 5 mil talleres textiles, de los cuales unos 3 mil trabajan de manera clandestina. Según organizaciones de la sociedad civil argentina, las personas que trabajan en ellos simbolizan el “trabajo esclavo”, el cual, afirman, “infesta a la ciudad y al país entero”.

Estiman que 30 mil migrantes bolivianos trabajan en este sector, el cual produce alrededor de 2 mil millones de dólares anuales y cuyos productos no sólo se destinan al mercado local de ropa barata, sino también para surtir a las grandes marcas internacionales del vestido, como Puma, Adidas, Fila y Lecop-Arena.

Muchos ciudadanos bolivianos que eran explotados laboralmente han creado, con apoyo de organizaciones argentinas, sus propias cooperativas y logran comercializar sus propias marcas en el país y en el exterior.

Un ejemplo: la cooperativa La Alameda, que actualmente maneja la marca argentina Mundo Alameda y comparte la marca global No Chains (No Cadenas) con la organización de Tailandia Dignity Returns (Retorno a la Dignidad).

Gracias al esfuerzo de La Alameda y sus aliados, el sector textil en Argentina comenzó a “formalizar” las relaciones laborales. “Actualmente una quinta parte del mercado laboral en este sector, es blanco (formal)”, afirma Gustavo Vera, presidente de La Alameda.

La Alameda se fundó “para que tuviéramos una razón jurídica que nos permitiera seguir las causas penales en contra de los dueños de los talleres”, añade.

Pero la experiencia de La Alameda se está trasladando a otros sectores donde existe el “trabajo esclavo”, como el agrícola e, incluso, el sexual.

La Alameda

Tras la crisis económica y política que golpeó Argentina a finales de 2001, surgieron cientos de asambleas populares como respuesta “a la ausencia del Estado en los barrios pobres de Buenos Aires”.

En una asamblea de la zona de La Avellaneda, en el poniente de la ciudad, surgió La Alameda.

Vera recuerda que, tras las primeras semanas de protesta, comenzaron a reunirse con los demás barrios “y se empezó a hablar sobre cómo enfrentar a los problemas que cada uno tenía”.

Sostiene que no sólo se discutía sobre las protestas en las calles, sino cómo resolver los problemas de todos los días.

“Se tocaban los temas de los ahorros, pero también el problema del hambre, la desocupación y se organizaron las ollas populares, los trueques y las compras comunitarias.

“Aquí la carestía llegó prepotente –comenta Vera–. La miseria conquistó al barrio y comenzamos a hacer una olla popular que funcionaba con las aportaciones de todos los vecinos.”

Señala que al principio esa “olla popular” tenía un sentido simbólico de protesta; pero, en la medida que la situación se fue agravando, se convirtió en un servicio. “Llegamos a un momento en que ya no dábamos abasto de tanta gente necesitada que acudía con nosotros”, comenta Vera.

Dice que después de unos meses, el gobierno metropolitano buscó “absorber nuestro trabajo”. Pero, señala, la asamblea supo mantenerse independiente. Y se hizo de un espacio: “Recuperamos un local abandonado en el barrio, un ex bar que se llamaba La Alameda”.

Ya con ese espacio, la asamblea comenzó a ofrecer no sólo la “olla popular” sino también servicios de compra comunitaria, consultorio médico y programas para niños. Poco a poco “La Alameda se convirtió también en un lugar de encuentro para la comunidades migrantes, la boliviana, sobre todo”, que organizó eventos culturales.

Según Vera, “esto permitió que se fuera generando un clima de confianza entre extranjeros y argentinos, ya que por lo regular los habitantes de Buenos Aires desconfían de los migrantes”.

Actualmente en La Alameda conviven tanto el Centro Comunitario –que mantiene el comedor popular y los talleres para le gente del barrio–, como la Cooperativa La Alameda, formada por trabajadores que dejaron los talleres clandestinos.

Además, en La Alameda trabaja la fundación homónima que se dedica a la investigación, la denuncia y el seguimiento de causas penales en contra de la explotación laboral, tanto en el sector textil como agrícola y sexual.

Clandestinos

No existen en Argentina estadísticas fiables que abarquen todo el espectro del trabajo informal. No obstante, organizaciones civiles independientes calculan que en todo el país habría, al menos, 4 millones de trabajadores sin contrato de trabajo y sin protección social. De esta cifra, medio millón trabajaría en la capital del país y la mitad de éstos lo hacen en el sector textil, sobre todo en los “talleres clandestinos”.

José Luis es ciudadano de Bolivia. Desde hace cuatro años vive en la capital argentina: “Los primeros dos años y medio trabajé en negro (informal) en un taller textil”, dice en entrevista con Apro.

Cuenta que fue contratado en su ciudad natal, El Alto, cerca de La Paz. Le ofrecieron empleo y prestarle dinero para el pago del transporte, la comida y un techo. El acuerdo implicaba que estos últimos gastos los devolvería al patrón una vez que hubiera trabajado. “Me hice muchas ilusiones”,  pero éstas “se vinieron abajo cuando llegué aquí (a Buenos Aires)”, comenta.

El patrón los encerró en un edificio en el centro de la ciudad. Abajo, explica José Luis, se encontraba el taller, arriba unos cuartos de dos por tres metros donde dormán cuatro o más migrantes. Además, había un baño para decenas de personas. Afirma que las condiciones de la vivienda eran insalubres y no podían atender a los niños que acompañaban a los migrantes.

María, boliviana de 42 años cuyos dos hijos menores la acompañan, cuenta que trabajaban de 7 de la mañana hasta la 1 o 2 de la madrugada del día siguiente. Explica que ella trabajó seis meses gratis para reponer el préstamo que el mismo patrón le hizo para solventar los gastos del viaje. “El patrón nunca nos dejaba salir del taller, pues nos amenazaba y asustaba”, comenta.

Según los trabajadores bolivianos, los patrones los amenazan con denunciarlo con las autoridades migratorias para que los deporten. Además, “los patrones nos asustan mucho, diciéndonos que afuera (del taller clandestino) la sociedad nos tratará mal, que habría agresiones y peligros”, señala María.

Ella admite que durante mucho tiempo tuvo miedo y no se atrevía a salir ni durante el periodo de tiempo en que tenía permiso: dos horas a la semana.

A pesar de esta situación, José Luis, María y muchos más trabajadores costureros logran “liberarse” del trabajo en los talleres clandestinos. Admiten que la situación económica, estando afuera del taller, no ha mejorado mucho, pues “hay mucho racismo hacia los bolivianos, los alquileres de las casas son altísimos y nos discriminan”.

Explican que, tras años de migración boliviana, la comunidad de su país en Argentina ha crecido mucho y hoy existen bolivianos dueños de talleres textiles que “aplican a sus trabajadores el mismo trato que recibieron cuando llegaron”.

“Alianza global”

Mundo Alameda es la marca que la cooperativa homónima produce. Su difusión alcanza los mayores mercados textiles de la ciudad, en particular el Mercado Social Solidario, situado en el central barrio de Palermo y recuperado por decenas de cooperativas con experiencia similar.

En 2008, la cooperativa situada en la Avellaneda conoció la experiencia de la organización tailandesa Dignity Returns. De ese encuentro, surgió la marca global No Chains que fue presentada el pasado mes de junio tanto en Argentina como en el país asiático.

Vera cuenta la historia de esta “alianza global”:

“Cuando comenzamos a meternos con lo que llamamos trabajo esclavo tuvimos que ver cómo íbamos a hacer una organización gremial en un submundo en el que había, y hay, mucha explotación y mucha opresión; y en donde se mezclan los temas penales, el de derechos humanos y los laborales.”

Tras una intensa búsqueda, descubrieron la experiencia de Tailandia: “Ya con ese contacto, fuimos invitados a Bangkok para hablar de las experiencias argentinas de recuperación de fábricas y de las cooperativas.”

De ese encuentro, continúa Vera, “nos convencimos de que era necesario producir una marca global que simbolizara lo contrario del trabajo esclavo. Pensamos que era necesaria también una base productiva al tiempo que se lanzaban las campañas en contra del trabajo esclavo, una base productiva que trascendiera la mera denuncia y que produjera una alternativa real y concreta”.

Junto con la “alternativa real”, La Alameda sigue con su campaña en contra del trabajo esclavo en Argentina. 

“Tuvimos la suerte de que uno de los primeros talleres que interceptamos estaba produciendo ropa para la princesa de Holanda, así que se creó un gran escándalo”, cuenta Vera, quien sostiene que durante estos años lograron “asestar algunos golpes fuertes a muchas marcas”.

En efecto, hoy la Fundación La Alameda ha presentado denuncias ante la justicia federal argentina en contra de 103 marcas.

Sin embargo, señala, “la batalla aún está lejos de ser ganada”, pues no sólo siguen existiendo miles de talleres textiles clandestinos, sino también en otros rubros. “Ahora comienza a venir gente de otras ramas de la economía que ve los resultados que logramos. Por ejemplo, estamos metidos en el sector agrícola denunciando la explotación infantil”.

China-América Latina: relaciones asimétricas

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 26 de octubre de 2010.
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Actualmente, la relación entre China y América Latina se presenta de forma asimétrica, marcada por las necesidades chinas y reforzada por la estructura limitada de las exportaciones de los países latinoamericanos, destaca el reporte Las relaciones económicas y geopolíticas entre China y América Latina, promovido por la Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Compañías Multinacionales (RedLat).

El estudio, publicado en septiembre en los ocho países objeto de análisis, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, advierte que “se estructura una relación económica desigual que puede llevar a un estrechamiento del margen de maniobra del continente”.

El documento subraya que la ventaja china en la relación con América Latina impone la rediscusión de la agenda de desarrollo en esta última región, ya que “la diplomacia china ha aprovechado de la erosión del principio de acción colectiva en América Latina, en un contexto en el que la retórica integracionista avanza más rápidamente que la preocupación de trazar un horizonte estratégico común”.

Elaborado por distintos investigadores procedentes del mundo sindical y académico latinoamericano, el estudio afirma que en 2008 sólo 4% de las exportaciones chinas se dirigían a América Latina, contra 50% dirigido a Estados Unidos, Unión Europea (UE) y Japón en conjunto, y otro 30% reservado al mercado asiático. Sin embargo, se subraya, China importaría hasta una cuarta parte de los productos agrícolas que consuma desde la región y 13% de productos minerales.

El estudio advierte que “si se considera conjuntamente el perfil de exportaciones de los países latinoamericanos concentrado en commodities (bienes o servicios sujetos a precios internacionales, como las materias primas) se comprende la expansión formidable de las exportaciones de esta región a la potencia asiática”.

Y como prueba, el documento ilustra que entre 1990 y 2008 la corriente de comercio entre las dos regiones se incrementó en 64 veces y las exportaciones de América Latina a China aumentaron 36 veces.

En este contexto, RedLat señala que las exportaciones latinoamericanas hacia China tuvieron “un crecimiento explosivo entre 2000 y 2005 de 45% anual, mismo que se atenuó hacia 18% entre 2005 y 2008”.

Sin embargo, con tasas tan elevadas de exportación de dichos bienes, el estudio advierte la posibilidad de que “la bonanza traída por China para algunos países de la región puede transformarse en un factor de vulnerabilidad, al menos si las políticas económicas y de desarrollo no se adecuan al nuevo contexto”.

El estudio observa las diferencias entre los distintos países de América Latina en su relación económica con China. Se señala, por ejemplo, que la llamada “lotería de commodities” aventaja a los países que ofrecen los productos que China necesita. Al mismo tiempo, hay ventajas y desventajas, dependiendo tanto del grado de interdependencia con la economía de Estados Unidos como del grado de diversificación de la producción industrial interna.

En el caso de México, la situación resulta ser única. El estudio dice que el país “no posee una oferta exportadora de commodities que interese a China”, y además “tiene toda su estructura productiva volcada a Estados Unidos, pero en productos que China ofrece de forma más competitiva”. A pesar de lo anterior, México no se vería tan perjudicado gracias a que “su diversificación industrial está menos pronunciada”.

En particular, el estudio indica que si bien los efectos macroeconómicos de la relación comercial de China con América Latina pueden ser positivos en función del grado de complementariedad con las exportaciones chinas hacia países como Estados Unidos, existe “un efecto muy negativo” para países como México, debido al “desplazamiento de productores internos” que no pueden competir con la creciente importación de productos chinos, especialmente electrónicos y textiles.

Por otro lado, el estudio de RedLat registra un efecto positivo en la relación comercial de México con China, es decir, “mayores inversiones en las ramas textil/vestuario” realizadas para poder acceder al mercado de Estados Unidos.

Los autores de la investigación concluyen que frente a la irrupción de China en México, “la estrategia maquiladora pasa a ser cuestionada, y los nuevos espacios abiertos en el mercado chino no poseen la dimensión necesaria para impulsar a los sectores desplazados por la competencia de este país, ya sea en su mercado, ya sea en el mercado de Estados Unidos”.

De esta forma, sostienen, “China debilita el impacto positivo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, potenciando los efectos negativos, sin poner nada en su lugar”.

Perspectivas geopolíticas

La creciente importancia global del país asiático en el mundo, explican los autores de la investigación, no se debe sólo a factores económicos, sino también a su eficaz diplomacia que presenta a China como “potencia amigable”.

Según los investigadores de RedLat, “conviene recordar que China es vista, por la elite política que comanda el país, como una inmensa y rica civilización que, después de un siglo de humillación y derrotas, trata de construir un orden multipolar, superando la hegemonía unilateral predominante en el mundo post-guerra fría”.

La diplomacia china es descrita como flexible y adaptable a los distintos contextos. Por esta razón, el estudio señala que la diplomacia china en América Latina asumiría presupuestos precisos: “Énfasis en la complementariedad de intereses políticos entre las dos regiones que componen el mundo en desarrollo; la importancia de América Latina como reserva de materias primas y recursos naturales; búsqueda de capital político, ya que 12 de los 23 países que reconocen diplomáticamente a Taiwán se encuentran en la región; y la inexistencia de conflictos de intereses entre las dos áreas”.

Pese a las supuestas “ganancias comunes”, el estudio indica que “existirían niveles de dependencia profundamente asimétricos entre los países de América Latina y China”.

Se suma a lo anterior el hecho de que China “posee una política externa para la región; los países latinoamericanos, en cambio, no han logrado aún asimilar el factor China como elemento de sus políticas externas y de su agenda de desarrollo”.

Muestra de ello serían las negociaciones estrictamente bilaterales efectuadas por cada país de Latina América con China.

RedLat enfatiza que las relaciones entre la potencia asiática y la región latinoamericana se muestran en gran medida conducidas por la esfera económica, debido al “pragmatismo de la diplomacia china” que aprendió a privilegiar las relaciones bilaterales y ocupar “discretamente” los espacios multilaterales.

En este aspecto, el estudio recuerda que China tiene un papel de observador en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y en Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

El énfasis en la relación económica se explicaría también por el hecho que China consideraría a América Latina como “área de influencia estadunidense”.

El documento subraya que desde el punto de vista de Estados Unidos, las relaciones entre China y América Latina han “sido vistas con preocupación, pese a la cautela demostrada por la diplomacia china en sus incursiones en la región”.

Aún así, continúa, “el avance chino en la región sólo se explica en virtud del aislamiento estadunidense, a causa del foco de la política externa en el terrorismo y en la perspectiva unilateralista emprendida durante los años de la administración de George W. Bush”.

“Mitos” chinos

La última parte del documento publicado por RedLat está dedicado a “discutir las enseñanzas de la experiencia china para América Latina y romper algunos mitos sobre su modelo de desarrollo”.

En este sentido, el reporte indica que la experiencia china refleja la elaboración de una estrategia propia de desarrollo, “sin copiar modelos exógenos”. Características de este modelo serían la presencia del Estado y la planificación de largo plazo. Por lo anterior, aún rechazando la posibilidad de “copiar al modelo chino”, los investigadores sugieren que “el ascenso chino sirve como alerta para que América Latina busque su espacio en la economía y la geopolítica global”, ya que la “complementariedad actual entre las dos regiones es el resultado de la transformación productiva” del país asiático y las ventajas que de ésta se derivan “no pueden ser consideradas eternas”.

Más adelante, el estudio afirma que la concepción según la cual la competitividad china se debe al bajo costo de la mano de obra es “un análisis sesgado”. La ventaja competitiva de China “está relacionada a un conjunto de factores: escala de producción, mercado interno potencial, tasa de inversión creciente, planificación del Estado y crédito barato, además de incentivos fiscales y tipo de cambio artificialmente devaluado”.

Advierten que, si bien es cierto que los niveles salariales en China “señalan un límite para las aspiraciones salariales de los trabajadores en otras partes del mundo, conviene enfatizar que la amenaza china no se debe circunscribir a la mano de obra barata”.

En ese sentido, el estudio señala que el primer aspecto de dicha “amenaza” reside en la “ineficacia de las actuales políticas nacionales de desarrollo y de integración regional de los latinoamericanos”.

Por lo anterior, finaliza el análisis de RedLat, “el discurso de que el ascenso chino trae como única respuesta una caída de los derechos sociales y laborales le quita responsabilidad a los Estados nacionales”, además de proveer “un chivo expiatorio para los segmentos del empresariado nacional e internacional que sólo buscan aumentar su rentabilidad a corto plazo”.

Europa: Involución laboral y democrática

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 21 de septiembre de 2010.
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La recesión económica que vive el mundo desde hace dos años se transformó ya en una crisis del actual modelo de desarrollo. Sus consecuencias en Europa son “catastróficas”: pérdida de empleos, recorte de gastos gubernamentales en materia social, precariedad laboral y ataques a las libertades sindicales.

Así lo afirman dirigente sindicales europeos que visitaron México en ocasión de la Cuarta Conferencia Sindical Nacional que, convocada por el Centro de Investigación laboral y Asesoría Sindical (CILAS), se llevó a cabo del 3 al 5 de septiembre.

Entrevistados por Apro, Jacinto Ceacero, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de España; Alessandra Mecozzi, representante de la Federación Italiana Obreros Metalúrgicos (FIOM), y Constantino Isychos, dirigente de la Federación de Empleados Públicos de Compañías de Aviación de Grecia, señalan que la recesión se convirtió rápidamente en una crisis social de magnas proporciones hasta tocar los aspectos fundamentales del orden democrático.

Expresan que existe una alternativa: que el movimiento sindical en Europa logre aglutinarse alrededor de la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre.

Un modelo común

Jacinto Ceacero dice que “los mensajes (del capitalismo) para salir de esta crisis son exactamente los mismos” a lo largo de todo el planeta. Explica que en España –donde la tasa de desempleo alcanzó 20%, la más alta de la Unión Europea (UE)–, el gobierno “está aplicando medidas antisociales muy severas”: el congelamiento de las jubilaciones hasta finales de 2011, nuevas normativas que cambian las reglas en la relación obrero-patronal, reducción del “ya bajo gasto social” y recortes salariales en el sector público.

Según Ceacero, dicho plan de austeridad –que debería permitir un ahorro de hasta 15 mil millones de euros– “recae completamente en la espalda de los trabajadores”, pues los recortes afectan muchos de los derechos laborales en España.

En este sentido, el dirigente de la CGT señala que la próxima huelga general, además de rechazar las medidas adoptadas por la UE en contra de la crisis, tiene algunos objetivos específicos, como es la oposición a la reforma laboral aprobada el pasado 9 de septiembre. En ella, acusa Ceacero, se flexibiliza aún más el despido y se permite “eludir” legalmente los contratos colectivos de trabajo.

Más importante aún, señala el secretario de la CGT, es la protesta en contra del desempleo en España. Actualmente hay cerca de 5 millones de desempleados en el país, equivalente a 20% de la población económicamente activa.

Sin embargo, dicho porcentaje se dispara hasta 40% entre los jóvenes. De esos 5 millones, afirma el sindicalista español, más de la mitad se quedó sin empleo en los últimos dos años y casi una quinta parte estaría completamente desamparada por no recibir ningún tipo de prestación social.

En ese contexto, el plan de austeridad del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prevé la reducción salarial de 5% para los 2.6 millones de empleados del sector público, mientras continúa con las privatizaciones de importantes servicios del Estado: agua, electricidad, salud y educación.

Del mismo tenor son las condiciones en Grecia. Tras varios meses de protestas y cinco huelgas generales, el plan de austeridad acordado entre el gobierno del socialista Yorgos Papandreu, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue su curso.

El sindicalista Constantino Isychos abunda sobre los recortes al sector público y hace especial énfasis en la supresión de 8% al sistema de jubilaciones que, en los planes gubernamentales, debería aportar un ahorro equivalente a 500 millones de euros anuales para los próximos dos años.

Explica: “Dicen que no tenemos propuestas alternativas, pero nosotros les hemos dicho: retiren los mil 200 soldados griegos que actualmente se encuentran en Afganistán”.

Según Isychos, esta presencia militar cuesta al Estado cerca de 500 millones de euros por año.

El dirigente sindical griego señala que de manera reciente en su país se aprobó una ley que permite a las empresas no firmar convenio colectivo en el caso en que los trabajadores estén de acuerdo. “Lo que ayer era un derecho y una obligación, hoy es una opción, es decir, los trabajadores hoy podemos renunciar a nuestros derechos”, apunta con ironía.

Comenta: “Antes de salir de Grecia, me preguntaron por qué venía a México. Les dije: ‘Los índices de desempleo en la juventud, de la crisis del trabajo, de las privatizaciones del sector público en Grecia, revelan índices que se asemejan más a los índices latinoamericanos y no a los europeos. Por eso quise conocer qué sucede aquí’”.

Por su parte, la sindicalista italiana Alessandra Mecozzi aborda los efectos de la crisis económica en su país. Indica que el gobierno de Silvio Berlusconi quiere reformar la ley laboral, limitar las libertades sindicales y recortar el gasto público.

Según la dirigente de la FIOM, “en el último año se perdieron cerca de un millón de empleos en el país”, lo que incrementó la tasa de desempleo a 8.4%.

Comenta que “la situación del trabajo en la UE es catastrófica”. Considera que la respuesta a la crisis es desigual, pues “cada gobierno trabaja por su cuenta”.

Lamenta que no exista un debate sobre el modelo productivo; es decir, acerca de “qué producir, cómo producir”, y señala que, por el contrario, hay “una especie de guerra comercial que orilla a los trabajadores europeos a pelear entre sí por los pocos nichos productivos que aún existen”.

En ese contexto, Mecozzi narra el actual conflicto que su central sindical sostiene con la mayor transnacional italiana, la automotriz FIAT, la cual, “bajo el chantaje de que si los trabajadores no aceptan las condiciones que ofrece, se va a otro país”, y ello está rompiendo el frente sindical italiano.

Mecozzi denuncia que “existe un contubernio entre gobierno italiano y la empresa (FIAT) para atacar al sindicalismo y a los derechos de los trabajadores”.

Recuerda las palabras del ministro de la Economía, Giulio Tremonti, quien en días pasados dijo que “los trabajadores no pueden esperar seguir viviendo con los privilegios del pasado”, e insiste en la estrategia adoptada por la FIAT. “Con el chantaje de la deslocalización productiva, la empresa está obligando a los trabajadores a aceptar condiciones humillantes de trabajo y contractuales”.

Según Mecozzi, FIAT, que pronto comenzará a producir su modelo 500 en las viejas instalaciones de Chrysler en la ciudad de Toluca, Estado de México, logró romper el frente sindical, ya que firmó un acuerdo por separado con las otras dos siglas sindicales, UIM y FIM que, junto a FIOM, detentan el contrato colectivo nacional de trabajo del sector.

Crisis sistémica y democrática

“Creo que Grecia es el eslabón débil de la UE y se está convirtiendo en un laboratorio político social del neoliberalismo”, afirma Constantino Isychos.

“Por primera vez, el FMI entró directamente en un país de la eurozona en calidad de regulador de la economía nacional”, lo cual, afirma, sienta un importante precedente.

La dirigente italiana lee el evento como un fuerte golpe simbólico: “El acuerdo UE-FMI fue un asunto también de visibilidad política para decirnos: ‘Aquí decidimos nosotros’”. Añade que, “en el plano del imaginario colectivo, ese fue un golpe muy fuerte”.

Según Mecozzi, la actual es “una crisis extraordinaria”.

Explica: “Hemos vivido muchas, pero esta es una crisis estructural, sistémica, del modelo social, del modelo de desarrollo que produjo la globalización”. Además, continua, “es también una crisis energética, ambiental y también del punto de vista político y democrático”.

En este aspecto, Isychos afirma que con la protesta de hace dos años por la muerte de Alexis Grigoropoulos surgió algo nuevo en el país: “Los jóvenes adolescentes, que nunca habían leído a Marx o Lenin, que ni siquiera sabían qué significaba ser de izquierda, sintieron que el Estado neoliberal les había declarado la guerra, les había robado sus sueños, su futuro, sus estudios, su trabajo. Esos jóvenes, dos años después (en 2010), son el alma de la movilización en Grecia”.

