La gestión comunitaria del agua en Cochabamba

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de junio de 2010
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Cochabamba, Bolivia. A diez años de la llamada “guerra del agua”, que en la primavera del año 2000 sacudió la ciudad de Cochabamba y acabó marcando el inicio del proceso que llevó a Evo Morales a la presidencia de Bolivia, el derecho al agua para la población de Cochabamba sigue siendo un objetivo por alcanzar.

En el sur de la capital de la provincia de Cercado y del departamento homónimo, existe hoy una experiencia autónoma que alrededor de la gestión del recurso hídrico construyó su propia organización y que hoy, tras seis años de existencia, abastece del precioso líquido aproximadamente a 250 mil personas, es decir, una cuarta parte de la población de Cochabamba.

Nacida en agosto de 2004, la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua del Sur (ASICA-SUR) es una organización que aglutina actualmente a más de cien sistemas de agua comunitarios. Según sus integrantes, es también una organización sin fines de lucro que no responde a ningún partido.

El ingeniero Carlos Oropeza Aguilar es desde hace cinco años parte del equipo técnico de la asociación y se ocupa de coordinar al proyecto macro de ASICA-SUR, es decir “planifica, evalúa y realiza el seguimiento a las diferentes áreas de acción” de la organización. Entrevistado por Desinformémonos, Oropeza Aguilar afirma: “Nosotros en cuanto consumidores mayores, tenemos el derecho de ser parte de la gestión, pero no cómo el modelo de ‘observatorios ciudadanos’, sino como parte de la misma gestión, tomar las decisiones”.

“La necesidad de organizarnos”

Carlos Oropeza cuenta que ASICA-SUR nació por “la ausencia del estado, de las autoridades, de las entidades públicas que tenían la obligación de atender a la población con servicios básicos”. Por ello, continúa, la población se organiza en pequeños sistemas locales de agua, los llamados “comités de agua”, que con sus propios esfuerzos logran constituir pozos, tanques, sistemas de extracción y de distribución. Lo más valioso, apunta Oropeza, es justamente que dichos comités administran y gestionan autónomamente los sistemas de agua construidos.

ASICA-SUR, entonces, nace cuando “estos comités, que se crean cada uno por su cuenta, comienzan a sentir la necesidad de ser atendidos por el Estado”. El encargado de proyectos de la organización afirma que la autoridad nunca quiso escuchar a los comités y, por ello, la gente comenzó a percibir la necesidad de constituir una entidad matriz que los aglutinara y que se hiciera portavoz de todos estos pequeños comités.

El miembro del equipo técnico de ASICA-SUR aclara que los comités existían mucho antes de la llamada ‘guerra del agua’ del año 2000 y reivindica que “justamente cuando se da la tentativa de privatización del sistema de agua, los comités toman un rol protagónico en la protesta”. Dicho rol protagónico no fue sólo de los comités, según el Carlos Oropeza, sino de “toda la zona sur de la ciudad”.

Carlos Oropeza explica que “al cumplir con el fortalecimiento de ASICA, cumplo con mis principios personales y profesionales”. Narra que ‘la guerra del agua’ les enseñó que hay que organizarse, pues “solamente organizados, unidos, y con espíritu de lucha es que vamos a poder construir la vida que queremos”. Y añade que se podría decir que ASICA-SUR es fruto de la guerra del agua.

“La constitución de la organización es fruto de un proceso. Una vez que termina la protesta del año 2000, todo mundo se fue a su barrio a realizar un trabajo de base. ASICA-SUR no surge inmediatamente después de la victoriosa protesta de aquella primavera boliviana. Primero fue ir a los barrios, concientizar a la gente acerca de la importancia del recurso. Luego, fueron a trabajar con los pequeños comités y socializar sobre la importancia de organizarnos y desde abajo se fue poco a poco construyendo todo. desde abajo se fueron escribiendo los estatutos, los reglamentos. Fue un trabajo largo”, relata el entrevistado.

La relación con el gobierno

Para Carlos Oropeza, la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia desata la esperanza entre los comités, quienes fueron y se consideran “la base social de este proceso de cambio, que el gobierno dice estar encaminando, pues es esta gente (la de los comités) quien empujó este proceso, quien los llevó al gobierno”. Oropeza admite que al ver “sus representantes” al gobierno, sintieron la esperanza de tener finalmente atención por parte de las autoridades.

Sin embargo no ha sido precisamente así. “Hubo algunos avances, en el sentido de que hemos recibido un financiamiento directo por parte del gobierno, cosa que nunca había pasado, pues antes el dinero pasaba por alguna autoridad local y no llegaba a la base”.

Detalla que en estos meses están utilizando un financiamiento de cuatro millones de dólares para la construcción de infraestructuras para los comités de agua. Además, “al parecer hay intención por parte del gobierno de reconocer estos pequeños comités de agua, de darles su registro, para que funcionen en un marco legal”. Aunque admite que estos son pequeños cambios positivos, Carlos Oropeza afirma que “no obstante, no estamos conformes”.

Tajante, el ingeniero de ASICA-SUR demanda mucha más inversión, pues “para lo que se necesita es muy poco lo que hasta ahora se ha invertido”. La razón de esta situación, indica, es porque el gobierno aún no define sus políticas alrededor de las necesidades reales de la gente y, al contrario, opta por programas y planes que le van a favorecer políticamente, como puentes, carreteras, “en fin, cosas que uno puede ver”. Los acueductos y los pozos no se ven, por esto, denuncia “sabemos que para el gobierno nosotros no tenemos significado político”.

