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Los señores del narco

1 marzo 2011 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de marzo de 2011.
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La llamada “guerra contra el narcotráfico” que lanzó el actual gobierno federal mexicano -guiado por Felipe Calderón Hinojosa- es una falsa guerra, pues en realidad “se trata de una guerra entre cárteles del narcotráfico en la que el gobierno de Calderón tomó partido por uno de los contendientes, Joaquín Loera Guzmán, alias El Chapo, líder del Cártel de Sinaloa”.
Estas son algunas de las opiniones que sostiene Anabel Hernández, periodista mexicana y autora del libro revelación de estos últimos meses en las librerías de México, Los señores del narco (editado por Grijalbo Mondadori, 2010, p. 496).
El libro, publicado en diciembre de 2010 y que en dos meses ya vendió 50 mil copias, relata la historia reciente del narcotráfico en México, centrando su atención sobre algunos de los protagonistas de este fenómeno que “está infectando a todo México”. En particular, Anabel Hernández describe la trayectoria delincuencial de Joaquín El Chapo Guzmán, desde su temprana detención por parte de las autoridades de Guatemala (que lo entregaron luego a las autoridades mexicanas) en 1993 -cuando “era apenas un capo de ‘quinta’ en la jerarquía del entonces Cártel de Juárez”- hasta el día de hoy, cuando el líder del Cártel de Sinaloa es considerado el capo de capos, y que inclusive aparece en las exclusivas listas de la agencia Forbes en calidad de uno de los hombres más ricos del planeta.
El volumen que tanto interés está despertando (“sobre todo entre los jóvenes”) aporta nombres y apellidos de capos del narcotráfico en México, así como de funcionarios gubernamentales coludidos con la delincuencia, muchos de los cuales aún están en funciones. Describe con muchos detalles las redes de complicidad que encubren al negocio del tráfico de sustancias ilícitas y cómo, gracias a estas complicidades, se pudo llegar a la situación actual, en la que hay más de 40 mil muertos reconocidos oficialmente.
Como parte de esa red de complicidades y corrupción, Los señores del narco menciona la negociación fallida entre gobierno federal y cárteles del narco que se tuvo que interrumpir cuando “el narco mata al Secretario de Gobernación mexicano, Juan Camilo Mouriño”. Es una situación que Hernández no se limita a definir como dramática, sino que teme pueda empeorar mucho. ¿Una solución posible? “Una enérgica protesta ciudadana”, afirma la autora. En entrevista con Desinformémonos, Anabel Hernández abunda en estos temas, describiendo los errores del gobierno, el rol de Estados Unidos y narrando su propia vida en calidad de periodista “acosada por las autoridades”.
– ¿Por qué escribió Los señores del narco?
-Es un libro cuya idea nació a finales de 2005. Hice un viaje al llamado “Triángulo dorado” (zona comprendida entre los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua, en el norte de México, y considerada la “cuna” de muchos narcotraficantes mexicanos, N.d.R.) para investigar acerca de niños explotados y me encontré con una realidad muy distinta a la que creía. No es una explotación así como uno la puede imaginar, como una esclavitud, sino que es un rol que los niños han asumido durante décadas -y que asumen con mucho orgullo-. Asumen la tarea como ‘ya me va a tocar’. Luego me encontré con el ex director de la cárcel de Puente Grande, en Jalisco, Leonardo Beltrán Santana (quien fue encarcelado por la “fuga” de El Chapo en enero de 2001, y hoy ya está en libertad, N.d.R.), quien me contó acerca de El Chapo. Lo que terminó de convencerme fue el encuentro que tuve con agentes de la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA) aquí en México en mayo de 2006. Ellos me hablaron de la investigación que realizaban en contra del entonces Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, acerca de un presunto soborno que habría recibido por parte de los cárteles del narco. En el hotel Nikko de la Ciudad de México, en donde ellos (los de la DEA) suelen trabajar, me contaron que tenían infiltrada a la organización de Ignacio Coronel Villareal (alias Nacho, socio de El Chapo) y que justamente el infiltrado que tenían había escuchado hablar a El Chapo sobre el tema. Todo eso me convenció de escribir sobre el tema.

[continúa en la siguiente página]

Según la autora, hasta mediados del los años 80 el narcotráfico en México era un asunto controlado por el gobierno federal. “Esa relación se basaba en la corrupción y la complicidad entre las partes”, afirma. Sin embargo, poco a poco la situación fue cambiando.
– ¿Cómo y por qué cambia esa relación?