Sostiene que esta es “una crisis económica y financiera, pero también cultural. Hay una afectación directa a la democracia. Están prohibiendo la firma de convenios sindicales entre las partes. Las libertades cívicas están en peligro. Están convirtiendo a las constituciones políticas en papales sin valor. Esta crisis afecta no sólo a los sindicatos o a los trabajadores, sino a toda la sociedad”.

Y señala que los sujetos más afectados “son los migrantes, los desempleados, los jóvenes y las mujeres”.

Mecozzi indica que “el aspecto financiero fue sólo la superficie de algo más profundo que se asomó luego en lo económico, lo social, lo ambiental, en fin la crisis del modelo de desarrollo”.

Señala que es importante oponerse a los resultados sociales de esta crisis, pero también es necesario “construir una perspectiva distinta para el futuro”. La dirigente sindical italiana acepta que la crisis estructural no necesariamente generará un cambio de modelo, sino más bien “puede generar algo peor de lo que tenemos ahora”. Sin embargo, añade que “si logramos resistir los efectos más desastrosos de esta crisis, podemos razonar con perspectiva y, por ejemplo, pensar en “una conversión del modelo productivo”.

La dirigente de la FIOM denuncia que aunque los costos de esta crisis “se están descargando sobre los de siempre”, se generó también una fuerte crisis social que está produciendo a su vez “un fuerte sentimiento de miedo” en la sociedad. El crecimiento del racismo “institucional y social” en Italia sería un indicio de ello.

Lo anterior, concluye, “nos indica que estamos frente a un proceso de transformación y transición a un modelo muy autoritario. No es el fascismo clásico, pero sí es populista-autoritario”.

No es fundamental tener un patrón

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de agosto de 2010
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Guadalajara, México. “La nuestra es una fábrica sin patrón. Los trabajadores somos quienes decidimos la organización del trabajo aquí”, afirma Jesús Torres Nuño. Su mirada gira y trata de abarcar los 90 mil metros cuadrados que ocupa la enorme nave de la fábrica de llantas. Una instalación continua, que comienza con los locales de recepción de las materias primas – hule, químicos y cerca de otros cien productos – y termina con el área de almacén en donde encuentran espacio las más de 11 mil llantas que se producen todos los días. Las marcas son Pneustone que comercializa la multinacional estadounidense Cooper Tires; y Blackstone, comercializada por los mismos trabajadores. Han pasado 5 años desde el 9 de julio de 2005, cuando la fábrica hulera sacó su primera llanta.

Estamos en el poblado de El Salto, en la zona conurbada sur de Guadalajara, la segunda ciudad de México, en el estado de Jalisco. Y la fábrica donde nos encontramos es propiedad de Corporación de Occidente S.A. de C.V. (COOCSA), aunque en la memoria colectiva de la zona esta fábrica es la ex productora de la marca Euzkadi, la Hulera Euzkadi S.A. de C.V., de propiedad de la empresa alemana Continental Tire. Hoy la planta es propiedad de la nueva empresa, cuyo capital está mayoritariamente en manos de los más de 700 trabajadores, reunidos en la Sociedad Cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC).

Muchos recuerdan los tres años y un mes de lucha que permitió a los trabajadores hacerse de la planta. Fue el domingo 17 de diciembre de 2001 cuando los trabajadores de la planta de propiedad alemana fueron avisados, sin mayor trámite, que al día siguiente la fábrica cerraría sus puertas. Y en pocas horas comenzó el conflicto: los directivos de la empresa cerraron la planta y se organizaron para llevarse la maquinaria; los trabajadores reunidos en el histórico Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la Compañía Hulera Euzkadi (SNRTE), afuera, rodeando las instalaciones de la fábrica, construyendo barricadas “para que no se llevaran nada porque si nosotros no podemos entrar, ustedes no saldrán de ahí”.

Tres años y “muchos sacrificios”, recuerdan los trabajadores, para que finalmente se llegara al acuerdo. El 17 de enero de 2005, Continental Tire se retiraba de El Salto ofreciendo a los 604 obreros que habían resistido (de un total de 971 al día del cierre de la empresa) sus sueldos caídos, es decir los sueldos no pagados durante todo el periodo de huelga. La peculiaridad del acuerdo, sin embargo, residió en que parte de esos sueldos caídos fue integrado por las escrituras de propiedad de mitad de la planta. La otra mitad, por mediación del gobierno mexicano, fue vendida a una empresa llantera del vecino estado de Querétaro, Llanti System.

El saldo de una lucha

Jesús Torres Nuño, ex secretario general del SNRTE y hoy presidente del Consejo de Administración de TRADOC, recuerda que el conflicto con la empresa alemana fue particularmente difícil. No sólo porque el gobierno mexicano, a través de los órganos formales de justicia laboral, declaró “la huelga (comenzada el 22 de enero de 2002) improcedente” sino también porque “varios compañeros (trabajadores) aceptaron las indemnizaciones ofrecidas por Continental Tire”.

A lo largo de los tres años la lucha, que no lograba resultados en tierras mexicanas, se trasladó a Alemania, sede de la transnacional llantera. Sólo con la presión de grupos de apoyo alemanes se logró orillar a la empresa al diálogo. Y con ella, al gobierno mexicano. La victoria política, recuerda el dirigente obrero, fue en Alemania.

Tras meses de negociaciones, y al menos “cinco compañeros muertos por falta de atención médica ya que el gobierno mexicano no mantuvo la inscripción al Seguro Social (IMSS) a los huelguistas”, se alcanzó el acuerdo: Los trabajadores se llevaron su indemnización, por la vía de los salarios caídos, en concepto de dinero, cerca de 220 millones de pesos. Además, explica Torres Nuño “quedó la mitad de lo que después se llamó Corporación de Occidente S.A. De C.V. que en ese entonces valía cerca de 800 millones de pesos, casi 80 millones de dólares”. Para recibir la parte que les correspondía, el Sindicato se convirtió en cooperativa TRADOC y ésta asumió el 50 por ciento de la participación accionaria de COOCSA.

En un principio

“Ganamos dignidad y el respeto de la gente”, reivindica Jesús Torres Nuño. Sin embargo, ganada la batalla, había que echar a andar este enorme elefante. “En un principio, no teníamos recursos e hicimos un llamado a todos los compañeros para que entraran al proyecto sin percibir sueldo”. Aclara el dirigente: “¡Claro, la propuesta era que levantáramos la planta para nuestro propio beneficio!”. Torres Nuño es preciso en subrayar la diferencia con otras experiencias más recientes, en las que, por ejemplo en el caso de la planta de Crysler, en Detroit en este 2010, los trabajadores fueron a trabajar gratuitamente para levantar una planta que quedó en manos del mismo patrón.

Tras esa primera etapa, arrancaron todos con un sueldo de 500 pesos para todos. En esta fase, la planta aún no producía. Luego llegaron las becas de capacitación que ofreció el gobierno como parte del acuerdo, narra Torres Nuño. “Lográbamos sacar unos mil 500 pesos semanales para todos. Eso duró alrededor de un año”. Al mismo tiempo, cuentan los trabajadores de TRADOC, se presentó otro problema: “Nosotros sabíamos cómo manejar la planta, pero no conocíamos el mercado, cómo comercializar las llantas”. El acuerdo con Llanti System resolvió, en un primer momento, la cuestión.

“Ellos (Llanti System) sabían muy bien quiénes éramos”, comenta Torres Nuño. Y asegura que aún así, la empresa queretana asumió el riesgo. “Imagínense –dice- desde el punto de vista capitalista, arrancar una planta que al principio producía sólo unas miles de llantas por semana con 600 trabajadores”. Sin embargo no había otra. “Eran los 600 o nada, no se iba a hacer el trato”.

Tras tres años de cooperación entre las dos partes, la planta necesitaba aumentar la producción para poderse sostener. Fue así que el 4 de noviembre de 2008, TRADOC firma un acuerdo con la empresa estadounidense Cooper Tires quien invirtió inicialmente alrededor de 31 millones de dólares en COOCSA. Con el nuevo socio, la participación en la empresa se dividió en un 20 por ciento para Llanti System, 38 por ciento para Cooper Tires y el restante 42 por ciento para TRADOC.

Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC)

Corporación de Occidente S.A. de C.V. no es el patrón de los trabajadores de la planta. De la organización del trabajo y de la contratación de nuevo personal se ocupa la cooperativa heredera del antiguo sindicato. La cooperativa TRADOC, cuyos socios hoy son 571, controla otra cooperativa,, Producción Empresarial Profesional, S.C. (PROEM), cuya función es la de gestionar la nómina, pues además de los socios de la cooperativa (titulares de los certificados de propiedad), la empresa ofrece trabajo al menos a otras 200 personas.

TRADOC, sin embargo, no se ocupa sólo de la gestión laboral, sino que interviene directamente en las decisiones empresariales de COOCSA. En el acuerdo (entre TRADOC y Cooper Tires), se estableció que las decisiones estratégicas de la empresa se toman por mayoría. En el Consejo de Administración de COOCSA hoy en día hay tres miembros de Tradoc, tres de Cooper y uno de Llanti System. La presidencia del CdA se turna entre los dos socios mayoritarios cada dos años.

La relación entre las dos partes, es decir “los compañeros de TRADOC y el noveno productor mundial de llantas, es de mutuo respeto”. Afirma el hoy Presidente del CdA de COOCSA: “Sabemos muy bien quiénes son ellos, es decir, ellos representan la punta de lanza del capitalismo mundial en el sector”. A pesar de lo anterior, Cooper Tires respeta la cooperativa de trabajadores y sus decisiones. Un ejemplo, indica Torres Nuño, fue la negociación sobre los salarios. Según el dirigente de TRADOC, la empresa estadounidense quería imponer salarios diferenciados entre los trabajadores pero TRADOC se opuso imponiendo la igualdad salarial entre todos los socios, “pues no podemos permitirnos tener socios de primera y socios de segunda”. De esta manera, hoy COOCSA tiene un promedio salarial de 18 mil pesos mensuales, tanto para el obrero en la línea de producción que para el mismo Torres Nuño, presidente electo de la cooperativa.

El funcionamiento interno es otro punto de reivindicación de los trabajadores. Los cargos de la dirigencia de TRADOC (presidente, secretario, tesorero y dos vocales, por un total de cinco miembros) duran tres años. La elección de dichos puesto se organiza por voto secreto en las asambleas generales que, medianamente, se realizan cada tres meses. Los socios de la cooperativa son obligados a participar en las asambleas que son el órgano supremo para las decisiones. En este espacio inclusive es posible revocar los cargos, en cualquier momento y con argumentos “bien sustentados”. Aunque falta mucho por hacer, admite Torres Nuño, la democracia interna funciona. Único punto débil es la disciplina, rubro “que aún nos falla un poco”.

Ejemplo de esto es la contratación de nuevo personal. De acuerdo a los trabajadores de TRADOC, entre los criterios de contratación cada socio tiene el derecho de proponer a un familiar. Ese derecho, admite Torres Nuño, en ocasiones se vende hasta en 200 mil pesos. No lo aprobamos, pero no es fácil controlarlo…Los únicos que no tienen derecho para trabajar aquí, por acuerdo de la asamblea, son los que agarraron la lana (la indemnización de Continental Tires)”.

Los trabajadores

Álvaro Alvarez, encargado de la recepción de las materias primas, es un trabajador histórico de la planta. “Entré en la fábrica en 1981, siempre he trabajado aquí, en este sector. Aquí ganamos todos lo mismo. Claro, antes ganábamos un poco más, ahora si producimos ganamos si no, no”. Admite las dificultades también: “Al principio había problemas, pues ya que éramos dueños, a muchos compañeros no les interesaba trabajar. Por eso pusimos una comisión de disciplina y un consejo de administración. Todo se resuelve en la Asamblea general que se realiza cada tres meses, en ese espacio es donde tomamos las decisiones acerca de las propuestas del Consejo de Administración o del socio, Cooper Tires”.

Gonzalo García, ingeniero químico, formó a todos los técnicos de las áreas de pruebas físicas y químicas de las mezclas de hule. Egresado de la facultad de ingeniería de la Universidad de Guadalajara, él también trabaja en la planta desde 1981. Antes de la huelga era trabajador de confianza, y obviamente no participaba en el sindicato. Cuenta que cuando “los compañeros volvieron a abrir la planta, me invitaron al proyecto”. Se dice orgulloso de eso y recuerda que al volver a la planta todo era muy triste: “Volvimos aquí y todo estaba obscuro, abandonado, destruido. Nos daba mucha tristeza”.

Su caso es peculiar, pues los trabajadores de confianza, por definición más cercanos a la empresa y legalmente excluidos de la vida sindical, no participaron en la huelga entre 2002 y 2005. “Éramos 260 trabajadores de confianza (cuando estalló la huelga), comenzamos el nuevo proyecto 18 y luego fuimos aumentando, ahora somos como cien”. A pesar de no ser parte activa en la lucha que culminó en enero de 2005, dice el ingeniero, “el día que se dio la resolución favorable a los trabajadores, me emocioné mucho, hablé en seguida con unos compañeros de aquí para felicitarlos”.

Las mujeres, aunque en menor número, son también parte de la empresa cogestionada por los trabajadores. En la línea de producción, hay varías jóvenes. Reyna, de 24 años, hija de un socio de TRADOC con 35 años de antigüedad, es un nuevo ingreso. Se dice contenta por la oportunidad laboral y describe el ambiente de trabajo como “muy relajado y placentero”. Es la hermana mayor de otras dos que hoy “están estudiando en la universidad”.

Belém, de 20 años, tiene dos semanas de trabajar en la planta al momento de nuestra visita. “Me encuentro muy bien aquí”, dice. Ella entró a la planta porque su padre, antiguo huelguista y socio de TRADOC, le dejó sus cuotas de la cooperativa. Ahora participa en las asambleas mientras su colega Adriana, de 25 años, que trabaja a su lado, explica que no siendo aún socia de TRADOC “no puedo estar en las asambleas”.

La solidaridad y las perspectivas

Jesús Torres Nuño, interrogado acerca del futuro, explica que el reto que tiene hoy TRADOC tiene dos vertientes. La primera es el uso que se tiene que hacer de las utilidades que comienzan a aparecer en las cuentas de COOCSA. El otro aspecto es la que define “cuestión ética”. En el primer rubro, el dirigente de los trabajadores comenta que la visión de TRADOC es distinta a la del socio Cooper Tires: “Ellos quieren ganancias para tenerlas, en una visión meramente capitalista”. Al contrario, afirma Torres Nuño, a TRADOC le interesa darle viabilidad a la empresa para que la cooperativa sobreviva. El uso de las utilidades “está en discusión. En mi opinión, tenemos que construir un fondo social”.

Una prioridad serían los fondos de retiro para los trabajadores de la empresa. Actualmente, el 52 por ciento de la plantilla laboral supera los 40 años de edad. Sin embargo, TRADOC tiene también otras prioridades: la solidaridad con otros movimientos. “Hasta ahora sólo tenemos vivo el fondo de solidaridad con el que apoyamos a movimientos y luchas en México”. El elenco de movimiento que TRADOC apoya aunque sea con pocos miles de pesos es importante: está el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco; están los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y los mineros de Cananea, en el norte de México, entre otros.

Otro tipo de solidaridad es la que TRADOC expresa ofreciendo actividades laborales en su propia planta a trabajadores despedidos y en lucha de otros lugares. Un ejemplo son los trabajadores textiles de Industrias Ocotlán que TRADOC apoya desde que estallaron en huelga en noviembre de 2008. Otro caso, son los trabajadores de Honda, también en lucha en su propia planta. La solidaridad es una práctica que ha caracterizado la cooperativa de El Salto “porque nos acordamos bien lo que significa luchar”, apuntan los trabajadores.

El otro aspecto que preocupa de alguna manera a Jesús Torres Nuño es cómo preservar esa memoria de lucha y los principios y prácticas que de ahí surgieron. Lo anterior porque los trabajadores de TRADOC se asumen no sólo como parte de una cooperativa productiva sino también como parte de una organización política. “Nuestra cooperativa está comprometida con los movimientos”, afirman. Es desde la asamblea general que salen las iniciativas solidarias hacia el exterior. La “cooperativa consciente” de TRADOC quiere ser un referente, apunta Torres Nuño, porque “somos una fábrica sin patrón y estamos demostrando que la lógica capitalista que requiere un patrón no es cierta. No es fundamental tener un patrón”.

Italia: la precaridad del espactáculo

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 28 de mayo de 2010.
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Los más de cien trabajadores “profesionales pero precarios” que este año, como desde hace siete, llevan a cabo la producción del programa televisivo más visto en la primavera italiana, La isla de los famosos, denuncian los riesgos en su labor y el magro salario que por ello reciben.

“El agua es escasa, se raciona la comida, se duerme a menudo en tiendas de campaña y las bolsas no alcanzan para todos”, acusan.

Pero eso no es todo, pues “los baños son unas letrinas y sólo hay cuatro para 54 personas. La zona en donde trabajamos es insalubre y no hay mosquiteros. Además, los traslados en barco son peligrosos y en muchas ocasiones pisamos el hospital por las consecuencias de los golpes. Todo lo anterior, por 120 euros al día durante cuatro meses sin pago de horas extra”.

El programa de televisión, que reúne a un grupo de “famosos” del mundo del espectáculo en una isla tropical y los pone a realizar pruebas de “supervivencia”, fue visto este año por un promedio de 5 millones de televidentes, ocupando 20% del rating.

Explican los trabajadores: “Cada año firmamos contratos temporales. Conocemos las condiciones de nuestra labor, sabemos que son difíciles, pero este año se pasaron”.

“La isla de los trabajos forzados”

El espectáculo televisivo italiano llegó este año a su séptima edición. Realizado en la isla de Corn Island, en territorio nicaragüense, a unos 70 kilómetros de las costas atlánticas del país centroamericano, el programa es realizado por la Radio y Televisión Italiana (RAI), la televisión de Estado italiana que cada año subcontrata la producción del reality.

Este año, los directivos de la RAI encargaron la tarea a la empresa italiana Magnolia, que a su vez subcontrató a cerca de 120 “técnicos, electricistas, camarógrafos” italianos y a “otra decena de trabajadores locales y dominicanos”.

Sin embargo, este año los trabajadores italianos, quienes se presentan como “trabajadores free lance, autónomos, pero más bien precarios”, se rebelaron.

Reunidos en la recién nacida Coordinadora de Trabajadores del Broadcast (CLB, por sus siglas en italiano), el 30 de marzo pasado realizaron una denuncia pública a través de las páginas del semanario Espresso que tituló su nota “La isla de los trabajos forzados”.

En su denuncia, los trabajadores demuestran, con fotos y testimonios rigurosamente anónimos –“por miedo a ser vetados para los siguientes años”–, las precarias condiciones de trabajo a las que son obligados:

“La comida es racionada y se come sólo cuando la producción lo decide; raramente se sirve la carne y si las porciones son demasiado abundantes, el cocinero viene y te quita la comida del plato; los sandwichies son dos rebanadas de pan con un huevo frito en el medio; hay sólo dos bebidas por día y el agua se paga, en un lugar en donde la temperatura rebasa los 30 grados y trabajamos 12, 14 y hasta 16 horas al día”.

Los transportes son también objeto de denuncia. “Los desplazamientos de una playa a otra de Corn Island duran cerca de cuatro horas y se realizan en lanchas mal equipadas: no hay colchonetas ni salvavidas de protección. Cada semana alguien termina en el hospital por problemas en la cervical”.

Las dos lanchas de la producción, acusan, fueron “prestadas” por parte de la Armada de Nicaragua. “A veces los militares se rehúsan a salir al mar cuando hay tempestad. En ese caso, la producción alquila un barco pesquero privado, que no tiene permiso para llevar personas. Subimos 30, 40 y hasta 50 personas a la vez, pues quien se niega arriesga el despido inmediato”.

En otras ocasiones, añaden, los marinos nicaragüenses “mientras nos llevan de un lado a otro” se dedican a su labor de interceptar navíos sospechosos de pertenecer a los cárteles del narcotrafico, poniendo en riesgo la vida misma de los trabajadores.

Por último, tras indicar que en las denuncias “sólo se señalan los problemas más evidentes”, los trabajadores italianos evidenciaron la falta de respeto de cualquier norma de seguridad, tanto para la labor realizada como para los “famosos” que participan en el programa

Más “accidentes”

Stefano Bacci, presidente de la CLB, dijo a la prensa que “fue necesario revelar todo, desafiando inclusive el miedo de perder puestos de trabajo para el futuro. Se trata de (trabajadores) profesionales calificados que operan para programas con presupuestos millonarios”.

Añadió: “Este caso es un extremo, pero es el fruto de la desregulación que llevó a rebajar los costos de las producciones internas. Los subcontratistas son asfixiados y a su vez explotan de más a los trabajadores”.

Si bien CLB admite que “la producción antes de que empezara el programa envió un correo electrónico en que explicaba que este año se iba a trabajar en un nuevo lugar y que entonces iba a haber algunas dificultades”, los trabajadores afirman que no pensaban en la situación en la que se encontraron.

En el correo mencionado, la empresa Magnolia advertía a los trabajadores que “no iban a aceptar alguna queja ‘inútil’ y que la cifra ofertada en el contrato iba a comprender cualquier malestar posible”.

Sin embargo, según CLB, esto significó simplemente que “trataron de adelantarse a las cosas para poder luego actuar en el libre albedrío de la ausencia de reglas, con métodos ilegales y humillantes”.

Frente a las denuncias, Giorgio Gori, administrador delegado de Magnolia SPA,, salió a responder el 2 de abril:

La isla de los famosos “ciertamente no es un resort, pero otra cosa es hablar de trabajos forzados”. Y añadió el jefe de la empresa subcontratista que “trabajar en el lugar es un poco como ir al frente de guerra y sólo unos verdaderos profesionales, dispuestos a operar en condiciones de objetiva precariedad, pueden enfrentar cuatro meses en la primera línea”.

Y destacó las condiciones meteorológicas adversas para justificar la falta de comida o de agua para los trabajadores, y aseguró que éstos “son bien pagados y nunca se descuida su dignidad personal”.

Sin embargo, el 3 de abril un accidente ocurrió durante el programa televisivo.

Mientras millones de italianos miraban a la transmisión, los participantes tuvieron que enfrentar la enésima prueba: lanzarse desde un helicóptero, a una altura de diez metros, al mar de la bahía de la isla.

Al realizar la prueba, los concursantes sufrieron lesiones de diverso tipo, pues el agua medía poco más de un metro de profundidad. El herido más grave fue el actor Luca Ward, quien reportó fractura de dos vértebras y del cóccis. Para él, el riesgo de la parálisis total fue más que suficiente para demandar a la empresa subcontratista y a la misma RAI.

La avalancha en contra del programa parecía ya no parar. El 7 de abril, Rossano Rubicondi, concursante del reality, reprochó a la conductora la falta de medidas de seguridad. Durante una transmisión en vivo, el también actor demandó seguridad y, con gritos y tonos polémicos, confrontó a la conductora, quien no tuvo más remedio que cortar la intervención televisiva desde Nicaragua.

Las reacciones

Luego de ver desmentidas sus declaraciones por parte de los hechos, el productor italiano Giorgio Gori organizó lo que la CLB definió “golpe mediatico”.

En un comunicado de prensa, la asociación de trabajadores explica que “antes de cualquier transmisión en vivo, todos, autores, producción, logística, director, director artístico, operadores de audio y video, leemos el guión del programa. El 7 de abril pasado así lo hicimos, pero a mitad de la transmisión hubo una sorpresa”.

Afirman los trabajadores que de repente observaron a Giorgio Gori reunirse con dos trabajadores, llevarlos a un cuarto separado “y bien resguardado”, y desde ahí trasmitir durante diez minutos una declaración en la que los dos trabajadores, “con la pretensión de representarnos a todos”, anunciaban “que todo va bien en La isla de los famosos”.

Sorprendidos por dicha acción dictada por “desesperación por un lado y glacial cinismo por el otro”, CLB sacó un comunicado de prensa en el que resume la situación y denuncia que los “trabajadores podemos laborar 30 días sobre 30 días o, en alternativa, 0 sobre 360 cuando el teléfono calla, pues somos trabajadores ‘sobre llamado’ y sobre ‘evento’, cuya duración varía entre medio día y un mes de los grandes eventos”.

Además, “una tercera parte de nosotros es un fantasma, trabaja en el sector informal, sin nada de prestaciones, ni seguros o contrato”.