Sin embargo, ASICA-SUR y sus integrantes parecen estar muy conscientes de la fuerza con la que cuentan. Los poco más de cien comités atienden a cerca de 700 familias cada uno, haciendo un total de más de 200 mil personas, la cuarta parte de la población de Cochabamba. Carlos Oropeza aclara: “Ojo: estamos diciendo que son 250 mil personas que están organizadas en los sistemas de agua locales”. Y advierte: “El gobierno sabe que esta es una fuerza que podría ser su gloria o su tumba”. Y a pesar de que el gobierno siempre haya tratado de “hacernos suyo, de someternos, ASICA-SUR se ha mantenido independiente, nunca aceptó incorporarse a nada que ofreciera el gobierno.”

Por ahora, ASICA-SUR sobrevive gracias a la cooperación internacional. La asociación italiana Centro Volontariato Internazionale (CeVI) es parte de dicha cooperación “en el marco de Proyectos de Cooperación Internacional entre Italia y Bolivia”. Dice el representante de la organización italiana en Bolivia: “Lograr la sustentabilidad de la gestión del agua comunitaria e impulsar una gestión participativa y solidaria del recurso es importante porque el agua debe ser fuente de democracia y justicia y no de desigualdades y ganancias”.

La independencia

El miembro del equipo técnico de ASICA-SUR expone que siempre hubo la idea de mantenerse independientes, “fuera cual fuera el gobierno”. Acerca de los apoyos recibidos – los cuatro millones de dólares mencionados -, Carlos Oropeza aclara: “Si el gobierno quiere apoyar, adelante, pero eso no implica someterse a nadie”.

Esta actitud hacia las autoridades, abunda, también les costó en cierta medida, pues las presiones gubernamentales no faltan. “El gobierno sabe que somos independientes, pero, por ejemplo, ha intentado llevarse personas de la organización ofreciendo puestos de gobierno”.. En otras ocasiones, el gobierno invitó a los miembros de ASICA-SUR a participar en eventos y movilizaciones.

En algunas ocasiones, admite el ingeniero de la organización, hubo respuesta positiva por parte de ASICA-SUR. No obstante, afirma, “luego vimos que nos estaban utilizando, pues no respondían a nuestra necesidades como nosotros lo queríamos”. Y aunque nunca hubo represión directa, “asumimos que podría suceder”.

Durante la tercera Feria Internacional del Agua, organizada por ASICA-SUR junto a otras organizaciones en los días previos a la aclamada Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático (CMPCC), dice Carlos Oropeza, “se sintió la ausencia de algún representante del gobierno”. Este año, en efecto, el gobierno junto al Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Evo Morales) organizó un evento aparte para celebrar el décimo aniversario de la ‘guerra del agua’.

Durante el primer mandato de Evo Morales hubo funcionarios muy cercanos a la organización y los mismos siempre participaron en sus eventos. Como muestra del cambio de actitud y de relación entre la organización y el gobierno, Oropeza cuenta que el gobierno no los invitó a la CMPCC: “Nosotros sentimos que quisieron convocar sólo a las organizaciones que están sometidas a la voluntad del gobierno, donde se hace lo que la cúpula decide”.

Otro modelo de gestión del agua

La zona sur de Cochabamba, según Carlos Oropeza, es una zona que se pobló con la gente que migró desde otros lados. La gente vino sobre todo de los que son centros mineros en el país “por eso la gente trae arraigada la vocación a la organización”. La fuerte tradición sindical del sector minero en Bolivia tuvo gran influencia en la formación de los comités locales de agua.

Al mismo tiempo “mucha gente vino de las áreas rurales, del campo, donde lo fuerte es lo comunitario. La comunidad es un concepto central pues el trabajo se hace en común”. También muy arraigada es “la práctica de la ayuda mutua”. Estas dos realidades se han juntado, expone, “cada una puso de su parte”. “¡Organicémonos y trabajemos!”, fue la consigna. Y reivindica: “Esa es la parte rica de nuestra experiencia: campesinos, indígenas y cultura minera”.

Acerca del fuerte compromiso que la gente demuestra en las actividades coordinadas por ASICA-SUR, Carlos Oropeza señala la importancia de que todos los sistemas de agua fueron construidos por la propia gente, lo que permite que toda la comunidad los proteja y los cuide. La gente no siente la obligación de participar, explica, “pues se involucra alrededor de su necesidad y de lo que construyó con sus propias manos”.

La organización nació en un principio sólo como portavoz de la asamblea de todos los comités. Luego, a lo largo del tiempo, se dio la necesidad de organizar un equipo técnico para ofrecer asistencia a los comités y es ahí, dice Oropeza, “cuando ASICA-SUR se convierte en una organización que va también a reforzar el trabajo de cada sistema de agua”.

Además, explica, el equipo técnico surgió también porque los comités se dieron cuenta que las autoridades no gestionaban proyectos. Por ello, ASICA-SUR se volvió un gestor y un ejecutor de proyectos. “La organización es un poco sui generis, pues por un lado es como un sindicato por otro lado es como una empresa”, comenta el ingeniero boliviano.

Tan es así, que actualmente, ASICA-SUR tiene firmado un convenio con SEMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable de Cochabamba, el servicio público de la ciudad) para que la organización independiente ofrezca servicio de agua potable con sus tres carros cisternas (pipas).

Todo lo anterior, precisa Carlos Oropeza, es el fruto de un trabajo comunitario y autogestionado que tiene su propia organización. Hay un directorio que es elegido por la asamblea de los representantes de los comités que cuenta con cinco miembros y un presidente y como función tiene la de ejecutar lo que ellos – la asamblea de representantes – determina.

