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Migrantes en Wikileaks

30 aprile 2011 Lascia un commento
El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 30 de abril de 2011.
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Lo dijimos en múltiples ocasiones: los rechazos en altamar, que el gobierno italiano realiza a costa de cientos de personas migrantes que cruzan en precarias embarcaciones el Mediterráneo con la esperanza –muchas veces frustrada– de alcanzar una vida más digna en Europa, son ilegales. Lo anterior es notorio para cualquier abogado del sector, pues se violan numerosas normativas internacionales, tanto en el ámbito marítimo como en el ámbito del derecho al asilo y al refugio. Sin embargo, el gobierno italiano sigue realizando estas acciones, gracias sobre todo a los acuerdos alcanzados con el régimen de Libia guiado por el coronel Kadafi.

De una u otra manera, el conservador y racista gobierno italiano –con el aval silencioso de sus socios europeos– ha siempre hecho caso omiso a las múltiples recomendaciones u observaciones procedentes de los órganos internacionales de los derechos humanos. Los casos italianos están siendo juzgados actualmente por la Corte Europea de los Derechos Humanos, tras la demanda que 24 ciudadanos de Eritrea y de Somalia presentaron en contra del gobierno de Italia, cuando éste los deportó a Libia en mayo de 2009.

La causa, cuyas sentencia final se espera para diciembre de este año, fue recientemente transferida a la llamada Gran Cámara de la Corte, un órgano compuesto por 17 jueces –en lugar de los siete del primer nivel–, ya que la Corte misma considera que el caso es muy delicado, pues en entredicho estaría toda la política europea de los rechazos, de la cual el caso italiano sería sólo una vertiente. Dicha política, estaría considerando la Corte, contradice frontalmente la Carta Europea de los Derechos de los Hombres, que prohíbe las expulsiones y deportaciones colectivas, reconoce el derecho al asilo y al refugio, y garantiza el derecho de apelación efectiva en caso de violación de garantías.

Desde el 4 de febrero de este año, las partes acusatorias tienen en sus manos un elemento más para justificar su condena a este aspecto de la política migratoria europea e italiana en particular. Este elemento es un cable diplomático revelado por el ya muy conocido sitio web Wikileaks. El cable, fechado el 5 de agosto de 2009 y firmado por el embajador de Estados Unidos en Libia, Gene Cretz, refiere el encuentro entre éste y el alto comisario para los Refugiados en Libia, el iraquí Mohamed Alwash. El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el país africano habló con el embajador de un episodio que en su momento levantó muchas protestas en Italia y entre las comunidades migrantes.

Era el primero de julio de 2009 cuando, a unas 120 millas al norte de Libia, en pleno Mediterráneo, la Armada italiana interceptó una embarcación con 89 pasajeros, de los cuales 75 procedían de Eritrea. Cuenta Alwash: Cuando el barco fue interceptado, tres representantes de los migrantes pidieron hablar con el comandante del barco italiano para informarle acerca de su estatus de refugiados, pues muchos tenían la constancia que nosotros les otorgamos en Libia. Pero el comandante fue intransigente, pues afirmó tener la orden estricta del gobierno italiano de regresar a los migrantes a Libia.

El comandante, entonces, ordena a todos los migrantes subir al navío italiano para llevarlos de vuelta. A este punto, cuenta Alwash, los migrantes –sobre todo los eritreos– se rehúsan a acatar la orden y los marinos utilizan la fuerza. Hubo enfrentamiento físicos entre migrantes e italianos que se concluyen con algunos africanos golpeados con palos de plástico y de metal. El saldo, dice el representante de la ONU, es de seis heridos. Algunos pasajeros filmaron con sus celulares lo que estaba sucediendo, por eso la tripulación italiana recogió todos los haberes personales de los migrantes: teléfonos, documentos y otros objetos que aún no fueron regresados, dice el cable.

Calmada la situación, el comandante italiano pide a Libia el envío de un barco para recoger a los migrantes. Las autoridades de Trípoli se niegan y es cuando los marinos italianos deciden dejar a los migrantes a bordo de una plataforma petrolífera italiana (de la empresa paraestatal ENI) posicionada frente a las costas libias. Sólo desde ahí los migrantes pudieron ser devueltos a Libia. Alwash cuenta que dos días después pudo visitar a los migrantes en el campo de Zawiyah y constatar que había una mujer embarazada necesitada de atención urgente. En otro campo, encontró a otros supérstites del episodio, de los cuales seis tenían puntos de sutura en la cabeza.

En otra parte del cable, el embajador refiere que Alwash intentó en más de una ocasión contactar con las autoridades italianas en Roma; sin embargo, éstas nunca le contestaron. El representante de la ONU confía al embajador que cree que el gobierno italiano hace intencionalmente obstruccionismo frente a la ONU. Todo lo anterior lleva a Alwash a pensar que el acuerdo de cooperación entre Italia y Libia para rechazar a los migrantes en el Mediterráneo está violando los derechos humanos de los migrantes y poniendo en peligro a los solicitantes de refugio.

Estas informaciones ya eran conocidas. Lo novedoso de este cable, sin embargo, reside justamente en que será ahora posible llevar como testigo en favor de la demanda que se discute en la Corte europea al propio embajador. Si no él personalmente, al menos sus confidencias al Departamento de Estado de Estados Unidos.

La dignidad migrante

19 novembre 2010 Lascia un commento
El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 19 de noviembre de 2010
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Es la historia de siempre. En la vieja Europa periódicamente los gobiernos en turno se encuentran obligados a aplicar decretos legislativos de regularización de los miles de migrantes sin papeles. Además de ser el indicio más concreto de la inutilidad de las políticas represivas de las corrientes migrantes que surcan el planeta Tierra, ya que éstas, con o sin papeles, nunca paran, las regularizaciones son también el instrumento –uno más– para el control del inmenso contingente de migrantes indocumentados que vive en los países de destino.

Por un lado demuestran que la real politik es más fuerte que cualquier retórica de tinte más o menos racista. Cuando el número de los sin papeles rebasa el límite –arbitrariamente fijado por las necesidades económicas de grandes y pequeñas empresas–, las leyes de regularización intervienen para poner orden, ya sea otorgando los documentos para regular la estancia, ya sea expulsando a los que sobran. Por otro lado, las regularizaciones se convierten en instrumento en mano del Estado para seleccionar, discriminar y controlar. Y en esta faceta, las regularizaciones se convierten en una lotería, en la cual se rompen los lazos solidarios entre las comunidades migrantes, ya que cada quien juega por su propio destino, con la esperanza de estar entre los elegidos.

El año pasado, embestido por la necesidad concreta de disponer de mano de obra barata en el rubro de la asistencia a ancianos y enfermos, el gobierno italiano promovió como parte del racista y feroz paquete de leyes de reforma a la normativa migratoria, una sanatoria, es decir, abrió un acceso para que se pudieran regularizar las 300 mil colaboradoras familiares, asépticamente llamadas colf. Ahí estaba, pues, la puerta para que un migrante sin papeles pudiera conseguirlos y, finalmente, salir de la clandestinidad.

