Canadá: Rivera, el refugiado político mexicano

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 16 de julio de 2010.
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Desde el pasado 27 de abril, el abogado mexicano Enrique Rivera Sierra es un “refugiado” en Canadá conforme a la Convención internacional de Ginebra.

Así lo señala la sentencia emitida por la División de Protección a los Refugiados de la Oficina de Inmigración y Refugiados (IRB, por su sigla en inglés) del gobierno de Canadá, la cual fue firmada por el juez de ese país, Michel Byczak.

Rivera, originario de San Luis Potosí y exrepresentante legal del Frente Amplio Opositor (FAO), llegó a la ciudad de Montreal el 24 de mayo de 2007 y pidió refugio después de que durante meses él y sus compañeros del FAO sufrieron hostigamiento y actos violentos. La razón: su rechazo a las actividades de la empresa Minera San Xavier (MSX), subsidiaria de la empresa canadiense New Gold Inc.

De hecho, el activista mexicano decidió pedir refugio a Canadá tras la emisión por parte de las autoridades de San Luis Potosí de una orden de aprensión en su contra, en la que, afirma, le imputaron “delitos falsos”.

Sin embargo, para que las autoridades canadienses le otorgaran el status de refugiado tuvieron que pasar casi tres años. Él y su abogado, el canadiense Jared Will, proporcionaron todo tipo de pruebas que, según la sentencia, demostraron que “hay la razonable posibilidad” de que será perseguido si regresa a México.

En la sentencia de cinco páginas, el juez Michel Byczak hace una cronología de hechos, en la que destaca una golpiza que Rivera recibió el 14 de abril de 2006 “por parte de empleados de MSX” y la “persecución” de la que fue objeto en mayo de 2007 por parte del gobierno de Jesús Marcelo de los Santos, quien utilizó “su autoridad para perseguir a los activistas a lo largo del estado de San Luis Potosí”.

Aunado a lo anterior, el documento señala que una “marcha pacífica realizada en diciembre de 2006 fue atacada por golpeadores a las órdenes de la gente de MSX”.

En el documento, el juez canadiense advierte que el Estado (mexicano) “podría utilizar la ley de manera discriminatoria”. El solicitante, sigue el documento, “ha tratado de hacer todo lo que quedaba en sus posibilidades”.

Añade que “como el solicitante es requerido por las autoridades (…) éste podría correr el riesgo de ser detenido sin tener la oportunidad de ver sus derechos legales oportunamente representados”.

Más adelante, el texto afirma que “en las circunstancias particulares de este caso, el tribunal piensa que el solicitante ha probado con suficiencia que hay la razonable posibilidad para creer que, en caso de volver a México, será perseguido ahora como en el futuro”.

Además, “no tendría la posibilidad de tener la protección del Estado, pues éste, tanto a nivel estatal como federal, ha sido su perseguidor”.

Un expediente “bien fraguado”

Rivera Sierra, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sal Luis Potosí (UASLP), fue el abogado del FAO y por lo tanto “una de las caras visibles del movimiento” en contra de las actividades de la MSX en el Cerro de San Pedro, en el valle de San Luis Potosí.

En entrevista telefónica con Apro, Rivera recuerda que “la represión se puso muy fuerte, sobre todo por parte de la empresa, amparada por el gobierno panista de Marcelo de los Santos”.

Cuenta que el 14 de abril de 2006 guardias blancas de MSX, encabezadas por Ramón Márquez, lo atacaron a él y a su compañera Lorena Gil Barba. Recuerda que lo dejaron bañado en sangre.

Un año después, el 1 de mayo de 2007, Rivera y los integrantes del FAO participaron en una marcha por el Día del Trabajo. “Estaban también unos estudiantes universitarios que tras ser provocados por la policía fueron detenidos”, recuerda.

Dice que cuando fue a pedir la liberación de los cinco arrestados en su calidad de representante legal del FAO, “pude platicar con ellos y me enteré que las autoridades querían que los muchachos, a cambio de su libertad, firmaran unos papeles en los que me acusaban de haberles entrenado, pagado y proporcionado estupefacientes para que hicieran desmanes en el desfile de ese 1 de mayo”.