En un promedio del sector que paga 60 euros netos al día, CLB denuncia que existen muchos casos de sueldos de hasta 30 euros.

“Trabajamos sobre todo los días feriados para garantizar a nuestro compatriotas la cobertura de los eventos deportivos sin que esto signifique pago ( de sueldo) extraordinario”, abundan.

Señalan que “el porcentaje de divorciados/separados entre nosotros es uno de los más altos entre todas las categorías laborales debido, entre otras cosas, a la imposibilidad para nosotros de planificar algo en nuestra vida más allá del ‘hoy’”.

Después de enumerar las precarias condiciones de su labor, los trabajadores reunidos en la CLB contestan directamente al dirigente de la empresa Magnolia:

“Señor Gori, en lugar de dar ordenes para ese teatrito que fueron las declaraciones en vivo (del pasado 7 de abril), hubiera admitido que había que resolver algunos problemas; habríamos podido encontrarnos, dialogar y establecer reglas y procedimientos certeros, seguros, válidos, compartidos”.

Y advierten: “¿Prefieren la confrontación? Qué así sea, pero no nos quieran etiquetar con siglas políticas, pues no tenemos partido, sino sólo nuestra dignidad por defender”.

Finalmente, la CLB declara que luchar hoy por los derechos de sus asociados “significa combatir para que el país haga de la calidad de sus trabajadores y de sus empresas la fuerza que sirve para salir del pantano en la que acabó gracias a la gente que ama los atajos en lugar de las reglas y que no sabe asumir la responsabilidad de sus propios comportamientos”.

Trabajar para morir

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 18 de abril de 2010
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Siempre hay algún colega de oficina que, al quejarse de su trabajo, reivindica que no estaría viviendo para trabajar sino, al contrario, trabajaría para vivir. Nada más y nada menos.

Un buen consuelo para muchos, pero no para los 24 dependientes de France Telecom, que desde febrero de 2008 han preferido terminar con su vida debido, aparentemente, a sobrecargas de trabajo y management del terror. Éstas, según las palabras en la carta dejada a su familia por el último de los suicidas de la empresa paraestatal francesa. Otro trabajador, inscrito y con un cargo en el sindicato, afirma que desde hace tiempo no existen promociones, nos mueven de un lugar a otro sin formación y sin tener en cuenta nuestras trayectorias profesionales y, finalmente, se imponen ritmos imposibles.

Sólo estas afirmaciones, declaradas bajo el auspicio del anonimato por un cuadro medio del debilitado sindicato de France Telecom, darían para escribir libros enteros. Es preciso subrayar que dicha empresa, desde hace meses, ha promovido un agresivo plan de restructuración interna, que ha conllevado no sólo cuantiosos despidos de trabajadores, sino precisamente una reorganización que ha orillado a miles de cuadros medios y altos de la compañía –entonces, dirigentes y no simples obreros– a desplazarse de un puesto a otro en breve tiempo y con elevada frecuencia. Ejemplar el caso de varias decenas de dirigentes, que de sus oficinas fueron enviados a cubrir puestos de ventas en las subsidiarias de France Telecom. Frente a la cadena de suicidios la empresa decidió en días pasados suspender hasta final de año el plan de restructuración interno y remover al número dos de la dirección, el llamado cost killer, Louis Pierre Wenes. Didier Lombard, actual dirigente de France Telecom, quien se tuvo que disculpar por haberse burlado de la moda de los suicidios, queda en su lugar. A ver hasta cuando.

Los problemas, sin embargo, serán difíciles de resolver con los cambios en la dirección empresarial o simplemente endulzando la píldora de la nueva política empresarial. Estamos aquí frente a otras cuestiones más apremiantes, aunque más complejas y de fondo. Más allá del caso específico, situaciones como las que están sucediendo en Francia nos hablan claramente de algunos efectos de la crisis económica, del fracaso del mal copiado modelo de producción japonés, de la pérdida de seguridad debida a la precariedad, la creciente competitividad y la privatización del servicio público, y, más en general, del fracaso rotundo del actual modelo laboral neoliberal.

La actual crisis económica se está midiendo sobre la piel de la llamada clase media, es decir, ese sector dedicado, en el mejor de los casos, a gestionar desde los puestos medianos del mando global la economía capitalista. Para quienes están abajo, más abajo, la crisis es y ha sido siempre una constante. Ninguna novedad. De la misma manera, para quienes están arriba, al mando real, ésta es cosa ajena y nunca les tocará. Para la clase media, al contrario, representa una relativa novedad, de fuerte impacto, tanto económico como anímico, al cual no siempre hay manera de responder. Por otro lado, si una de las victorias del capital frente al trabajo ha sido justamente anular el natural conflicto entre patrón y trabajador introduciendo conceptual y materialmente la equivalencia toyotista-empresa igual familia en el modelo europeo, al menos las empresas no han podido y sabido introducir también otras medidas de protección de sus hijos. Así las cosas, los trabajadores-hijos, llamados no sólo a realizar el trabajo material sino sobre todo a medirse con las ideas, la capacidad de innovación y de propuesta (trabajo inmaterial), frente a las restructuraciones que los atropellan se encuentran absolutamente desamparados. Al mismo tiempo, las reformas neoliberales de los modelos productivos y, por ende, laborales, fruto de la derrota momentánea del trabajo frente al capital, han provocado inseguridad y precariedad (léase: flexibilidad, temporalidad contractual, anulación/privatización del estado social, etcétera). Todo lo anterior en un contexto de creciente competitividad económica que los empresarios no han pensado dos veces en cargar a los trabajadores (ya sea mediante bonos, premios o, simplemente, en los esquemas contractuales previstos por las subcontrataciones). A lo anterior, como marco general, es urgente añadir que todo ha sucedido y sigue ocurriendo en un esquema de privatización de los servicios públicos, que no es otra cosa que depositar y entregar la gestión de los mismos a la lógica empresarial privada, es decir, la ganancia y sólo ésta.

Finalmente, hablar de fracaso integral del modelo neoliberal es cosa compleja. Baste decir aquí que este fracaso se mide en la incapacidad de generar bienestar generalizado y, al contrario, producir muerte, ya sea a través de la guerra, el hambre, pero también mediante la desesperación y el miedo. Sin duda, pero el neoliberalismo –o su versión actual, en crisis, pero con amplias posibilidades de supervivencia– tiene la posibilidad de ganar definitivamente la batalla final: el control biopolítico de la sociedad. Sólo una renovada capacidad, intención, deseo y esperanza de rebelión, aunque sea simplemente frente al jefe de la oficina, podrá desmentir esa temible posibilidad.

Italia: la isla de los parados

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 19 de marzo de 2010.
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Desde el pasado 24 de febrero, unos 30 obreros de la industria química Vinyls, propiedad de la petrolera italiana Ente Nacional Hidrocarburos (ENI, el acrónimo en italiano), ocuparon la isla de L’Asinara, en el norte de la Cerdeña, para protestar para el inminente despido de que son víctimas.

Parafraseando el famoso programa televisivo italiano “La isla de los famosos”, un reality show en el que personajes famosos del espectáculo son llamados a permanecer y sobrevivir en una isla perdida y son filmados las 24 horas del día, los obreros italianos llamaron su experiencia “La isla de los parados” y lanzaron su propuesta a través de las redes sociales.

También abrieron una cuenta en facebook y ya tienen más de 65 mil inscritos, en su mayoría gente común, jóvenes y no, que todos los días, sin cansancio, declaran su solidaridad con los obreros químicos que estarían a punto de ser despedidos. Tras ese éxito mediático, los obreros decidieron difundir su voz, también gracias a la creación de un blog.

En medio de la crisis económica que está golpeando severamente a Italia, con una perdida registrada en 2009 del 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), al menos medio millón de puestos de trabajo se esfumaron y la tasa de desempleo alcanzó en enero pasado casi el 9 por ciento.

En ese contexto, los obreros de Vinyls fueron suspendidos del trabajo por un paro técnico de la empresa y entraron en la llamada (y difícilmente traducible) Caja Integradora. Este instrumento económico, establecido a mitad del siglo pasado, consiste en el pago de una cuota mínima (máximo el 80 por ciento del salario) por parte del Instituto Nacional de Previsión Social (INPS), para todos los trabajadores suspendidos temporalmente por la empresa de pertenencia.

Considerado un instrumento provisional (su máxima duración es de 52 semanas) en favor de la empresas que resulten víctimas de las condiciones económicas externas, la Caja Integradora representa hoy la antesala del despido y, según cuentan en su blog los obreros de Vinylis, “una larga espera que sabe a tortura”.

El 24 de febrero pasado, tras el silencio por parte de la empresa que estaría negociando la venta de sus actividades a la holding árabe Ramco, la ausencia del gobierno italiano y las indecisiones del sindicato que los debería asistir, 30 obreros decidieron subir al ferry que conecta a Porto Torres, en el norte de la isla italiana de Cerdeña e importante centro de la industria química italiana, con la isla de L’Asinara, isla más pequeña otrora conocida por ser sede hasta 1999 de una cárcel de máxima seguridad.

Y justamente desde las celdas que hospedaron también a ilustres huéspedes de la talla de Toto Riina, el más conocido jefe de la mafia siciliana, los obreros se comunican con el mundo y esperan, pacientes, una solución.

Irrupción virtual

Si bien las protestas en el mundo laboral italiano y europeo en general han asumidos tonos y formas definitivamente radicales en el último año, como son los “secuestros de empresarios” en Francia, las “tomas” de fábricas y lugares de trabajo en Italia y las más recientes movilizaciones callejeras en Grecia, la protesta de los trabajadores de Vinyls ha logrado romper el muro invisible que en Italia separa al mundo obrero y sociedad. Gracias a la intervención de Michele Azzu, hijo de uno de los obreros, se abrió la cuenta en las redes sociales.

En declaraciones a la prensa, Azzu explica que la idea de “La isla de los parados” en Facebook nació casi por juego. “Mejor dicho, por una apuesta conmigo mismo”, añade. Cuenta Michele Azzu: “Mi padre Salvatore es uno de los obreros que protestan tras 30 años de trabajo en la empresa. Pensé que creando un grupo (en Facebook) gestionado y difundido de la manera adecuada, hubiera sido posible alcanzar al menos a mil usuarios (de Internet); evidentemente los resultados rebasaron cualquier expectativa”.

Su colega Marco Nurra, quien lo apoya en la gestión del portal, comentó en la misma ocasión: “Ofrecí inmediatamente mi ayuda, pues también mi padre vivió la experiencia de la Caja Integradora durante 12 años y entonces conozco perfectamente qué significa para una familia encontrarse sin un salario, ignorados por el Estado y por el sindicato y a la espera de un subsidio que a veces tarda meses en llegar”.

Azzu señala: “Muchos dicen que las redes sociales son inútiles, pero yo creo que las palabras, a veces, son muchos más poderosas que las espadas y los miles de mensajes que llegan al portal le dan la fuerza a los trabajadores para seguir en su protesta”.

Añade: “El éxito de este grupo (de Facebook) revela también otra cosa: antes que todo que La Isla de los Parados no es sólo un símbolo, sino el espejo de la crisis profunda que estamos atravesando”.

Diario de una protesta

Los verdaderos protagonistas de la protestas son los trabajadores, desde hace varios días “atrincherados en una isla emblema de la más grande Cerdeña, ya en profunda crisis, alojados en celdas con barrotes semejantes a los con los que los encierra el gobierno, la región y ENI”, según dicen en su portal los mismos obreros, que cada día alimentan el espacio virtual con sus notas, sus comentarios y un diario horario de las actividades que realizan.

Escriben los obreros: “La isla de los parados, es un reality ‘real’, desgraciadamente, en el que nadie es famoso, pero todos están sin trabajo (…) Ningún yate, ni Villa Certosa (la villa vacacional del Primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi) con su showgirl en esta isla, sólo la verdad amarga de una política que no da respuestas, de una empresa paraestatal – ENI – que persigue sus objetivos empresariales, pisoteando la vida de miles de familias. Y, no últimos, un grupo de trabajadores valientes que lucha por sus propios derechos”.

Según declaraciones del secretario general de la sección Química del sindicato italiano CGIL, Salvatore Corveddu, “si el ciclo del cloro –materia de trabajo de quienes protestan– se fuera a interrumpir, se perderían alrededor de 3 mil puestos de trabajo”. El también exobrero de la misma empresa, señaló que “el coraje de los parados es una mezcla entre la sabiduría de los ancianos y el descaro de los jóvenes, pues se han inventado un realty que le hace la competencia a unos de los espectáculos show televisivos italianos más vistos”.

Los mensajes que llegan al portal de la isla de los parados son cientos, todos los días, desde el 24 de febrero pasado. Y tantas son también las líneas escritas en esa especie de diario en el que se ha convertido su blog.

Tras la primera noche, los trabajadores escribían: “La noche ha sido rara, llena de pensamientos: ¿se habrá la gente olvidado de nosotros? No pensamos en los políticos, sino en nuestra comunidad que quisiéramos más cerca en estos momentos difíciles. Seguramente muchos están peor que nosotros; pensamos a los desempleados, a los precarios que no tienen ninguna voz (…)”.

En esta lucha, explican, la solidaridad es fundamental. Es la solidaridad de la comunidad que se expresa en ayuda económica y en especies, y también la solidaridad de otros trabajadores que, organizados en comitivas, alcanzan a la isla para visitar a los colegas. Entre tantas visitas, los trabajadores químicos narran la visita de una delegación de obreros de Alcoa, que en semanas recientes ganaron el regreso a su puesto tras ocupar los techos de sus fábricas durante mas de dos semanas: “Aquellos que lo lograron tienden la mano a quienes, al contrario, ven sólo nubes en el horizonte. Aquellos que han ocupados las plazas y tirados las puertas del poder pagando con demandas y golpes, dicen que sí, unidos se puede ganar (…) Los obreros de Vinylis tienen los ojos con lágrimas frente a los colegas de Alcoa que a L’Asinara llevan los cascos rayados y una historia de lucha por contar”.

Junto a la protesta, existe también la vida cotidiana. Se lee en el blog: “El silencio de noche es interrumpido por un ruido fragoroso. ¿Será un sabotaje? No, es Mario quien, buscando a su esposa Mariella y sin encontrarla, se cayó de la cama. Volvemos a dormir”.

O, más adelante: “Los muchachos de las cooperativas, acostumbrados a despertar a la hora de los gallos, nos tiran de la cama y nos traen un café que sabe a agua sucia”. Las fotos de los hijos circulan entre los trabajadores “que buscan consuelo para la lejanía de esas sonrisas y esos afectos”. Los celulares no siempre sirven, pues “el viento sopla fuerte, muy fuerte, y parece que esta es la causa de las dificultades para comunicar con los queridos”. Otro día se lee: “Hoy, por suerte, salió el Sol y nuestras familias pudieron llegar a visitarnos”.

Tino, apodo de uno de los obreros, escribe su nota diaria en la que compara el fútbol con la situación que vive: “Jugar es la sal de la vida. Lo sé bien yo, pues jugué fútbol semiprofesional (…) Sin embargo, esta manera de descargar las responsabilidades entre el ENI, el gobierno y el sindicato no la entiendo: sabe a juego sucio, pues es un juego que no divierte a nadie, pero posiblemente enriquezca a algunos”.

En su escrito comienza también a detectarse el distanciamiento del sindicato: “Comimos con los jóvenes de la Asociación Gavoi (asociación local) que nos ayudaron muchísimo. Son buenos muchachos, apasionados

–sigue Tino– y comparadas con ellos, las palabras de Corveddu se vacían: coyunturas internacionales, globalización de la economía, reestructuraciones, planes químicos estratégicos. Recuerdo esas palabras, luego miro a los muchachos y a los colegas y pienso que quizá no estaríamos aquí si hubiéramos tenido a un sindicato con corazón obrero, porque, se sabe, sin corazón no hay juego que valga la pena de ser jugado”.

Otro trabajador, Salvatore, describe las desilusiones: “Aquí estamos, después de 35 años de trabajo: sin salida, me encuentro frente a un muro”. Y recuerda: “Si pienso que en los 70 el centro químico donde trabajamos iba a ser el motor de la economía regional. Éramos todos jóvenes, entusiastas, con ganas de levantar la isla (Cerdeña), cumplir con la promesa que nos hacía el gobierno (…) Hoy esos jóvenes tienen 56 años y no tienen nada en el bolsillo”.

La protesta tiene el objetivo de recuperar los puestos de trabajo, según expresan en numerosos testimonios los trabajadores. Pero hay también objetivos de más corto alcance: “Una de nuestras preocupaciones es hacer escuchar nuestra voz. ¿Qué estarán haciendo los sindicatos? ¿Estarán conduciendo el diálogo con la determinación necesaria? La discusión (entre los trabajadores) se anima, el temor de estar luchando por una justa causa, pero de no ser representados adecuadamente se queda entre nosotros. Nos consuela el apoyo local. ¿Será suficiente?”.

La pregunta no tiene respuesta, admiten los obreros que protestan, y al contrario genera más preguntas en la ronda de participaciones nocturnas del blog: “¿Servirá nuestra lucha? Digamos así: quien lucha puede perder; quien no lo hace, ya perdió. Un saludo a nuestro lectores”.

Guatemala: ataque al sindicalismo

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 26 de febrero de 2010.
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El gobierno de Guatemala “ha venido siendo objeto de señalamientos por graves violaciones a los derechos sindicales, particularmente las relacionadas con el derecho a la vida e integridad física y el histigamiento en contra de los líderes sindicales”.

De ello dan cuenta las 49 muertes violentas registradas de 2005 a enero de 2010, ningun a de las cuales ha sido investigada ni los agresores juzgados.

Estos datos figuran en el informe “Guatemala: el costo de la libertad sindical”, elaborado por el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG), con el apoyo de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA).

Luego de documentar algunos de los homicidios, 16 de los cuales ocurrieron en 2009, el informe publicado el pasado 12 de febrero denuncia que “existen indicios razonables y, en algunos casos, elementos de convicción de que al menos en 23% de los asesinatos hubo participación de las fuerzas de seguridad del Estado, vinculadas directamente a ordenes del organismo ejecutivo o de las Municipalidades”.

Además, documenta 93% de los casos “los compañeros asesinados y sus organizaciones estaban en conflicto por reclamaciones relacionadas con el ejercicio de los derechos sindicales ya sea laborales o bien relacionado con el acceso a recursos naturales”.

En el 7% restante de los hechos de violencia, dice, ocurrieron fuera “de un marco específico de actividad sindical”.

Lo más grave es, subraya el informe, que “existen indicios razonables para considerar que los asesinatos se produjeron en un acto de represalia, para desarticular la acción y la organización sindical”.

Un dato apuntala el anterior señalamiento: “8% de los homicidios se han cometido pocas semanas después de que los compañeros han iniciado acciones para hacer valer sus derechos sindicales y laborales” y, además, “porque el 75% de los sindicalistas asesinatos ha sido amenazado con anterioridad por su actividad sindical”.

De los casos mencionados, el informe reporta los dos últimos sucedidos a principio de este año. El primero, el 13 de enero, día en que Evelinda Ramírez Reyes fue asesinada poco después de “sostener reuniones con los Diputados del Congreso de la República para discutir la problemática de los consumidores frente a los abusos de Unión Fenosa (empresa española de electricidad)”.

El otro caso, aún más reciente, es el de Pedro Antonio García quien “fue asesinado el 29 de enero de 2010 en el marco de un conflicto con la empleadora (municipalidad Malacatán San Marcos)”. En este caso, afirma el documento, “existen indicios razonables de que en estos actos existe participación de las autoridades municipales”.

Más adelante, el informe de MSICG revela que “un 31% de asesinatos fue perpetrado contra trabajadores sindicalizados del sector público en donde la empleadora es el propio estado de Guatemala”. Lo anterior, según los autores de la investigación, demuestra que “la grave falta de respeto a los derechos sindicales y la falta de cultura sindical” ocurre “tanto en el sector público como en la iniciativa privada”.

Así, prosigue el documento, “existen indicios razonables y en algunos casos elementos de convicción de que al menos en un 23% de los asesinatos hubo participación de las fuerzas de seguridad del Estado, vinculadas directamente a ordenes del organismo ejecutivo o de las Municipalidades”.

Y, por si fuera poco, indica, “a la fecha de presentación de este informe en ninguno de los casos citados se ha individualizado, juzgado y sentenciado a los autores materiales e intelectuales de los hechos”.

Como en la guerra civil

Además de los asesinatos, el informe señala también otras formas de violencia en contra de la actividad sindical. Denuncia “secuestro, tortura, lesiones, intentos de asesinato, intentos de ejecución extrajudicial”. Indica que este tipo de acciones se incrementaron “475% en 2009, llegándose a cometer 76 agresiones consideradas de forma individual”.

Afirma que “las amenazas toman un nuevo matiz y se relacionan con patrones seguidos durante la guerra interna para exterminar al sindicalismo”.

Abunda: “Las detenciones ilegales no sólo se incrementan sino que en ellas se ven involucrados funcionarios públicos […] las esposas de dirigentes sindicales o las mismas sindicalistas son objeto de violencia sexual con el ánimo de desmotivar el ejercicio de los derechos sindicales”.

En este rubro, el informe denuncia también la existencia de casos muy recientes. Menciona, por ejemplo, el “intento de asesinato por parte de las autoridades municipales” en contra de Abel Barsilai Girón Roldan, miembro de sindicato de trabajadores del municipio de Zaragoza.

El 20 de enero pasado, “a las diecinueve horas con treinta minutos, cuando el compañero Abel se disponía a ingresar a su vivienda ubicada en la 1 calle 5-90 zona 3 del municipio de Zaragoza del departamento de Chimaltenango, recibió cerca de él alrededor de 13 impactos de bala provenientes del señor Rumualdo Marroquín concejal primero de la corporación municipal del municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango”.

Narra también el caso de María Vasquez quien en fecha “6 de enero de 2010, a las 6:05 am, en la parada de bus donde esperaba el transporte de la empresa Winner S.A., fue secuestrada, torturada y violada”. El hecho, según el documento, “ocurre en el marco de la reciente toma de posesión de la compañera como Secretaria General Adjunta del Sindicato de la empresa”.

Finalmente, el informe describe con detalle “otra práctica antisindical utilizada en Guatemala, tanto en el sector público como en el privado, para eliminar las organizaciones sindicales existentes”: la criminalización del ejercicio de los derechos sindicales.

Según el documento, esta práctica se traduciría tanto en acciones penales en contra de los dirigentes sindicales, como en la gestión mediatica contraria a las actividades sindicales como, finalmente, en “ataques informáticos contra el movimiento sindical autónomo”.

El interés de la OIT

El informe del MSICG afirma que “desde la ratificación por parte del Estado de Guatemala (1952) del Convenio 87 Sobre la libertad sindical y la protección del derecho a la sindicación de 1948 y del Convenio 98 Sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949, pero particularmente desde el año 2007, este ha venido siendo objeto de señalamiento por graves violaciones a los derechos sindicales”.

Dichos señalamientos fueron incorporados recientemente en el Informe IB de la 97 Conferencia Internacional del Trabajo realizada en el año 2008 “La libertad de asociación sindical en la práctica: lecciones extraídas”.

En este informe, el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, afirma que “pese a que el número de quejas relativas a la violación del derecho a la vida e integridad física de sindicalistas a nivel mundial fue disminuyendo, en el caso de Guatemala estas quejas aumentan día a día”.

Tal situación orilló a la OIT a enviar una Misión de Alto Nivel en Guatemala, en febrero de 2009. El resultado de dicha misión enfatizó “la enraizada situación de violencia contra sindicalistas e impunidad de esos casos”.

Otros puntos de la relación de la misión de la OIT son los siguientes: “La Comisión observó con preocupación que los problemas pendientes se refieren a numerosos y graves actos de violencia contra sindicalistas y a disposiciones legislativas o prácticas incompatibles con los derechos consagrados en el Convenio 87, inclusive restricciones al derecho de sindicación de ciertas categorías de trabajadores”.

Acerca de la actuación del gobierno de Guatemala, ya señalada como “ineficaz” por el Informe del MSICG, la Comisión de la OIT “tomó nota también de la ineficacia de los procedimientos penales en relación con estos actos de violencia que dan lugar a una situación grave de impunidad y de los retrasos excesivos en los juicios laborales”.

Además, “tomó nota también de alegatos relativos a la falta de independencia del Poder Judicial”, así como de que “la situación en cuanto a la violencia y la impunidad parece haberse agravado y recordó la importancia de garantizar urgentemente que los trabajadores puedan llevar a cabo sus actividades sindicales en un clima exento de temor, amenazas y violencia”.

Acerca del nivel de impunidad se “subrayó la necesidad de que se realicen progresos significativos en relación con las sentencias condenatorias sobre actos de violencia contra sindicalistas y para garantizar que se sancione no sólo a los autores materiales sino también a los instigadores.”