-Se podría decir que el gobierno controlaba al narcotráfico. El punto de quiebre para este cambio fue el poder económico que el narco adquirió. Mientras los narcos se dedicaban exclusivamente a sembrar y traficar marihuana y a la extracción de la goma de la amapola para producir heroína, su poder económico era muy limitado. Pero en los 80, cuando gracias a la intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) -en el marco de la Operación Irán-Contra- los narcos colombianos se vinculan a los mexicanos, éstos comienzan a traficar sustancias más valiosas, como la cocaína. Ejemplo de ello es el caso de El Chapo Guzmán. Cuando lo detienen la primera vez, en 1993 en Guatemala, el Chapo era un capo de quinta, sin ningún poder efectivo; inclusive era un estorbo para Amado Carrillo Fuentes (el llamado Señor de los Cielos, máximo narcotraficante mexicano a principio de los años 90 y líder del Cártel de Juárez) y, sin embargo, veo los documentos y en ellos descubro que El Chapo ya en ese entonces tenía mucha riqueza. Eso significa que con el nuevo negocio – la cocaína – inclusive los capos menos poderosos tenían muchos recursos. Es el poder económico de la cocaína (el) que cambia las asimetrías de las relaciones: comienzan a sobornar a policías, comandantes, políticos locales, gobernadores, hasta llegar a hoy, en donde el narco tiene bajo su control a buena parte del gobierno federal.
Hoy en día, Joaquín Loera Guzmán, alias El Chapo, aparece como el capo más poderoso de México e inclusive de Latinoamérica. Tras transcurrir los años 90 en las cárceles federales de México, el 20 de enero de 2001, un mes y medio después que Vicente Fox Quesada asumiera la presidencia de México -en calidad de primer Presidente emanado del Partido de Acción Nacional (PAN)-, El Chapo logra escaparse de la cárcel de Puente Grande.
– En Los señores del narco, se dice que desde el 20 de enero de 2001 El Chapo escaló muy rápidamente el poder entre las filas de los narcotraficantes gracias al apoyo de los gobiernos de Fox y de Calderón. ¿Por qué y cómo lo hizo?
– En 2006 publiqué el libro Fin de fiestas en Los Pinos, y en él documenté que Vicente Fox ya tenía relaciones con El Chapo antes de asumir la presidencia. Guanajuato (estado del que es originario Vicente Fox y en donde fue gobernador) es un territorio histórico de influencia del Cártel de Sinaloa. Desde que Fox gana la presidencia -el 2 de julio de 2000-, El Chapo, gracias a la ayuda de Miguel Ángel Yunez y Jorge Enrique Tello Peón, hoy ilustres panistas, se vuelve muy cínico y comienza a presumir que ya se iba. El primero de diciembre de 2000, Fox toma posesión como Presidente de México, y sólo tres semanas después el Chapo organiza su fiesta navideña en la cárcel: trae a su familia, que se queda en la fiesta durante tres días; pone los árboles navideños y las decoraciones; hace pintar todas las celdas. Esa era su fiesta de despedida. Es evidente que ya había un tácito acuerdo con el gobierno federal. El Chapo no se escapó de la cárcel, ¡fue el gobierno federal quien lo sacó y lo puso en libertad!
En septiembre de 2001, ya desde su estado de “prófugo de la justicia”, El Chapo Guzmán logra lo que “nadie había siquiera imaginado antes”: sentar a todos los principales capos del narcotráfico en México y formar una federación de cárteles. Este encuentro tuvo lugar en septiembre de 2001.
– Con la ayuda del Ismael Mario Zambada García, alias El Mayo, Guzmán logra reunir un cónclave de narcotraficantes. Y en esa reunión, mientras sus socios – El Mayo, El Azul (Juan José Esparragoza Moreno), entre otros – ponían sobre la mesa los territorios, las rutas, los contactos, los sicarios, El Chapo ofreció sólo una cosa: la protección del gobierno federal. Esa fue su aportación. Ese fue su capital. Es escalofriante porque es ahí en donde se propuso, también por primera vez, que la nueva ‘federación’ le hiciera la guerra abierta a otro cártel de la droga, el Cártel de Tijuana (de los hermanos Arellano Félix). Y, efectivamente, en febrero de 2002 es ejecutado el líder del Cártel de Tijuana (Ramón Arellano Félix) y en muy poco tiempo los Arellano Félix quedan desmembrados. Esto demuestra que la supuesta “guerra contra el narcotráfico” no es tal, sino que es una guerra entre cárteles en donde el gobierno juega el papel de aliado de una de las partes. 