Tras ese episodio, los integrantes del FAO realizaron una investigación y se dieron cuenta que “había un plan por parte del gobierno del estado” para detener al activista.

“El 5 de mayo, llegando a mi casa de una reunión que tuvimos en San Pedro, encuentro mi hogar rodeado por unas diez patrullas de policía”, cuenta. “Desde ese día no duermo en mi casa”. Se escondió en “una casa de seguridad del movimiento” en la capital del estado.

Desde su “escondite”, el abogado solicitó un amparo que el Juzgado Tercero de Distrito de San Luis Potosí le otorgó cuatro días después. Gracias a ese recurso legal pudo percatarse de las acusaciones en su contra: motín, asociación delictuosa y faltas contra la salud. Dichas acusaciones fueron realizadas por la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal, cuya directora era María Luisa Paulín.

“Todo el expediente fue muy bien fraguado tanto por la empresa New Gold como por el gobierno estatal y la Procuraduría General de la República (PGR)”, afirma.

Después de recibir el amparo, las autoridades judiciales citaron al activista a una “audiencia constitucional” para el día 10 de mayo. Tras considerar la situación, Rivera decidió no presentarse y optó por ir primero a la ciudad de Querétaro y luego a la Ciudad de México.

“Ya en la capital, decidimos que saliera del país e irme a Montreal a pedir refugio”, pues en la ciudad canadiense “teníamos compañeros trabajando para el FAO”.

La espera

“El 24 de mayo de 2007 llegué al aeropuerto de Montreal, donde inmediatamente pedí refugio al gobierno canadiense”, relata. “Me apartaron de la fila (de personas) y comenzó así el tortuoso procedimiento burocrático”.

El abogado mexicano dice que en Montreal existe un grupo de estudiantes de la Universidad McGill que desde hace seis años colaboran con el FAO en “la denuncia de la compañía New Gold” por sus actividades en Cerro de San Pedro.

Explica que con la ayuda del abogado Jared Will, el proceso de recopilación de documentos y pruebas para sostener la petición de refugio tardó “unos ocho meses”. Una vez entregados los papeles a las oficinas del IRB, el mexicano quedó a la espera.

“El proceso se extendió demasiado –comenta–. Duró casi tres años”.

El 17 de diciembre de 2009, las autoridades canadienses concedieron a Rivera la primera audiencia. En ella, el juez Michel Byczak escuchó al solicitante y a su abogado y decidió posponer la decisión para una fecha posterior no especificada.

En febrero pasado, por correo, llegó la notificación de la nueva audiencia: 27 de abril pasado. Rivera comenta que en esta ocasión él y su abogado pudieron aportar “más pruebas relativas a la situación en México, a la condición de los luchadores sociales, a los abusos que sigue realizando la empresa Minera San Xavier”.

Entre “los abusos”, incluyó el caso de amenazas recibidas por otro activista del FAO, Juan Carlos Ruiz Guadalajara.

Consultado al respecto, Ruiz Guadalajara refiere que el pasado 13 de marzo por la noche, en pleno Festival Cultural Cerro de San Pedro (acto organizado cada año por el FAO) el empleado de la MSX, Ramón Márquez, autor de la golpiza a Enrique Rivera en 2006, lo abordó en plena plaza del pueblo, frente a policías estatales y el secretario del ayuntamiento de Cerro de San Pedro.

–¿Sabes quién golpeó a Enrique Rivera? –preguntó Márquez a Ruiz.

–Sí, fuiste tú –respondió este último.

–Sí, fui yo, y sigues tú –amenazó Márquez.

El 27 de abril, fecha de la nueva audiencia, Rivera y su abogado contaron con el testimonio del exdiputado por el Partido Convergencia, Jesús González Schmal, lo que “fue pieza clave” para aclarar al juez canadiense los pormenores y “el contexto jurídico de mi caso y las diferencias entre los ordenamientos” canadiense y mexicano.