Come il governo del Pan manovra i sindacati non addomesticati

Il presente articolo é stato pubblicato sul giornale italiano Il Manifesto il giorno 13 ottobre 2009
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Dopo alcune settimane di mezzi annunci e minacce, il ministero del lavoro,guidato da Javier Lozano, ha emesso la sentenza: il nuovo segretario del Sindacato messicano degli elettricisti (Sme), uno dei più importanti del Messico, non sarà riconosciuto, ovvero non riceverà il registro dal ministero. E’ una conferma dell’obsoleto meccanismo che conferisce per legge al ministero del lavoro la facoltà di concedere il registro sindacale e apre la porta a incognite tanto sul futuro del sindacalismo quanto su quello del settore energetico. Dal punto di vista sindacale, quella di Lozano è un’ indebita intromissione. Perché il potere in mano al ministro, che dovrebbe essere esercitato solo con funzioni di controllo, è stato usato negli ultimi anni per favorire questo o quel un candidato, aprire spazi d’intervento sindacale ad organizzazioni di comodo, a sindacati «imprenditoriali» o a veri e propri speculatori che poi hanno fatto milionari affari alle spalle dei lavoratori. Nel caso specifico vanno sttolineati due fatti. Il primo, l’elezione del nuovo segretario generale del Sme, che conta su oltre 60.000 iscritti, è stata regolare. Nonostante l’opposizione sindacale sindacale al segretario eletto abbia ricevuto, stando ai si dice, 5 milioni di dollari da parte del Pan, di cui il Lozano è membro attivo. Secondo e decisivo fatto, spaccare il Sme oggi, significa poter privatizzare il settore della produzione elettrica domani. Perché se è vero che il governo ormai da anni non vede l’ora di concedere ai privati, nazionali e stranieri (tra cui l’Enel, che nel dicembre 2007 annunciava l’acquisto di tre impianti idroelettrici in Messico), concessioni milionarie, la realtà parla anche d’una opposizione tale da parte del Sme e dei suoi alleati che hanno impedito sinora la privatizzazione di uno dei pochi settori ancora pubblici nel paese. E quale miglior maniera che imporre una dirigenza amica? Il caso del Sme, emblematico, non è l’unico. Il ministero del lavoro dell’attuale come della precedente amministrazione Fox non ha fatto che interferire e disconoscere sindacati scomodi alle grandi imprese. Oggi il Sme, ieri già il grande Sindacato metallurgico e il Sindacato nazionale dei lavoratori dell’educazione (Snte), il sindacato più grande dell’America latina con oltre 1.5 milioni d’iscritti, in mano da oltre una decade a una segretaria intima amica di Fox e molto vicina all’attuale amministrazione.

Radio Francia Internacional: una larga huelga

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 17 de julio de 2009.
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Desde el pasado 11 de mayo, los trabajadores de Radio Francia Internacional (RFI), la emisora radiofónica pública de origen francés que transmite también en otros 19 idiomas a todo el mundo, están en huelga
“Es la huelga más larga realizada por una emisora francesa”, explica Braulio Moro, redactor mexicano del servicio en castellano de RFI, quien explica las razones de la protesta: “El plan social que está promoviendo la dirección de RFI, y que no es otra cosa que un plan de despido de 206 trabajadores, alrededor de 20% del total”.
Puntualiza: “La mitad deberían ser técnicos, la otra mitad periodistas”.
En entrevista con Apro, Moro explica que “la nueva dirección de RFI ha planteado un llamado plan social económico, que en realidad es un plan de ajuste de plantilla laboral de la empresa pública (…) Las razones de este plan, según la dirección, son de origen económico, es decir, habría un importante déficit en el presupuesto de la radio (…) Además, el plan respondería a la necesidad de reorganizar y modernizar el funcionamiento de la radio misma”.
Moro –también doctor en economía, quien se tituló en la prestigiosa universidad francesa de Angers– afirma que si bien el déficit existe, “es absurdo el plan, pues RFI es actualmente considerada la tercera radio más importante al mundo, después de la cadena inglesa BBC y de la transmisora estadunidense Voice of América“.
Abunda: “Según encuestas de audiencia de 2007, tenemos a más de 46 millones de oyentes en el mundo”. Por todo lo anterior, continúa, “consideramos que bajo las actuales condiciones el plan no se justifica”.
Sin embargo, después de dos meses de huelga, “aún no se vislumbra una solución, pues la dirección de RFI no ha querido sentarse a dialogar”.
El plan social propuesto por la dirección de RFI, integrada por el presidente-director, Alain de Pouzilhac, y la directora general, Christine Ockrent, quienes asumieron el cargo el pasado 1 de julio de 2008, “prevé la cancelación de 206 puestos de trabajo, mitad técnicos y mitad periodistas”, explica Moro. Además, “el plan tiene previsto suprimir algunas de las redacciones en lengua extranjera”.

Cultura del déficit

Moro comenta que “existe el servicio radiofónico en francés que transmite a países francófonos, en África por ejemplo. Luego existen otras 19 redacciones que transmiten en otros tantos idiomas”. Según él, “entre las seis lenguas que se quieren suprimir destacan el alemán, el turco y el serbocroata”.
Afirma: “Es extraño que quieran justamente suprimir estos idiomas, justamente ahora que la presidencia francesa de Nicolás Sarkozy está promoviendo la alianza franco-alemán cual eje regidor de la política de la Unión Europea (UE). ¿Qué decir del idioma turco? ¿Justo ahora que la expansión a Oriente de la UE pasa por Turquía?”.
A cambio, la dirección de RFI estaría apoyando otras hipótesis editoriales: “Según ellos, las prioridades estratégicas residen en otros idiomas: el chino, por ejemplo, así como algunas lenguas africanas, el inglés y el árabe”. Y “aunque la redacción que prepara los programas en castellano va a sobrevivir al plan social, pues transmite en toda América Latina”, Moro advierte que “nuestra redacción va a ser igualmente afectada: de 35 personas que somos, se prevé el recorte de 11 puestos de trabajo”.
En relación con la huelga que estalló el pasado 11 de mayo, Moro cuenta que la empresa “ha argumentado también la existencia de una ‘cultura del déficit’ con la que el plan quiere acabar”. Según los datos que la misma dirección de RFI proporcionó, la deuda actualmente ascendería a más de 11 millones de euros.
El redactor mexicano apunta: “Nosotros afirmamos que no es culpa de los sindicatos ni de los trabajadores la existencia de este déficit”.
Y explica: “En las anteriores administraciones hubo gastos no justificados”. Este fenómeno, según Moro, explicaría en parte un déficit de tal tamaño.
“Además –añade–, con un déficit así y con una crisis económica de estas dimensiones, el presidente y la directora de RFI siguen cobrando un sueldo de más de 310 mil euros anuales, lo que ni la canciller alemana, Angela Merkel, ni el primer ministro británico, Gordon Brown, ganan”.
En estas condiciones, sigue el redactor de RFI, “no se puede hablar de ‘cultura del déficit'”.
Llama la atención sobre un hecho: “De llevarse a cabo el plan, sería el primer caso en el que el gobierno (francés) despida gente de una empresa pública (…) y ello sería muy contradictorio con las declaraciones del presidente francés cuando en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del pasado 19 de junio, dijo que ‘hay que preservar al empleo en esta crisis, comenzando por las empresas públicas'”.

La huelga

Al presentarse el plan social, los sindicatos existentes en RFI protestaron y plantearon algunas opciones. “Propusimos que en lugar de despidos, se organizara un plan de retiro voluntario”, cuenta Moro.
Comenta que “existe otra cadena de televisión, France Television, que ha también planteado la posibilidad de una reestructuración interna, es decir un programa de ajuste para 900 personas”.
El plan sin embargo es distinto:
“En esa empresa se propone un plan de retiro voluntario, mismo que para quienes acepten, ofrece la posibilidad de retirarse hasta 2012. Ese, para nosotros, sería un buen modelo a seguir”.
Sin embargo, “a pesar de una larga serie de reuniones y negociaciones con la dirección de RFI, tuvimos solamente rechazos”.
Así, “la Intersindical (los cuatro sindicatos de la empresa, FO-CGT-SNRT-CGT, por sus siglas en francés) decidió estallar la huelga el 11 de mayo pasado, misma que, después de dos meses de subsistir, se ha vuelto la más larga en la historia de las emisoras públicas en el país”.
La huelga, describe, está sostenida por el personal técnico de la empresa, “es decir, son ellos quienes concretamente están en huelga, pues son los que pueden cortar la señal o rehusarse a trabajar en los controles”.
Los periodistas, que formalmente no se declararon en huelga, “apoyamos la protesta de los trabajadores técnicos a través de un fondo de solidaridad que hemos instituido inmediatamente”. Y sigue: “Yo voy a trabajar todos los días, aunque sé que mi trabajo no saldrá al aire”.
Añade: “Este sistema es muy francés (…) Por esta razón la dirección argumenta que los huelguistas serían una minoría, lo cual no es cierto. La verdad es que solamente de esta manera la huelga ha podido sobrevivir tanto tiempo”.
Entre las acciones realizadas para “otorgar visibilidad a la protesta”, cuenta Moro que “hicimos una transmisión al aire desde la plaza frente a la alcaldía de París, con invitados de todo tipo: periodistas, personalidades de la cultura y del espectáculo, así como gente común”.
Además, narra, “redactamos primero una carta en la que personalidades de distintos países piden a RFI no cerrar las redacciones en los idiomas correspondientes”.
Precisa: “Por ejemplo, quieren cerrar la redacción en polaco, y entonces el director Roman Polanski tomó posición”. Otra carta fue enviada al periódico francés Liberation. En ella, cuenta Moro, “se le exigía al gobierno francés que reconsiderara la situación para no sacrificar el porvenir de RFI”.
La carta, publicada también en la página de Internet de la protesta, ha sido firmada por distintas personalidades, como fueron exprimeros ministros franceses, embajadores, artistas e intelectuales, “entre los que podemos mencionar: Elena Poniatowska, Adolfo Pérez Esquivel, Manu Chao, Luis Sepúlveda, Ignacio Ramonet, Danielle Mitterrand, Yvon Le Bot, Alain Touraine, Isabel Allende y muchos más”.
Además de estas acciones, explica Moro, “hemos pedido que, según la normativa francesa, se instale un mediador entre las partes, pero no hemos recibido respuesta”.
A las razones concretas de la protesta, según Moro, hay que añadir algunas consideraciones, “comenzando por el hecho cuando menos curioso de que la actual directora general, Christine Ockrent, es la pareja del ministro de Exterior del gobierno francés”.
Considera que “es una situación particular que la pareja del canciller se ocupe de la radio pública de transmisión hacia el exterior”.
Explica que “hasta ahora la radio, en la redacción donde yo trabajo, ha podido mantener cierta autonomía editorial”. El peligro, opina, “es que esta independencia, que es una condición indispensable para ejercer un periodismo de calidad, se vea afectada por intereses distintos”.
Moro dice que “gracias a algunas particularidades de la ley laboral francesa, pudimos ‘suspender’ la huelga el pasado 10 de julio, por la temporada vacacional”.
Aclara que “esto no significa que la huelga se haya levantado: por el contrario, en septiembre próximo está ya citada una asamblea sindical en la que se decidirá como seguirá la protesta en contra del plan social de RFI.

Outsourcing (tercerización), respuestas desde los trabajadores

Descargalo completo aquí.

Coordinadores: Luis Bueno Rodriguez y Matteo Dean
Autores: Oscar Ermida, Álvaro Orsatti, Enrique Martínez, Francisco Retama y Alejandro Vega

(de la Presentación del texto)

¿Qué es el outsourcing? ¿Cómo le llamamos y cómo lo definimos? ¿Cómo lo regula la legislación laboral en México? ¿Y en el resto de América Latina? ¿Cuáles son las posiciones del mundo sindical internacional frente a este fenómeno? Y, finalmente, ¿cuáles son las posibles respuestas y acciones a tomar para invertir la tendencia que hace de este fenómeno un recurso más en mano empresarial para restar derechos laborales y para frenar la capacidad organizativa de las y los trabajadores?
En síntesis, la finalidad del presente libro podría ser la de contestar estas preguntas. Es un texto amplio y complejo que trata de abarcar los numerosos aspectos que tiene en sí el problema. Lejos de pensar que el outsourcing sea una novedad en el modelo productivo vigente, los autores y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical A.C. (CILAS) –quien coordinó la publicación del texto que tienen en sus manos– están firmemente convencidos de que si bien el outsourcing es un fenómeno añejo en la producción capitalista, en los últimos años éste ha adquirido formas, modalidades y facetas cada vez más complejas y se ha convertido en una –entre varias– herramienta importante por parte del capital para ganar ulterior terreno en la dialéctica trabajo- capital. El uso del término inglés para definir a este proceso es claramente arbitrario, como bien se comprende a lo largo de estas páginas, toda vez que los distintos autores que en ellas intervienen lo llaman subcontratación, tercerización, etc. Sin embargo, es necesario subrayar que el presente libro es el fruto, antes que todo, de un proceso iniciado en el 2002 y que ha visto al CILAS involucrado en una investigación –aunque bien se le podría llamar investigación– que ha tratado de enten- der, interpretar y explicar al problema en cuestión. En efecto, con la participación de investigadores de Brasil, Sudáfrica, India, Corea del Sur y México (CILAS) –posteriormente se integró Ucrania–, en ese año se inició un proceso de investigación de varias empresas transnacionales holandesas que, en la medida en que fue auspiciado por los sindicatos de Holanda, tenía muy presente la necesidad de que sus resultados fueran útiles para la coordinación sindical en los planos nacional e internacional, así como para facilitar sus procesos de negociación. Parte de esta investigación estaba referida justamente a las prácticas de outsourcing de esas empresas. Por otra parte, en abril de 2007 se publicaba –por parte del CILAS– un reporte (“Outsourcing. Tercerización y subcontratación en México”, Cuadernos de Investigación 004, CILAS, México) en el que, de forma aún aproximada y no exhaustiva, se comenzaba a tratar de explicar los orígenes y las razones del crecimiento desbordante y multifacético del fenómeno; al mismo tiempo, se ilustraban los principios del estudio de dos casos muy concretos de outsourcing en México. A estos primeros pasos les siguieron otros, entre ellos la realización de un seminario internacional en noviembre de 2008; este libro es el fruto de ese camino emprendido. No es el último, pero sí esperamos sea una primera piedra angular que nos permita entender la problemática.
Los lectores comprenderán, a lo largo de estas páginas, que el nombre que se le da al problema asume una importancia relativa –con excepción de la exigencia de una uniformidad lexical al menos en el contexto lingüístico continental– ya que los contenidos del proceso cobran mayor importancia. En efecto, en una primera parte el texto aborda definiciones y conceptos con la intención de ofrecer un panorama lo más completo posible de la amplia terminología utilizada tanto en el ámbito académico como en el laboral y sindical, mientras se comienza a definir qué es el outsourcing y cómo se aplica. Los autores enfrentan estas dos últimas tareas con cierta audacia pues, como se entenderá, es cada vez más difícil definir algo que cambia, se modifica y se vuelve a definir con tanta rapidez. Tan solo para que este trabajo saliera a la luz se tuvieron que aportar modificaciones y revisiones acerca del concepto mismo de outsourcing, lo cual nos enseñó -por si fuera necesario- que el outsourcing es una problemática compleja y mutante.
En la segunda parte el libro trata de dibujar el panorama, complejo también, de la legislación mexicana e internacional (en América Latina) acerca del tema. En el primer caso, el de la legislación mexicana, cabe subrayar la importancia del análisis que aquí se reporta, pues la llamada Iniciativa Lozano en los artículos referentes al outsourcing (que la propuesta de ley llama subcontratación) no hace nada más que legalizar y ratificar la práctica ya afirmada por la vía de los hechos. Hay después una explicación bastante exhaustiva de las posiciones sindicales, en particular manera de las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI), acerca del tema.
En la tercera parte se abordan cuatro casos mexicanos de aplicación del outsourcing. Son casos ejemplares porque abordan la que en el texto definimos ‘subcontratación interna’, es decir, el más claro y franco caso de simulación laboral; por otro lado, uno de los casos analizados se refiere al de las empresas proveedoras de personal (en este texto ‘suministro de mano de obra temporal’) y es, creemos, otro de los límites al que este proceso puede llegar: ‘rentar’ al trabajador, lo cual significa hacer del trabajo un bien de comercio. Ilustrar estos casos permite al lector no sólo aterrizar el fenómeno en la realidad cotidiana nacional, sino también entender que el outsourcing se ha des- bordado a todos sectores productivos: el financiero, el manufacturero y el de servicios, entre otros.
Finalmente, quizá la parte más importante del libro –al menos para aquellos lectores que buscamos análisis acompañados por soluciones– es la última; en ella se reportan algunas experiencias sindicales y legislativas, además de ofrecer ideas, puntos de vista y algunos recursos para poder enfrentar al problema en su conjunto. Nunca como hoy ha sido apremiante enfrentar al problema del outsourcing. Más allá de cualquier postura ideológica y no obstante que los autores y editores del libro quisiéramos a una sociedad -y por ende a un mundo laboral- más equitativa, donde no haya patrones y trabajadores asalariados sino tan sólo trabajadoras y trabajadores, lo cierto es que el presente texto no proporciona utopías, sino sueños e ideas posibles en su realización concreta y práctica. En el escenario actual en que se publica este libro, el de una crisis financiera que ya llegó a crisis económica, creemos que es urgente reflexionar y comenzar a actuar para que esta herramienta productiva – como muchas otras – no se convierta en instrumento para arrebatar aún más derechos laborales en México, en América Latina y en el mundo en general. Nos queda claro, por ejemplo, que la reforma laboral promovida desde el seno del mundo empresarial mexicano y apoyada por el actual gobierno (la llamada Iniciativa Lozano) no busca proteger a las y los trabajadores de México, sino más bien restringir todavía más sus derechos, todo con la finalidad de que seamos las y los trabajadores quienes paguemos por la crisis.
Finalmente queremos subrayar que el presente texto, realizado gracias a la colaboración de distintos autores procedentes de diversos ámbitos de investigación (laboral, sindical, legal, académico, etc.), busca dos cosas más. La primera, involucrar a la mayor cantidad posible de sujetos en este debate, no solamente para que haya mayor pluralidad de interpretación sino sobre todo porque consideramos que éste, junto a otros, es uno de esos temas que le atañe al mundo laboral y, por ende, a la sociedad que lo produce. La segunda tiene que ver con el lenguaje utilizado en el texto. Lejos de querer encerrarnos en el laberinto del léxico meramente académico, el texto ofrece un lenguaje que sirve y es posible entender desde el punto de vista de los investigadores, pero también desde el punto de vista de los menos expertos en cuanto a investigaciones y análisis, mas seguramente expertos del tema en cuanto víctimas del mismo: las
y los trabajadores.

Outsourcing, miseria disfrazada de empleo

El presente artículo se publico en el Correo Laboral, publicación del CILAS en mayo de 2009
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El fenómeno del outsourcing, comúnmente llamado subcontratación, tercerización o externalización de actividades, se está extendiendo con rapidez y voracidad en los ámbitos productivos de México. Decir a esta altura de las cosas que el outsourcing es una medida en favor de los puestos de trabajo asume los perfiles de una mentira – una más – que el mundo empresarial y los gobiernos que lo apoya tratan de hacernos digerir. La realidad habla, al contrario, de una medida que en la mayoría de los casos resulta nefasta para las y los trabajadores de México, en la mesura en que sirve sencillamente para ventaja empresarial y para restar aún más garantías y derechos laborales a los millones de trabajadores mexicanos.
El outsourcing es la medida según la cual una empresa – una fábrica, una oficina, un corporativo, etc. que llamamos empresa principal – en la búsqueda afanosa de reducir costos y riesgos de producción contrata a otra empresa – una fábrica, otra oficina, una cooperativa, un trabajador autónomo, etc. que llamamos empresa contratista – para que ésta lleve a cabo parte del proceso productivo de la primera empresa. Es evidente que por parte empresarial las ventajas son enormes. No solo se pueden reducir los riesgos ligados a la sobreproducción y al riesgo empresarial, no solo habrá reducción costos; sino que habrá menos trabajadores contratados y por ende, en un futuro posible, habrá menores responsabilidades de orden laboral. Este último aspecto es él que creemos más nefasto para las y los trabajadores. Por que si bien las primeras ventajas entran en el elenco de las medidas legítimas que un empresario puede implementar, la última revela una ofensiva en contra de las y los trabajadores.
La experiencia en nuestro país, y no solo, indica que la aplicación del outsourcing apunta definitivamente hacia el debilitamiento de las y los trabajadores frente a los patrones. Por un lado el sindicato, si es que existe, será más débil pues contará con un número menor de afiliados. Por otro lado, las y los trabajadores no gozarán plenamente de sus derechos reconocidos en nuestra Ley Federal del Trabajo (LFT) en específico en el reparto de utilidades, un salario justo, la antigüedad y estabilidad del trabajo, las vacaciones.
Además, si lo anterior fuera poco, con el esquema del outsourcing, las y los trabajadores verán limitado el derecho de huelga. Tres ejemplos al respecto. El primero: si trabajo en una empresa contratista X que produce partes para una grande marca de televisores, y mis condiciones de trabajo no son las adecuadas y quiero protestar, mi referente legal será el patrón de la empresa X y la grande marca nunca tendrá nada que ver con mi protesta. El segundo (aún peor): hay empresas que se dedican a crear otras empresas (con una razón social distinta) pero con el mismo propietario con la finalidad que éstas nada más se dediquen a administrar a la nómina, es decir a los trabajadores; es evidente que esas nuevas empresas no generaran alguna utilidad y, en caso de problemas laborales, éstos no ‘mancharán’ a la empresa principal. A este caso, le decimos ‘outsourcing simulado’ y es el muy por desgracia muy común. El tercero (el peor): si la empresa contratista es una empresa proveedora de personal nada más y por ende me ‘alquila’ a la empresa principal y me envía a sus instalaciones para que trabaje ahí, no solo tendré que responder al jefe de la empresa principal (que no es mi patrón legal, pero me ordenará qué hacer y qué no hacer), sino que no podré nunca protestar frente a él, pues no es mi patrón legal. Y además nunca tendré, ni yo ni mi eventual sindicato, la posibilidad de negociar las condiciones de trabajo y mi contrato, pues ese proceso lo llevará a cabo mi empresa contratista y proveedora de personal y la empresa principal. En fin, estoy frito, entre dos patrones que deciden a mi espalda.
En el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) hemos identificado al menos cuatro formas jurídicas de aplicación de la tercerización. La primera es la que llamamos “subcontratación ene sentido estricto” y se refiere, por ejemplo, al mundo de la construcción; la segunda es la “intermediación laboral”, típicamente llevada a cabo por las llamadas Agencia de Colocación; la tercera es el “suministro de mano de obra”, el caso clásico de empresa como Manpower; la última es la “utilización de trabajadores autónomos/independientes”. En todos estos casos, los casos descritos pueden suceder.
La llamada “Iniciativa Lozano”, que busca efectivamente reglamentar al fenómeno, en realidad no hace nada más que ratificar los usos y costumbres arriba mencionados. No pone algún tipo de freno o limitación al abuso de este esquema productivo y no defiende de manera alguna a los derechos adquiridos y consagrados en la LFT. Por otro lado, es difícil hoy tener propuestas acabadas de como acotar al fenómeno. Lo cierto es que si bien resultaría complejo prohibir a la tercerización como ya se hace en otras experiencias legislativas en el continente (Ecuador, por ejemplo), es hoy apremiante encontrar la manera de contener los efectos nefastos que el esquema de la tercerización produce. Dicho en otras palabras: otra vez habrá que insistir que al centro de la producción económica, ya sea material o inmaterial, no se encuentre solamente la ganancia, sino el bienestar de las y los trabajadores mexicanos.