Como siempre sucede, acudieron cientos de miles al concurso para ganar un permiso de regular estancia. Tras pagar hasta 500 euros, llenar papeles, conseguir asesorías, los migrantes indocumentados entregaron las peticiones. Y esperaron. Pocos meses después, salieron las listas de los aprobados. Los demás, ya que la regularización no es otra cosa que una autodenuncia, pasaron de ser sin papeles a potenciales expulsados. La ya imposible vida del sin documentos se convirtió en la vida del perseguido.

Y sin embargo, la máquina gubernamental comenzó súbitamente a rechinar y luego se rompió. Y para que la máquina se rompiera fue necesaria la dignidad de los ciudadanos migrantes. Resulta que poco después de anunciada la lista de los ganadores de la regularización, cientos de migrantes en la ciudad de Brescia, en el norte de Italia, cerca de Milán, ocuparon la plaza frente al palacio municipal y construyeron un presidio permanente para exigir una mesa de diálogo que permitiera alcanzar un acuerdo de regularización para los excluidos del proceso de sanatoria.

Pasaron 37 días en ese plantón. Y luego intervino la policía y los desalojó. La provincia de Brescia, empero, es la que cuenta con el mayor número de extranjeros en Italia. Los migrantes, en esta parte del país –y no sólo allí– son parte integrada a la sociedad. A pesar de la retórica racista de quien gobierna, los migrantes aquí son ciudadanos de facto, que trabajan, producen, enriquecen las cajas públicas pagando sus impuestos, rescatan de la crisis permanente al Instituto Nacional de Previsión Social, hacen hijos que llenan los vacíos poblacionales dejados por las poco fecundas familias italianas, envían remesas.

Los migrantes en Italia hoy son una realidad. Son casi 5 millones (7 por ciento de la población de la península), tienen al menos 600 mil hijos nacidos en territorio italiano (los mal llamados migrantes de segunda generación), producen poco más de 10 por ciento del producto interno bruto. Son rumanos, albaneses o marroquíes en su mayoría. Existen, pues. La realidad habla de integración que, frente a las injusticias, se declina en dignidad.

Así las cosas, tras el desalojo del plantón de Brescia, el 31 de octubre pasado, seis migrantes subieron a una grúa instalada en el centro de la ciudad y de ahí gritaron: No nos vamos a bajar, pase lo que pase, sin que el gobierno acceda a establecer una mesa de diálogo. Sus demandas: regularización para todos los que la demandaron y retiro del delito de clandestinidad, mismo que condena a miles de seres humanos al destino indocumentado.

Son Arun, de 24 años, paquistaní, con estudios de secundaria, gana en promedio 500 euros mensuales; Jimi, egipcio de 25 años, terminó el bachillerato y es obrero metalúrgico con un sueldo de 650 euros mensuales; Rachid, de 35 años, procedente de Marruecos, es repartidor de volantes y gana 450 euros por mes; Sajad, 27 años, de Paquistán, tiene título universitario y maestría en lenguas y no tiene trabajo; Singh, de 26 años, procede de India y tiene varios trabajos precarios; Pape viene de Senegal, tiene 24 años y llegó a Italia a bordo de un pequeño barco que cruzó el Mediterráneo.

Son hoy el icono de la dignidad migrante. No bajarán hasta tener respuestas definitivas por parte del gobierno. Y lanzan una apelación al presidente de la república italiana, Giorgio Napolitano: Hoy vivimos aquí y tú eres también nuestro presidente. Eres una persona buena y el único, en el espectro político italiano, que no está sometido a las lógicas electorales. ¡Ayúdanos!

Europa: Involución laboral y democrática

21 settembre 2010 Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 21 de septiembre de 2010.
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La recesión económica que vive el mundo desde hace dos años se transformó ya en una crisis del actual modelo de desarrollo. Sus consecuencias en Europa son “catastróficas”: pérdida de empleos, recorte de gastos gubernamentales en materia social, precariedad laboral y ataques a las libertades sindicales.

Así lo afirman dirigente sindicales europeos que visitaron México en ocasión de la Cuarta Conferencia Sindical Nacional que, convocada por el Centro de Investigación laboral y Asesoría Sindical (CILAS), se llevó a cabo del 3 al 5 de septiembre.

Entrevistados por Apro, Jacinto Ceacero, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de España; Alessandra Mecozzi, representante de la Federación Italiana Obreros Metalúrgicos (FIOM), y Constantino Isychos, dirigente de la Federación de Empleados Públicos de Compañías de Aviación de Grecia, señalan que la recesión se convirtió rápidamente en una crisis social de magnas proporciones hasta tocar los aspectos fundamentales del orden democrático.

Expresan que existe una alternativa: que el movimiento sindical en Europa logre aglutinarse alrededor de la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre.

Un modelo común

Jacinto Ceacero dice que “los mensajes (del capitalismo) para salir de esta crisis son exactamente los mismos” a lo largo de todo el planeta. Explica que en España –donde la tasa de desempleo alcanzó 20%, la más alta de la Unión Europea (UE)–, el gobierno “está aplicando medidas antisociales muy severas”: el congelamiento de las jubilaciones hasta finales de 2011, nuevas normativas que cambian las reglas en la relación obrero-patronal, reducción del “ya bajo gasto social” y recortes salariales en el sector público.

Según Ceacero, dicho plan de austeridad –que debería permitir un ahorro de hasta 15 mil millones de euros– “recae completamente en la espalda de los trabajadores”, pues los recortes afectan muchos de los derechos laborales en España.

En este sentido, el dirigente de la CGT señala que la próxima huelga general, además de rechazar las medidas adoptadas por la UE en contra de la crisis, tiene algunos objetivos específicos, como es la oposición a la reforma laboral aprobada el pasado 9 de septiembre. En ella, acusa Ceacero, se flexibiliza aún más el despido y se permite “eludir” legalmente los contratos colectivos de trabajo.

Más importante aún, señala el secretario de la CGT, es la protesta en contra del desempleo en España. Actualmente hay cerca de 5 millones de desempleados en el país, equivalente a 20% de la población económicamente activa.

Sin embargo, dicho porcentaje se dispara hasta 40% entre los jóvenes. De esos 5 millones, afirma el sindicalista español, más de la mitad se quedó sin empleo en los últimos dos años y casi una quinta parte estaría completamente desamparada por no recibir ningún tipo de prestación social.

En ese contexto, el plan de austeridad del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prevé la reducción salarial de 5% para los 2.6 millones de empleados del sector público, mientras continúa con las privatizaciones de importantes servicios del Estado: agua, electricidad, salud y educación.

Del mismo tenor son las condiciones en Grecia. Tras varios meses de protestas y cinco huelgas generales, el plan de austeridad acordado entre el gobierno del socialista Yorgos Papandreu, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue su curso.