También durante la audiencia el juez preguntó a Rivera cuánta gente participaría en el movimiento de oposición a la MSX. “Le dije la verdad: somos cerca de 70 personas que participan de manera activa y permanente, pero que el 22 y 23 de octubre de 2006, en una consulta pública que organizamos en el valle de San Luis Potosí, en donde convergen los municipios de San Pedro, La Soledad y la capital del estado, hubo la participación de 20 mil personas, de las que 97% estaba en favor del movimiento social”, cuenta.

Satisfecho, el juez “pronunció la sentencia favorable”.

Italia: condena ejemplar

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 09 de julio de 2010.
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El 17 de junio pasado, la Corte de Apelación del Tribunal de Génova, en Italia, condenó a un año y cuatro meses de prisión a Gianni De Gennaro, jefe del Departamento para las Informaciones y la Seguridad (DIS), que depende directamente del primer ministro y controla los servicios secretos italianos.

La sentencia obedece a que De Gennaro indujo el exjefe de la policía de Génova, Francesco Colucci, a mentir frente a los jueces que investigaban el papel mantenido por el entonces jefe nacional de la policía italiana (el mismo De Gennaro) en el operativo de desalojo realizado en las instalaciones del centro de medios del Génova Social Forum (GSF) el 21 de julio de 2001, durante las protestas contra la reunión del Grupo de los 8 (G8).

Un mes antes, el 18 de mayo, el mismo tribunal, condenó a otros 25 dirigentes de la policía italiana por distintos delitos relacionados con el mismo hecho. Entre ellos se encuentra el hoy jefe de la policía anticrimen, Francesco Gratteri; el excomandante de los antimotines de Roma (enviados en julio de 2001 a garantizar la seguridad en Génova), Vincenzo Canterini, y el exdirector de los repartos especiales de los carabineros, Giovanni Luperi.

Las condenas, que revocan la absolución de todos los imputados en el primer juicio emitida en 2008, abren la puerta no sólo del tercer y último grado de revisión del caso; es decir, la Corte de Cassazione, sino que abren la posibilidad de una “condena ejemplar” de la llamada “cadena de mando” que instruyó el operativo de desalojo de la Escuela Diaz en Génova, en esos días sede del centro de medios del movimiento que se reunió en la ciudad italiana para protestar contra la reunión de “los ocho Grandes”.

No obstante, tanto el ministro de Interiores del actual gobierno italiano, Roberto Maroni, como varios exponentes de la política italiana han ratificado el apoyo gubernamental a los funcionarios condenados. “Estos hombres (los condenados) tienen y siguen teniendo la plena confianza del sistema de seguridad (italiano) y del Ministerio de Interiores”, dice el comunicado oficial del gobierno italiano.

Los protagonistas

Tras la absolución (excepto de 13 policía antimotines) de noviembre de 2008, en el aula del tribunal de Génova se levantaron las consignas “¡Qué vergüenza!”, gritaban decenas de manifestantes y familiares de los detenidos aquella noche del 21 de julio cuando la policía italiana irrumpió en la Escuela Díaz y, con lujo de violencia, detuvo a 93 personas.

Hoy, tras la nueva sentencia, esas mismas personas reivindican “el pedacito de justicia que se nos concedió” y claman porque los funcionarios condenados “dejen su puesto ya”, inclusive antes que el máximo tribunal italiano, la Cassazione, dicte la última sentencia. “¡Se hizo justicia!” fue el primer comentario del doctor Vittorio Agnoletto, entonces portavoz del GSF, la red que organizaba el movimiento de protesta.

“Fueron necesarios nueve años, pero finalmente algunos jueces valientes han reconstruido la cadena de mano de la noche ‘chilena’ en la Díaz”, apuntó. Y añadió: “Dije ‘valientes’ no por casualidad, pues no es sencillo condenar a quien (De Gennaro) está en la jefatura de los servicios de inteligencia” de Italia. El también exdiputado en las listas de Izquierda Europea recuerda que todos los funcionarios condenados fueron, desde 2001 a la fecha, promovidos y hoy ocupan puestos de primera importancia en las fuerzas de seguridad italianas.