Slim "arrebata" a panameños proyecto hidroeléctrico

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 25 de abril de 2009.
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El proyecto hidroeléctrico Bajo La Mina, que se construye en la cuenca del río Chiriquí Viejo, cerca de la frontera entre Panamá y Costa Rica, es fruto de la corrupción gubernamental y compromete seriamente el equilibrio ecológico de la región, afirma Jaime Caballero, dirigente del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá (Frenadeso).
Según Caballero, quien también funge como subsecretario del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), la empresa CILSA (del Grupo Carso), responsable del proyecto, aplica además políticas antilaborales que afectan seriamente a los trabajadores.
El proyecto Bajo La Mina, pensado para producir cerca de 54 MW (con dos unidades generadoras de 27 MW cada una) y que costará a la empresa CILSA alrededor de mil 470 millones de pesos mexicanos, empezó a construirse el 27 de julio de 2007 y se prevé que empiece a operar entre 2009 y 2010.
De acuerdo con Jaime Caballero, la concesión del proyecto a la empresa del Grupo Carso, del empresario mexicano Carlos Slim, está plagada de irregularidades, pues ganó la licitación “corrompiendo a las autoridades panameñas”.
Puntualiza: “Es extraño, por ejemplo, que el mismo Martín Torrijos, presidente panameño, haya recibido cinco visitas de Carlos Slim desde que asumió la presidencia en 2004.
“De hecho, sabemos que el mismo ministro del Trabajo, Edwin Salamín, intervino en la concesión del proyecto a la empresa de Slim”.
El dirigente del Frenadeso dice que no puede comprobar sus señalamientos, pero afirma que originalmente, en 1997, el proyecto fue asignado a otra empresa: La Mina Hydro-Power, que supuestamente no respetó los tiempos previstos de construcción y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) le canceló la concesión otorgada y volvió a subastar el proyecto.
Al respecto, un portavoz de La Mina Hydro-Power reconoció que hubo un retraso para arrancar la construcción pero, según él, la ASEP se apresuró a cancelar la concesión del proyecto hidroeléctrico Bajo La Mina.
Pero no sólo eso, dijo, también les canceló otro proyecto, que también le fue adjudicado al grupo de Carlos Slim.
Así, el 10 de mayo de 2007, la ASEP autorizó a la empresa “CICSA Panamá SA” (brazo operativo de CILSA) la construcción del proyecto hidroeléctrico.
Con una oferta de 31 millones 780 mil dólares, CICSA ganó la licitación no sólo para construir la planta Bajo La Mina –a cargo de otra empresa dependiente del Grupo Carso, la Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL)–, también logró la concesión para la “generación, transmisión y venta de energía por las aguas del río Chiriqui Viejo de Panamá”.
Y hay que recordar que la concesión es para 50 años, renovables por otros 50, dice Caballero.

Las demandas

En octubre de 2008, representantes legales de la empresa La Mina Hydro-Power, propiedad de Complejo Hidroeléctrico Progreso SA, interpusieron una demanda contra ASEP ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá, para pedir “la nulidad” de la concesión y una indemnización por los seis millones de dólares que se invirtieron en los estudios del proyecto.
Así mismo, denunciaron el plagio de los planes de construcción de la planta, ya que “la ASEP utilizó, sin autorización, la información que detallaba los planos en las especificaciones” del proyecto.
La empresa de origen panameño también interpuso una denuncia ante el Consejo Nacional de Transparencia Anticorrupción (CNTA) por supuestos actos de soborno.
De acuerdo con Jaime Caballero, “la razón oficial para que el gobierno esté licitando la construcción y gestión de plantas hidroeléctricas a empresas privadas es porque se estaría agotando la capacidad de producción energética en Panamá”.
Sobre ese punto, el director nacional de Electricidad de la ASEP, Rafael de Gracia, señaló que “se necesita que el componente hidro crezca respecto del térmico en una relación entre 70 y 30% u 80 y 20%”.
Sin embargo, el dirigente de Frenadeso afirma que “las plantas hidroeléctricas son parte del Plan Puebla Panamá y la producción se irá hacia Centroamérica”.
Abunda: “Cuando uno va al lugar de la construcción, se ve claramente que las torres de interconexión que se construyen están dirigidas hacia Costa Rica”.
En el mismo sentido se pronunció, en agosto de 2008, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), al señalar la intención del gobierno de ese país de abrir paso a la producción privada de energía eléctrica, y mencionó que en los planes estaba contemplada la empresa anónima Propietaria de la Red, creada en Panamá, que es la que construye la red de transmisión de alta capacidad que va desde Panamá hasta Guatemala, con una extensión de mil 800 kilómetros.
Y si bien no mencionó directamente el proyecto de Carlos Slim en Panamá, señaló que hay “multiples proyectos de producción privada de energia en la región”.

Problema ambiental

Los miembros de Frenadeso han denunciado también la contaminación ambiental y el daño ecologico que ha provocado el proyecto hidroeléctrico.
Caballero explica que “están contaminando las aguas del río porque utilizan químicos sin control alguno para fraguar el túnel de desvió de las aguas”.
Y añade: “No tienen las tinas de tratamiento de los químicos y éstos se van junto a los sedimentos hasta la planta potabilizadora de Paso Canoas, justo a la frontera con Costa Rica, en el distrito de Barú”.
El pasado 12 de marzo, el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en Chiriquí, Guillermo Ardila Cuenta, confirmó la denuncia de Frenadeso al manifestar que la construcción sobre el río Chiriquí Viejo “está provocando serios daños a la planta potabilizadora, lo que potencialmente afectaría la vida de 45 mil personas, que son las que dependen de esa planta de tratamiento de aguas”.
Sobre ese punto, Caballero dice: “No estamos aún logrando medir el tamaño del daño que se está produciendo, aunque el año pasado se contaron más de 500 niños afectados por diarrea”.
E insiste: “Están destruyendo todo (…) hay tala indiscriminada de árboles y kilómetros de perforaciones en las montañas. Se dañaron asentamientos precolombinos y se afectó la vida de las comunidades indígenas de la región, ya que no los dejan siquiera bajar al río”.
Ante ello, el pasado lunes 13 los ecologistas de la región interpusieron una demanda ante la Fiscalía por los Delitos Ambientales contra CILSA, “por daños ecológicos del proyecto Bajo La Mina”.

Conflicto laboral

De acuerdo con Caballero, la empresa del Grupo Carso “se hizo de un sindicato amarillo (sindicato fantasma) que conocemos muy bien”: el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Perforación de Panamá (Siticopp), cuyo secretario es José Valerín.
El dirigente sindical afirma que ese ente “encubre las decenas de accidentes ocurridos en las instalaciones de la empresa CILSA y nos niega la información precisa acerca del número de accidentes”.
No obstante, dice, “nosotros, gracias a los testimonios de los trabajadores, tenemos contabilizados al menos 18 accidentes graves hasta la fecha y nos han dicho también que hubo ya tres muertos en la obra”.
Añade que “justo por los testimonios de los trabajadores que hablan con nosotros, sabemos lo que sucede en las instalaciones, donde sólo hay una ambulancia para un proyecto de alrededor de mil obreros con seis frentes distintos y distantes uno de otro”.
Además, relata, se tienen problemas por pagos incompletos y en los túneles las medidas de seguridad son muy escasas, ya que no tienen reservas de oxigeno, agua ni extinguidores.
Así mismo, “los trabajadores no tienen copia de su contrato laboral y se les descuenta dinero por una póliza de seguro que no funciona porque nadie la ha visto y los accidentados no se han beneficiado. Y, lo peor, hay capataces extranjeros que hacen presión para que los trabajos se realicen más rápidamente”.
Puntualiza: “Son tres mexicanos en particular y son utilizados como capataces hacia los trabajadores; están trabajando de ilegales, pues no tienen lo papeles en regla”.
Y afirma que, según la legislación panameña, “los trabajos no técnicos son exclusivos de los trabajadores nacionales, y fue así como llegamos a la denuncia de estos personajes”.
A ese respecto, señala que las denuncias del Suntracs han llegado hasta el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social (Mitradel) a través de dos oficios.
En el primero, fechado el 23 de marzo de 2009 y dirigido a Israel Correa, director del Mitradel de la Provincia de Chiriquí, se solicita la “inspección urgente al proyecto Bajo La Mina […] toda vez que se han dado 18 accidentes”.
Y se lee en el documento: “Esperamos que la presencia del exdirector del Mitradel, Frorentino Samudio, que ahora es funcionario de CILSA, no esté incidiendo en el encubrimiento de todas las anomalías que ponen en peligro la vida de los trabajadores de esta empresa”.
En el segundo oficio, con la misma fecha, el Suntracs denuncia que CILSA “ha contratado a un número indeterminado de extranjeros para realizar labores inherentes sólo a los panameños, tal es el caso de contratación de capataces, violando la Constitución, el código del trabajo y las normas de migración”.
Por esta razón, solicitaron a la autoridad laboral que “verifique el status migratorio de Juan Manuel de León (mexicano), José Refugio de León (mexicano), Raúl Flores (mexicano), Barcineo Martínez (mexicano), Jhon Mario Osorio (colombiano) y Jhon Pais (colombiano)”.
Hasta ahora, señala Caballero, solamente el segundo oficio tuvo una consecuencia, pues “el pasado 1 de abril se hizo un operativo con Migracion a las 6 de la mañana, pero cuando llegaron los inspectores ya le habían avisado a estos señores (los extranjeros), de tal manera que no encotraron a nadie”.
Según los trabajadores, dice, estos señores fueron sacados del proyecto en un carro de CILSA y devueltos unas horas más tarde.

EU: estrategia empresarial contra los sindicatos

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 21 de enero de 2008.
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“Es la muerte de una civilización. Así es como una civilización desaparece. Estoy sentado aquí como un hombre de Estado y estoy mirando lo que sucede y no lo puedo creer”, declaró Bernie Marcus, fundador y líder de la empresa estadunidense Home Depot, el pasado 17 de octubre.

Tres días antes, el 14, la Bank of America Corporation (BAC) recibió, por parte de la administración saliente de Estados Unidos, su cuota del plan de rescate financiero: 25 mil millones de dólares. Inmediatamente, la BAC ofreció sus oficinas para que en ellas se realizara una “reunión reservada” con el “mundo empresarial”, misma que fue convocada por Marcus y por Rick Berman, fundador del Centro de Estudios Privados Union Facts.

El objetivo: aliarse y analizar cómo bloquear “la amenaza constituida por la Employee Free Choice Act” (EFCA), es decir, una propuesta de ley, ya aprobada en la Cámara de Representantes y aún bloqueada en el Senado, que reformaría las vías de elección de un sindicato por parte de los trabajadores estadounidenses.

La reunión se realizó el pasado 17 de octubre. A pesar de su carácter “reservado”, fue grabada. En los archivos de audio –una de cuyas copias tiene este reportero– se escuchan las voces de los dos principales protagonistas del encuentro: Marcus y Berman. Ambos revelaron el profundo malestar que les provoca la EFCA y esbozaron la estrategia para frenar su aprobación.

A lo largo de sus intervenciones, definieron el proyecto de ley como “la mayor amenaza al capitalismo americano”. Explicaron que por ello “son necesarias importantes donaciones a todas las fuerzas que se están oponiendo” a la ley.

Según los expositores, estas aportaciones “de cientos de miles de dólares” deberán de ser destinadas “al centro” dirigido por Berman y “a los senadores republicanos más sensibles al tema”, para evitar “que Estados Unidos se convierta en un país como Francia”.

En una de sus alocuciones, Marcus añadió: “Si los empresarios no intervienen, si no han gastado dinero en esta elección (la presidencial), si no han enviado dinero a Norm Coleman (senador republicano) y a todos esos muchachos, deberían dispararles. Deberían ser despedidos de sus malditos trabajos”.

No paró ahí: “En calidad de accionista, si encuentro a un directivo que no hizo nada en contra de la EFCA demandaría al hijo de puta (…) Estoy tan enojado con estos directivos. No comprendo toda esta estupidez”.

La EFCA

La Employee Free Choice Act fue propuesta por sectores demócratas en el Congreso federal estadounidense. El 1 de marzo de 2007, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley. Fue una votación reñida: 241 votos a favor y 185 en contra.

La iniciativa se turnó al Senado, que la sometió a votación el 26 de junio de ese año. Pero la EFCA no alcanzó los 60 votos necesarios para ser aprobada.

En dicha sesión, el entonces senador Barack Obama expresó su opinión favorable: “Apoyo esta ley porque, para restaurar un sentido de prosperidad y de seguridad, necesitamos ayudar a las clase trabajadora de Estados Unidos a ejercer su derecho a organizarse bajo un proceso libre y a ser contratados colectivamente”.

Un año más tarde, en abril de 2008, durante la campaña interna para alcanzar la candidatura demócrata, Obama afirmó frente a los sindicatos: “La aprobación de la EFCA será mi prioridad por lo que concierne al ámbito laboral”.

Las principales centrales sindicales estadounidenses lanzaron una campaña en favor de la ley, entre ellas la American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO). La campaña, que lleva el nombre de “Acta de la opción libre”, es apoyada incluso por organizaciones civiles estadounidenses.

De acuerdo con diversos documentos de esta campaña, las centrales de trabajadores afirman que la EFCA mejorará las condiciones para formar un sindicato y para negociar contratos de trabajo.

“Con la actual normativa, los trabajadores podemos formar a un sindicato de dos maneras: o el empleador reconoce que la mayoría de los trabajadores quieren tener una representación y la acepta, o la puede pelear si al menos el 30% de los trabajadores no están de acuerdo con la nueva representación”, señala uno de los documentos.

En efecto, el empleador actualmente puede recurrir a la Mesa Nacional de Relaciones Laborales para pedir una elección.

En los citados documentos, los sindicatos afirman: “Inclusive si los trabajadores ganan, el empleador puede no reconocer al voto interno”. De esta manera, denuncian, “el empleador tiene todo el poder de control de la vida sindical”.

Por el contrario, con la EFCA “es suficiente que la mitad más uno de los trabajadores elijan a un sindicato para que éste exista”. Así, la nueva ley obligaría a los empleadores a reconocer a la nueva representación y les quitaría cualquier medio de apelación frente a las autoridades.

Además, la EFCA permitirá frenar los abusos de los empleadores.

“Con la actual legislación, los empleadores intimidan, persiguen, obligan y despiden a quienes tratan de formar a un sindicato”, pero con la nueva ley se quitan las barreras para formar uno nuevo”, agrega el documento.

También “introduciría la figura del Servicio Federal de Mediación y Conciliación” y “endurecería las multas y castigos para los empresarios que violen la legislación laboral”.

En los documentos de la campaña, los sindicatos afirman que este último aspecto es importante, “pues las violaciones (a la ley) por la parte empresarial se han vuelto algo epidémico.

Los abusos de las corporaciones, como por ejemplo el despido de los sindicalistas, se ha extendido tanto porque, no habiendo castigos suficientes, el costo a pagar por estas violaciones es considerado aceptable para el empleador”, quien lo asume como un costo más de su negocio.

El “doctor mal”

Por el momento, la nueva ley ha quedado congelada en el Senado. Los sindicatos aseguran que “detrás de los senadores se encuentra el mundo empresarial”. Así lo muestran también las grabaciones de la reunión del pasado 17 de octubre.

En esa ocasión, Marcus afirmó que “esta ley puede ser una de las cosas peores que nuca he visto en mi vida”.

Y añadió: “Podría estar de vacaciones en un barco en el Mediterráneo. Sin embargo, sentí que es más importante emprender esta lucha”.

En una referencia al entonces inminente día electoral del pasado 4 de noviembre, Marcus afirma que “es increíble que alguien haya tenido el valor de intentar hacer pasar esta ley en este año electoral, especialmente cuando tenemos una economía que es un desastre, un total y absoluto desastre”.

Según testimonios reportados por medios alternativos en Estados Unidos, en las semanas anteriores al 4 de noviembre, Marcus y Berman habrían cabildeado con empresarios, investigadores económicos y accionistas de distintas empresas la posibilidad de “apoyar las campañas de los candidatos republicanos”, entre los cuales mencionaron a Norm Coleman, del estado de Minnesota; Gordon Smith, de Oregon; Mitch McConnell, de Kentucky; Elizabeth Dole, de Carolina del Norte, y Roger Wicker, de Mississippi.

No obstante, en el encuentro del 17 de octubre, Berman advirtió: “Si después de estas elecciones no hay suficientes republicanos que se opongan a la ley, será muy difícil resistir”.

Añadió: “La única manera (de oponerse a la aprobación de la ley) después de estas elecciones, en el caso de no tener una mayoría obstruccionista en el Senado, es la de calentar tanto el asunto en ciertos estados, que los demócratas que apuntan a las elecciones de 2010 tendrán que pensarlo dos veces si dejan o no pasar este asunto”.

En una declaración pública concedida a pocos días del encuentro, Berman negó “que en la reunión se haya promovido el financiamiento de nadie”. Sin embargo, en las grabaciones se escucha la voz de un hombre que sugirió a los participantes enviar mayores contribuciones a la organización de Berman como una vía para tener influencia en las elecciones sin “molestar a la campaña de (John) McCain”, el candidato presidencial republicano.

Se escucha la voz afirmar: “Algunas organizaciones han firmado cheques por 250 mil, 500 mil y hasta por 2 millones de dólares para este propósito”.

El Centro de Estudios Union Fact –que encabeza Berman– es “una organización sin fines de lucro, apoyada por fundaciones, hombres de negocios, miembros de sindicatos y por el público en general”, que se ocupa “de mostrar a los estadounidenses la verdad acerca de los líderes sindicales de hoy”, apunta el sitio en internet del centro.

Pero los documentos de la campaña lanzada por los sindicatos afirman que en realidad “Berman es un reconocido hombre de negocios que se ocupa de desacreditar a los sindicatos y de cabildear entre los políticos”.

En los años, 90 Berman obstaculizó la legislación que prohibía manejar automóviles bajo los efectos del alcohol y lanzó el lema “tolerancia hacia el beber social”.

Más adelante fundó el Instituto por las Políticas del Empleo, en el que defendía “la importancia de los trabajos con el salario mínimo para la gente pobre y para la gente no educada”.

El 5 de abril de 2007, el programa televisivo 60 minutes, de la CBS, dedicó un programa a las actividades de este empresario. Casi cuando concluía el programa, el locutor lo describió como “el arma de destrucción masiva que utiliza la industria de alcohólicos y de la comida”, y al final lo llamó “el doctor Mal”.

18 meses de huelga en las minas de México

El presente artículo fue publicado en el periodico español Diagonal el día 19 de febrero de 2009
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El 30 de enero los mineros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República mexicana alcanzaron los 18 meses de huelga en las tres minas de Taxco, Sombrerete y Cananea, en contra de la empresa transnacional mexicana Grupo México. Aún no se vislumbra en el horizonte una solución al conflicto. Comenzadas por causas meramente laborales, las huelgas se han convertido en asunto político a raíz de que el Gobierno federal mexicano se ha visto involucrado y ha tomado partido en favor de la empresa de Germán Larrea Mota Velasco, el todo poderoso empresario del norte del país que, aprovechando la pauta privatizadora emprendida hace más de 20 años, se hizo con la mayoría de las riquezas del subsuelo mexicano.
Las malas condiciones laborales, el deterioro de las cuestiones relativas a la seguridad e higiene, y la maquinaria obsoleta en riesgo del colapso, además de la negativa por parte de la empresa frente a la petición de revisión salarial, son algunas de las causas de esta huelga que se perfila como una de las más largas de la historia sindical mexicana. Los mineros denuncian
que las condiciones laborales son efectivamente precarias: turnos de ocho horas a cambio de pocos pesos. En la categoría más elevada de las 20 que contempla el contrato colectivo firmado por las dos partes, un minero en México gana menos de diez euros diarios, es decir 146 pesos. Una cifra que rebasa efectivamente el salario mínimo establecido por ley (45 pesos diarios) pero que, sin embargo, se queda muy por debajo del salario mínimo real en el país. El sindicato,
además, denuncia precarias condiciones de trabajo, señalando faltas en los sistemas de seguridad, maquinaria al límite del colapso, etc. La trágica prueba de ello ocurrió la madrugada del 19 de febrero de 2006, cuando una explosión dejó atrapados y segó la vida de 65 trabajadores en una mina de propiedad del Grupo México, ubicada en Pasta de Conchos, Coahuila. Hasta la fecha los cuerpos no han sido recuperados y nadie ha sido juzgado.
Sin embargo, el peor caso lo representan los trabajadores contratistas que la empresa ha comenzado a involucrar en sus actividades a raíz de su política de “reducción de costos”. Los sindicalizados explican que desde que existen contratistas en las instalaciones de la empresa,
estos por contrato no pueden “realizar trabajos especiales”, es decir, los que comúnmente se
definiría como peligrosos. Según testimonios recogidos, los contratistas son no obstante los encargados de realizar esas actividades: apertura de nuevos túneles, utilización de explosivos, etc. Todas, actividades que los contratistas llevan a cabo en turnos por lo regular de 12 horas, y en algunos casos de hasta 14 horas, por un sueldo base de menos de 50 pesos diarios. Por si esto fuera poco, los contratistas no gozan de ningún tipo de seguridad social y no tienen siquiera los instrumentos legales y burocráticos para exigir reformas: “si te quejas, te vas a tu casa”, explican. La existencia de un sindicato, impide actualmente a la empresa la contratación de un número excesivo de trabajadores contratistas, sin embargo ésa es claramente la tendencia, ya que permite a la empresa no solamente contratar y despedir según los esquemas modernos de la producción just in time, sino, en lo específico, le permite eludir cualquier otra responsabilidad fijada en la actual legislación laboral mexicana: no hay reparto de utilidades, no hay aguinaldo, no hay generación de antigüedad (gracias a los contratos temporales que se utilizan para los contratistas).
No se ve solución a corto plazo al conflicto minero en México. La empresa, dicen los mineros, junto al Gobierno quiere acabar con su sindicato: “No les importan nuestras condiciones”, denuncian. Cuentan que a los diez días de comenzada la huelga, en la mina de Taxco hubo un derrumbe. “De estar nosotros trabajando hubiera habido unos 80 muertos”, señalan. Sin embargo, a la empresa no le importa, pues “lo veníamos denunciando desde hace muchos meses antes de empezar la protesta”, dicen los mineros, “y la empresa nos contestaba que prefería pagar la multa en lugar de parar la producción”.

Grupo México: modelo de inseguridad laboral y sindical

El presente artículo fue realizado junto a Francisco Retama para el Programa Laboral de Desarrollo de Perú en colaboración con CILAS. Descarga el documento en .pdf.
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Al momento de realizar este reportaje (enero de 2009) las huelgas en las minas de Taxco, Cananea y Sombrerete, en territorio Mexicano, completaban la insólita suma de 540 días de duración (se iniciaron en julio de 2007), sin que a corto plazo se vislumbrara su terminación, pues la negociación entre el sindicato y los dueños de las minas, las tres de propiedad del Grupo México, el mayor emporio minero de este país, seguían rotas.

Sin embargo, la historia de este conflicto laboral no arranca en julio de 2007. Arranca realmente veinte años atrás, en 1988, cuando el Grupo México, de propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, empezó a hacerse con la mayor tajada de la riqueza mineral del subsuelo mexicano. Para entender a cabalidad lo que está pasando con los trabajadores de las tres minas en huelga —y en general lo que ha pasado con la riqueza minera de México y el arrasamiento de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores mineros de este país centroamericano— hay que remontarse a aquellos años.

Una historia de enriquecimiento voraz

La del Grupo México es una de esas historias de enriquecimiento vertiginoso, de tráfico de influencias y violación impune de derechos y leyes, pues no de otra manera hubiese logrado, en tan sólo 30 años, convertirse hoy en uno de los más poderosos holding del país, que además a nivel internacional se precia de ser “jugador importante” en el mundo de la minería. Sumadas sus divisiones minera y ferroviaria, en 2007 obtuvo una utilidad neta de 1.631 millones de dólares, un 7% más que en 2006, y más del 100% que en 2004, cuando alcanzó 783 millones de dólares.

La industria minera, como la petrolera y en su conjunto la energética, siempre fue considerada estratégica para México. Sin embargo, en 1988 el gobierno la declaró en quiebra y decidió poner en venta los activos que tenía en esta industria. Como resultado de esta operación, que marcó el comienzo de la aplicación del modelo neoliberal, se entregó a particulares la explotación de los minerales del rico subsuelo mexicano. Aquel año la empresa Mexicana de Cobre fue vendida por 690 millones de dólares al Grupo Industrial Minera México, de los Larrea, grupo que había sido creado diez años atrás.

Continuó entonces para el Grupo una cadena de compras, fusiones e inversiones multimillonarias que prosperó a la sombra de la política privatizadora de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en ese entonces. En 1990 compró la histórica Mina Cananea, por 525 millones de dólares, con lo cual Americas Mining Corporation, la división minera del Grupo México, se convirtió andando el tiempo en el tercer productor de cobre más grande del mundo, segundo en molibdeno, cuarto en producción de plata y octavo productor de zinc. Hoy es la segunda compañía con mayores reservas de cobre, que representa el 78% de toda su producción minera. El molibdeno representa el 8%, la plata el 6%, lo mismo que el zinc.