Los que hoy mandan en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal son los que durante el gobierno de Fox estaban en la Agencia Federal de Investigación (AFI, hoy desaparecida). Y la AFI, justamente durante el gobierno Fox, trabajó como brazo armado del Cártel de Sinaloa. ¿Por qué digo “brazo armado”? Porque los de la AFI recibían llamadas directamente de los narcotraficantes, quienes los mandaban a detener gente. La gente arrestada no era entregada a las autoridades judiciales sino a los narcos para que los torturaran y los mataran. Eso ocurrió decenas de veces. Esos funcionarios hoy realizan el mismo papel pero desde los mandos del gobierno federal. Por eso, todos los “golpes” (detenciones) en contra de miembros del Cártel de Sinaloa son fuegos artificiales, apantallan nada más. Toda la gente que agarraron en estos años son ‘corcholatas’, como le dirían ellos: toda gente que no es indispensable para el buen funcionamiento del negocio y de la organización.
– En este contexto, ¿cuál es la verdadera estrategia del gobierno federal de México?
– Felipe Calderón sabe que no está haciendo ninguna guerra al narco. Ya lo comentó a sus asesores, sus amigos y algunos empresarios. Lo que le conviene es que El Chapo tome el control del narcotráfico. Según él, sólo así puede haber paz en el país. Lo ha dicho y, si lo niega, pues que lo sometan al detector de mentiras para ver si miente. Y aún así sabe que es mentira, inclusive su hipótesis, porque el grado de violencia que se desató a partir de diciembre de 2006 se debe en gran medida a que Calderón se quedó con la misma gente corrupta y contaminada del gobierno de Fox: Genaro García Luna (secretario de la SSP), Facundo Rosas Rosas (comisionado de la Policía Federal) y Luis Cárdenas Palomino (actual titular de la División de Seguridad Regional de la SSP). No sólo los dejó en el poder, sino que los elevó de nivel. En particular, Calderón asignó a Genaro García Luna el diseño de esta mal llamada “guerra al narcotráfico”. De la fichas de objetivos que la oficina de García Luna preparó se desprende muy claramente que la prioridad número uno de esta operación fue precisamente eliminar a todos los cárteles adversarios del Chapo. Por eso se desata la violencia, porque el estado toma un papel muy claro atacando a todos los enemigos de El Chapo. Me parece que desde el gobierno de Fox ha habido una ignorancia que raya en la demencia, y ésta es (el) haber creído que, porque durante décadas el narcotráfico en México no fue violento y no mostró su capacidad de fuego, no la tenía.
– Con tanta fuerza y poder, y además con la ayuda del gobierno, ¿por qué El Chapo aún no ha ganado la “guerra”?
– El gobierno, en su estrategia, menospreció al adversario. Por ejemplo, el Cártel del Golfo (hoy aliado de El Chapo, pero su acérrimo enemigo durante el gobierno de Fox) es un cártel histórico; siempre tuvo un gran control del territorio, desde hace décadas. El gobierno pensó que ayudando Guzmán a invadir Tamaulipas (territorio del Cártel del Golfo) con sus fuerzas – Ejército y Policía Federal – iba a quitarle muy fácilmente el territorio a los del Golfo. Calcularon mal: esta acción de apoyar a una parte causó que los demás cárteles se armaran aún más. Los hoy temidos Zetas eran sólo la escolta del entonces jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. A ese capo le gustaba presumir su escolta, compuesta por ex militares de élite de los cuerpos especiales mexicanos (del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE). Le gustaba presumir que el ejército mismo lo protegía. Eran treinta en origen y sólo los utilizaba con esa función, pues no eran ni brazo armado, ni paramilitares. Cuando comienza la guerra del gobierno y Osiel Cárdenas ve que El Chapo tiene a su propio ejército – las fuerzas federales – decide hacerse del suyo y refuerza las filas de los Zetas. De treinta pasan a ser cientos, y no sólo mexicanos sino también los temibles kaibiles guatemaltecos. La resistencia inicial que ofrece el Golfo, el hecho de que tenía a ex militares inclusive entrenados por Estados Unidos, provoca que -a su vez- el Cártel de Sinaloa de refuerce y comience a contratar a otros sicarios, e involucran a los Maras Salvatruchas. Es una escalada de violencia que se traduce en el paulatino enrolamiento de sicarios y matones en ambas partes en conflicto. Esta escalada de violencia se traduce también en nuevos métodos de tortura y de asesinato: descuartizamientos, decapitaciones, etcétera, cosas que antes ni se veían y que son provocadas por la intervención partidaria del gobierno. 