Este espacio de “dirección” percibe una compensación económica por su labor permanente, a diferencia de la asamblea, cuyos miembros (los representantes de cada comité local) no tienen sueldo alguno. Carlos Oropeza precisa que el directorio es renovado cada dos años, “aunque la asamblea tiene la facultad de revocar el mandato en cualquier momento”.

Con este tipo de funcionamiento, ASICA-SUR se propone también como modelo alternativo y “democrático” de gestión del recurso hídrico. “Observamos que la empresa pública que fue rescatada durante la guerra del agua no está respondiendo, no sirve. La empresa, cuando tiene muchos usuarios, no logra funcionar con la participación social de la gente. Por esto, como sistemas de agua que somos decidimos no volvernos usuario, sino fortalecernos y convertirnos en un modelo de gestión, primero comunitario”.

No obstante, la interacción con el servicio público es necesaria ya que es la empresa pública la que tiene la propiedad de las mayor parte de los pozos de agua. La propuesta de ASICA-SUR es comprar agua en bloque a la empresa pública y gestionar su administración y distribución, tal y cual “hacemos ahora con el agua que extraemos nosotros”.

“Un modelo así es mejor porque es comunitario y eso significa mayor transparencia en el proceso. Nosotros en cuanto consumidores mayores, tenemos el derecho de ser parte de la gestión, pero no como el modelo de ‘observatorios ciudadanos’, sino como parte misma de la gestión, tomar las decisiones”, finaliza Oropeza.

La fallida guerra contra el narco

El presente artículo fue publicado en el número 123 del periodico español Diagonal el día 3 de abril de 2010
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El 31 de enero pasado, en la madrugada, un comando armado hizo irrupción en una casa privada, en la periferia de Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos. En esa casa se estaba llevando a cabo una fiesta entre adolescentes. El comando irrumpió, separó a hombres y mujeres. Éstas, en su mayoría menores de edad, fueron inmediatamente alejadas de la casa. Los hombres, en cambio, fueron obligados contra una pared. Con los adolescentes en fila, los agresores dispararon con sus armas largas. El resultados: 16 muertos – todos menores de edad, excepto dos – y decenas de heridos.
La matanza de este grupo de adolescentes revivió, si fuera necesario, el asombro y la indignación de parte de la sociedad mexicana frente la ola de violencia que se registra en México a raíz, se dice, de la llamada ‘guerra al narcotráfico’ promovida desde la presidencia de la república mexicana, es decir por decisión del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Según datos del mismo gobierno mexicano, a partir de la actual administración, en diciembre de 2006, y hasta la fecha se contarían más de 18mil muertes ligadas a dicha ‘guerra’. Según fuentes periodísticas, pero, el dato resulta de mayor impacto, pues la frecuencia de dicho asesinados es en aumento: si en 2007, las primeras mil muertes se alcanzaron en 134 días, en este año pasaron sólo 34 días para que las estadísticas registraran los primeros mil asesinados.
La matanza de Ciudad Juárez del pasado 31 de enero no es la última ni la más grave que haya ocurrido en los últimos meses. Sin embargo ha sido y siegue siendo en estas semanas una razón más que suficiente para dirigir especial atención tanto a esta ciudad fronteriza, ya golpeada por el triste fenómeno del feminicidio – por cierto, ya no exclusivo de esta ciudad -, como al estado de Chihuahua, entidad federal escenario del más elevado porcentaje de homicidios del país. En efecto, se calcula que hasta una cuarta parte de todos los homicidios cometidos en lo que va de la actual administración habrían sucedido justamente en este estado norteño.
Frente esta situación, e inclusive desde las filas del gobierno o del partido que lo sostiene, el Partido de Acción Nacional (PAN), se desprenden las críticas acerca de la que muchos ya definen ‘estrategia fallida’ del gobierno mexicano. Dicha estrategia, según los críticos de las distintas partes políticas, encontraría su fracaso en la decisión gubernamental de centrar la represión hacia la delincuencia organizada en la sola vía militar: despliegue del ejercito federal (en clara violación al texto constitucional) en contra de los carteles del narcotráfico; promoción de reformas legislativas que amplían facultades y poderes de las fuerzas del orden; fuerte e intensa campaña mediatica de respaldo tanto a las acciones de las fuerzas armadas (por otros sectores acusadas de repetidas violaciones a los derechos humanos) como de criminalización o desprestigio de toda organización social autónoma e independiente de las intenciones gubernamentales.
Desde la sociedad civil de Ciudad Juárez se ataca al gobierno federal mexicano. “No hace nada”, gritan. “El gobierno mexicano tiene 16 mil 217 elementos en Juárez: 8 mil 500 son soldados, 4 mil agentes de la Policía Federal, 2 mil 850 policías municipales, 487 preventivos estatales y 380 agentes ministeriales”, y sin embargo, denuncian, “60mil familias en los últimos tres años tuvieron que abandonar la ciudad”. Es más: “Hay cerca de 10mil menores de edad en estado de abandono, pues sus familias murieron en esta guerra absurda”. Tras tanta indignación y protesta, finalmente el gobierno mexicano tuvo que responder proponiendo un cambio de estrategia: programas sociales, inserción laboral, prevención del delito. Todo “para recomponer el tejido social”, según el propio Calderón.
No obstante lo anterior, desde la sociedad civil mexicana se levantan ya las dudas y las críticas al gobierno mexicano. Éstas van desde las consignas de las marchas de estas semanas en Ciudad Juárez como son “Calderón mentiroso y farsante” hasta las acusaciones abiertas pronunciadas por las organizaciones cívica de Juárez: “El gobierno federal encubre paramilitares y escuadrones de la muerte”, en referencia a las matanza de jóvenes – última, pero no única, la del 31 de enero. Por otro lado, vale la pena retomar una declaración del noviembre de 2008, en la que el Ejercito Revolucionario Popular Insurgente – grupo guerrillero activo – acusaba a Calderón de esta forma: “Hoy se siembra un terror de Estado que lleva la consigna de ‘guerra al narco’; en realidad se trata de una estrategia multifacética del régimen calderonista que tiene en la violencia y la impunidad su norma. Ante la poca legitimidad y la falta de credibilidad de que goza, el gobierno panista busca controlar a su favor (no desaparecer) el mercado de las drogas, dentro de un contexto de crisis económica aguda. Para esto criminaliza e intimida a las organizaciones sociales y formaliza las estructuras y prácticas mafiosas ya existentes en muchos cuerpos policiacos, y crea códigos judiciales (verdaderos códigos de guerra que consideran enemigo a cualquiera que quiera acusar de delincuente) para imponer su terror”. Ahí está la duda entonces. ¿Hasta qué punto la estrategia es fallida? ¿Estamos en la vía definitiva de la colombianización de la sociedad mexicana?