El sindicalista Constantino Isychos abunda sobre los recortes al sector público y hace especial énfasis en la supresión de 8% al sistema de jubilaciones que, en los planes gubernamentales, debería aportar un ahorro equivalente a 500 millones de euros anuales para los próximos dos años.

Explica: “Dicen que no tenemos propuestas alternativas, pero nosotros les hemos dicho: retiren los mil 200 soldados griegos que actualmente se encuentran en Afganistán”.

Según Isychos, esta presencia militar cuesta al Estado cerca de 500 millones de euros por año.

El dirigente sindical griego señala que de manera reciente en su país se aprobó una ley que permite a las empresas no firmar convenio colectivo en el caso en que los trabajadores estén de acuerdo. “Lo que ayer era un derecho y una obligación, hoy es una opción, es decir, los trabajadores hoy podemos renunciar a nuestros derechos”, apunta con ironía.

Comenta: “Antes de salir de Grecia, me preguntaron por qué venía a México. Les dije: ‘Los índices de desempleo en la juventud, de la crisis del trabajo, de las privatizaciones del sector público en Grecia, revelan índices que se asemejan más a los índices latinoamericanos y no a los europeos. Por eso quise conocer qué sucede aquí’”.

Por su parte, la sindicalista italiana Alessandra Mecozzi aborda los efectos de la crisis económica en su país. Indica que el gobierno de Silvio Berlusconi quiere reformar la ley laboral, limitar las libertades sindicales y recortar el gasto público.

Según la dirigente de la FIOM, “en el último año se perdieron cerca de un millón de empleos en el país”, lo que incrementó la tasa de desempleo a 8.4%.

Comenta que “la situación del trabajo en la UE es catastrófica”. Considera que la respuesta a la crisis es desigual, pues “cada gobierno trabaja por su cuenta”.

Lamenta que no exista un debate sobre el modelo productivo; es decir, acerca de “qué producir, cómo producir”, y señala que, por el contrario, hay “una especie de guerra comercial que orilla a los trabajadores europeos a pelear entre sí por los pocos nichos productivos que aún existen”.

En ese contexto, Mecozzi narra el actual conflicto que su central sindical sostiene con la mayor transnacional italiana, la automotriz FIAT, la cual, “bajo el chantaje de que si los trabajadores no aceptan las condiciones que ofrece, se va a otro país”, y ello está rompiendo el frente sindical italiano.

Mecozzi denuncia que “existe un contubernio entre gobierno italiano y la empresa (FIAT) para atacar al sindicalismo y a los derechos de los trabajadores”.

Recuerda las palabras del ministro de la Economía, Giulio Tremonti, quien en días pasados dijo que “los trabajadores no pueden esperar seguir viviendo con los privilegios del pasado”, e insiste en la estrategia adoptada por la FIAT. “Con el chantaje de la deslocalización productiva, la empresa está obligando a los trabajadores a aceptar condiciones humillantes de trabajo y contractuales”.

Según Mecozzi, FIAT, que pronto comenzará a producir su modelo 500 en las viejas instalaciones de Chrysler en la ciudad de Toluca, Estado de México, logró romper el frente sindical, ya que firmó un acuerdo por separado con las otras dos siglas sindicales, UIM y FIM que, junto a FIOM, detentan el contrato colectivo nacional de trabajo del sector.

Crisis sistémica y democrática

“Creo que Grecia es el eslabón débil de la UE y se está convirtiendo en un laboratorio político social del neoliberalismo”, afirma Constantino Isychos.

“Por primera vez, el FMI entró directamente en un país de la eurozona en calidad de regulador de la economía nacional”, lo cual, afirma, sienta un importante precedente.

La dirigente italiana lee el evento como un fuerte golpe simbólico: “El acuerdo UE-FMI fue un asunto también de visibilidad política para decirnos: ‘Aquí decidimos nosotros’”. Añade que, “en el plano del imaginario colectivo, ese fue un golpe muy fuerte”.

Según Mecozzi, la actual es “una crisis extraordinaria”.

Explica: “Hemos vivido muchas, pero esta es una crisis estructural, sistémica, del modelo social, del modelo de desarrollo que produjo la globalización”. Además, continua, “es también una crisis energética, ambiental y también del punto de vista político y democrático”.

En este aspecto, Isychos afirma que con la protesta de hace dos años por la muerte de Alexis Grigoropoulos surgió algo nuevo en el país: “Los jóvenes adolescentes, que nunca habían leído a Marx o Lenin, que ni siquiera sabían qué significaba ser de izquierda, sintieron que el Estado neoliberal les había declarado la guerra, les había robado sus sueños, su futuro, sus estudios, su trabajo. Esos jóvenes, dos años después (en 2010), son el alma de la movilización en Grecia”.

Sostiene que esta es “una crisis económica y financiera, pero también cultural. Hay una afectación directa a la democracia. Están prohibiendo la firma de convenios sindicales entre las partes. Las libertades cívicas están en peligro. Están convirtiendo a las constituciones políticas en papales sin valor. Esta crisis afecta no sólo a los sindicatos o a los trabajadores, sino a toda la sociedad”.

Y señala que los sujetos más afectados “son los migrantes, los desempleados, los jóvenes y las mujeres”.

Mecozzi indica que “el aspecto financiero fue sólo la superficie de algo más profundo que se asomó luego en lo económico, lo social, lo ambiental, en fin la crisis del modelo de desarrollo”.

Señala que es importante oponerse a los resultados sociales de esta crisis, pero también es necesario “construir una perspectiva distinta para el futuro”. La dirigente sindical italiana acepta que la crisis estructural no necesariamente generará un cambio de modelo, sino más bien “puede generar algo peor de lo que tenemos ahora”. Sin embargo, añade que “si logramos resistir los efectos más desastrosos de esta crisis, podemos razonar con perspectiva y, por ejemplo, pensar en “una conversión del modelo productivo”.

La dirigente de la FIOM denuncia que aunque los costos de esta crisis “se están descargando sobre los de siempre”, se generó también una fuerte crisis social que está produciendo a su vez “un fuerte sentimiento de miedo” en la sociedad. El crecimiento del racismo “institucional y social” en Italia sería un indicio de ello.

Lo anterior, concluye, “nos indica que estamos frente a un proceso de transformación y transición a un modelo muy autoritario. No es el fascismo clásico, pero sí es populista-autoritario”.

Génova 2001: la marcha de los desobedientes

15 agosto 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 15 de agosto de 2010
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El tren que nos lleva de regreso es largo y corre rápido en la vía. Afuera está la oscuridad de la noche que nos acompaña. El pensamiento va rápido a los que aún faltan por ser liberados. Sin embargo, también corre hacia atrás, a recordar los sucedido en las últimas setenta y dos horas. Un recuerdo duro y difícil que desde ese momento no parará de renovarse; en memoria, dicen varios, de la muerte que nos tocó de cerca; en honor, dicen otros, de la justicia que se necesitará para enmendar (si es posible) la muerte por mano de la violencia de un día de protesta. O, simplemente, para evitar olvidar, pues el olvido, dicen algunos, es el enemigo de la humanidad. Y olvidar la muerte a manos de la policía italiana del joven Carlo Giuliani significaría dejar de ser lo que queremos ser: libres.