Tengo en mi posesión cartas que los Zetas envían al gobierno en el que se quejan de que esta guerra no está siendo “honorable”. Su visión delincuencial no perdona – y nunca lo harán – que el gobierno federal se haya metido en la guerra tomando partido. Ellos tienen claro el papel del Estado: un jugador imparcial que combate a todas las partes. Pero que haya querido ayudar a una parte, eso no lo perdonarán nunca. He hablado con gente cercana a Heriberto Lazcano Lazcano, alias El Lazca (líder del hoy Cártel de Los Zetas), que dice que este hombre está decidido a incendiar al país antes que perder la guerra. Me parece que el gobierno federal no entiende, primero, la mentalidad delincuencial de esta gente (los narcotraficantes), y luego no tiene una clara idea de la capacidad de fuego de los cárteles. Esta gente no ha tirado al avión presidencial o no ha matado un secretario de estado sólo porque no quiere.
La mención de Anabel Hernández hace pensar inmediatamente en el accidente aéreo del 4 de noviembre de 2008, en el que murió Juan Camilo Mouriño, entonces Secretario de Gobernación de Felipe Calderón. A pregunta expresa acerca de quién mató a Mouriño, la periodista mexicana no tiene la menor duda y responde: “Es claro que fue el narcotráfico. Fue El Mayo Zambada, como reclamo por un pacto no cumplido”.
– ¿Por qué lo afirma con tanta certeza?
– Eso lo tengo muy corroborado, tanto por gente cercana a la familia del ex Secretario como por testimonios de gente cercana a El Mayo Zambada. Calderón lo sabe muy bien. El rostro del Presidente cuando comunicó esa noche (el 4 de noviembre de 2008) la muerte de su amigo y Secretario, y el mismo rostro durante los homenajes oficiales a Mouriño, lo dice todo. Cuando menos
ésta es la interpretación de los familiares de Mouriño.
Recientemente una “amistad” de Mouriño se acercó a mí para confirmarme que esta versión responde a la verdad. Me contó que los familiares del ex Secretario tuvieron tres encuentros con el Presidente Calderón. En el primero, Calderón afirmó que fue accidente, respetando la versión oficial. En el segundo encuentro, frente al reclamo de los familiares -quienes preguntaban quién había matado a Mouriño-, Calderón habría dicho “no sé”. Ya en un tercer encuentro, Calderón habría contestado a las mismas preguntas con estas palabras: “¿De verdad quieren que investigue quien mató a Juan Camilo?” Los familiares, invadidos por el miedo, dijeron que no, que así estaba bien, que la gente creyera la versión del accidente. Estamos hablando de una gran simulación. Uno puede entender los errores del gobierno en buena fe, uno puede pensar que son incapaces, ingenuos o mal preparados. Inclusive, uno puede pensar que son engañados. Pero este gobierno ni está engañado, ni es ingenuo, ni está actuando de buena fe.
– En Los señores del narco usted habla de una presunta negociación entre el gobierno y los narcotraficantes, que habría encomendado justamente Mouriño a un ex general del Ejército -que en libro se señala como el “General X”-. ¿Cómo terminó esa negociación?
– Ese proceso (la negociación) se interrumpe porque, mientras en el General X lleva a cabo su tarea, su referente y mandante, Juan Camilo Mouriño, se muere. Y es así como sale pública esa historia, porque el General X estaba preocupado acerca de qué iba a pasar. Todos sabían de la misión -en el Ejército, Calderón mismo- pero cuando muere Mouriño nadie quiere tomarse la responsabilidad de la operación. Y el general se queda con toda esa información – y posiblemente algunos compromisos – sin saber qué hacer con ello; todo se quedó en el aire. La intención de esa negociación era “escondan a sus muertos”. Les dijeron (a los narcotraficantes) “no les vamos a decir cómo matar sus enemigos, pero no los expongan porque nos están espantando a la inversión extranjera, el mundo nos voltea a ver”.
La identidad del llamado “General X” es secreta. Sin embargo, el semanario mexicano Proceso reveló (el 5 de diciembre de 2010) que, según sus investigaciones, ese general no podía más que ser el mal afamado Arturo Acosta Chaparro, anteriormente encarcelado por nexos con el entonces Señor de los Cielos y también involucrado en la llamada guerra sucia en la que -durante los años 70- murieron decenas de activistas sociales mexicanos. A pregunta expresa, contesta tajante: “A eso no puedo contestar”.