Es ilegal ser ilegal

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 14 de junio de 2008
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Mucho se debate hoy en Europa acerca de la novedosa idea del gobierno de Italia de legislar para que la estancia ilegal en el territorio de la península no sólo sea una infracción de tipo administrativo –como lo es desde 2002–, sino que sea penalmente perseguible con cárcel. A pesar de las críticas de acreditados miembros de la comunidad internacional y nacional –la ONU, el Vaticano, parte del gobierno del Estado español, el Consejo Superior de la Magistratura italiano, Amnistía Internacional– que le han llovido como tormenta caribeña al equipo de gobierno italiano, éste sigue su camino: castigar penalmente a quienes se encuentren ilegalmente en el país. Es más, según los planes, cualquier delito será más grave si es cometido en estado de estancia ilegal, como si robar o matar a alguien fuera más grave si quien lo comete es una persona sin documentos.

Y sin embargo, esta propuesta que se quiere convertir en norma choca abiertamente con lo que ya es real, y que es la muerte, el sufrimiento y la precariedad del ser hoy migrante ilegal en Italia y en Europa. Las noticias de estas semanas acerca del tema migratorio cuentan de un mundo de lógicas perversas. Porque mientras en los palacios de gobierno se discute y se opina y se justifica y se defiende y se argumenta y no se entiende, en el estrecho pedazo de mar que separa el sur itálico –y Europa– de África se salvan del naufragio 27 migrantes, cuyo barco fue víctima de las tempestades mediterráneas. No tuvieron la suerte de un Ulises los otros, quién sabe cuántos, cuyos cuerpos se encuentran de vez en cuando, en los arenados de las playas asoleadas de Sicilia, o los que desaparecieron pero que sí estaban, según testimonios de los sobrevivientes. Regresarán, aseguran, a flotar algún día. Añadimos que ojalá comiencen a flotar en las conciencias de quienes hoy creen y aseguran que éstos son los nuevos criminales que hay que enfrentar con toda la fuerza de la ley –léase nuevas leyes restrictivas– y del Estado –léase policía y ejército–. ¿Pero son éstos los nuevos criminales? ¿En serio creen poder frenar la inmigración de aquellos que simplemente buscan una vida lo más parecido posible a lo que han imaginado para ellos mismos y para sus hijos?

Y en esta situación, otra imagen nos aparece ante los ojos. Es la de cientos de hombres, mujeres y niños encerrados en las cárceles de Libia –las que conocemos, porque quién sabe qué suceda en Túnez, Argelia, Marruecos, etcétera– a la espera de que la contratación entre las partes, de la cual sus cuerpos definen la moneda de intercambio, defina sus rastros. Si Italia paga, Libia o quien por ella intervenga los llevará a otro lado. Y si no se quedarán ahí, a marchitar otro tiempo, de todas formas otro barco saldrá pronto hacia Europa. Esa Europa a la cual apelamos quienes exigimos respeto a los derechos y una nueva ética. Esa Europa que sigue presumiendo el primado ético frente a su similar estadunidense cuando se habla de derechos humanos. Esa misma Europa que acaba de aprobar la llamada directiva de la vergüenza, aunque oficialmente se le conozca como la “directiva de retorno” (La Jornada, 18/5/08). Esa Europa que se construye en las reuniones secretas entre burócratas y superpolicías para definir las líneas represivas antimigrantes y que está avalando la detención administrativa –un oxímoron inocente, obviamente– de hasta 18 meses y la prohibición a regresar en Europa durante cinco años para los expulsados.

En este contexto, la legalidad comienza con perder su sentido original y se transforma de ser pacto social compartido en ser pacto entre pocos a costa de las mayorías. Por converso, la legitimidad cobra fuerza, esa misma legitimidad que obliga y empuja a miles cada día a emprender un viaje que más que ser tal es una apuesta hacia la vida. La legalidad a la que apelan gobiernos y comentaristas domesticados –en Italia, en Europa y no solamente ahí– se reafirma hoy como el enésimo instrumento de presión social y control de la crisis. Ser ilegal hoy ya no es una condición temporal y excepcional. Ilegal es el nuevo nombre del diverso, del distinto y, según estos profetas de la nueva moralidad, es el nuevo nombre del peligro y del inadaptado. Que no haya comida o que ésta cueste demasiado, que no haya trabajo o réditos dignos, poco importa. El peligro es otro y es el de convertirse en ilegales o bien ser invadidos por ellos.