Hoy el negocio minero del Grupo México lo administra la subsidiaria Minera México, S. A., la compañía más grande del país en su ramo. Una de las unidades que la integran es Industrial Minera México, de la cual hace parte la mina ubicada en Taxco (de la que hablaremos más adelante) junto con otras seis minas subterráneas de las que se extrae zinc, cobre, plata y oro. Según testimonios de los mismos trabajadores, sólo en las minas de Taxco habría una producción de cerca de 1.800 toneladas brutas de estos minerales. Mexicana de Cananea y Mexicana Unidad de Cobre, son otras dos unidades que conforman Industrial Minera México, al igual que la unidad las operaciones del proceso industrial del zinc y el cobre en San Luis Potosí.

Sothern Coper Corporation es la subsidiaria internacional del Grupo México, que realiza actividades de extracción y exploración en Perú, Chile y Estados Unidos. Es la más grande empresa en el ramo en Perú y una de las diez más importantes del mundo que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York. Asimismo, desde 1997 el poderoso holding de los Larrea también tiene intereses en el sector transporte. Es propietario del 74% de las acciones de las líneas de ferrocarril del Pacífico Norte, de Chihuahua Pacífico y la línea corta Nogales-Cananea. Más recientemente, en 2005, adquirió Ferrosur, S. A., que opera el ferrocarril “más grande y más rentable” del país. Igualmente incursionó en el área del entretenimiento con la compra de la cadena Cinemex, y es parte del selecto club de empresarios mexicanos que conforman en Consejo de Administración del Grupo Televisa, una de las compañías más poderosas del país y la primera televisora de habla hispana.

El sindicato en la mira

Durante largos años los dueños del Grupo México se beneficiaron del acelerado crecimiento de los precios internacionales de los minerales, en particular del cobre. El crecimiento de su fortuna hizo posible tolerar la existencia del sindicato minero y los contratos colectivos firmados con sus representantes. Pero tal tolerancia se terminó hacia finales del siglo pasado, cuando se abrió paso una nueva etapa en la política laboral del Grupo, centrada en la reducción de costos operativos. Entonces el sindicato quedó en la mira.

La nueva política antisindical trajo consigo la imposición de un áspero castigo a las condiciones de trabajo de los obreros sindicalizados, recurriendo a una cada vez mayor subcontratación de trabajadores en la precariedad más espeluznante. Las malas condiciones laborales, el deterioro de las cuestiones relativas a la seguridad e higiene, y la maquinaria obsoleta en riesgo del colapso, son evidencias inequívocas del método salvaje que los empresarios utilizan para obtener ganancias, bajo el lema de “producción, producción y producción”.

Una prueba de ello, trágica por demás, ocurrió la madrugada del 19 de febrero de 2006, cuando una explosión dejó atrapados y cegó la vida de 65 trabajadores en una mina de propiedad del Grupo México, ubicada en Pasta de Conchos, Coahuila; una de las más graves tragedias de la minería en la historia de México. Con el agravante de que los cuerpos de los mineros muertos nunca fueron recuperados. Ante esta tragedia, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, denunció los hechos e inició una investigación por su cuenta, pues la empresa habría incurrido en irregularidades como “la no adopción de medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, así como el incumplimiento de disposiciones legales sobre condiciones de trabajo”. Soberanes fue aún más lejos al advertir que debían ser revisadas las condiciones de trabajo de los mineros en todo el país.

Como consecuencia de la nueva política laboral del Grupo Larrea, el choque frontal con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), no se hizo esperar. La intención manifiesta del Grupo es doblegar al Sindicato para someterlo a sus nuevos planes precarizantes; o quitárselo de encima y sustituirlo por una organización sindical de bolsillo, subordinada a los intereses patronales.

Desde entonces, el conflicto, los paros y los duros enfrentamientos han marcado la tónica en la relación entre el Grupo Larrea y el Sindicato Minero Metalúrgico, porque éste ha plantado una férrea oposición a las políticas antisindicales y deslaborizantes de la empresa. Además, la dirigencia del Sindicato, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, emprendió acciones legales para obligar a Larrea a cumplir los compromisos que suscribió con los trabajadores sindicalizados de la mina Cananea cuando ésta fue adquirida por el Grupo en 1990. Una de las cláusulas de aquella transacción estipulaba que Larrea debía entregar a los trabajadores la propiedad del 5% de las acciones de la mina, pero éste hasta ahora ha incumplido esa sensible parte del convenio. Es más, en el informe de balance de 2007 el señor Germán Larrea, presidente del Consejo de Administración del Grupo México, se queja ante los inversionistas de la actitud beligerante y “el embate de casi 30 huelgas y paros ilegales” por parte del sindicato.

Otro capítulo del conflicto tiene que ver con la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. Con la colaboración activa de las autoridades laborales de México, en particular de Javier Lozano, Secretario del Trabajo, los directivos del Grupo emprendieron una cruzada para arrebatarle al Sindicato Minero la titularidad de tales contratos colectivos, y ponerla en manos de un nuevo sindicato encabezado por Elías Morales Hernández, hombre claramente proclive a los intereses de la empresa, y otrora aliado de Napoleón Gómez Sada, un dirigente que fue expulsado del Sindicato Minero debido a sus manipulaciones a favor de la empresa.

Es de anotar que según la Ley Federal del Trabajo los sindicatos pueden contender por la titularidad de los contratos colectivos a través de un instrumento legal que se llama “recuento sindical”, en el que participan los distintos sindicatos de una empresa. En el caso que nos ocupa, el Grupo México y las autoridades laborales acomodaron el recuento sindical para que lo ganara el sindicato encabezado por Elías Morales Hernández. Y lo ganó porque de por medio hubo presiones, amenazas y manipulación en contra del Sindicato Minero, que sólo quedó con la titularidad de los contratos colectivos en tres minas, que son precisamente las que se encuentran en huelga.

Pero no contento con esto, el señor Elías Morales Hernández interpuso demanda judicial por fraude contra Napoleón Gómez Urrutia, Carlos Pavón y Juan Linares Montúfar, principales dirigentes del Sindicato Minero, razón por la cual éstos fueron detenidos por policías federales en diciembre de 2008. Pavón fue liberado con el pago de fianza mientras Linares Montúfar sigue preso por la gravedad de los delitos que se le imputan.

Entre tanto, las huelgas que al 15 de enero de 2009 completaban año y medio de duración, siguen sin resolverse. La negociación entre el sindicato y los empresarios está rota y las acciones gubernamentales tanto políticas como judiciales para doblegar al Sindicato Minero son una prioridad en la agenda de la Secretaría del Trabajo de México. En el caso de Taxco, la huelga estalló en julio de 2007, y desde el principio fue declarada legal, con lo cual se ha evitado el riesgo de un desalojo violento o acto legal de represión por parte de la autoridad laboral; a diferencia de las huelgas que el Sindicato Minero mantiene desde esa misma fecha en las minas Cananea (Sonora) y Sombrerete (Zacatecas), las cuales tardaron en ser reconocidas.

Varias son las causas de la huelga en Taxco, que es un poblado de 75 mil habitantes ubicado en el estado de Guerrero, a unos 200 kilómetros al sur de la capital mexicana. Una primera causa fue la tajante negativa de la empresa a reconocer la dirigencia sindical electa democráticamente y a negociar la revisión del contrato colectivo de los trabajadores sindicalizados de la Sección 17, incluido el tema de los salarios. Para los trabajadores directos de la empresa se estableció desde el año 2006 una escala de 20 categorías salariales según la actividad del trabajador; escala que aquel año oscilaba entre un mínimo de 102,78 pesos diarios (salario de los vigilantes y los llamados “peones de superficie”) y un máximo de 146.69 pesos (salario de los operadores de maquinaria pesada). Con turnos de 8 horas diarias.

Sin embargo, otras muy distintas son las condiciones salariales y laborales de los trabajadores que no están vinculados directamente a la empresa sino que son subcontratados por terceros (contratistas), y por tanto no pertenecen al sindicato. En la mina de Taxco trabajan 400 mineros sindicalizados y más o menos 150 subcontratados por terceros. Estos trabajadores, que para efectos de este reportaje llamaremos “contratistas”, son, si se quiere, mineros de “segunda clase”, y hasta de tercera, por el trato discriminado que reciben.

Contratistas sobrexplotados

Los contratistas son vinculados por un tiempo determinado, según el trabajo ‘especial’ a realizarse, y el tiempo límite de contratación varía de un mínimo de tres meses a un máximo de un año. Las empresas contratistas han sido varias en Taxco, según lo afirma Roberto Hernández Mojica, Secretario General del Sindicato Minero en la Sección 17. “Algunas no tenían ni nombre, como fue el caso de una empresa contratista que conformó un ex minero para suministrarle trabajadores a la mina. La última empresa en ser contratada antes de la huelga fue P.Y.T.S.A., que también opera en otras instalaciones mineras del Grupo México en distintas regiones del país”, dice Hernández Mojica., quien también recuerda que antes el Sindicato intervenía en los contratos de los contratistas. La empresa nos anunciaba algún trabajo especial y nosotros, junto a la dirigencia nacional, valorábamos la propuesta de la empresa y la admitíamos o no. Por cada uno de los trabajadores contratistas el Sindicato percibía una cuota sindical de la empresa contratista”.

Los contratistas eventualmente pueden ser contratados directamente por la empresa, lo que sucede cuando se retira o jubila alguno de los sindicalizados. Fue el caso de Alejandro, un minero que inicialmente trabajó como contratista y que, por mediación del sindicato, fue vinculado directamente por la empresa. “Como contratistas teníamos el mismo salario, pero yo trabajaba 12 horas diarias, mientras los sindicalizados hacían turnos de 8 horas”, dice Alejandro. Aunque hay casos en que los contratistas les toca trabajar hasta 14 horas seguidas, en los turnos nocturnos y en las profundidades de la mina. Y no puden negarse a hacerlo porque entonces son despedidos.

Los contratistas tampoco reciben las prebendas y aguinaldos a los que sí tienen derecho los sindicalizados, ni se benefician de las utilidades de la empresa. Según el artículo 117 de Ley Federal del Trabajo de México, los trabajadores participan en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, porcentaje que actualmente equivale al 10% de las utilidades netas reportadas por las empresas. Los contratistas están por fuera de esos beneficios.

Por otra parte, a los contratistas les toca hacer las labores más duras y desgastantes de la mina, los llamados ‘trabajos pesados’”, los mismos que los sindicalizados, por cláusulas contractuales, no pueden realizar: trabajo de alto riesgo, perforaciones, exploraciones, etc. Con el agravante de que el equipo de seguridad que se les entrega a los contratistas para realizar esos trabajos, es distinto al que se les entrega a los sindicalizados, e insuficiente además. “Mientras a los sindicalizados se les garantizaba la dotación de al menos cuatro pares de botas al año, y nuevas, a nosotros nos daban las botas usadas, y nada de guantes”, añade Alejandro. Y sobre el acceso a la seguridad social, dice: “Los sindicalizados tienen Seguro Social, mientras los contratistas deben ir a hospitales privados”.

Instalaciones en pésimas condiciones

Otra causa de la huelga en Taxco son los reclamos de los trabajadores de mejor seguridad en su lugar de trabajo, lo cual se demostró dramáticamente diez días después de iniciado la huelga, cuando se derrumbó una enorme piedra en el tiro principal de la mina. “De estar nosotros trabajando en ese momento hubiera habido unos 80 muertos”, dijo Roberto Hernández Mojica, Secretario General del Sindicato Minero en la Sección 17. “Ese riesgo lo veníamos denunciando desde hacía muchos meses, y la empresa nos contestaba que prefería pagar la multa en lugar de parar la producción”, agregó el dirigente sindical.

En la visita realizada a las instalaciones de dos de las tres minas de Taxco, actualmente en huelga, pudimos constatar las irregularidades que allí existen en materia de seguridad industrial. Los avisos de seguridad se ven por todas partes, pero todos son anuncios son de membrete. “Están ahí para los visitantes. Las mascarilla y las sorderas que se ve en ese cartel, no nos las daban”, dice Roberto Hernández, señalando el cartel con el dedo.

En Solares, una de las minas visitadas, cuya operación comenzó en 1975, es evidente la situación de abandono. Debido en parte a los casi 18 meses que ha estado inactiva, pero también al precario estado de sus instalaciones y su infraestructura: partes oxidadas, polvo acumulado, ausencia de techos, paredes rotas, cables eléctricos expuestos, goteras, fugas de aire comprimido, etc. Todas situaciones claramente existentes antes del estallido de la huelga. De la misma manera, se detectaron derrames de ácidos y químicos para el tratamiento de los minerales extraídos, etc. “Parecen instalaciones en ruina”, comentamos. Y nos contestan: “Pues así, en esas condiciones, estábamos trabajando antes de la huelga”.

Los vehículos aparecen desgastados, quizás también por el tiempo en que han estado inutilizados. Preguntamos: “¿Había algún servicio médico aquí?”. A lo que Roberto Hernández responde: “Había un doctor que denunciaba que nunca le surtían de medicinas para realizar su trabajo. Como tampoco hay un medio de transporte para llevar al hospital a un trabajador que se enferme o se lastime. En el contrato se específica que debería haber un vehículo especial para estos traslados, pero nunca lo hubo, siempre se utilizó otro medio”.

Además del mal estado de la estructura de las minas, los trabajadores denuncian no tener suficiente equipo de seguridad que los proteja de los daños a la salud que su actividad conlleva: “Por contrato deberíamos trabajar 13 años máximo adentro de la mina y 19 en superficie. Pero hay muchos compañeros que han trabajado hasta 35 años en el interior”, afirma Guillermo Salgado, tesorero de la sección local del Sindicato, razón por la cual es bastante común entre los mineros la enfermedad de la silicosis.

“Cuando el trabajador se retira, la empresa hace un estudio para determinar su estado de salud, pero por lo general se niega en reconocer esta enfermedad. Lo mismo hace el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues las dos partes están de acuerdo. Muchos compañeros fueron a otras clínicas a hacerse el examen, sacaban fotocopia del estudio y luego se presentaban aquí, en donde le querían bajar el porcentaje de invalidez por causa laboral. Ahora, todos los exámenes son entregados en sobre sellado para poderles rebajar la invalidez”, agrega Salgado.

Vivir en huelga

De los 386 mineros sindicalizados que empezaron la huelga a mediados de 2007, resisten hoy en la protesta 205 mineros. Los demás habrían aceptado la liquidación que les ofreció la empresa, de alrededor de 120 mil pesos para los trabajadores con una antigüedad de entre 10 y 12 años. Y han resistido gracias a la solidaridad y la ayuda que reciben del Comité Nacional del Sindicato Minero. Es una ayuda indispensable y muy valiosa, que sin embargo no logra cubrir la totalidad de los sueldos que se percibían antes de la huelga. “Es duro renunciar a un sueldo semanal que por escaso que sea es seguro y puntual”, admitió uno de los huelguistas.

También ha sido factor clave de resistencia el apoyo que los huelguistas han recibido de los habitantes de Taxco, un municipio internacionalmente reconocido por la plata que se extrae de sus minas y por el artesanado de este mineral. Y apoyan la huelga a pesar de las pérdidas que ésta les acarra, calculadas en dos millones de pesos semanales, tanto por el mineral que se deja de producir como por la campaña de desprestigio orquestada por la empresa minera, que habría alejado al turismo internacional del pueblo.

Después de año y medio la situación económica de los 205 mineros que resisten en huelga se ha tornado muy difícil. Es una situación de extrema precariedad económica y de muchas carencias en la vida cotidiana de los mineros y de sus familias. “Con la ayuda que estamos recibiendo vamos a continuar resistiendo en esta lucha”, explica Armando, un minero entrevistado en la Sección 17 del Sindicato en Taxco. “Todo nos ha afectado. Hay consecuencias en la comida, en el vestir. Nos estamos privando de muchas cosas: ya no nos damos el lujo de ir a pasear, salir a cenar, etc.”, dice.

Y por otro lado está la arremetida de la empresa para desprestigiar al sindicato y quebrar su huelga.
El dirigente sindical Roberto Hernández denunció la intensa campaña mediática organizada por la empresa contra el sindicato, al igual que las amenazas a los trabajadores, en específico a la dirigencia sindical local. Parte del ataque mediático y político por parte de la empresa, ha sido y sigue siendo el intento de desprestigiar a los dirigentes sindicales, acusándolos de corruptos y de haberse enriquecido a espaldas de los trabajadores.

Lo otro es el chantaje económico. “Muchos compañeros han sido presionados para que acepten la liquidación”, dice Roberto Hernández. Él mismo es objeto de la presión y persecución de la empresa, sobre todo en el tema de su salario. Al igual que hizo con los dirigentes del Sindicato Nacional, a él también la empresa lo ha desconocido como dirigente local, y por tanto desde septiembre de 2006 no le pagan salario. “Sin embargo tengo documentos de la empresa en los que se me reconoce como tal. Dejó de reconocerme cuando el secretario nacional impuesto por el gobierno federal dio indicaciones a la empresa para que me desconociera. He sobrevivido consumiendo mis ahorros personales y ahora gracias al apoyo del Sindicato Nacional”. Además denunció que ha recibido amenazas de muerte.

Con el ánimo de romper el frente sindical que sostiene la huelga, la empresa quiso impulsar la creación de un nuevo sindicato, que los trabajadores definen como ‘sindicato blanco’, conformado por la ‘disidencia’ afín al patrón y financiado por la empresa. Pero fracasó en esa tentativa porque el Sindicato no permitió la operación orquestada por la empresa. Le dijimos al gerente local que lo hacíamos responsable de la violencia que podía ocurrir. Nos contestó que no le importaba. Durante la votación para crear el nuevo sindicato hubo enfrentamientos y dos heridos”, cuenta Roberto Hernández.

En la casa de este dirigente sindical pudimos, además, comprobar una de las razones por las cuales la huelga se mantiene: el apoyo y el aliento que los mineros reciben de sus compañeras y esposas. “Estamos en píe de lucha junto a nuestros esposos”, dice con voz firme la esposa de Roberto Hernández. “Antes de la huelga con el sueldo de mi esposo íbamos sobreviviendo, pero ahora la situación es mucho más difícil”, dice, y admite tener miedo de que le pueda pasar algo a su esposo a raíz de las amenazas recibidas. “Sin embargo —dice— ha valido la pena, porque vamos a ganar”.

También visitamos la casa de Alfonso Gómez Oliváres, actual Secretario de la Sección 17 del Sindicato, donde vive con sus tres hijos y su esposa. Ésta confiesa que la situación es dura y difícil y que no ve la hora en que todo se solucione. “El dinero —dice— hace falta para que los hijos puedan estudiar”. Sin embargo, con la ayuda de todos, hijos incluidos, su familia ha logrado sobrevivir. Admite no tener muchos contactos con otras esposas de los mineros, aunque le parece buena la idea de formar un grupo de esposas en apoyo a sus maridos. Uno de sus hijos, de 18 años, habla a su vez de las privaciones que le ha tocado padecer por causa de la huelga: “Falta dinero para comprar zapatos nuevos, ya no comemos pollo como antes, pero con lo que podemos apoyamos a nuestros padres”, y con cierto orgullo remata: “En ocasiones voy a la mina con mi papá, para apoyar los turnos de vigilancia”.

Outsourcing, ¿oportunidad o riesgo?

1.
El fenómeno del outsourcing encuentra su primera dificultad – seria y compleja – a partir de su definición. Ante que todo, la dificultad es de tipo técnico toda vez que sigue siendo de suma dificultad encontrar no sólo conceptos y explicación de los mismos, sino que nombres y definiciones comunes, compartidos por los amplios campos de estudio del fenómeno y por los distintos investigadores e instituciones – públicas, privadas e internacionales – que tratan el tema. Hay quienes definen el fenómeno con el término de subcontratación, quienes con tercerizazión, quienes, abordándolo desde el punto de vista legislativo-laboral, como una relación triangular. Finalmente hay quienes lo definen outsourcing, como ya lo hicimos nosotros en anteriores ocasiones . Por lo regular quienes utilizan este último vocablo, son los empresarios y sus múltiples centros de estudios, programación, previsión en fin, ellos. Nosotros, que no somos ellos, también utilizamos este término, reservándonos el derecho no sólo de utilizarlo sin por esto sentirnos cercanos a lógicas empresariales que lo promueven sino también de ir alternándolo con el otro término mencionado, él de subcontratación , por ser el más común en nuestro territorio de referencia, que es México, y su legislación (o cuanto menos sus auspiciadas reformas). De acuerdo en llamar al fenómeno con un determinado nombre, la segunda dificultad se vislumbra de inmediato. Y es la de entender qué significa subcontratar, cómo se desarrolla el fenómeno, cuáles sus facetas, cuáles sus alcances, cuál su lugar en el marco jurídico, cuál su futuro.
Anteriormente nos habíamos inclinado hacia la definición propuesta por el Dr. Fernando E. Granda y el Dr. Alejandro R. Smolje del CPCE de Buenos Aires, que dicen que el outsourcing es “la adquisición sistemática, total o parcial, y mediante proveedores externos, de ciertos bienes o servicios necesarios para el funcionamiento operativo de una empresa, siempre que hayan sido previamente producidos por la propia empresa o ésta se halle en condiciones de hacerlo y se trate de bienes o servicios vinculados con su actividad”. Hoy, a la luz de la evolución tan repentina del fenómeno, es fuerte la tentación de modificar la definición, ya sea por la temporalidad cada vez más corta que el fenómeno puede tener o por el hecho de que hay casos específicos – más en fuerte aumento – que nos indican que hay empresas que subcontratan tareas parte de su actividad económica más que sin embargo nunca han sido realizadas por la empresa beneficiaria (aunque sí tengan la capacidad de llevarlas a cabo). Sin alargarnos demás en este aspecto del tema, nos sea suficiente definir el outsourcing como aquel fenómeno que se observa cuando una empresa – que llamamos empresa-madre o beneficiaria o usuaria – contrata otra empresa – que llamamos proveedor o subcontratista o empresa de servicio (ES) – para la realización de una actividad propia de la primera. Cuando esto sucede, se instaura una relación de outsourcing, es decir parte de la fuente que alimenta la actividad de una empresa es “externalizada” de la empresa misma, ya sea de forma espacial, jurídica o ambas.
Las razones de tales elecciones por parte de una empresa son múltiples y todas válidas desde el punto de vista empresarial, pues no sólo se permite un evidente ahorro económico, sino que también responde a apremiantes necesidades estratégicas de mercado. El beneficio económico puede ser esencialmente de tres tipos: un primer ahorro de inversión toda vez que es posible encontrar quien haga la misma actividad cobrando menos; un segundo beneficio, aunque no necesariamente monetario, se registra en el caso la empresa quiera aprovechar la mayor competencia, la mejor tecnología y otras especificidades de su subcontratista; finalmente, el tercer beneficio responde a la necesidad irrenunciable de poder ser competitivos en el mercado y poder así enfrentar períodos de elevada como de menor producción.
Finalmente, el outsourcing es, junto a pocos otros elementos, la pauta a seguir por parte empresarial para poder sobrevivir, crecer y quizás ser los primeros. Sin embargo el outsourcing se nos presenta a nosotros que empresarios no somos, pero sí somos trabajadores o en todo caso con ellos hablamos, como un importante instrumento de ofensiva en contra de el panorama de derechos y garantías plasmados en la Ley federal del Trabajo – en el caso mexicano – y en toda legislación laboral que haya surgido de las luchas y la confrontación entre patrón y trabajador, capital y trabajo. Dicho en otras palabras, el fenómeno en cuestión arriesga con ser un elemento más de la erosión que ha venido padeciendo el vasto abanico de derechos laborales asentados y aún legalmente vigentes.