– A pesar de los nexos con los narcotraficantes que usted menciona, Calderón no parece tener la situación bajo control; vienen también las elecciones presidenciales de 2012…
– Calderón habría dicho a sus amigos que ya quiere irse. No está ya entendiendo cuál es su papel como Presidente. Si Calderón -como todo parece indicar- está siendo chantajeado, pues que renuncie, porque no por ser víctima de chantaje va a poner en peligro a todo el país. Mis fuentes, inclusive algunas cercanas a los líderes del Cártel de Sinaloa, me comentaban que este año (2011) iba a ser sangriento desde el principio. Inclusive los capos, me dijeron, estarían comenzando a preocuparse por el descontrol que está habiendo en las células de los cárteles. Los nuevos integrantes de los cárteles, comenzando por los llamados ‘narcomenudistas’ (los vendedores de droga al menudeo), ya están comenzando a pensar solos. Ni conocen a El Chapo ni lo respetan. Tienen control territorial y se están enriqueciendo muy rápidamente. En consecuencia se están armando mucho. Un ejemplo fue el cerco que realizaron en Guadalajara (segunda ciudad más grande mexicana) hace un mes (el primero de febrero de 2011). No eran grandes cárteles, fueron unos veinte muchachos, casi todos menores; fue un grupo menor, desconocido. Lo mismo pasa en la periferia de la Ciudad de México. Esta llamada guerra se está convirtiendo en una guerra territorial, casi cuadra por cuadra, por el control del mercado. Y el gobierno federal no hace nada. Si es así, la ingobernabilidad podría aumentar, pues ni los cárteles ya tienen control sobre su gente: muchos Maras ya se independizaron, así como existen ya muchos desprendimientos en las filas de los Zetas. La violencia está escalando y nos acercamos a un punto en que nadie la va a poder controlar.
Una medida que caracterizó a la “guerra al narcotráfico” del actual gobierno de Felipe Calderón fue el uso intensivo de las Fuerzas Armadas. El Ejército Mexicano, así como la Armada de México, juegan hoy un rol protagonista en el conflicto entre los cárteles mexicanos.
– ¿Cuál es el rol del Ejército en toda esta situación?
– De acuerdo a mi investigación, el actual Secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, es una persona muy débil; no es apto para el rol que es llamado a cubrir. Lo que encontré fueron casos aislados de corrupción, casos de infiltración, pero -a diferencia de la SSP- no encontré una infiltración institucional. En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hay partes contaminadas por la corrupción, pero no toda la estructura. Lo que sucede es que Genaro García Luna es el estratega de toda la llamada “guerra”; la Sedena no tiene influencia en esa estrategia. Aún así, García Luna los pone en la primera línea de fuego. Esta situación está incomodando mucho a los militares, pues se sienten como “carne de cañón”. En las reuniones del Consejo de Seguridad Pública, Galván Galván es callado por el mismo Presidente cuando intenta discrepar con algo. Esta situación le está quitando mucha legitimidad al titular de la Sedena entre las filas de sus subordinados. A pesar de eso, el ejército es muy estructurado y tiene una mentalidad muy institucional, por eso será difícil una crisis interna de gran tamaño. Lo que sí está sucediendo es que muchos jefes militares de zona están comenzando a preguntar “¿y a nosotros qué?”. Lo que sucede entonces es que los militares están comenzando a cobrar “botines de guerra”: en muchos operativos realizados por la Sedena se dan excesos como abusos sexuales, robos, asaltos.
El Ejército Mexicano, es notorio, está muy ligado a los mandos militares de Estados Unidos (EU). Sus oficiales están siendo entrenados en el país vecino y, según fuentes periodísticas y académicas, el gobierno de EU estaría influenciando fuertemente al actuar de las fuerzas de seguridad mexicanas.
– Y entonces, ¿qué rol juegan los Estados Unidos en esta “guerra”?
– Los Estados Unidos saben muy bien que hay mucha discrepancia entre SSP y Sedena. Saben, por ejemplo, que el Ejército no quería que García Luna fuera nombrado Secretario de Seguridad Pública, pues conocía de su corrupción. Mis fuentes confirman claramente que EU no confía en el Secretario de Seguridad Pública. EU se lo dijo en más de una ocasión a Calderón, pero éste siempre se negó a removerlo. Me queda claro que EU tiene confianza en las Fuerzas Armadas, pero no en García Luna. Las declaraciones de Hillary Clinton en su reciente gira en México (a finales del mes de enero) son de fachada, es su rol. Mi impresión es que EU da la palmadita a Calderón pero prepara el garrote. Supe de mis fuentes que EU le dijo a México que la situación, especialmente en la frontera, ya es insostenible y, al parecer, propusieron que o México le pone un remedio radical o se tendría que aplicar las medidas adoptadas en Guatemala por el presidente Álvaro Colom: sellar la frontera y crear un estado de sitio en la zona. Como siempre el gobierno de EU no calcula las consecuencias de sus políticas, porque -en efecto- ahora el narcotráfico en México, para Barack Obama, ya no es sólo un problema de seguridad nacional, sino un problema político. En EU, sobre todo los Republicanos están haciendo una fuerte campaña en contra del Presidente por el problema del narco en México. Y, en efecto, es cierto: ya está habiendo incursiones violentas de los cárteles mexicanos en territorio estadounidense. La verdadera postura del gobierno de EU hacia México se refleja más en las declaraciones de los funcionarios del Pentágono que en las declaraciones de Hillary Clinton. El asesinato del agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de EU, Jaime Zapata, los debe tener muy molestos. ¿Quién sabía a dónde iban esos dos funcionarios estadounidenses? Si fue un atentado, como parece ser, el atentado es el resultado o de una filtración directa del embajada (de EU) o de algún funcionario del gobierno federal mexicano. Alguien tuvo que decirlo.