Nosotros y ellos, legales e ilegales. Esta es la nueva frontera entre ser y no ser. O, más bien, entre ser ciudadanos y ser simples agentes del progreso ajeno. Porque si algo les queda claro a estos arquitectos de las sociedades de la exclusión es que sin migrantes la máquina capitalista posneoliberal no funciona. Podrá entrar en crisis el mercado de valores, podrá haber escasez de alimentos (?), podrá haber crisis de gobierno, pero la máquina productora capitalista no puede funcionar sin que haya quien aceite los engranajes de la misma. Y si la ilegalidad es el nuevo espacio de la exclusión y el nuevo instrumento de la opresión, pues quizás teníamos razón los que caminábamos y caminamos las calles de las ciudades europeas mil y más veces en protesta y que gritamos “nadie es ilegal” y “todos somos clandestinos”. Asumirse como tales, quizás sea hoy la nueva frontera de la resistencia al proyecto posneoliberal.

ONU: los abusos de los "protectores"

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 2 de junio de 2008
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“Mis amigos y yo caminábamos en las cercanías de Palacio Nacional (en Puerto Príncipe) cuando nos encontramos a dos hombres ‘humanitarios’, quienes nos llamaron y nos enseñaron sus genitales. Después, nos ofrecieron 100 gourdes (casi tres dólares) y un poco de chocolate. Yo me rehusé, pero algunas chicas lo hicieron y se llevaron el dinero”.

Tal testimonio corresponde a una niña haitiana de 10 años de edad. Está incluido en el informe titulado Sin nadie a quien dirigirse realizado por la organización no gubernamental Save The Children, con base en una investigación realizada en tres países: Haití, Sudán del Sur y Costa de Marfil.

Su conclusión es tajante: personal de Naciones Unidas dedicado a labores humanitarias o de mantenimiento de la paz y miembros de diversas ong`s que establecen programas de ayuda internacional, cometen abusos sexuales contra menores de edad.

El informe –dado a conocer este mes– califica de “significativos” los niveles de abuso sexual contra niños y adolescentes de ambos sexos que se encuentran en países con “situaciones de emergencia”, y afirma que muchos de esos abusos no son denunciados.

Identifica en general las características de las víctimas: huérfanos, niños separados de sus familias y menores cuyas familias dependen de la ayuda humanitaria.

Señala: pese a que “el problema (de los abusos sexuales) es conocido desde al menos el 2002” y a “que se han dado pasos importantes para su resolución”, las iniciativas y esfuerzos han fracasado, debido a que “dependen de la voluntad y la capacidad por parte de los niños y sus cuidadores de denunciar los abusos sufridos”.

Por esta razón, explica el documento, “romper el silencio alrededor de este problema es una vía para solucionarlo”.

La ong inglesa recomienda varias medidas para enfrentar este problema, como “constituir eficaces mecanismos locales para realizar denuncias; crear un órgano de monitoreo de las acciones de la comunidad internacional encaminadas a resolver el problema, y enfrentar las causas de fondo de los abusos”.

El pasado 27 de mayo, un portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó el desconcierto de la institución internacional ante el informe de Save The Children. Aseguró que se prestará la máxima atención a los casos que involucren a elementos de las misiones de la ONU, y subrayó que ésta “seguirá dependiendo de los esfuerzos activos de sus tropas y policías para ayudar a los países en las investigaciones y educación de su personal”.

Los abusos

Durante 2007, Save The Children entrevistó a 250 a niños de diferentes edades de Haití, Sudán del Sur y Costa de Marfil. También, a miembros de ong`s y de agencias internacionales de ayuda humanitaria. Y confrontó datos estadísticos de diferentes fuentes.

Con base en ello elaboró su informe, el cual señala que la situación es tan grave “como para sugerir la urgencia impostergable de tomar medidas para solucionar el problema de los abusos sexuales hacia menores por parte de personal y miembros de las distintas misiones humanitarias y/o de mantenimiento de la paz”.

El informe expone diversos tipos de abusos: comercialización de sexo por comida y bienes no monetarios; relaciones sexuales forzadas; manoseos; prostitución infantil; pedopornografía, y esclavitud sexual.

En Costa de Marfil, tres jóvenes, de 14 años, relatan su relación con la base de las fuerzas de mantenimiento de la paz que la ONU estableció en este país: “Desde 2003 trabajamos con las tropas ahí asentadas (…) Les vendemos esculturas y otros objetos y nos ganamos dinero para cubrir las necesidades de nuestras familias”, dicen.

“A menudo nos piden otros favores. Por ejemplo, que consigamos niñas de nuestra edad. Les conseguimos las muchachas que se ponen ansiosas de los regalos que les prometen, como dinero o teléfonos celulares (…) Sabemos que esto no es bueno, pero así también ganamos algo más nosotros”, señalan.

En Sudán del Sur, un muchacho de 16 años explica que hay niños más vulnerables que otros: “Las niñas son huérfanas. Si piensan que ser abusadas les ayude, ellas van y hacen esas cosas a cambio de comida”.

El documento especifica: “Todas las agencias están bajo riesgo de padecer este problema (…) La amplitud de ong `s locales e internacionales, de agencias ONU y otros actores implicados (…) sugiere que este es un problema que involucra a un amplio rango de organizaciones”.