2.
Los datos estadísticos que hablan de la difusión del outsourcing en el mundo nos hablan de un fenómeno en expansión. En el caso de México sin embargo los datos estadísticos son escasos y difícilmente comparables. Esto es por una sencilla razón conducible a cuanto dicho anteriormente, o sea la falta de un cuadro común de definición que permita ubicar fácilmente lo que sí es outsourcing y lo que no. Cabe mencionar la posibilidad de que el outsourcing no sea aún abundantemente ubicado por el hecho de que no haya interés en él, o mejor dicho no haya sido expresado públicamente interés en él.
Los datos estadísticos recolectados y elaborados en el trabajo de referencia del presente texto , nos dibujan un panorama extremadamente interesante. Las regiones con más alto número de establecimientos industriales son también aquellas con el mayor números de trabajadores subcontratados. Estos datos , describían un México que en el año 2004 tenía casi una décima parte de sus trabajadores subcontratados , resultado de un crecimiento en el número de los mismos de un 40% en los cinco años anteriores (de 1999 a 2004). De la misma manera se puede entrever que el outsourcing es presente sobre todo entre las grandes empresas o grandes establecimientos. Difícil comprender en cuáles sectores económicos se desarrolle más el outsourcing. Según las estadísticas citadas, el sector manufacturero es él que sólo ocupa casi la mitad del personal subcontratado en México.
Sin embargo, hay que destacar un dato que hoy en día parece ser confirmado por las numerosas declaraciones del sector: en 2004, casi el 12% del personal subcontratado se ubicaba en el sector señalado como “Equipo de computo, comunicación, medición, etc.”. En los últimos dos años, desde distintos ámbitos de han venido haciendo declaraciones que confirmarían no sólo la tendencia al aumento del fenómeno analizado en esta sede, sino la clara especialización sectorial del mismo. Sin más certezas que las declaraciones de varios sujetos protagonistas o menos del tema en cuestión – empresarios y directivos de empresas de servicio (las subcontratista de personal y de servicios), funcionarios de la STPS, diputados de los tres grandes partidos, etc. – y con un poca de intuición se puede cómodamente presumir una jerarquización posible de las actividades hoy embestidas por el outsourcing: subcontratación de personal (hay que tener presente la diferencia entre lo que significa proporcionar el personal y la gestión de nómina, dos actividades separadas aunque en muchas ocasiones realizadas al mismo tiempo por la misma empresa), gestión de información financiera, gestión de la comunicación. Si estas informaciones proporcionadas en entrevista por un directivo de una empresa de servicio puede hacernos dudar, podríamos suponerla cierta toda vez que confrontamos otras dos informaciones. La primera, proporcionada por el empresa de servicio Manpower , nos habla del manejo por parte de dicha empresa de servicio (expresamente una subcontratista de personal) de alrededor de 500mil trabajadores al año. La otra información nos llega por parte del Instituto Mexicano de Teleservicios, el cual nos confirma la existencia de “118mil estaciones de trabajo de centros de llamadas”, esto son los llamados call-center. Estos centros de trabajo, afirma el IMT, emplean actualmente alrededor de 128mil personas y tiene una tendencia a la alza. Si todo esto fuera cierto, aún con cierta imprecisión, se podría confirmar cuanto dicho al principio, que la subcontratación de personal y la subcontratación de servicios tecnológicos (la llamada IIT) son los sectores en donde se concentra mayoritariamente el outsourcing hoy en México.
Estos dos sectores creemos constituyan la frontera del fenómeno del outsourcing. El primero, él de la subcontratación de personal, por ser el instrumento punta de lanza de la ofensiva empresarial hacia los trabajadores por las enormes y graves consecuencias que implica para la esfera de los derechos de los empleados de tal manera (tema del cual hablaremos más adelante); el segundo por ser un sector en franco crecimiento económico no sólo según los datos estadísticos – aún siendo escasos – que marcan un valor anual del mercado mexicano de outsourcing en tecnología de alrededor de 1000 millones de dólares con una tasa de crecimiento prevista para el 2007 del 18%. Tales datos son confirmados a finales del año pasado por el mundo empresarial que habla de una tasa de crecimiento igual (entre el 15 y el 10%) presumiendo que esta tendencia dure al menos hasta el 2011. Sin embargo aumenta la cotización del mercado llevándola hasta la cifra de 2700 millones de dólares . Otros – por ejemplo la filial mexicana de IDC – afirman que en México, el 49% de las firmas con más de 500 empleados tienen al menos práctica manejada vía outsourcing, así como el 20% de las que tienen de 100 a 499 empleados y el 15% de las que cuentan con menos de 100 trabajadores. Afirma además que el 13% del sector gobierno ya lo hace. Ciertas o no estas cifras, exageradas o menos, nos hablan de la atención que el mundo empresarial nacional y extranjero (norte americano, sobre todo) están poniendo sobre la posibilidad de subcontratar servicios tecnológicos en México. De tal forma que si el año pasado, diversas consultoras internacionales de outsourcing ubicaban a México en el lugar 19 a nivel mundial cual plaza de aplicación del outsourcing, hoy quizás estamos subiendo la clasificación.

3.
Resulta al contrario relativamente sencillo ubicar las consecuencia del outsourcing en lo que es el terreno de nuestro actuar: la esfera laboral. Lo que el fenómeno en estudio comporta para el mundo del trabajo es un conjunto de consecuencia que inciden directamente en los que hoy llamamos derechos laborales y condiciones de trabajo. No cabe duda de hecho de que el outsourcing aplicado comporta una general precarización de las relaciones laborales fácilmente describible hablando de las facetas más típicas de estas: contratación colectiva definitivamente cuestionada; repartición de utilidades anulada de facto; antigüedad rebasada; vacaciones y aguinaldo reducidos; seguridad social temporalizada.
Lo que nos interesa aquí es sin embargo diferenciar al menos dos posibles situaciones que se puedan generar en la aplicación del régimen de outsourcing. La primera tiene que ver con la subcontratación de actividades y servicios en el que la empresa-madre (o beneficiaria o usuaria, como se prefiera definirlas) contrata la realización de un producto o actividad de su propia cadena productiva. Es el caso por ejemplo de la proveeduría de partes o componentes de productos específicos de la empresa beneficiaria o, en otro caso, es la proveeduría de servicios cuales son limpieza, vigilancia, catering o bien servicios de gestión administrativa (banco de datos, etc.). En este caso las consecuencias en la esfera laboral que arriba mencionamos puede ser menos visibles y tendrán muy probablemente que ver con la posibilidad de un abaratamiento generalizado del trabajo en la empresa proveedora (o subcontratista o de servicio) para poder competir en el mercado con el vasto abanico de empresas dedicadas hoy a proveer otras empresas. Un abaratamiento que pasa necesariamente por la reducción de los costos del trabajo con consecuencias directa en sueldos, prestaciones, etc. de los trabajadores. Más sin embargo es la otra situación la que nos llama la atención. La segunda situación es la que involucra las llamadas empresas de servicios (o subcontratista de mano de obra o de empleados) , mismas que promueven lo que ya definimos “trabajo en renta” . Nos resulta importante hablar de este aspecto puesto que no sólo, como lo hemos visto, es uno de los sectores de mayor aplicación del outsourcing en México, sino también porque este tipo de empresas – la mayoría de las cuales están asociadas – registra un fuerte crecimiento así como fue registrado por el INEGI: de 1999 a 2004, este tipo de empresas han crecido casi un 40% en número.
En el caso de la subcontratación de personal habría que distinguir el rol que juegan estas empresas en cuanto mero intermediario – que ya de por sí representa un importante ahorro para la empresa beneficiaria – y el rol de subcontratista o agencia de colocación. En este último caso, la empresa subcontratista se encarga no sólo de proporcionar al personal sino también de administrarlo por cuenta de la empresa beneficiaria. Mucho se ha dicho acerca de esta fórmula que permite a la empresa beneficiaria eludir de facto a las responsabilidades laborales, pues las delega y vende – aún comprando el servicio – a la empresa subcontratista. Al mismo tiempo es vasta la literatura acerca de este tipo de contratación que se definió como “relación triangular”. Esto es que en este tipo de relación laboral, encontramos a tres sujetos: el trabajador, la empresa beneficiaria y la empresa subcontratista. Las tres tienen relación autónoma y particular con cada una de las otras.
Desde el punto de vista del trabajador hay dos relaciones más una. El trabajador se relaciona desde un punto de vista meramente contractual – y por ende jurídico – con la empresa subcontratista. El contrato, lo hemos visto , aún respetando el marco legal existente tiene la tendencia a temporalizarse, esto es a reducir su duración hasta llegar a límites extremos (Manpower, por ejemplo, maneja contratos de hasta quince días de duración). El trabajador luego se relaciona con la empresa beneficiaria en cuyas instalaciones trabaja (en la gran mayoría de los casos). Este tipo de relación no está contemplado en ningún contrato o convenio de partes, sino que se reduce simplemente a la cotidianeidad del trabajo desarrollado. Dicho en otras palabras, aún teniendo el contrato con la empresa subcontratista, el trabajador recibe indicaciones, órdenes (y todo lo que consigue, incluidos regaños y castigos) por parte de la empresa beneficiaria. Una relación informal jurídicamente, pero muy clara en la vía práctica. Finalmente hay una relación entre la empresa beneficiaria y la subcontratista que como hemos observado tiene la tendencia a tejer puentes solidarios entre las dos. En este aspecto, cabe recordar lo que hemos definido el “patrón bicéfalo”, queriendo con esta definición matizar lo que pocos han hasta ahora observado: ciertamente hay dos patrones (uno formal y uno informal) pero lo importante es que estos dos sujetos tienen la tendencia a aliarse entre sí frente al trabajador. Esto significa, a los efectos prácticos, que en el ya clásico dibujo del triangulo que puede representar este tipo de relaciones, el eje o lado del triangulo que define la relación entre empresa beneficiaria y empresa subcontratista, tiene un peso específico definitivamente mayor que él de los otros dos lados.
Lejos de querer analizar jurídicamente tal situación – no somos abogados laborales, más simplemente interpretes -, hay que mencionar los dos principales puntos de vista interpretativos acerca de éstas relaciones triangulares. Por un lado hay quienes sostienen que la relación entre trabajador y empresa beneficiaria no es jurídicamente definible, pues el contrato entre ésta y la empresa subcontratista pertenece a la esfera mercantil por lo tanto no se puede justificar alguna relación laboral formal existente. Por el otro lado, hay quienes defienden el principio sancionado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la primacía de realidad, según el cual la existencia real de una relación cotidiana en el lugar de trabajo permite afirmar la existencia de una relación de trabajo desde un punto de vista jurídico (con todas las consecuencia legales que esto conlleva). No cabe duda que nos inclinamos por esta segunda interpretación que aún es difícil de justificar en un marco jurídico mexicano confundido e incompleto al respeto, tiene el privilegio de salvar la realidad de una situación que consideramos al límite de lo lícito.
Desde nuestro punto de vista, la realidad prevalece sobre lo que es la legislación vigente. La realidad es más fuerte sin duda de lo que el derecho no es aún capaz de explicar.
Según nosotros, lo importante de este caso son las consecuencias de índole práctico. Las vamos enumerando en orden esparcido porque no queremos aquí establecer jerarquías arbitrarias. Pasar por una empresa subcontratista que desarrolla el rol de intermediario y/o de administración de la nómina implica: a) pasar dos procesos de selección (él de la empresa subcontratista y él de la empresa beneficiaria); b) la exclusión del trabajador del proceso de contratación y negociación de las condiciones laborales y de trabajo de la actividad efectivamente realizada en las instalaciones de la empresa beneficiaria; c) la exclusión de los sindicatos presentes en la empresa beneficiaria (por obvias razones); d) la dificultad (ya encontrada en algunos casos prácticos ocurridos) de identificar al referente de quejas y demandas de orden laboral; e) la indirecta creación de un registro privado (en mano de la empresa subcontratista) de la mano de obra del país (que arriesga con convertirse en una legitimación del nefasto fenómeno del “boletinaje”); f) someterse por completo y sin ninguna posibilidad de respuesta a las exigencias de la empresa beneficiaria (en cuanto a flexibilidad de horario y lugar de trabajo, etc.); g) perder acceso a parte de las prestaciones establecidas en la LFT (antigüedad, aguinaldo, etc.) por la corta duración de los contratos; h) la ruptura del concepto de contratación colectiva toda vez que se tiende a la individualización de cada trabajador (caso por caso, contrato por contrato, vendría por decir); i) la desprotección absoluta frente al riesgo de despidos, pues por un lado lo más sencillo para despedir a un trabajador es sencillamente no renovarle el contrato, por el otro el despido puede ser decidido por la empresa beneficiaria sin que le trabajador tenga la posibilidad de palabra, pues no es su patrón formal. Solo para enumerar algunas.
Más en general podemos también identificar consecuencias más abstractas y de fondo a este tipo de contratación promovida por las llamadas empresas de servicios o subcontratistas de personal. La primera que mencionamos es el engaño estadístico que estas contrataciones provocan pues los contratos temporales así creados entran jurídicamente a formar parte del trabajo formal sin embargo mantienen rasgos fuertes del trabajo informal, o sea, dicho en una palabra, la precariedad. Esto significa que formalidad laboral ya no significa estabilidad laboral y por ende estabilidad en el acceso a los derechos sociales, sino que trabajo formal e informal tienen la tendencia a sobreponerse en cuanto a ventajas y desventajas que cada uno representaría para el trabajador. No es de poca cuenta este aspecto, pues el 91% de los casi 250mil empleos nuevos creados hasta 2005 por la administración Fox en México (misma que se ufanaba de éstas cifras), fueron empleos temporales – también llamados empleos eventuales – lo que significa que si bien hubo 250mil nuevos empleos formales, la mayoría de ellos no representó absolutamente una salida a la precariedad del mismo trabajo. A los efectos prácticos, esta observación se convierte en cruel realidad cuando observamos que el acceso a la esfera del derecho (y la protección social) que el trabajo formal conllevaría (al menos hasta pocos años) se viene transformando en una negación de facto a este acceso. De otra forma dicho, la temporalidad del trabajo se convierte en temporalidad del goce del derecho, de la seguridad social, etc. Una transformación que legitima y legaliza la exclusión de millones de personas. Por consecuencia nosotros ubicamos en esta fase el nacimiento de una categoría nueva que nos reservamos de seguir analizando, que es la del “precariado”, un proletariado de antaño que hoy asume como su faceta característica el hecho de vivir la estabilidad sí, pero de la precariedad laboral. De este nuevo sujeto de trabajadores identificamos algunos rastros que quizás no sean apremiante o importante aquí subrayar que pero nos pueden ayudar a comenzar una siguiente reflexión. Hay que mencionar por ejemplo el riesgo que conlleva la individualización de la relación laboral arriba mencionada, junto con la temporalidad de los contratos. Es el riesgo de un cambio de actitud de parte de los trabajadores que se caracterice por mayor sumisión frente al patrón. Al mismo tiempo esa misma individualización arriesga con romper de manera definitiva el frente constituido por las organizaciones sindicales que, como se observa, tienen dificultad a interpretar y adaptarse a estas transformaciones.

4.
Decíamos que el outsourcing en México no encuentra aún definición cierta en el marco jurídico de reglamentación del trabajo, la LFT antes que todo. O más bien, que las dificultades que el outsourcing viene creando para el trabajador se originan en la falta de un marco jurídico de referencia capaz no solo de reglamentar los diversos casos, sino de proteger al trabajador de las evidentes nefastas consecuencias. No son pocos los artículos de la LFT a los cuales hacer referencia en el caso de este tipo de contratación. Especificadamente en el caso de las empresas de servicio o subcontratistas de personal – mismas que pueden ser empresas distintas o empresas jurídicamente distintas pero creadas al interior de la empresa-madre o beneficiaria – por lo general se analizan los artículos primeros de la LFT, los que describen la función y obligación de los intermediarios así como los que definen al patrón – y por ende sus obligaciones. Hemos sostenido que las prácticas de las empresas de servicios se llevan a cabo al margen de la ley. Frente a éstas dificultades interpretativas, por varias partes se ha puesto el problema de resolverlo a través de modificaciones a la misma Ley Federal del Trabajo. En este aspecto cabe relevar que éstas modificaciones están contempladas por las diversas propuestas de la llamada Reforma Laboral que ya se ve llegar por parte gubernamental.
Tal dificultad interpretativa se matiza en cuanto la OIT afirmó en su Conferencia Anual en 2003: “En México, al parecer, la formulación de los conceptos de empleador y de trabajador no permite abarcar toda la realidad laboral y eso facilitaría la evasión de la ley”. Cabe mencionar al respeto que la misma OIT emitió al menos dos Convenios que reglamentarían las llamadas por la OIT , “agencias de colocación” . Por eso, la misma OIT se había dado a la tarea de resolver al problema en su Conferencia de 2006. Sin embargo las partes presentes no pudieron llegar a ninguna conclusión exhaustiva acerca del caso. Nada más algunas consideraciones y recomendaciones para el futuro.
Esta dificultad en definir un marco jurídico eficaz denuncia la gran dificultad en tratar al tema. A éstas dificultades se añade inevitablemente el conflicto generado por los intereses tan encontrados entre mundo del trabajo y mundo empresarial. Un conflicto de orden ideológico y práctico, para ambos bandos.
A lo largo de estos últimos años, sin embargo, desde el ámbito laboral, gubernamental y partidista han sido propuestas distintas reformas, integrales o parciales, a la LFT miradas a resolver a los problemas que el outsourcing genera.
Inclusive en la propuesta – la llamada Reforma Lozano – que recientemente salió a la luz pública y que alguien con buen sentido de las cosas se está encargando de difundir lo más posible, el tema del outsourcing es tocado con cierta atención.
Antes de pasar a observar esta última propuesta, vale la pena recorrer velozmente lo que ha sido el camino del outsourcing en la historia reciente de las propuestas de modifica a la LFT. De un total de más de 80 propuestas presentadas desde 1998 a la fecha, hay algunas que en específico se refieren al outsourcing – que se define subcontratación prácticamente en cada propuesta. Veremos aquí sobre todo las más recientes, de este principio de año. Sin embargo queremos comenzar nada más mencionando a una propuesta presentada el día 15 de abril de 2004 por la diputada del Partido de Acción Nacional, Maria del Carmen Mendoza. Es esta propuesta interesante porque marca quizás el límite al cual se puede llegar. De hecho la diputada de manera que nos parece sinceramente descarada o ignorante del vasto debate que la aplicación del outsourcing ha provocado, propone la modificación del art. 8 de la LFT en los siguientes términos: “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. El trabajador que se encuentre subcontratado, tendrá como patrón a la empresa de subcontratación de personal, siempre que ésta se encuentre legalmente constituida en los términos de esta ley, de lo contrario su patrón lo será la empresa usuaria”. El art. 10 quedaría así modificado: “Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Se excluye de esta definición a las personas que utilicen los servicios de trabajadores a través de empresas de subcontratación de personal, sin que esto los libere de las responsabilidades que conforme a ley les corresponden”. A su vez el art. 13: “Se entenderá que la empresa de subcontratación de personal es el patrón de los trabajadores que ponga a disposición de la empresa usuaria, siempre que la misma se constituya de conformidad con las disposiciones de esta ley”. Las modificaciones propuestas abarcan más artículos de la LFT sin embargo no tiene caso reportarlos aquí por considerar suficientes los ya mencionados para entender el alcance de dicha propuesta, o sea la negación absoluta de cualquier corresponsabilidad por parte de la empresa beneficiaria.
Lo que sí vale la pena hacer es más bien un recorrido en las dos últimas propuestas referentes a la LFT y al fenómeno del outsourcing. La primera es la propuesta con fecha 4 de marzo de 2008 presentada por los diputados federales del PRD, Daniel Dehesa Mora y Pablo Trejo Pérez. En ella hay importantes novedades que quizás por vez primera recogen las observaciones realizadas en el debate mencionado. La propuesta modifica el art. 13 de la LFT añadiendo: “Art. 13bis: Los patrones que utilicen en su empresa los servicios de trabajadores proporcionados por otro patrón, serán responsables solidarios en las obligaciones contraídas con aquellos. Estos trabajadores prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento”. Y continúa: “En general, las responsabilidades patronales corresponden tanto a quien realmente reciba los servicios o beneficios directos de las obras o servicios, como a quienes formalmente aparezcan como patrones o receptores de esos servicios. Estos trabajadores se considerarán empleados del patrón que recibe sus servicios o beneficios derivados de su trabajo, por lo que podrán formar parte del sindicato titular del contrato colectivo en dicha empresa”. Luego viene el art. 15ª: “También existirá responsabilidad solidaria cuando los patrones utilicen en su empresa los servicios de trabajadores proporcionados por otro patrón. En general, las responsabilidades patronales en apego a esta Ley corresponden tanto a quien realmente reciba los servicios o beneficios directos de las obras o servicios, como a quienes formalmente aparezcan como patrones o receptores de esos servicios”. Más adelante, al art. 21 se añade: “Igualmente se presume la relación de trabajo entre el patrón que utiliza los servicios o recibe los servicios o beneficios directos de las obras o servicios de trabajadores proporcionados por otro patrón”. Omitimos algunas partes, sin embargo consideramos suficiente cuanto expuesto para entender que una propuesta de esta naturaleza deja a salvo varios aspecto hasta aquí criticados de la aplicación del outsourcing en México. Aún no siendo perfecta, la propuesta podría ser un interesante punto de partida para comenzar un debate acerca de las modificaciones a la LFT necesarias para salvar al outsourcing sin atacar la esfera de los derechos laborales.
Al contrario, las modificaciones propuestas en el paquete llamado Reforma Lozano que otra cosa no es sino una modificación a la ya conocida Reforma Abascal, no resuelven al problema. En ella se enfrenta al cuestión outsourcing en varios artículos.
Se comienza con el art. 13 al cual se añade: “En caso contrario los patrones que utilicen en su empresa los servicios de trabajadores proporcionados por un intermediario, son responsables solidarios en las obligaciones contraídas con aquellos”. No se pretende modificar mucho, nada más lo esencial para posiblemente, en sede interpretativa – por ejemplo en una Junta de Conciliación y Arbitraje – una empresa de servicio o subcontratista de personal se ampare o mejor dicho se defienda declarándose empresa en lugar de intermediario. Continuamos con el art. 15 al cual se añaden 4 apartados, bajo las letras a), b), c), d) y e). En el apartado a) se define el “régimen de subcontratación” en los siguientes términos: “Es trabajo en régimen de subcontratación aquél realizado en virtud de un contrato por relación de trabajo por un trabajador para un empleador denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una persona física o moral dueña de la obra o empresa, denominada la empresa beneficiaria, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. En esta definición no quedan comprendidas las empresas contratistas o subcontratistas que presten servicios a otras de manera ocasional y discontinua”. Mucho que observar: lo primero, se define el lugar de trabajo que son las instalaciones de la empresa definida beneficiaria. En este caso, es evidente, quedan excluidas – para ofrecer un ejemplo – todas aquella empresas hoy contratadas desde el exterior para el servicio de call-center. Hay luego que subrayar cierta incertidumbre en ese “acuerdo contractual” que define la relación entre las dos empresas, la beneficiaria y la subcontratista. En fin el mayor pecado, es decir la exclusión de aquellas empresas subcontratistas que prestan sus servicios de manera ocasional o discontinua. Bien, con tal frase la LFT quedaría prácticamente inmutada frente al fenómeno en estudio, pues lo que más consecuencias provoca – lo hemos dicho anteriormente – es precisamente la temporalidad reducida de los contratos de trabajo. En otras palabras, a parte la falta de claridad en definir lo ocasional y discontinuo, lo cierto es que quedarían afuera por un lado todos esos trabajadores temporales de corto plazo – los que trabajan por temporadas, por estación, etc. – por otro lado nada excluye que inclusive ahí en donde la relación entre las dos empresas sea más continuativa, se cree acuerdo alrededor de la conveniencia de renovar el “acuerdo contractual” de forma más periódica, tal y como las empresas subcontratistas de personal lo hacen con sus propios trabajadores. Se comienza mal y se termina peor.
Los siguientes apartados no mejoran la situación. En el d), por ejemplo, se dice: “El patrón beneficiario de servicios deberá solicitar información a los contratistas por lo menos cada tres meses, sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad y previsión social que a éstos correspondan. En caso de que los contratistas se nieguen a proporcionar dicha información, el patrón beneficiario de los servicios deberá denunciar tal situación o, en su caso, los hechos que presumiblemente constituyan violaciones a los derechos de los trabajadores subcontratados ante la Inspección del Trabajo”. Según interpretamos, la autoridad laboral está a su vez subcontratando el control del entero sistema, delegando a la empresa beneficiaria el respeto de las reglas.
Finalmente en el apartado e) se dice: “Se presumirá, salvo prueba en contrario, que se utiliza el régimen de subcontratación en forma dolosa, por parte de la empresa beneficiaria de los servicios, cuando en una misma empresa, una o más personas subcontratadas perciban sueldos y prestaciones menores, en comparación a los que reciben las personas que laboren para la empresa beneficiaria de los servicios y que realicen las mismas actividades. También se considerará que se utiliza el régimen de subcontratación en forma dolosa, cuando las empresas prestadoras de servicios u otras filiales de éstas, tengan simultáneas relaciones de trabajo o de carácter mercantil o civil con los trabajadores, con el objeto de simular salarios y prestaciones menores”. Cabe aquí decir al menos dos cosas. La primera tiene que ver con la comparación salarial y de condiciones que el articulo pretende. No queda resuelto el caso, ya denunciado por otros investigadores, en el que no haya trabajadores de planta en la empresa beneficiaria que “realicen las mismas actividades”. En este caso, lo dicho por el apartado queda sin valor alguno. Finalmente hay que mencionar también que si bien se matiza lo ilegal de la simulación contractual y por ende salarial, lo cierto es que en la práctica sucede demasiadas veces que el trabajador contratado por cierta actividad se encuentre a realizar otras, muchas veces ordenado por el “patrón informal” de la empresa beneficiaria. El art. 39A sugiere la introducción de los llamados “períodos de prueba”. No quisiéramos que esta posibilidad, ya de por sí delicada fuese aprovechada también para justificar los ya existentes contratos de breve plazo promovido por las empresas subcontratistas de personal. Quedó comprobado que las pruebas a las cuales son sometidos los trabajadores por parte de estas empresas están al límite de la ley y del respeto de la dignidad ajena. ¿Serían los períodos de prueba propuestos un herramienta más en mano de tales empresas?
Hay muchos más aspectos criticables de esta propuesta, sin embargo por falta de espacio y por querer evitar aquí salir del tema omitiremos nuestros comentarios.