Es la noche entre 21 y 22 de julio de 2001. La hora no se sabe y, la verdad, poco importa. Estamos hacinados en el poco espacio de un tren que nos asignaron para que el grupo de manifestantes procedente del noreste italiano saliera de la ciudad de Génova tras tres días de magnas protestas por la reunión del Grupo de los 8 (G8). Somos las “Tute Bianche” convertidos en los desobedientes por esta protesta y, ahora, abrumados por tanta violencia vista en las calles del antiguo puerto sede de la reunión de los “poderosos del planeta”.

Pocos meses antes, la prensa mexicana nos había bautizado “los Monos Blancos” con un tono un tanto despectivo, pues nos habíamos atrevido a expresar nuestra solidaridad con la Marcha del Color de la Tierra y sus integrantes, protagonizada por los comandantes (y un sub) del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y fue con esa experiencia y el sueño que se gestó en ella que más de diez mil manifestantes, en la mañana del 20 de julio, bajaban las calles de Génova rumbo a la alta barda que los organizadores del G8 habían levantado para “proteger” la reunión institucional.

No éramos los únicos, “ni los mejores” decíamos. En el resto de la ciudad, decenas de manifestaciones similares se repartían el territorio para poder protestar cada quien con su forma y consignas, pero todos en contra de una reunión que se consideraba (y se considera) sumamente ilegítima y antidemocrática. Y no era casual. Desde semanas antes del evento, las organizaciones sociales italianas (y muchas europeas) venían organizando la protesta.

Reunidos en Génova Social Forum, los distintos sectores de la sociedad civil italiana habían organizado tres días de protesta: el primer día, la protesta colorida y “tranquila” en favor de los derechos de ciudadanía; el segundo día, se iba a dar “el asalto” a la llamada zona roja, es decir la zona centro de la ciudad, cerrada a la ciudadanía por la presencia de los ocho jefes de Estado; y finalmente, el último día, la megamarcha conclusiva. Y aunque el primer día transcurrió como debía, el segundo día comenzó a concretarse el plan gubernamental: reprimir con fuerza y determinación para, quizás, dar una señal clara y tajante de la postura del nuevo gobierno de Silvio Berlusconi frente a la protesta.

La marcha de los desobedientes, que avanzaba lentamente desde el periférico Estadio Carlini (un estadio de futbol que hospedó a los manifestantes), fue alcanzada por la sorpresiva represión de los carabineros italianos unas cuantas cuadras antes de que terminara el recorrido ya autorizado por las autoridades. Con gases lacrimógenos y macanazos, los uniformados enfrentaron la primera línea de la marcha que iba protegida tras unos enormes escudos de plástico transparentes.

Recuerdo el primer embate de la policía contra los escudos que sosteníamos varios manifestantes. Primero fue el silencio, o quizás es sólo el recuerdo deformado. Luego unos golpes, secos, repetidos, todos iguales. ¿Qué es?, nos preguntábamos. A los pocos segundo, el gas comenzó a subir por abajo del plástico que nos protegía. Las máscaras que llevábamos perdieron rápidamente su función. El calor y la respiración acelerada no ayudaron: la sensación de sofocación llegó tan rápida como los golpes y patadas de los primeros policías en la débil defensa que les oponíamos. El resultado fue inevitable: los escudos volaron en pedazos o cayeron al suelo; hubo que quitarse las máscaras para dar paso al aire, aunque llegara el gas en su lugar; los cuerpos fueron presa inmediata tanto del pánico como de la violencia de la policía. Fueron momentos de miedo y de sorpresa.

La batalla duró muchas horas y se caracterizó no sólo por la determinación de los manifestantes, sino sobre todo por la desorganizada actuación de las fuerzas uniformadas llamadas a mantener el orden durante los días de la cumbre. Dicha desorganización se debió a la falta de preparación de muchos de los agentes de policía que llegaron a Génova pocos días antes de las protestas y no conocían la ciudad, pero también a la falta de coordinación entre los distintos cuerpos policíacos presentes, policía de Estado y carabineros; además, y sobre todo, por las ordenes dictadas en esos dramáticos días.

Mientras en el cuartel general de los carabineros, organizado en las instalaciones del puerto de Génova, el hoy presidente de la Cámara de Diputados y entonces viceprimer ministro, Gianfranco Fini, daba órdenes brincándose toda cadena de mando establecida, el entonces ministro del Interior, Claudio Scajola, según sus declaraciones posteriores, ordenaba a las fuerzas del orden “utilizar las armas” en caso de que los manifestantes penetraran la zona roja; mientras estos personajes operaban detrás del escenario, digo, en las calles de Génova la batalla se encendía aún más. Son decenas los episodios y las anécdotas que valdría la pena contar, relatar, recordar y explicar. Porque la violencia tomada como hecho aislado genera repudio a las gran mayoría; pero la violencia sistemática y orquestada por los gobiernos aparentemente democráticos sólo debe producir indignación y anhelo de justicia.

Es en uno de estos episodios que sucede lo irreparable, es decir, se asoma la muerte entre los manifestantes.

Cerca de unos setenta carabineros, escoltados por dos camionetas, ocuparon la Plaza Alimonda, a unos cien metros de vía Tolemaide, donde fue atacada la marcha de los desobedientes y en donde seguían los enfrentamientos. Una vez dueños de la plaza, el mando local de los carabineros decidió atacar a los manifestantes por uno de sus flancos. Acorralados, los cientos de manifestantes que vieron repentinamente cerrada su única vía de fuga contraatacaron a las fuerzas del orden. A los pocos minutos del choque inicial, los carabineros se vieron superados en número y decidieron retirarse.

Los mismos carabineros admitirán más tarde, en entrevistas frente a los jueces que investigaron los llamados “hechos de Génova”, que ese ataque fue totalmente inútil y mal organizado; que el retiro fue también realizado de manera desordenada y que, sobre todo, las dos camionetas que los acompañaban no tenían por qué estar ahí. Pero así sucedieron las cosas, y en su retirada sin rumbo una camioneta blindada se paró durante unos segundos. Poco tiempo, pero suficiente para que decenas de manifestantes la alcanzaran, la rodearan y comenzaran a golpearla con los instrumentos disponibles: palos, algunas piedras, las manos, en medio de insultos y gritos.

En las imágenes tanto fotográfica como de video se observa claramente la ventanilla posterior de la camioneta: una ventanilla rota, los pies de un carabinero (quizás echado al piso), muchas sombras y una mano tendida hacia atrás. En ella una pistola. En particular en el video se ve cómo un joven, de pantalón negro y camiseta blanca sin mangas y un pasamontañas que le cubre el rostro, rodea la camioneta. Desaparece un momento de la vista y luego se escuchan claramente dos disparos. Un grito: “Noooo… puta madre!” Es el camarógrafo que logra mantener la cámara apuntada pero no puede contener la desesperación por lo que acaba de suceder. El joven de playera blanca yace en el suelo, un extinguidor rojo a su lado (que él había tratado de lanzar en contra de la camioneta), los manifestantes inmóviles por unos segundos.