Señala que, durante su investigación, Save The Children recolectó denuncias contra al menos 23 organizaciones involucradas en acciones humanitarias, de mantenimiento de la paz y en acciones de seguridad. Sin embargo, el documento revela que “las tropas asociadas con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz de la ONU (DPKO, por sus siglas inglés) son identificadas particularmente como una fuente de abusos, especialmente en Haití y Costa de Marfil”.

Según datos de la ONU, corroborados por el estudio de campo de Save The Children, 60 de los 67 casos denunciados en 2005 contra personal de la ONU, involucran a miembros del DPKO. Afirma que “el elevado número de abusos por parte de este tipo de personal se debe en gran medida a que son gente armada que logra gran influencia en las comunidades donde intervienen debido a que, de una forma u otra, son identificados como protectores”. Y señala que “la mayoría de ellos son militares con elevados grados de discriminación hacia las mujeres”.

El reporte reconoce que el alto índice de abusos registrados en ciertas zonas depende también de los contextos locales. “No se puede considerar estos abusos separadamente de los ya existentes dentro de la comunidad de referencia”, anota.

Además de las tropas encuadradas en las filas de la ONU, el reporte afirma que muchos testimonios recopilados indican que existirían “abusadores entre los actores humanitarios civiles”.

Abunda: “Entre estos, existe personal de diversas agencias ONU, de ong`s locales e internacionales, así como de grupos religiosos”. Subraya que estaría involucrado personal “de todos niveles: choferes, guardias, managers, etcétera”.

Dice que la mayoría de los casos involucra a hombres. Sin embargo, apunta, “algunos testimonios hablan de mujeres que abusan de muchachos”.

Una de las partes del documento de Save The Children llama la atención. Dice que esta ong, es decir, ella misma, no ha estado exenta de casos de abusos sexuales cometidos por algunos de sus miembros o por personal de organizaciones asociadas a ella en proyectos específicos: 11 denuncias en 2006 y 15 en 2007.

Un solo incidente, demasiado

“Tenemos la determinación de redoblar nuestros esfuerzos en este aspecto y en trabajar con todos nuestros socios para implementar una total política de cero tolerancia a la explotación sexual y al abuso por parte de personal de la ONU”, declaró, en un comunicado, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Además, expresa “la profunda preocupación sobre los casos de explotación sexual no denunciados”, porque “un solo incidente es demasiado”.

Citando el documento presentado por la ong inglesa, la ONU reivindica que “ya ha tomado una serie de medidas para enfrentar al problema directamente”. Entre estas, “la constitución de Unidades de Conducta y Disciplina en todas nuestras misiones”.

Sin embargo, el reporte de Save The Children –que reconoce los esfuerzos de la ONU en este sentido– denuncia la lentitud o ausencia de respuesta a los casos denunciados: “Pocas de las demandas levantadas han recibido una respuesta adecuada”, afirma.

Según la ong, esta situación se debe a distintos factores: “Antes que todo, la exclusión de la comunidad internacional de este tipo de procedimientos (…). Las autoridades locales pueden sentirse sin el poder suficiente para enfrentar actores internacionales (…)”.

Además, según el informe, en las víctimas existe el “miedo a las consecuencias” de denunciar los abusos sexuales: represalias físicas y perder la ayuda humanitaria que necesitan, principalmente.

Otros testimonios hablan de “la corrupción entre la comunidad internacional y las autoridades locales”.

La República Lakota

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 11 de febrero de 2008
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El pueblo de los lakota se retira, “formal y unilateralmente, de todos los tratados y acuerdos impuestos por el gobierno de Estados Unidos”.

Con esta posición, expresada en conferencia de prensa en Washington el 17 de diciembre pasado, cuatro representantes del pueblo indígena lakota –mejor conocido como sioux– declararon la independencia de su territorio y la creación de la República Lakota.

Explicaron las razones de la declaración de independencia:

“Hemos esperado 155 años para que el gobierno de Estados Unidos cumpla con la palabra suscrita en los tratados” que firmó con los lakota, sin embargo, “las continuas violaciones a estos acuerdos han dado como resultado la casi aniquilación física, espiritual y cultural de nuestra gente”.

Actualmente existen unos 150 mil indígenas lakota. Se encuentran repartidos en cinco estados: Nebraska, Dakota del Norte, Montana, Dakota del Sur y Wyoming.

Russel Means, histórico activista indígena a favor de los derechos de los pueblos originarios de Estados Unidos, explicó:

“Ya no somos ciudadanos de Estados Unidos de América. Todos los que viven en el área de esos cinco estados que comprenden nuestro país están invitados a unirse a nosotros”.

Y agregó: “Estamos ejerciendo de manera legal nuestro derecho a ser libres e independientes”.

Una larga historia

Los cuatro representantes de este pueblo indígena –agrupados en la organización Lakota Freedom– que fueron a Washington para declarar su independencia respecto de Estados Unidos, son: Gary Rowland, Duane Martín, el mencionado Russel Means y Phyllis Young. Ésta última la única mujer de la delegación.

En entrevista con Apro, la líder indígena Phyllis Young explicó que la declaración de diciembre fue el fruto de un largo camino que comenzó hace 33 años.

“En 1974 se efectuó el Primer Encuentro Indio Internacional sobre Tratados en Estados Unidos, el cual estableció dos objetivos: el primero, que Naciones Unidas nos reconociera como pueblos indios, para lo cual abrimos una oficina en Nueva York y nos volvimos una ONG.

“El segundo era regresar al estatus original de nuestras naciones”, dice.

Tales objetivos quedaron plasmados en la Declaración de los Nativos Americanos de Independencia Continua.

De acuerdo con Young, lograron el primer objetivo el pasado 13 de septiembre, cuando la ONU aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indios.