5.
Para concluir el presente texto, nos quedaría preguntarnos si el outsourcing es efectivamente este monstruo de las múltiples cabezas que todo parece indicar. Si es una riesgo o una oportunidad. Sin duda alguna la respuesta es retórica como lo es la pregunta. Actualmente el outsourcing es un riesgo y lo es para un sector específico del mundo económico: el trabajador. Junto a los riesgo para el trabajador, se podría identificar también los riesgos para las organizaciones de los trabajadores, es decir los sindicatos. De la misma manera, sin duda alguna, se puede afirmar que el outsourcing es una gran oportunidad para el mundo empresarial público y privado.
¿Cómo vencer al riesgo? O ¿cómo evitar que se concrete? O mejor aún, ¿cómo vencer al outsourcing? Difícil ofrecer respuestas. Por un lado viene la tentación de repetir la que consideramos ser una solución de fondo al problema, esta es decretar la separación entre acceso al trabajo y esfera de los derechos creando por ende lo que aquí podemos definir “salario de ciudadanía”. Pero esto implicaría no sólo un cambio radical a los más altos niveles, sino adentrarnos en un debate que aún siendo muy interesante, arriesgaría, aquí y ahora, de confundirnos y llevarnos a perder el enfoque práctico que tratamos de darle a las consideraciones hasta aquí expuestas. Por el otro lado, sin embargo, es también complejo ofrecer respuestas adecuadas e integrales. Prohibir las prácticas de la subcontratación integral o parcialmente como alguien ha en su momento planteado parece ser una solución un tanto utópica o más bien una solución sin base, pues hoy el outsourcing es muy difundido a nivel global y representa quizás uno de los ejes de la nueva economía-mundo. Otras soluciones son al contrario más de orden práctico y tienen que ver con las posibles modificaciones a la legislación laboral actual. Estas modificaciones sin embargo tienen que tener presente del más vasto abanico de posibilidades que pueden caer bajo el concepto de outsourcing. En este sentido, la propuesta mencionada arriba y adjudicada a los diputados del PRD nos parece sensata y equilibrada, aunque falta corregir muchos de los aspectos negativos también arriba mencionados. Habría en efecto que revisar la posibilidad de participación a la contratación – por no hablar de la contratación colectiva – en la nueva relación triangular. Nadie ha hasta ahora propuesto algún espacio u organismo capaz de comprender a los tres sujetos juntos en el momento de la contratación. Faltaría dejar más claro quién es quién en la relación laboral. Aún el tema es tratado, no queda muy claro quien es el referente para el trabajador según el problema que éste pueda registrar. No hay quienes propongan alguna medida de control sobre los enormes registros de trabajadores que las empresas de servicios mantienen de sus trabajadores. Nada que proteja al trabajador de una empresa de servicios frente a la decisión de la empresa-madre de deshacerse de él.

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Juana López es una joven trabajadora de una maquila de la electrónica en Cd. Juárez, Chihuahua. Ella, como muchas otras, es de otra región de la República.
Llegó a la ciudad fronteriza un día de verano de 2006, cuando ya habían pasado tres meses de no saber nada de su esposo, emigrado algunos años antes a los EU. Ella se quedó con su hijo que ya tiene 10 años. Se fueron juntos a Cd. Juárez. Tres las razones de eso: la primera, ya no tenía quien la mantenía en su pueblo originario en el estado de Veracruz; la segunda, en Cd. Juárez hay trabajo, en la maquila, pero hay trabajo; la tercera, sabía que su esposo estaba en Arizona, Cd. Juárez está un poco más cerca de Arizona que su tierra natal. Al llegar, las dificultades que a todos les toca le dieron la bienvenida: un hogar y un trabajo. La casa fue el problema menor, pues contaba con algún conocido que le facilitó un cuarto “durante un rato” hasta que pudo conseguir una “casa” suya: dos cuartos, uno que utiliza de comedor, cocina y estudio para su hijo, el otro para dormir y descansar, los dos. La letrina afuera, a diez metros empolvados de la puerta de la casa. El trabajo fue lo difícil. Pues todo mundo ofrecía trabajo, pero nadie con el sueldo que su esposo le garantizaba desde EU. Fue así que Juana llegó un día de septiembre, dos meses después de haber llegado, a la oficina de una empresa. A primera vista parecía una agencia de colocación, pues tenía, pegados con durex, decenas de anuncios de trabajo en sus vidrios, viendo hacia fuera, para que quienes querían leer no tuvieran la pena de pisar la oficina. Entró y se sentó. Y platicó de su vida, de sus gustos, de sus problemas, de sus exigencias. No de forma espontánea, sino porque se lo preguntaron. Frente a la prueba de embarazo que le proporcionaron, sonrió: “Ya tengo un hijo, no quiero más”, consideró en voz alta. La funcionaria del otro lado de la mesa, cara impasible, acercó la prueba al rostro de Juana: “Tenemos que asegurarnos”.
Comenzó a trabajar ensamblando piezas de plástico sobre una base de unos pocos centímetros de largo, ella también de plástico. “Es la base de una computadora…portátil”, le explicaron. Había visto ya una computadora la Juana. Hasta la había utilizado para comunicarse con el otro lado. Bien sabía también qué significaba portátil. Pero sabía que costaban mucho y pensó: “Quizás luego me regalen una”. En la breve pausa de su trabajo, lo platicó con algunas de sus colegas: “¡Imagínate!”, le contestaron. “¿Dónde crees que estas? ¡Estamos aún de este lado, recuérdatelo siempre!”.
Al primer mes de estar trabajando, un hombre vestido de traje más con la corbata con los colores de la agencia que la había contratada, se apareció frente a ella, en la línea de producción. “Hola Juana, ¿podría firmar aquí por favor?”, le dice amablemente el hombre. “S..s..sí señor…pero ¿quién es Usted?”, contesta ella. “Soy de la agencia”, se pone firme el hombre. “Pero ¿cómo está esto?”, Juana piensa velozmente. “¿Quién este hombre que nunca vi? Y ¿quién es la mujer que siempre me encarga los trabajos, cada mañana, cada semana, cada día, la misma que me regaña, me solicita, me pide y me ordena?”. Piensa Juana y el hombre frente a ella la interrumpe: “Señorita, favor de firmar aquí es su contrato de trabajo…por si quiere seguir aquí claro”. Puesta la firma sobre el papel, ni el tiempo de leerlo, la línea de producción no se para, no hay tiempo, firma y sigue. Firma y continúa. “Lástima que ahora no tenga copia del contrato”, explica él frente su cara incrédula, “pronto se la haré llegar”. Se voltea y se va.
La línea de producción es dura, es exigente. Un día Juana siente un dolor al pulso. Algo raro, que nunca había probado. Durante un rato para su mecánico trabajo y se soba la muñeca. Una voz femenina habla del altavoz que tiene a su espalda. “Favor de no parar”, dice con tono perentorio. “Me duele la mano”, dice Juana en voz baja y vuelve al trabajo. A final de día, Juana se acerca a la mujer que siempre le habla, la que ella identifica como “mi jefa”. Y le explica el problema. Ésta le agarra la mano. “¿Es aquí donde duele?”, pregunta. Dice sí con la cabeza la Juana, callada y a la espera de una solución. La mujer hace la cara preocupada, piensa un momento y finalmente sonríe. “Descansa un momento aquí…siéntate…ahora vengo” y se voltea, comienza a caminar y se refugia en su oficina, allá, al fondo de la línea. Juana mira el reloj escondido debajo de su uniforme. Faltan diez minutos al cambio turno. Sin embargo pasa media hora antes de que la mujer regrese. Sus compañeras se han ido. Ella se queda sola – pues con otras compañeras, pero no conoce a nadie – y con la mujer que la despide regalándole una cajita de pastillas. “Toma una hoy antes de acostarte y mañana al llegar al trabajo”, le explica y la consuela con voz suave: “No pasa nada, verás que se te pasará el dolor”.
Juana se encuentra ahora en otro lado de la línea de producción. Aquí hay unas máquinas extrañas, altas unos tres metros, dentro las cuales pasan una piezas de plástico enormes. Como unas grandes láminas que entran y salen cortadas en pedacitos. “Son lo pedacitos que montaba antes”, reflexiona. Y sonríe contenta de estar aprendiendo algo nuevo, contenta de estar comprendiendo las distintas partes del proceso. Su tarea: recoger los cuadritos que salen de un lado de la máquina, amontonarlos rápidamente y colocarlos dentro de una caja de plástico ella también que le pasa a lado, encima de un piso móvil. “Fácil”, piensa. Pasan los días, y la nueva tarea de Juana ya se ha vuelto automatismo. Sin embargo, la mano un día vuelve a doler. El dolor es pulsante y no deja en paz, no te permite distraerte de él. Juana se queja con la mujer que insiste: “No pasa nada, toma las pastillas, verás que pasará”. Un día la máquina se para, sin más explicación. Simplemente deja de cortar y de moverse. Callada, si tuviera ojos miraría fijamente a Juana que la contempla sorprendida. Al analizar la máquina, Juana se entera que una piezas se han quedado justamente en la salida frontal, casi en el contenedor donde hasta hace poco las recogía. Extiende la mano adolorida, la que siempre utiliza, hacia las piezas para recogerlas. Las agarra y en ese momento un ruido fuerte, muy fuerte. ZAC. Y el silencio. Su mano ya no está, su dolor tampoco, solo un color rojo vívido por doquier.
Sus ojos se abren, despierta. Una pesadilla acabó, hay que ir a trabajar.
Como cada mañana Juana llega a la fabrica. Un día más de trabajo, pero hoy es el último del mes, cobraré quincena, piensa satisfecha. Es también el día en que debería de llegar ese guapo joven de la agencia, sonríe. Una firma y ya.
Sin embargo al llegar, un hombre de seguridad se le pone en frente. “Ya no trabajas aquí”, le dice mirándola directo a los ojos. “¿Qué qué…?”, esboza ella. “¿Cómo?”, pregunta. “Eso me dijeron: tu y tus compañeras ya no trabajan aquí, su contrato se acabó”.
Juana alcanza corriendo el teléfono de la esquina. El joven de la agencia nunca le había dado copia de su contrato pero sí un número de teléfono. Compone el número local de Cd. Juárez. Del otro lado una voz femenina, mecánica, que repite algunas frases aprendidas de memoria y termina diciendo: “¿En qué puedo ayudarle?”. “Me llamo Juana López busco a…no sé…busco a alguien que me pueda ayudar”, dice con voz titubeante. Explica la situación, ofrece sus datos, espera, espera y espera. Finalmente regresa la voz femenina y de manera igualmente mecánica dice: “Su contrato se terminó el día de ayer y no tiene porque ir a trabajar más”. Juana se queda pensando y pregunta: “Pero nadie me dijo nada, yo esperaba firmar otro contrato hoy y…”. “Su trabajo es temporal”, explica la señorita del otro lado, “no se preocupe, en cuanto tengamos otra oferta para Usted nosotros la contactaremos”. Juana se queda sin palabras. “Pero no tengo teléfono en mi casa ni celular”, CLIC. Cae la línea o alguien colgó.

Flexibilidad laboral y precariado*

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 6 de octubre de 2007
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Con precariado queremos señalar que la precariedad laboral, definitivamente asentada por la temporalidad contractual en puestos que hasta hace poco contaban con contrato por tiempo indeterminado, se asocia cada vez más con la precariedad de los derechos laborales y sociales. Si aceptamos que la afirmación de los derechos sociales, en la materialidad de los servicios ofrecidos por el Estado (en la trayectoria formación, trabajo, descanso), en época fordista por medio de las medidas de corte keynesiano, estaba íntimamente ligada a la existencia de contrataciones y relaciones laborales estables, entonces podemos afirmar que la temporalidad en las condiciones arriba descritas se traslada a la sociedad convirtiéndola en sociedad temporal. Lo que algunos sociólogos llaman “sociedad de lo fugaz” no es entonces sólo la sociedad de los deseos fugaces, intermitentes, saltuarios. Sino que es también la sociedad de los derechos fugaces, intermitentes y saltuarios. En esta sociedad nosotros ubicamos al precariado como aquel sujeto transversal y multifacético que comprende ya no sólo al trabajador sino a cada individuo que entra en algún momento al mundo del mercado laboral: una multitud molecularizada que trabaja y vive de forma precaria, sin garantías laborales, pero tampoco sociales. […]

No es casual, según nosotros, que a la flexibilidad haya quienes le llamen precariedad. La flexibilidad laboral ha sido a lo largo de estos años demasiadas veces sinónimo de precariedad laboral, desbaratamiento del trabajo, ataque a los derechos de los trabajadores, abuso empresarial. La misma unidad sindical se ha visto gravemente cuestionada por la nueva forma del trabajo: ya no existe, o tiende a desaparecer, la figura del trabajador masificado, que se podía fácilmente organizar y sindicalizar. Hoy existe un universo de trabajadores, de todas edades y extracciones sociales, que se encuentra solo frente al enorme poderío empresarial y del capital, en general. Las anunciadas reformas laborales que el actual gobierno quiere realizar pueden prefigurase como una, no la única, ocasión para generar el debate necesario para resolver la actual situación. El debate en el mundo sindical más democrático y auténtico resulta interesante, porque las posturas que ahí se plantean –cada quien por su lado– tienen temas de interés colectivo. Las dos posturas, la más conservadora, que busca dejar inalterada la actual legislación laboral mexicana, y la más abierta, que propone aprovechar la coyuntura para aportar modificaciones ventajosas para el trabajador, resultan interesantes. La primera porque se pone de forma resistencial frente a reformas que casi seguramente apuntarán a aventajar, una vez más, al capital frente al trabajo. La segunda porque busca aprovechar un debate (que se irá dando conforme avancen las propuestas por parte de la clase política mexicana), para introducir propuestas hechas por y para los trabajadores. Sin embargo, ambas sufren limitaciones importantes. La primera por correr el riesgo de no ver las radicales modificaciones que el mundo del trabajo ha sufrido, por la vía de los hechos, en sus formas. La segunda por el riesgo, posible y quizá muy probable, de llegar a concertaciones y mediaciones que permitan ciertas modificaciones dañinas para el trabajador a cambios de otras más benéficas. En suma, por un lado corremos el riesgo de no querer ver los cambio sucedidos en el mundo del trabajo, por el otro arriesgamos de aceptar que tales modificaciones se queden tal cual con todo y sus consecuencias nefastas.

Sin embargo, quizá hablar de estas posturas puede resultar estéril, puesto que, según datos oficiales de la Secretaría de Economía, tan sólo 19 por ciento de los trabajadores formales mexicanos (cerca de 18 millones) están sindicalizados.

Es para nosotros importante entonces mirar a ese sujeto que llamamos precariado que comprende a los trabajadores sindicalizados, pero también a los no sindicalizados y a los que entran a la llamada economía informal. Con este sujeto dejamos de hablar sólo de derechos laborales y probamos a hablar de derechos sociales o derechos de ciudadanía. Para hacer esto, hay que romper ese vínculo keynesiano entre trabajo y derecho, entre contrato de trabajo y acceso a la esfera del derecho social. Y comenzar a pensar que todo ciudadano tiene que gozar de derechos sociales cuales la formación, el trabajo (o más bien el rédito), el descanso (o más bien el rédito de descanso), pero también la salud, la vivienda digna, etcétera.

Por lo anterior, creemos posible “darle la vuelta a la tortilla” y probar a observar la flexibilidad laboral no como un problema, sino como una posible vía de fuga de la esclavitud del trabajo asalariado. Quizá podamos probar a mirar la flexibilidad que se traduce en tiempos parciales de trabajo, en movilidad, en adquisición de saberes y valorización de los mismos, en explotación de la cooperación social, como ocasión para acercarse al libre goce de la vida, asociando al concepto mismo de flexibilidad el de seguridad social. Un nuevo concepto que no niega la flexibilidad, que no busca conservar lo existente, sino que aprovecha la flexibilidad para alcanzar una nueva seguridad social desligada del trabajo y ligada íntimamente a la vida productiva de cada individuo.

* Fragmento de la ponencia que el autor presentará en el segundo seminario de Economía del Trabajo y Nuevas Tecnologías a realizarse del 13 al 15 de noviembre en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM

Una práctica en ascenso

El presente arículo fue publicado en el semanal mexicano Proceso # 1591 el día 29 de abril de 2007.

Además el presente artículo es el fruto de un año de investigación que realizé por cuenta del Centro de Investigación Laboral y Asesoria Sindical A.C..

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El 4 de enero de 2006 nueve trabajadores subcontratados por agencias de personal para laborar en una planta de IBM ubicada en las afueras de Guadalajara, Jalisco, fueron despedidos sin ser liquidados, pese a que ya tenían entre tres y ocho años adscritos a esas agencias de trabajo temporal.

En 2005, IBM había decidido pasar la nómina de éstos, más otros trabajadores, a la agencia trasnacional Manpower, con la cual firmaron hasta 11 contratos cada uno a lo largo de ese año.

Los nueve despedidos acordaron interponer una demanda legal para conseguir la reinstalación en sus puestos. Con el propósito de recibir asesoría para ese fin, se dirigieron entonces al Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) de Guadalajara, donde recibieron apoyo.

“Fue paradójico”, dice Teresa Pérez, una de las despedidas. “Sólo tres meses antes fui invitada a quedarme a trabajar porque era un buen elemento y resulta que a los pocos meses me despiden”. Lo mismo atestigua José Cruz: “En octubre de 2005 me entregaron un premio por mi desempeño, y luego…”.

Aunque el grupo había acudido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para exigir no sólo la reinstalación sino un nuevo contrato de empleo por tiempo indefinido, las autoridades laborales “afirman los despedidos” no les dieron suficientes garantías. Entonces decidieron hacer público su caso mediante una conferencia de prensa.

Una nota sobre estos hechos fue publicada el 16 de enero de 2006 en el diario Público de Guadalajara, y el 26 del mismo mes, debido a la presión de los medios, se realizó una audiencia de conciliación convocada por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. En esa ocasión IBM se deslindó de toda responsabilidad, pues argumentó que “Manpower es el patrón y quien paga” a los trabajadores.

En cuanto al grado de responsabilidad de IBM, el abogado de Cereal que asesoró a los afectados, Eduardo Canales, afirma que “si bien es cierto que no van a ser (los de IBM) los que indemnizarán a los trabajadores, sí han estado muy insistentes en que el asunto se resuelva por la conciliación, porque en una demanda ellos estarían implicados”.

Manpower ofreció 75% del pago por concepto de liquidación. Un mes después, seis trabajadores aceptaron la oferta, pero los otros tres amenazaron con demandar a esa compañía y a IBM. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo, que estos despedidos calificaron como �una victoria agria”: el pago de 100% de liquidación y de algunas horas extras, así como el pago de salarios caídos desde que fueron corridos.

Burlar la ley, el objetivo

El caso descrito constituye un hecho casi inusitado en el ámbito del trabajo temporal en México, al grado de que fue retomado para una investigación del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) específica sobre el conflicto y que trata de ubicarlo en el contexto del fenómeno de la subcontratación de trabajadores temporales en el país.

En los Censos Económicos de 2004, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dedica una carpeta especial al tema, con el título: �Personal ocupado que no depende de la razón social para la cual trabaja: una actividad en auge�.

Los datos del INEGI reportan que aun cuando la cifra total del personal ocupado entre 1998 y 2003 fue de 9.5%, el personal ocupado dependiente de la razón social de la empresa en la cual trabaja aumentó tan sólo 7.3%, contra un aumento de 40.1% de personal subcontratado. Desglosando estos datos, se desprende que a finales de 2003 más de 1 millón de trabajadores en México no dependían de la razón social de la empresa en la que prestaban sus servicios y otros 400 mil laboraban por honorarios o comisiones. En el mismo período, el número de las llamadas agencias de empleo temporal se incrementó 12.7%.

El INEGI no utiliza medios términos cuando afirma que “la subcontratación de personal es una práctica cada vez más común, ya que ofrece una serie de ventajas, como eliminar obligaciones laborales del patrón, contactar personal especializado y mantener la flexibilidad para reducir o aumentar el personal ocupado”.

Si bien se justifica el uso de ese tipo de personal con el argumento de que permite a una empresa la flexibilidad laboral necesaria para mantenerse rentable, también se denuncia el objetivo de eliminar las obligaciones laborales. En este sentido, explica el CILAS, es evidente que, para una razón social, al delegar la contratación del personal a empresas como Manpower se le transfieren también las obligaciones garantizadas en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo, indica, esto no significa que esas obligaciones laborales sean cumplidas cabalmente por las agencias de empleo temporal.

En estos casos, añade la investigación del CILAS, es evidente en general la falta al espíritu de la LFT, que ampara la estabilidad laboral como herramienta de desarrollo humano y profesional. Y en lo particular, puntualiza, estas agencias violan, en ocasiones en forma abierta y en otras de manera tangencial, el artículo 14 de la LFT. En este precepto se especifica que los trabajadores contratados a través de intermediarios (como se le define a éste en el artículo 12 de la misma ley) “prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento”.

El caso IBM-Manpower de Guadalajara demuestra que este precepto no se cumple. Por ejemplo, el empleado contratado por Manpower no goza de reparto de utilidades por parte de la empresa en la cual efectivamente trabaja. Por otra parte, la contratación mensual renovable que Manpower aplica a sus trabajadores en IBM obstaculiza la creación de antigüedad y el acceso a la prima por este concepto.

Además, los despidos resultan ser mucho más fáciles para la empresa que utiliza trabajadores temporales, pues no hay despido directo sino tan sólo rescisión del contrato entre la empresa y Manpower.

La investigación del CILAS consigna también un documento que, afirma, “ha sido conseguido a mano de un anónimo”: un contrato entre Manpower y una de las compañías a las que abastece de personal. Del documento se desprende la posición solidaria entre Manpower y su cliente en caso de que los empleados de la agencia emplacen a huelga a una de las dos firmas. Manpower ofrece su propio equipo de abogados a su cliente si llega a haber reclamos laborales dirigidos a él. Además, en el mismo documento queda muy claro que la contratación de sueldos, puestos y condiciones cae en manos de Manpower y su cliente, con lo que se anula cualquier posibilidad de que el trabajador contrate su propio puesto de trabajo. 

Outsourcing en México

1. Marco teórico e histórico de referencia

El sistema productivo se define por varios factores y condiciones. Dos pueden ser los puntos de referencia ineludibles para tratar de explicar las razones del sistema productivo vigente. El primer factor decisivo es la política de la empresa privada que trabaja en un determinado territorio. El segundo factor, íntimamente ligado al primero, es la política económica definida por el Estado en dicho territorio.
Considerando el primer factor, podemos observar que la política económica de una empresa es determinada por decisiones de carácter puramente especulativo en el sentido muy estricto de utilidad/ganancia que la misma empresa logra conseguir. En otras palabras, las decisiones acerca de los modelos y sistemas aplicados para el provecho de la empresa responden simplemente al objetivo de aumentar los ingresos. El sector que toma tales decisiones – el top-management – es obligado, en cierta medida, a responder a este parámetro: la ganancia equilibrada con la supervivencia en el mercado de la empresa misma. Si hasta hace unas décadas las empresas se dedicaban a la acumulación no sólo material – en términos de capital económico – sino también inmaterial – capital intelectual y capital humano -, a partir de hace dos décadas las empresas han cambiado métodos. “Veloces cambios tecnológicos, la globalización e internacionalización de los mercados, la desregulación del comercio mundial y la feroz competencia en todas áreas de negocios” han provocado cambios radicales que se han desarrollado a lo largo de un par de décadas. Tales cambios apuntan todos hacia la reconfiguración de las estructuras empresariales.
Hablar de reestructuración empresarial significa sin embargo hablar también de nuevos modelos productivos que a su vez introduce todo un mundo nuevo de relaciones sociales internas y externas a la empresa. Es opinión compartida que de los años sesenta a la fecha se han producido cambios radicales en el sistema productivo. Las que divergen son las opiniones acerca de las modalidades y formas de este cambio.

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