Según Anabel Hernández, la actual situación está demostrando que nadie en este país está capacitado para combatir de manera violenta al narcotráfico. “No digo que no haya que combatir a los cárteles, pero me pregunto por qué no comenzar por los pilares, por los cimientos que soportan al narcotráfico: banqueros, empresarios, funcionarios corruptos, el Secretario de Seguridad Pública y su equipo”. Y añade: “No necesitarían disparar ni una bala, sólo sería suficiente hacer auditorías, detener a los responsables, incautar bienes y capitales. Con eso, el narcotráfico no desaparecería de inmediato, pero se minarían sus bases. En mi investigación me queda claro que ni El Chapo, ni los Beltrán Leyva (del cártel homónimo), ni El Mayo Zambada, ni El Lazca, ni nadie de estos delincuentes, serían nada sin ese apoyo económico y político. Esta gente no terminó la primaria, apenas saben leer y escribir…no valen nada sin ese apoyo. Si se quiere hacer una verdadera guerra, ¿por qué no atacar esos pilares primero?”.
– Hablando de esos “pilares”, ¿cuál es la relación entre narcotráfico y economía formal en México?
– No sé en qué proporción, pero creo que el narcotráfico contamina y sostiene muchas de las súbitas fortunas de los llamados “nuevos” empresarios mexicanos. Existe una economía sólida que no depende de ese dinero (del narcotráfico), pero muchas empresas sí dependen del dinero del tráfico de drogas. Los bancos, por ejemplo, dependen muchísimo de esa riqueza. Hay tres ejemplos claros de cómo la economía puede depender de ese dinero: Ciudad Juárez, Monterrey y Guadalajara. Esa violencia interna que de pronto brota en esas ciudades no creció ayer ni anteayer; esa violencia siempre estuvo allí. Hoy estalla y se manifiesta porque se quebró algún equilibrio interno, no porque no hayan existido antes. Sin duda hay una parte de la economía mexicana que depende del narcotráfico, y es allí justamente en donde la sociedad mexicana tiene una función que cumplir: resistir a ese dinero. 
Me contaron muchos casos de gente que vendió su casa al triple del precio; o de concesionarias de automóviles que vendieron lotes enteros de autos pagados en efectivo. ¿Y la gente no se pregunta de dónde viene ese dinero? ¿Es eso posible? Hay que decirlo: una parte de la sociedad mexicana vivió un tiempo extendiendo la mano, recibiendo ese dinero (y) cerrando los ojos. Una parte de la sociedad estuvo viviendo de ese dinero “sucio” y hoy se quejan de “qué pasa en México”. “Pasa que aceptaste pagos enormes, que aceptaste al edificio de enfrente, aceptaste al narcomenudista, aceptaste al prepotente”…y nadie dijo nada, pues había beneficios. Es la maldita costumbre de pensar que, si la corrupción salpica, pues “que nos salpique a todos”, con la diferencia que hoy salpica sangre.
Actualmente, no se sabe a ciencia cierta cuántos muertos ha causado el conflicto entre cárteles en México. Cifras periodísticas hablan de varios miles de muertos asesinados. En enero de 2011, el Gobierno Federal mexicano publicó por primera vez unos documentos en los que reconoce la muerte de poco más de 34 mil personas por hechos violentos vinculados al enfrentamiento entre cárteles. Inclusive, en los documentos oficiales, el Gobierno trata de ofrecer datos relativos a muertos por ejecución, civiles muertos (otrora definidos como “efecto colaterales”), etcétera. Sin embargo, Anabel Hernández tiene una opinión distinta.
– Diferenciar a los muertos por “tipología” sería hacerle un favor al gobierno. Creo que hay que decir que los 43 mil muertos (la periodista suma también las cerca de nueve mil muertes sucedidas durante el gobierno de Vicente Fox) son todos inocentes mientras no haya un juicio que demuestre las responsabilidades de cada uno. Convoco al gobierno a demostrar cuántos tenían averiguación previa, cuántos ya fueron condenados. El gobierno no habla claramente: no se trata de ejecuciones sumarias, no se trata de que ya te dieron ochos balazos y entonces ya eres delincuente. Hoy, cualquier persona que muere por más de tres balazos es “delincuencia organizada” y cae en el costal de la impunidad. Nadie investiga porque ya eres “delincuencia organizada”, ya existe la suspicacia de que andabas en malos pasos. Eso es infame. La sociedad se va acostumbrando y los medios de comunicación masiva promueven eso.