“Nuestra declaración de independencia es el primer paso para conseguir el segundo objetivo”, señaló.

No es la primera vez que los lakota buscan la independencia.

El 28 de febrero de 1973, un grupo de indígenas del American Indian Movement –entre los que se encontraba Russel Means– tomó con las armas la población de Wounded Knee Crock y declaró su independencia. La acción acabó con la intervención armada de la Guardia Nacional y un saldo de dos muertos entre los insurrectos y varios detenidos.

Wounded Knee Crock es un lugar símbolo para el pueblo lakota. En 1890 el Ejército estadunidense realizó allí una masacre de este pueblo.

A diferencia del pasado, ahora los lakota buscan su independencia por medios pacíficos y utilizando los espacios que les brindan las mismas leyes de Estados Unidos.

Young aclaró: “No creo que haya la posibilidad que se repita la tragedia de 1973, pues somos un movimiento pacífico. Ya hicimos una guerra, pasaron muchos procesos y hubo muertos. Pero esta vez no estamos armados y queremos sólo el derecho de gobernarnos”.

Según la activista indígena, Lakota Freedom no tiene pensada alguna acción militar o paramilitar. “No somos un movimiento armado –aclara– sólo queremos actuar dentro del sistema de leyes de este país y en el marco internacional. Queremos un autogobierno fundado en la Constitución de Estados Unidos”.

Precisó: “Fundamos nuestra decisión de rescindir todo tratado firmado desde el siglo antepasado con Estados Unidos en el artículo sexto de la Constitución (…) Apelamos también a los artículos 49 y 60 de la Convención sobre Tratados de Viena de 1969, además de la reciente declaración de ONU” sobre los derechos de los pueblos indios.

Las razones

Young señaló las razones del movimiento de independencia del pueblo Lakota: “Tenemos una tasa de mortalidad infantil 300% más elevada que en todo Estados Unidos. Nuestros hombres tienen una expectativa de vida de 44 años, segundos sólo después de Haití y peor que ciertos países africanos”.

Además, precisó, “la tasa de suicidios entre los jóvenes lakota es 150% más elevada que entre los jóvenes estadunidenses”. Denunció que 21% de los encarcelados en los estados en donde se encuentra su territorio corresponde a indígenas lakota.

En materia de salud sostuvo que los lakota sufren en “porcentajes espeluznantes” enfermedades como tuberculosis, cáncer cérvico-uterino y diabetes. “Estas tres enfermedades inciden en nuestro pueblo diez veces más que en todo Estados Unidos”.

A ello agregó las pésimas condiciones socioeconómicas de su pueblo: una tasa de desempleo de casi 85%, “mientras quienes logran trabajar reciben sueldos anuales de entre 2 mil 660 y 3 mil 500 dólares”.

Se pregunta: “¿Cómo podemos seguir viviendo así?”.

La líder indígena destacó el deseo de su pueblo de recuperar su cultura. Dice: “Hemos afirmado el derecho a nuestra religión y nos preparamos para abrir escuelas en las que se estudie nuestro idioma y nuestra historia”.

Actualmente sólo 14% de la población lakota habla su idioma nativo. La mayoría son personas mayores de 65 años de edad. Según Young, ello se debe a que “aquí el racismo es más sofisticado y nos convencen del modelo americano”.

Añadió que “nos empujan a estar de acuerdo con la explotación de nuestra tierra, agua y recursos naturales. Nos acostumbran al silencio frente a la explotación”.

Relaciones públicas

En su carta-declaración de independencia dirigida al Departamento de Estado, Lakota Freedom desconoció los “acuerdos incumplidos” con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, en la propia misiva invitó a sus representantes a entablar un diálogo.

Young puntualizó: “Exhortamos al gobierno de Estados Unidos a que negocie con nosotros. De no hacerlo, comenzaremos a ejercer nuestra soberanía. Estamos comenzando un gobierno autónomo. Tenemos que buscar un desarrollo distinto para nuestra gente (…)”.

Recordó que, en 1977, Estados Unidos reconoció la existencia, dentro de su territorio, de la llamada Confederación de las Seis Naciones, en el noreste del país. “Ellos ya tienen su propio pasaporte y están reconocidos por 62 países en todo el mundo”.

Además, “diversos gobiernos han declarado que están considerando un reconocimiento hacia nosotros”.

Entre estos gobiernos estarían los de Venezuela, Bolivia, Chile, Sudáfrica e Irlanda, según comentaron en diciembre los cuatro representantes de los lakota.

Young señaló que su movimiento cuenta también con el apoyo de muchos ciudadanos estadunidenses. “Tenemos el apoyo de mucha gente: científicos, abogados y doctores que quieren llegar aquí y ayudarnos”.

“Hemos invitado a todos los que viven en nuestras tierras a quedarse y a echarnos una ayuda”, sostuvo.

Y agregó, con orgullo: “Mucha gente que vive en nuestro territorio nos apoya porque se encuentra en situaciones parecidas. Hasta hay gente que nos quiere regresar la tierra. Tanto es así que tuvimos crear una fundación que se hiciera cargo de la tierra recuperada”, aunque, aclaró, “no queremos expulsar a nadie”.

En octubre último Gary Rowland Jr. hijo del portavoz lakota del mismo nombre que fue a Washington y descendiente directo del famoso Caballo Loco, viajó a Vicam, Sonora, para participar en el Encuentro de Pueblos Indígenas de América, convocado por La Otra Campaña.