Por esta razón, continúa, “con esta sentencia nadie ya puede esconderse tras la retórica de las ‘manzanas podridas’ porque si éstas existen se encuentran en las cumbres de los aparatos policíacos y de los servicios secretos”. Y aclara: “Cualquier obra de ‘limpieza’ debe comenzar a ese nivel”. Por su parte, Laura Tartarini, abogada de quienes se manifestaron en esos días en Génova, señala: “Estamos satisfechos, pues la sentencia demuestra que por una vez todos somos iguales frente a un tribunal italiano”.

Sin embargo, el mismo Vittorio Agnoletto, tras aprender la postura del gobierno frente a la condena, afirma que los funcionarios condenados deberían dimitir o, en su caso, ser despedidos por el gobierno. “Espero que al menos este objetivo, que sería obvio en toda Europa, sea perseguido por la oposición” al gobierno de Berlusconi. Y abunda: “Ahora hay todos los elementos para remontarse a las responsabilidades políticas de quien en ese entonces era el primer ministro, Silvio Berlusconi, el ministro de Interiores, Claudio Scajola, o se encontraba en la sala de comando de los carabineros, Gianfranco Fini (hoy presidente de la Cámara de Diputados)”.

Con él coincide Luca Casarini, en ese entonces también portavoz del GSF, quien señala que la sentencia representa mucho más que una “justa y debida” revisión de la absolución en primer grado. Según el activista italiano, la sentencia tiene un grado político importante porque demuestra que “aquellos oficiales, hoy dirigentes de máximo nivel de la policía italiana, decidieron y ordenaron lo que luego sucedió”. Es decir, “es el Estado, en sus articulaciones más importantes, quien tiene la responsabilidad, no un individuo o algún funcionario corrupto”. Casarini comenta la posición del gobierno y pregunta: “Si en un país la única categoría (de personas) que se queda en su lugar a pesar de condenas muy graves es la que comprende a las fuerzas armadas, a los policías y a los carabineros, ¿qué es lo que está realmente sucediendo?

“Para los políticos investigados se pide la renuncia. Los periodistas arriesgan su puesto de trabajo si son condenados (…) no hablemos de los ciudadanos de a pie”, añade. Sin embargo, señala, a policías, carabineros y militares, quienes tienen responsabilidades, “no les sucede nada”. Para concluir, Luca Casarini pregunta: “¿Puede un país reivindicarse sólo un poco democráticamente si los únicos por los que hay completa impunidad por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, son los que detienen ‘el monopolio de la fuerza’?”.

“La carnicería mexicana”

La reunión del G8 en Génova en julio de 2001 fue el primer gran evento del nuevo gobierno de Silvio Berlusconi, que entró en funciones meses antes. En un contexto que aún no sufría las consecuencias del ataque a Estados Unidos del 11 de septiembre de ese mismo año, el movimiento social italiano se había organizado alrededor del llamado Génova Social Forum, un espacio de reunión de las corrientes que tenían la intención de contestar a la reunión oficial

Ante la presencia de por lo menos 300 mil personas en la ciudad italiana, el movimiento prometía organizar magnas protestas y amenazaba con romper el cerco (la llamada “zona roja”) que el gobierno había instituido en el centro histórico de Génova. Tras el primer día de manifestaciones pacíficas, el 20 de julio se desató la represión policíaca que, provocada aparentemente por los actos vandálicos de algunos manifestantes vestidos de negro, arrastró con todas las marchas que se dirigían hacia el centro de la ciudad. Ese día se recordará después sobre todo por la muerte del joven manifestante Carlo Giuliani quien, durante los enfrentamientos con los cuerpos antimotines, recibió un balazo en la cara por parte del también joven carabinero Mario Placanica.