El horror en pocos segundos. Con diecinueve años de vida, ese joven era Carlo Giuliani, asesinado por un disparo que le perforó el pómulo izquierdo y lo mató en pocos minutos. O quizás se podía salvar, no se sabe, pues la camioneta aprovechó ese instante de sorpresa para echar marcha hacia atrás, pasar por encima del cuerpo de Carlo dos veces (de reversa y ya en su huida) y alejarse definitivamente. Pocos minutos después, la policía, ubicada a pocas decenas de metros de ahí, intervino (ahora sí) y rodeó al cuerpo tendido. Testigos (los paramédicos que arribaron varios minutos después de los uniformados) afirman que Carlo aún respiraba cuando llegaron.

Esa tarde el muerto era un manifestante español, se dijo. Sólo en la noche se supo que era Carlo, joven de Génova, activista que ese día se unió a la marcha de protesta porque sentía –él también– que Génova había sido ocupada por el ejército de un gobierno de facto e ilegítimo del mundo, el G8. Durante pocas horas inclusive circuló la versión según la cual los poderosos suspendían la cumbre por la gravedad de los hechos. Nada de eso en realidad. La cumbre continuó y la represión también.

Al día siguiente, 300 mil personas se manifestaron. Y también fueron atacadas sin razón alguna por las fuerzas del orden. En la noche, una pesquisa en la sede del centro de medios del Génova Social Forum –hospedado en la Escuela a. Díaz– devino en otro acto represivo: más de ochenta heridos de gravedad fue el resultado de lo que algunos funcionarios de policía definieron como “la carnicería mexicana”. En los días siguientes, cientos de detenidos durante las manifestaciones denunciaron la tortura y las vejaciones de las que fueron objeto en la cárcel de Bolzaneto.

Por todo lo anterior hubo varios procesos. El 19 de mayo pasado, los tribunales italianos condenaron –en segundo grado, falta la última apelación posible– a cuatro años de detención a algunos funcionarios de la policía por exceso de violencia, por tortura, por “siembra” de pruebas en contra de los imputados, por falsas declaraciones. Entre ellos el actual jefe de la Policía Nacional Anticrimen, Francesco Gratteri; el jefe del Centro de Estudios de los Servicios Secretos, Giovanni Luperi; el jefe de la Central Operativa de la Policía Nacional, Gilberto Caldarozzi. Y quien admite haber disparado en contra de Carlo Giuliani, el carabinero Mario Placanica, fue absuelto por haber actuado en legítima defensa. Pero que nadie tiemble en su asiento. El 20 de mayo, el actual ministro del Interior, Roberto Maroni, se apresuraba a declarar: “Tenemos plena confianza en los funcionarios [condenados] y no pediremos sus dimisiones.” Dicha confianza fue renovada inclusive cuando el ex jefe nacional de la policía italiana, Gianni de Gennaro, fuera condenado el 17 de junio pasado a un año de cárcel por haber instigado el falso testimonio de un subordinado. No hay justicia, parece. Los ejecutores son condenados pero siguen en sus puestos, amparados por los autores políticos de la tragedia.

El trabajo os hace libres

18 luglio 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 18 de julio de 2010
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El 30 de junio pasado, el ejército del coronel Kadafi, en Libia, tomó por asalto el centro de detención para migrantes de Misratah, localidad cercana a la capital del país africano, Trípoli. La razón: castigar a los cerca de 250 migrantes, ciudadanos de Eritrea, culpables de haberse negado a ofrecer sus datos a las autoridades locales. El rechazo a proporcionar sus nombres y apellidos no es casual ni caprichoso. Temían –y siguen temiendo– que Libia trasmitiera la información al gobierno de Asmara y que éste no sólo los boletinara por haber abandonado el país, sino que, en su caso, tomara venganza con las familias que se habían quedado.

Tal postura se desprende del testimonio de un protagonista, quien pudo comunicarse vía telefónica con la prensa: El 29 de junio funcionarios libios nos pidieron nuestros datos generales para comunicarlos a la embajada de Eritrea. Nos rehusamos, pues el régimen de Asmara se habría vengado con nuestras familias. Y más adelante: El presidente Issyas Afeworki es implacable y no tolera la disidencia. Así, los libios nos acusaron de insubordinación y rebelión. Como castigo, los migrantes fueron deportados al campo de Al Brak, en la zona fronteriza sur de Libia, en medio del desierto del Sáhara.

Quien intentó escaparse o rebelarse a la decisión de que fueran deportados, mil kilómetros más al sur, fue golpeado y torturado, según el testimonio. Los migrantes se encontraron de un día a otro en medio del desierto, incomunicados, muchos de ellos heridos, sin asistencia médica, a merced de las autoridades de Kadafi, mismas que no prestan oídos a los reclamos del Alto Comicionados de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La oficina de Naciones Unidas en Trípoli fue cerrada a principios de junio sin explicación alguna. El pretexto fue sencillo: Libia no ha firmado nunca los tratados internacionales sobre refugio.

Los migrantes de Eritrea, que a la luz de la situación bien se suman a la larga lista de potenciales refugiados, vivieron varios días desprotegidos en el sur de Libia. Estamos desesperados, expresó otra voz antes de que las autoridades le encontraran el teléfono celular que llevaba escondido. Si no obedecemos nos llevan a Eritrea, lo que para nosotros significa la muerte. Si obedecemos serán nuestras familias, pues se vengarán con ellas porque nosotros escapamos.

Conocida la noticia, en Italia se desató el clamor mediático. ¿Por qué Italia? Porque, acusaron inmediatamente los movimientos de solidaridad con los migrantes, esos potenciales refugiados son los mismos que el gobierno italiano expulsó en hace meses. Es decir, esos seres humanos son parte de los migrantes que la armada italiana detiene ilegalmente en alta mar y regresa a Libia. Tal hipótesis, rechazada por el ministro de Interiores italiano, Roberto Maroni, encontró aval en la petición formal que el comisario para los Derecho Humanos del Consejo Europeo, Thomas Hammarberg, hizo al gobierno de Roma el 2 de julio: Intervengan.

El gobierno italiano, aun evadiendo cualquier implicación en el caso, echó a andar la maquinaria diplomática para que Kadafi desistiera de su política represiva. Y tras pocos días de intensas pláticas entre las dos orillas del Mediterráneo –cercanas por la muy buena amistad entre el coronel Kadafi y el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, más lejanas para los migrantes–, el 6 de julio se alcanzó el acuerdo de liberación y residencia en cambio de trabajo. En otras palabras, los refugiados de Eritrea podrán salir de su encierro y residir en Libia mientras acepten realizar “trabajo socialmente útil en distintas shabias (comunas) de Libia”. El convenio de liberación fue aceptado sólo por 140 refugiados del grupo.