Allí, Rowland Jr. afirmó: “Nuestra lucha es muy parecida a la de ustedes y es una lucha por la tierra y por el derecho a vivir”.

Interrogada al respecto, Young confirmó que existe “cierta relación” con el movimiento indígena del sureste mexicano y con los movimientos de todo el continente: “Apoyamos el derecho de todos los indígenas a existir en el mundo. En todo el continente somos lo mismo. Estamos ligados a todos los pueblos indios”.

Precisó: “Conocemos la lucha del EZLN. Hemos estado allá, en Chiapas. Nos ayudaron a apreciar la vida porque estamos en la misma lucha”.

Consideró que tanto los lakota como los indígenas mexicanos han “vivido la represión en formas y tiempos distintos, pero hemos sobrevivido a las matanzas, al terror. Apreciamos a todo la gente que lucha, desde Chiapas hasta Oaxaca”.

Sostuvo que “su lucha es nuestra lucha”.

Derechos humanos: Italia reprueba a México

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 4 de agosto de 2007
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“La violencia hacia las mujeres […] continúa alimentando el fenómeno del llamado feminicidio sobre la base de una sustancial impunidad […]; las condiciones del estado de derecho no han sido restablecidas en Oaxaca, por causa de la dura represión que el gobernador local ha adoptado […] impidiendo a la libremente constituida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca manifestarse democráticamente […]; los derechos de las comunidades indígenas, en particular las de Chiapas, no han sido aún plenamente reconocidos […]; la libertad de prensa resulta significativamente comprometida por el estado de precariedad del ejercicio de la profesión, como demuestran homicidios, secuestros e intimidaciones […]; casos de detenciones arbitrarias, maltratos, falta de garantías procesales, junto a la impunidad por las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado han sido denunciadas a menudo […] como demuestra la situación de San Salvador Atenco.” No son las palabras impresas en uno de los cientos de volantes que se distribuyen en las calles mexicanas; no es el texto de un reporte, el enésimo, de alguna organización observadora y defensora de los derechos humanos. Son las palabras impresas en negro sobre blanco que la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados del Parlamento italiano aprobó, con el visto bueno del subsecretario de Relaciones Exteriores, el pasado 25 de julio. Palabras que pesan y caen como piedras sobre la imagen que se le reconoció a Felipe Calderón en su visita a ese país la primera semana del pasado mes de junio.

Casi inadvertida por los grandes medios, una delegación de tres diputados italianos, enviada por la mencionada comisión parlamentaria, visitó México. La componían Ramón Mantovani, del Partido de la Refundación Comunista (PRC); Alessandro Forlani, de la Unión de los Democristianos de Centro (UDC); y Humberto Ranieri, del Olivo, los tres miembros de la mayoría que apoya al gobierno italiano. Tres diputados que cumplieron su visita mexicana en la mitad de mayo y que en esa ocasión recibieron una carta firmada por la comunidad de origen italiano residente en este país.

Durante la visita, en efecto, la delegación italiana pudo visitar y asistir a una serie de actos organizados por la embajada de Italia en México. En uno de esos encuentros la delegación recibió la carta mencionada, después de reportar los acontecimientos que demostrarían que “México atraviesa una situación de crisis”. El escrito dado en manos de los tres diputados, además de hacer una larga enunciación de sucesos, desde la crisis en Atenco y Oaxaca, hasta la presencia de denuncias de prisioneros políticos y desaparecidos, advertía a los legisladores: el gobierno mexicano está “muy sensible a la imagen que proyecta hacia el exterior, difundiendo la idea que en el país reina un clima de paz favorable a los derechos humanos y, sobre todo, a las inversiones”. Tan fue suficiente la carta para los tres italianos que regresaron a su país y lograron llevar a su comisión un texto duro, directo y que definitivamente emite un juicio acerca de la política del gobierno mexicano en cuanto al respeto de los derechos humanos de sus conciudadanos.

En el documento emitido por el Parlamento italiano pide “que se le permita a la PGR actuar eficazmente en contra del feminicidio; que la lucha en contra de la criminalidad organizada sea conducida con la necesaria eficacia, pero sin agraviar el estado de derecho, que distingue con claridad las funciones de policía y ejército; que la legislación en materia de derecho indígena sea ampliada tomando en cuenta lo ya convenido, como los acuerdos de San Andrés; que el ejercicio del derecho de expresión sea garantizado con adecuadas medidas de protección hacia los periodistas en el respeto de su independencia; y que la próxima tercera reunión del Fórum Europa-México de la sociedad civil sea la ocasión para involucrar aún más a los ciudadanos y a las instituciones en la tutela de los derechos humanos”.

La discusión en comisión, convocada el pasado 25 de julio, fue rápida. Pocas dudas, una certeza: la resolución tenía que salir. Ugo Intini, subsecretario de Relaciones Exteriores, nada más ratificó lo presentado por los tres diputados, aclarando que “la resolución es en el sentido de la cooperación con México y no de una condena de su gobierno”. Una aclaración importante pero que no borra las peticiones más que explícitas del dispositivo legislativo que empeña al gobierno italiano a “averiguar en el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU y durante las citas futuras de colaboración entre la Unión Europea y México, la evolución de la situación de los derechos humanos y el respeto de los principios del estado de derecho en México, también con la finalidad de proporcionar cualquier tipo de cooperación bilateral para acrecentar el nivel de protección y seguridad de los ciudadanos […]”. Todo lo anterior, también a la luz de “la presencia de México entre los países observadores en el Consejo de Europa”, estatus que este país recibió tras explícita petición del gobierno de Ernesto Zedillo el primero de diciembre de 1999.