El 21 de julio una marcha de magnas proporciones invadió la ciudad. A mitad del recorrido, la marcha fue otra vez atacada sin aparente razón por los cuerpos policíacos, que se dedicaron a golpear a los manifestantes y a detener a cuantos podían. Las decenas de denuncias de tortura sufridas en las celdas de la cárcel de Bolzaneto llegaron semanas después. Esa noche del 21 de julio, cuando un gran número de manifestantes se retiraba de la ciudad, la policía italiana decidió desalojar el centro de medios del GSF instalado en la escuela primaria “Armando Díaz” concedida por la municipalidad local al movimiento social.

El cateo previsto inicialmente se convirtió desde el primer momento en un asalto realizado con lujo de violencia y una larga lista de abusos. A las 21 horas de esa noche, los cuerpos antimotines entraron a la escuela dejando 93 heridos, charcos de sangre en cada uno de los cuartos de los edificios, dos días en coma para unos de los manifestantes arrestado. Michelangelo Fournier, funcionario investigado por los hechos, al hablar del escenario de violencia que presenció, dirá frente a los jueces: “Parecía una carnicería mexicana”.

Para justificar la “rudeza” de la intervención, primero los entonces jefes de la policía local narraron una agresión sufrida por parte de algunos manifestantes que se alojaban en el edificio. La versión fue desmentida por los jueces. Luego, aportaron como “evidencia” en contra de los manifestantes la existencia de dos botellas incendiarias en el interior del edificio.

Años después, los jueces vieron claramente en un video a dos funcionarios de policía ingresar al edificio con esas botellas y salir pocos minutos después con las manos vacías. Tras los acontecimientos, no sólo fue condenado Gianni De Gennaro por haber instigado a sus subordinados a mentir frente a los jueces que investigaban los hechos, sino también fueron condenados 25 oficiales mandos medios de la policía italiana.

En la intervención final antes de la condena del 18 de mayo, el fiscal Pio Machiavello afirmó: “No se pueden olvidar las terribles heridas procuradas a personas inermes, la premeditación, los rostros cubiertos, la falsificación de los testimonios, la detención de 93 manifestantes, las mentiras acerca de su presumida resistencia. Ni se puede olvidar la sistemática e indiscriminada agresión y la tentativa de endosar a todos los detenidos las dos botellas incendiarias que, al contrario, fueron llevadas por los policías mismos”.

Crisis humanitaria en San Juan Copala: “Nos están matando poco a poco”

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de junio de 2010
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Vivir en San Juan Copala, hoy, “es estar muriendo en vida. Hay un verdadero estado de sitio organizado por los paramilitares que rodean la comunidad y la están matando poco a poco”. Según Marcos Albino, miembro de la delegación del pueblo triqui presente en la Ciudad de México para promover la causa del municipio autónomo, la situación que vive San Juan Copala desde noviembre del año pasado “es una crisis humanitaria” que es urgente atender.

Coincide con él David Venegas, del colectivo Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL): “El atentado del 27 de abril pasado llamó mucho la atención de los medios y de la opinión pública”, sin embargo “esta atención poco se ha concentrado en la crisis humanitaria de grandes proporciones que vive el municipio autónomo”. Dicha situación, según el activista oaxaqueño, no se acabó el 27 d abril sino al contrario “se fortaleció tras el atentado”.

A pesar de lo anterior, Marcos Albino aclara que la autonomía de San Juan Copala no está en discusión y que ésta significa, antes que nada, independencia de los partidos políticos y de sus tiempos electorales. “Ya tuvimos experiencias amargas con los partidos como para caer otra vez en ese juego”, explica.

El aislamiento

Entrevistado bajo las lonas del plantón que los integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala mantienen en el zócalo de la Ciudad de México, Marcos Albino cuenta la larga campaña de difusión que emprendieron a partir de noviembre del año pasado: “Son seis meses que estamos fuera de nuestra comunidad tratando de dar a conocer nuestra situación”. En este largo periodo, relata, “no he vuelto a pisar mi comunidad”.

El municipio de San Juan está completamente cercado por los grupos paramilitares de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en particular al actual gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortíz. Albino explica que “el municipio está cercado por grupos armados. No podemos transitar, no hay comunicación con los compañeros de allá”.