Anabel Hernández no esconde que el panorama de la actual situación es dramático. Sin embargo, también reconoce elementos de esperanza. Entre éstos, reconoce el rol que los jóvenes pueden hoy jugar.
– Lo que me conforta es ver a todos los jóvenes que llegan a la presentación del libro que estoy realizando en el país. En ellos veo la esperanza de que no todo está perdido. Ellos vienen y me preguntan qué hay que hacer. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que esta situación es todavía un foco de infección muy definido, no aún un cáncer que afectó a todo el cuerpo social. Esa es mi aportación con el libro: ubicar a esos focos de infección. No los ilustro a todos, sólo a algunos. Ahí están, con nombres y apellidos: funcionarios, empresarios, etcétera. Lo que me preocupa es que el foco de infección se vaya esparciendo y contamine a toda la sociedad. Creo que estamos en un momento clave de definición, si acabamos con el problema o no. Lo que me queda claro es que “los señores del narco” no van a resolver el problema, no van a hacer nada. Todo está en manos de la sociedad; esperaría una protesta ciudadana muy enérgica. Si hay países como Guatemala, Perú, Chile, Argentina o Brasil, que han dado ejemplo llamando a sus funcionarios al banquillo de los acusados a rendir cuentas, ¿por qué en México no podemos hacerlo? Son esos jóvenes que veo quienes pueden hacerlo.
En un país como México, en el que el ejercicio periodístico es objeto de represión y violencia (tal y como lo demuestran las cifras de muertes y desapariciones, pero también la evidente autocensura que sufre la prensa en México, particularmente en las zonas de mayor conflicto), publicar un libro como Los señores del narco puede exponer a su autora a represalias. A este respecto, Anabel Hernández afirma tener miedo.
– Confieso que, desde diciembre a la fecha, cuando ando por la calle y veo una motocicleta con dos personas, pienso que (me) van a matar. Traigo escolta que me proporcionó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tras denunciar que se estaba preparando un atentado en mi contra por parte presuntamente de la SSP. Levanté una denuncia el 13 de diciembre de 2010 tras recibir la información por parte de una fuente, que me contó de una conversación entre funcionarios de la SSP acerca de indicaciones que García Luna habría girado a los nuevos reclutas para que me atentaran a la vida haciéndolo parecer un asalto o un accidente, a cambio de un aumento de sueldo y de puesto. En un principio no me lo tomé muy en serio, pues son al menos tres años que García Luna me persigue, pero luego sí me asusté. Es irónico, pero le tengo más miedo al gobierno que los cárteles de la droga. Puede que diga una obviedad, pero creo que para los colegas (periodistas) que viven en zonas como Ciudades Juárez es mucho más difícil el oficio. Para quien, como yo, vive en la Ciudad de México y publica en medios nacionales, es mucho más fácil criticar a quienes (periodistas) no firman las notas o quienes deciden no hablar de ciertos temas. Al mismo tiempo, sin embargo, creo que los periodistas no podemos rendirnos, inclusive quienes están en la línea del fuego. Creo que sería mejor inclusive renunciar al ejercicio periodístico si no estamos dispuestos a ejercerlo en su totalidad. No me refiero a morir por ello, pero sí tenemos que hacer valer nuestra voz incluso frente a los narcotraficantes y a los funcionarios corruptos. Finalmente, en la mayoría de los casos de homicidios de periodistas hay más sospechas sobre funcionarios públicos que sobre los propios delincuentes. Por lo tanto, me parece que los periodistas deberíamos hacer un frente común de verdad para defender nuestro oficio y dignidad. Si no confiamos en nosotros nos van a matar a uno a uno.
Un periodista muerto es primero un ser humano y luego un colega. Esto debería empujarnos a hablarnos (entre periodistas) y dejar a un lado el egoísmo que veces nos caracteriza. Creo que los periodistas de verdad – no los que aparentan serlo y conducen programas televisivos y radiofónicos -, los que nos dedicamos a reportear y a investigar las cosas, tenemos que rescatar a nuestras voces, también en las redacciones en donde trabajamos. Efectivamente no somos ricos, no somos los dueños de los medios, ni siquiera estamos en la dirección, pero sin nuestro trabajo esos medios no podrían existir. Los periodistas tenemos que hacer valer nuestra voz, aunque significa a veces renunciar al medio en donde trabajas. Ya basta de concesiones: si existe un trabajo bien hecho, sustentado y documentando, no tiene por qué no ser publicado.