El gobierno italiano nunca se echó para atrás (…) en la cuestión de los derechos humanos, se apresuró a declarar el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano. Y tras responsabilizar a la Unión Europea, porque no toda la carga puede caer sobre los hombros italianos, añadió que no hay ninguna prueba de que los ciudadanos de Eritrea víctimas de esa persecución hayan sido deportados por la parte italiana. Una semana después, el periódico italiano Il Manifesto difundió un video, realizado el primero de julio de 2009 desde un barco de migrantes, en el cual se ve no sólo cómo la armada italiana rechaza a potenciales refugiados, sino sobre todo que 11 migrantes que aparecen en las imágenes son 11 personas incluidas en las listas de detenidos en Al Brak. Una casualidad.

Libertad en Libia, entonces. Pero, ¿cuál libertad? libertad de ser esclavos por tiempo indeterminado en un campo de trabajo libio sin que nadie, absolutamente nadie, se ocupe primero de investigar los abusos de estos días por las autoridades de Kadafi; segundo, que esos abusos no se repitan, y, tercero y más importante aún, que se otorgue el debido estatus de refugiado.

Ninguna libertad de circulación, ninguna garantía, ninguna protección, se encuentra en el acuerdo firmado por las autoridades de Libia tras la presión italiana. No hablemos de quienes no aceptaron el acuerdo, pues nunca conoceremos su destino. Al contrario, la suerte de quienes aceptaron el convenio quizás se pueda vislumbrar pensando al título mismo del acuerdo: libertad a cambio de trabajo, o sea, el trabajo os hace libres.

Italia: condena ejemplar

9 luglio 2010 Lascia un commento

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 09 de julio de 2010.
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El 17 de junio pasado, la Corte de Apelación del Tribunal de Génova, en Italia, condenó a un año y cuatro meses de prisión a Gianni De Gennaro, jefe del Departamento para las Informaciones y la Seguridad (DIS), que depende directamente del primer ministro y controla los servicios secretos italianos.

La sentencia obedece a que De Gennaro indujo el exjefe de la policía de Génova, Francesco Colucci, a mentir frente a los jueces que investigaban el papel mantenido por el entonces jefe nacional de la policía italiana (el mismo De Gennaro) en el operativo de desalojo realizado en las instalaciones del centro de medios del Génova Social Forum (GSF) el 21 de julio de 2001, durante las protestas contra la reunión del Grupo de los 8 (G8).

Un mes antes, el 18 de mayo, el mismo tribunal, condenó a otros 25 dirigentes de la policía italiana por distintos delitos relacionados con el mismo hecho. Entre ellos se encuentra el hoy jefe de la policía anticrimen, Francesco Gratteri; el excomandante de los antimotines de Roma (enviados en julio de 2001 a garantizar la seguridad en Génova), Vincenzo Canterini, y el exdirector de los repartos especiales de los carabineros, Giovanni Luperi.

Las condenas, que revocan la absolución de todos los imputados en el primer juicio emitida en 2008, abren la puerta no sólo del tercer y último grado de revisión del caso; es decir, la Corte de Cassazione, sino que abren la posibilidad de una “condena ejemplar” de la llamada “cadena de mando” que instruyó el operativo de desalojo de la Escuela Diaz en Génova, en esos días sede del centro de medios del movimiento que se reunió en la ciudad italiana para protestar contra la reunión de “los ocho Grandes”.

No obstante, tanto el ministro de Interiores del actual gobierno italiano, Roberto Maroni, como varios exponentes de la política italiana han ratificado el apoyo gubernamental a los funcionarios condenados. “Estos hombres (los condenados) tienen y siguen teniendo la plena confianza del sistema de seguridad (italiano) y del Ministerio de Interiores”, dice el comunicado oficial del gobierno italiano.

Los protagonistas

Tras la absolución (excepto de 13 policía antimotines) de noviembre de 2008, en el aula del tribunal de Génova se levantaron las consignas “¡Qué vergüenza!”, gritaban decenas de manifestantes y familiares de los detenidos aquella noche del 21 de julio cuando la policía italiana irrumpió en la Escuela Díaz y, con lujo de violencia, detuvo a 93 personas.

Hoy, tras la nueva sentencia, esas mismas personas reivindican “el pedacito de justicia que se nos concedió” y claman porque los funcionarios condenados “dejen su puesto ya”, inclusive antes que el máximo tribunal italiano, la Cassazione, dicte la última sentencia. “¡Se hizo justicia!” fue el primer comentario del doctor Vittorio Agnoletto, entonces portavoz del GSF, la red que organizaba el movimiento de protesta.

“Fueron necesarios nueve años, pero finalmente algunos jueces valientes han reconstruido la cadena de mano de la noche ‘chilena’ en la Díaz”, apuntó. Y añadió: “Dije ‘valientes’ no por casualidad, pues no es sencillo condenar a quien (De Gennaro) está en la jefatura de los servicios de inteligencia” de Italia. El también exdiputado en las listas de Izquierda Europea recuerda que todos los funcionarios condenados fueron, desde 2001 a la fecha, promovidos y hoy ocupan puestos de primera importancia en las fuerzas de seguridad italianas.

Por esta razón, continúa, “con esta sentencia nadie ya puede esconderse tras la retórica de las ‘manzanas podridas’ porque si éstas existen se encuentran en las cumbres de los aparatos policíacos y de los servicios secretos”. Y aclara: “Cualquier obra de ‘limpieza’ debe comenzar a ese nivel”. Por su parte, Laura Tartarini, abogada de quienes se manifestaron en esos días en Génova, señala: “Estamos satisfechos, pues la sentencia demuestra que por una vez todos somos iguales frente a un tribunal italiano”.

Sin embargo, el mismo Vittorio Agnoletto, tras aprender la postura del gobierno frente a la condena, afirma que los funcionarios condenados deberían dimitir o, en su caso, ser despedidos por el gobierno. “Espero que al menos este objetivo, que sería obvio en toda Europa, sea perseguido por la oposición” al gobierno de Berlusconi. Y abunda: “Ahora hay todos los elementos para remontarse a las responsabilidades políticas de quien en ese entonces era el primer ministro, Silvio Berlusconi, el ministro de Interiores, Claudio Scajola, o se encontraba en la sala de comando de los carabineros, Gianfranco Fini (hoy presidente de la Cámara de Diputados)”.

Con él coincide Luca Casarini, en ese entonces también portavoz del GSF, quien señala que la sentencia representa mucho más que una “justa y debida” revisión de la absolución en primer grado. Según el activista italiano, la sentencia tiene un grado político importante porque demuestra que “aquellos oficiales, hoy dirigentes de máximo nivel de la policía italiana, decidieron y ordenaron lo que luego sucedió”. Es decir, “es el Estado, en sus articulaciones más importantes, quien tiene la responsabilidad, no un individuo o algún funcionario corrupto”. Casarini comenta la posición del gobierno y pregunta: “Si en un país la única categoría (de personas) que se queda en su lugar a pesar de condenas muy graves es la que comprende a las fuerzas armadas, a los policías y a los carabineros, ¿qué es lo que está realmente sucediendo?