Para llegar al municipio, describe, tienen que pasar por un pasaje en el bosque para evitar a los paramilitares. “Pero aún así los encontramos”, aclara. Desde noviembre no hay luz en las comunidades del municipio, ni agua potable. A esto se añade la falta de condiciones para comprar víveres en zonas comerciales de la región.

Aunado a lo anterior, Albino señala que los niños “no están teniendo educación y no hay centros de salud que nos atiendan. Estar ahora en San Juan Copala –advierte- “es como estar muriendo en vida”.

Acerca de la campaña de medios que el gobierno del Estado ha instrumentado en contra del municipio autónomo, Albino señala que “el gobierno estatal trata de crear confusión acusando al municipio (de San Juan Copala) de querer crear autoatentados”. El objetivo de las caravanas, entonces, es llevar víveres y romper el cerco, pero también “documentar la situación para que el mundo, la gente, vea lo que es la realidad a través de la voz de la gente de la comunidad y no sólo por mi testimonio”.

La misma preocupación expresa Venegas, de VOCAL, quien dice que es el Estado de Oaxaca el que está detrás de la violencia paramilitar y que éste ya encontró una explicación y una estrategia comunicativa para defenderse a nivel internacional: decir que es el mismo municipio quien busca ser mártir y organiza la violencia en su contra. Lo anterior, afirma, “para justificar una posible militarización del territorio para poder acabar con la experiencia autónoma”.

Tras el atentado, más violencia

David Venegas, de VOCAL subraya que la violencia, tras el atentado del 27 de abril pasado en contra de la caravana de observación de derechos humanos, no ha disminuido sino, al contrario, se ha incrementado. Prueba de ello son los dos ataques que sufrieron los indígenas del municipio autónomo en el curso del mes de mayo. Marcos Albino detalla también el secuestro que se realizó en contra de “11 compañeras que trataron de llegar a la cabecera municipal de Juxtlahuaca para comprar víveres”. Fue el 15 de mayo pasado cuando 35 mujeres triquis de San Juan Coapala trataron de romper el cerco al municipio autónomo “pues ya es imposible vivir en esas condiciones”.

Al llegar al municipio, dos integrantes del grupo son rodeadas por hombres armados y llevadas a las instalaciones del municipio para que las recibiera el dirigente de la UBISORT, Rufino Juárez. Ahí, tras ser amenazadas de muerte y recibir la advertencia de que no volvieran porque podrían sufrir alguna emboscada, las dos logran escaparse y reunirse con sus compañeras. A este punto, cuenta Albino, las mujeres logran comunicarse con las autoridades del municipio autónomo quienes de inmediato exigen protección al Secretario de Gobierno del estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez.

La protección llega hasta el día siguiente bajo forma de una comisión de derechos humanos del estado y algunos policías. Los uniformados, según el testimonio de Albino, llevaron a las indígenas triquis sólo hasta la comunidad de Yosoyusi. En este punto, relata Albino, los funcionarios del gobierno afirman: “las mujeres ya están en su territorio, ahora es su responsabilidad”. La situación se complicó mucho, pues las mujeres ya querían y necesitaban reunirse con las familias y los hijos dejados tres días antes en sus casas, sin embargo no había medios para transportarlas.

Finalmente, el grupo decidió marcharse por la carretera federal rumbo a su comunidad de origen, a casi una hora de distancia en automóvil. Albino no esconde su enojo: “Sabían dónde las estaban dejando, sabían perfectamente que entre la localidad en donde las dejaron y su casa estaba La Sabana, la comunidad en donde se dio el atentado del 27 de abril”. Una provocación, según el integrante del municipio autónomo, que surtió su efecto: la larga marcha de las 35 mujeres fue interceptada por un grupo armado de la UBISORT, quien retuvo a 12 de ellas por el lapso de poco más de diez horas en condiciones de amenaza, arrodilladas y encaañonadas en las instalaciones de un cuartel militar abandonado.

Tras la liberación de las mujeres triquis, la violencia no paró. El 20 de mayo, Timoteo Alejandro Ramírez, dirigente del municipio autónomo de San Juan Copala, y su esposa Cleriberta Castro, fueron asesinados en su propia casa “por unos sicarios que los testigos oculares identificaron como integrantes del Movimiento de Unificación de Liberación Triqui (MULT) cercano a la UBISORT”. Marcos Albino recuerda que “Alejandro Timoteo era uno de los mayores impulsores de nuestra autonomía”. Su muerte “es algo muy triste para nosotros, pues era un punto de referencia para quienes creemos en la justicia y en el autogobierno”. Y aprovecha para recordar que desde la declaración de autonomía del municipio de San Juan Copala, el primero de enero de 2007, y hasta la fecha, la experiencia autónoma de los triquis de Oaxaca ya ha sufrido más de 30 asesinatos.

La autonomía

David Venegas, quien participó a la caravana que el 27 de abril fue brutalmente atacada por los paramilitares de la UBISORT, explica que en este momento en Oaxaca, “en donde las heridas del 2006 están aún abiertas”, la experiencia de San Juan Copala es muy importante porque es producto de la insurrección del 2006; en parte es el resultado de la acumulación del pueblo triqui que ha aprendido que la autonomía es el mejor camino para vivir afuera del capitalismo. “El ataque a San Juan Copala -continúa- es importante para el gobierno, que no quiere que esa experiencia se convierta en un precedente exitoso, un ejemplo para las demás comunidades indígenas y organizaciones populares que haga perder el control político en el territorio”.

Para “los autónomos”, dice Marcos Albino, “la autoridad es la base, la asamblea general”. Dicha asamblea, detalla, elige a sus representantes, al presidente municipal autónomo, a su suplente, etcétera. “Pero ellos no son la autoridad, esa es la gente. Es la gente que da el sí o el no para que las cosas se hagan”. La asamblea se reúne cada mes o cada quince días según la necesidad. El cargo se le asigna a una persona. Albino aclara que “si ésta no acata las decisiones de la asamblea, se le retira (el cargo) y se cambia al responsable. Esta es para nosotros la autonomía”.

Para el entrevistado, autonomía significa también distancia de los partidos políticos. “No nos interesa el 4 de julio”, es decir el día de las próximas elecciones para gobernador del estado de Oaxaca. “No tenemos tiempos electorales, no nos importan”, insiste, y añade que si a los partidos les interesa (la elección) “que hagan lo que quieran pero no nuestro municipio”. Para los autónomos todos los partidos son iguales, ya que “hemos tenido muy amargas experiencias con estas cosas como para recaer otra vez”.

No obstante lo anterior, Albino afirma que “lo que sí nos interesa de este proceso es el hecho que para sus elecciones nos están amenazando a nosotros, están presionando a las comunidades triquis y al municipio autónomo. Eso sí nos preocupa”. Por esta razón “no estamos impidiendo que se solidarice con nosotros quien quiera hacerlo, pero no permitirán a nadie llevar sus banderas o símbolos de partido: Si son diputados o senadores no nos importa, pero que no lleven sus banderas. Si no quieren hacerlo por nuestra autonomía, que lo hagan por la gente que sufre el día de hoy”.

Acerca de la relaciones entre la base (asambleas general) y sus representantes, Marco Albino es claro: “Esta es la diferencia que tenemos con el MULT y con la UBISORT: sus líderes hacen y deshacen según su gusto, sin consultar a la gente”. Sin embargo, le apremia también aclarar que “siempre lo hemos dicho: la gente no tiene la culpa. Es como el caso del MULT: la gente no tiene la culpa, la responsabilidad es de los dirigentes, de los líderes, son ellos que están manejando mal a la organización, no la población triqui”.

Marcos Albino concluye que lo único que quieren es vivir en paz y libres. “No les estamos quitando el dinero ni el poder, no les pedimos nada. Simplemente queremos que nos respeten y nos dejen autogobernarnos”. Y pregunta: “¿Qué conoce un gobernador en Oaxaca de la vida de los de abajo? Ellos van por el poder y por el dinero, cosas que a nosotros no nos interesan”.