“Para los políticos investigados se pide la renuncia. Los periodistas arriesgan su puesto de trabajo si son condenados (…) no hablemos de los ciudadanos de a pie”, añade. Sin embargo, señala, a policías, carabineros y militares, quienes tienen responsabilidades, “no les sucede nada”. Para concluir, Luca Casarini pregunta: “¿Puede un país reivindicarse sólo un poco democráticamente si los únicos por los que hay completa impunidad por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, son los que detienen ‘el monopolio de la fuerza’?”.

“La carnicería mexicana”

La reunión del G8 en Génova en julio de 2001 fue el primer gran evento del nuevo gobierno de Silvio Berlusconi, que entró en funciones meses antes. En un contexto que aún no sufría las consecuencias del ataque a Estados Unidos del 11 de septiembre de ese mismo año, el movimiento social italiano se había organizado alrededor del llamado Génova Social Forum, un espacio de reunión de las corrientes que tenían la intención de contestar a la reunión oficial

Ante la presencia de por lo menos 300 mil personas en la ciudad italiana, el movimiento prometía organizar magnas protestas y amenazaba con romper el cerco (la llamada “zona roja”) que el gobierno había instituido en el centro histórico de Génova. Tras el primer día de manifestaciones pacíficas, el 20 de julio se desató la represión policíaca que, provocada aparentemente por los actos vandálicos de algunos manifestantes vestidos de negro, arrastró con todas las marchas que se dirigían hacia el centro de la ciudad. Ese día se recordará después sobre todo por la muerte del joven manifestante Carlo Giuliani quien, durante los enfrentamientos con los cuerpos antimotines, recibió un balazo en la cara por parte del también joven carabinero Mario Placanica.

El 21 de julio una marcha de magnas proporciones invadió la ciudad. A mitad del recorrido, la marcha fue otra vez atacada sin aparente razón por los cuerpos policíacos, que se dedicaron a golpear a los manifestantes y a detener a cuantos podían. Las decenas de denuncias de tortura sufridas en las celdas de la cárcel de Bolzaneto llegaron semanas después. Esa noche del 21 de julio, cuando un gran número de manifestantes se retiraba de la ciudad, la policía italiana decidió desalojar el centro de medios del GSF instalado en la escuela primaria “Armando Díaz” concedida por la municipalidad local al movimiento social.

El cateo previsto inicialmente se convirtió desde el primer momento en un asalto realizado con lujo de violencia y una larga lista de abusos. A las 21 horas de esa noche, los cuerpos antimotines entraron a la escuela dejando 93 heridos, charcos de sangre en cada uno de los cuartos de los edificios, dos días en coma para unos de los manifestantes arrestado. Michelangelo Fournier, funcionario investigado por los hechos, al hablar del escenario de violencia que presenció, dirá frente a los jueces: “Parecía una carnicería mexicana”.

Para justificar la “rudeza” de la intervención, primero los entonces jefes de la policía local narraron una agresión sufrida por parte de algunos manifestantes que se alojaban en el edificio. La versión fue desmentida por los jueces. Luego, aportaron como “evidencia” en contra de los manifestantes la existencia de dos botellas incendiarias en el interior del edificio.

Años después, los jueces vieron claramente en un video a dos funcionarios de policía ingresar al edificio con esas botellas y salir pocos minutos después con las manos vacías. Tras los acontecimientos, no sólo fue condenado Gianni De Gennaro por haber instigado a sus subordinados a mentir frente a los jueces que investigaban los hechos, sino también fueron condenados 25 oficiales mandos medios de la policía italiana.

En la intervención final antes de la condena del 18 de mayo, el fiscal Pio Machiavello afirmó: “No se pueden olvidar las terribles heridas procuradas a personas inermes, la premeditación, los rostros cubiertos, la falsificación de los testimonios, la detención de 93 manifestantes, las mentiras acerca de su presumida resistencia. Ni se puede olvidar la sistemática e indiscriminada agresión y la tentativa de endosar a todos los detenidos las dos botellas incendiarias que, al contrario, fueron llevadas por los policías mismos”.

Italia: la precaridad del espactáculo

28 maggio 2010 Lascia un commento

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 28 de mayo de 2010.
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Los más de cien trabajadores “profesionales pero precarios” que este año, como desde hace siete, llevan a cabo la producción del programa televisivo más visto en la primavera italiana, La isla de los famosos, denuncian los riesgos en su labor y el magro salario que por ello reciben.

“El agua es escasa, se raciona la comida, se duerme a menudo en tiendas de campaña y las bolsas no alcanzan para todos”, acusan.

Pero eso no es todo, pues “los baños son unas letrinas y sólo hay cuatro para 54 personas. La zona en donde trabajamos es insalubre y no hay mosquiteros. Además, los traslados en barco son peligrosos y en muchas ocasiones pisamos el hospital por las consecuencias de los golpes. Todo lo anterior, por 120 euros al día durante cuatro meses sin pago de horas extra”.

El programa de televisión, que reúne a un grupo de “famosos” del mundo del espectáculo en una isla tropical y los pone a realizar pruebas de “supervivencia”, fue visto este año por un promedio de 5 millones de televidentes, ocupando 20% del rating.

Explican los trabajadores: “Cada año firmamos contratos temporales. Conocemos las condiciones de nuestra labor, sabemos que son difíciles, pero este año se pasaron”.

“La isla de los trabajos forzados”

El espectáculo televisivo italiano llegó este año a su séptima edición. Realizado en la isla de Corn Island, en territorio nicaragüense, a unos 70 kilómetros de las costas atlánticas del país centroamericano, el programa es realizado por la Radio y Televisión Italiana (RAI), la televisión de Estado italiana que cada año subcontrata la producción del reality.

Este año, los directivos de la RAI encargaron la tarea a la empresa italiana Magnolia, que a su vez subcontrató a cerca de 120 “técnicos, electricistas, camarógrafos” italianos y a “otra decena de trabajadores locales y dominicanos”.

Sin embargo, este año los trabajadores italianos, quienes se presentan como “trabajadores free lance, autónomos, pero más bien precarios”, se rebelaron.

Reunidos en la recién nacida Coordinadora de Trabajadores del Broadcast (CLB, por sus siglas en italiano), el 30 de marzo pasado realizaron una denuncia pública a través de las páginas del semanario Espresso que tituló su nota “La isla de los trabajos forzados”.

En su denuncia, los trabajadores demuestran, con fotos y testimonios rigurosamente anónimos –“por miedo a ser vetados para los siguientes años”–, las precarias condiciones de trabajo a las que son obligados:

“La comida es racionada y se come sólo cuando la producción lo decide; raramente se sirve la carne y si las porciones son demasiado abundantes, el cocinero viene y te quita la comida del plato; los sandwichies son dos rebanadas de pan con un huevo frito en el medio; hay sólo dos bebidas por día y el agua se paga, en un lugar en donde la temperatura rebasa los 30 grados y trabajamos 12, 14 y hasta 16 horas al día”.

Los transportes son también objeto de denuncia. “Los desplazamientos de una playa a otra de Corn Island duran cerca de cuatro horas y se realizan en lanchas mal equipadas: no hay colchonetas ni salvavidas de protección. Cada semana alguien termina en el hospital por problemas en la cervical”.

Las dos lanchas de la producción, acusan, fueron “prestadas” por parte de la Armada de Nicaragua. “A veces los militares se rehúsan a salir al mar cuando hay tempestad. En ese caso, la producción alquila un barco pesquero privado, que no tiene permiso para llevar personas. Subimos 30, 40 y hasta 50 personas a la vez, pues quien se niega arriesga el despido inmediato”.

En otras ocasiones, añaden, los marinos nicaragüenses “mientras nos llevan de un lado a otro” se dedican a su labor de interceptar navíos sospechosos de pertenecer a los cárteles del narcotrafico, poniendo en riesgo la vida misma de los trabajadores.

Por último, tras indicar que en las denuncias “sólo se señalan los problemas más evidentes”, los trabajadores italianos evidenciaron la falta de respeto de cualquier norma de seguridad, tanto para la labor realizada como para los “famosos” que participan en el programa

Más “accidentes”

Stefano Bacci, presidente de la CLB, dijo a la prensa que “fue necesario revelar todo, desafiando inclusive el miedo de perder puestos de trabajo para el futuro. Se trata de (trabajadores) profesionales calificados que operan para programas con presupuestos millonarios”.

Añadió: “Este caso es un extremo, pero es el fruto de la desregulación que llevó a rebajar los costos de las producciones internas. Los subcontratistas son asfixiados y a su vez explotan de más a los trabajadores”.

Si bien CLB admite que “la producción antes de que empezara el programa envió un correo electrónico en que explicaba que este año se iba a trabajar en un nuevo lugar y que entonces iba a haber algunas dificultades”, los trabajadores afirman que no pensaban en la situación en la que se encontraron.

En el correo mencionado, la empresa Magnolia advertía a los trabajadores que “no iban a aceptar alguna queja ‘inútil’ y que la cifra ofertada en el contrato iba a comprender cualquier malestar posible”.

Sin embargo, según CLB, esto significó simplemente que “trataron de adelantarse a las cosas para poder luego actuar en el libre albedrío de la ausencia de reglas, con métodos ilegales y humillantes”.

Frente a las denuncias, Giorgio Gori, administrador delegado de Magnolia SPA,, salió a responder el 2 de abril:

La isla de los famosos “ciertamente no es un resort, pero otra cosa es hablar de trabajos forzados”. Y añadió el jefe de la empresa subcontratista que “trabajar en el lugar es un poco como ir al frente de guerra y sólo unos verdaderos profesionales, dispuestos a operar en condiciones de objetiva precariedad, pueden enfrentar cuatro meses en la primera línea”.

Y destacó las condiciones meteorológicas adversas para justificar la falta de comida o de agua para los trabajadores, y aseguró que éstos “son bien pagados y nunca se descuida su dignidad personal”.

Sin embargo, el 3 de abril un accidente ocurrió durante el programa televisivo.

Mientras millones de italianos miraban a la transmisión, los participantes tuvieron que enfrentar la enésima prueba: lanzarse desde un helicóptero, a una altura de diez metros, al mar de la bahía de la isla.

Al realizar la prueba, los concursantes sufrieron lesiones de diverso tipo, pues el agua medía poco más de un metro de profundidad. El herido más grave fue el actor Luca Ward, quien reportó fractura de dos vértebras y del cóccis. Para él, el riesgo de la parálisis total fue más que suficiente para demandar a la empresa subcontratista y a la misma RAI.

La avalancha en contra del programa parecía ya no parar. El 7 de abril, Rossano Rubicondi, concursante del reality, reprochó a la conductora la falta de medidas de seguridad. Durante una transmisión en vivo, el también actor demandó seguridad y, con gritos y tonos polémicos, confrontó a la conductora, quien no tuvo más remedio que cortar la intervención televisiva desde Nicaragua.

Las reacciones

Luego de ver desmentidas sus declaraciones por parte de los hechos, el productor italiano Giorgio Gori organizó lo que la CLB definió “golpe mediatico”.

En un comunicado de prensa, la asociación de trabajadores explica que “antes de cualquier transmisión en vivo, todos, autores, producción, logística, director, director artístico, operadores de audio y video, leemos el guión del programa. El 7 de abril pasado así lo hicimos, pero a mitad de la transmisión hubo una sorpresa”.

Afirman los trabajadores que de repente observaron a Giorgio Gori reunirse con dos trabajadores, llevarlos a un cuarto separado “y bien resguardado”, y desde ahí trasmitir durante diez minutos una declaración en la que los dos trabajadores, “con la pretensión de representarnos a todos”, anunciaban “que todo va bien en La isla de los famosos”.

Sorprendidos por dicha acción dictada por “desesperación por un lado y glacial cinismo por el otro”, CLB sacó un comunicado de prensa en el que resume la situación y denuncia que los “trabajadores podemos laborar 30 días sobre 30 días o, en alternativa, 0 sobre 360 cuando el teléfono calla, pues somos trabajadores ‘sobre llamado’ y sobre ‘evento’, cuya duración varía entre medio día y un mes de los grandes eventos”.

Además, “una tercera parte de nosotros es un fantasma, trabaja en el sector informal, sin nada de prestaciones, ni seguros o contrato”.

En un promedio del sector que paga 60 euros netos al día, CLB denuncia que existen muchos casos de sueldos de hasta 30 euros.

“Trabajamos sobre todo los días feriados para garantizar a nuestro compatriotas la cobertura de los eventos deportivos sin que esto signifique pago ( de sueldo) extraordinario”, abundan.

Señalan que “el porcentaje de divorciados/separados entre nosotros es uno de los más altos entre todas las categorías laborales debido, entre otras cosas, a la imposibilidad para nosotros de planificar algo en nuestra vida más allá del ‘hoy’”.

Después de enumerar las precarias condiciones de su labor, los trabajadores reunidos en la CLB contestan directamente al dirigente de la empresa Magnolia:

“Señor Gori, en lugar de dar ordenes para ese teatrito que fueron las declaraciones en vivo (del pasado 7 de abril), hubiera admitido que había que resolver algunos problemas; habríamos podido encontrarnos, dialogar y establecer reglas y procedimientos certeros, seguros, válidos, compartidos”.

Y advierten: “¿Prefieren la confrontación? Qué así sea, pero no nos quieran etiquetar con siglas políticas, pues no tenemos partido, sino sólo nuestra dignidad por defender”.

Finalmente, la CLB declara que luchar hoy por los derechos de sus asociados “significa combatir para que el país haga de la calidad de sus trabajadores y de sus empresas la fuerza que sirve para salir del pantano en la que acabó gracias a la gente que ama los atajos en lugar de las reglas y que no sabe asumir la responsabilidad de sus propios comportamientos”.