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La Supervía: rompe y corrompe la vida en la Ciudad de México

1 febbraio 2011 Lascia un commento
El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de febrero de 2010.
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Foto MD

Desde hace poco más de seis meses, en el poniente de la Ciudad de México se pelea la batalla contra la llamada Supervía Poniente, un proyecto promovido por el actual gobierno de “izquierda” de la megalópolis mexicana y que sería realizado – de llevarse acabo – por empresas privadas transnacionales, mismas que desde hace ya varios años han metido las manos en prácticamente todos los grandes proyectos encasillados en el rubro de “obra pública”.

Desde mediados del año 2010, la comunidad de la colonia La Malinche se organizó y construyó un plantón permanente en las zonas afectadas (expropiadas) para la gran obra. La comunidad local resiste el avance de las obras, consiguiendo no sólo la vasta solidaridad de la sociedad civil de la capital mexicana, sino también poniendo en entredicho las reales intenciones del gobierno local (Gobierno del Distrito Federal – GDF) guiado por Marcelo Ebrad Casaubón y logrando rescatar los lazos comunitarios que precisamente las autoridades del gobierno quisieron cortar.
En esta historia ya se ganó una parte pues “ganamos en el terreno de reconstruir la comunidad”, dicen quienes están presentes en el plantón. Una historia que hoy también significa un posible parteaguas en el futuro del Valle de México: “No se puede seguir viviendo así. Es necesario sentarnos todos a estudiar seriamente el Valle y planear de otra manera a la ciudad”, señalan los vecinos entrevistados.
La Supervía: “una ocurrencia” interesada
Fuente: http://prociudad-procontreras.blogspot.com/

Con al menos 20 millones de habitantes, de los cuales ocho viven en la llamada Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que comprende la capital mexicana y otros 60 municipios aledaños, la Ciudad de México es una de las regiones más densamente pobladas del planeta. Los reflejos de esta densidad de población son múltiples y no todos gratos: escasez de recursos naturales (sobre todo agua), contaminación en niveles excesivos, difícil acceso a los servicios (habitacionales, escolares, de salud, etcétera) y graves problemas de movilidad.

El llamado proyecto de la Supervía Poniente, según sus promotores, pretendería precisamente incidir en este último aspecto, pues su trazo original prevé conectar, a través de diez kilómetros (de los cuales la mitad serían de un peaje) de carretera de cuatro carriles, túneles y puentes, la zona sur-poniente de la ciudad (y su salida hacia el sur) y la zona de Santa Fe, moderno y rico “territorio-emporio” de la capital. Dicho proyecto, a su vez, sería parte del megaproyecto denominado Autopista Urbana Querétaro-Toluca-Cuernavaca (ciudades aledañas de la Ciudad de México), cuyo costo asciende a los 30 mil millones de pesos, con una longitud de casi 30 kilómetros de vialidad.
Uno de los mayores problemas, aunque no el único, es el fuerte impacto ambiental que la obra causaría en un territorio mayoritariamente catalogado por las autoridades federales mexicanas como “suelo de conservación”. Cristina Barros, miembro de la organización “ProCiudad-ProContreras” y vecina de las zonas afectadas, destaca los argumentos principales que sustentan la fuerte oposición al proyecto: “atenta contra la sustentabilidad del Valle de México, pues urbaniza y pasa por los suelos de conservación y de recarga de agua para todo el Valle”.
De acuerdo a la activista, la delegación Magdalena Contreras “presta servicios ambientales a toda la ciudad: limpia los vientos de la zona industrial de Ecatepec que se estrellan aquí, y los regresa a la ciudad. Es indescriptible el daño ambiental que provocaría la nueva carretera”, afirma, y calcula que sólo los costos ambientales que la Supervía causaría ascienden a cerca de dos mil 800 millones de pesos mexicanos.
Aunado a lo anterior, Barros señala que el proyecto está “plagado de irregularidades”. No se trata sólo de la falta de consulta a las comunidades afectadas, sino también que, por ejemplo, en el Plan de Gobierno 2007-2010 no aparece la Supervía. “Cuando el gobierno hizo ese programa, la Supervía no era una prioridad”, comenta la activistas. El Plan Verde de la Ciudad no lo contempla, como tampoco los planes de desarrollo de la Delegación Magdalena Contreras. Sólo el Plan de Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Vialidad local (SETRAVI) lo menciona y lo hace apenas en 2008, con un año de retraso sobre las fechas del mismo plan.
Cristina Barros se refiere al gran debate que está causando el proyecto ya que de un lado se encuentra la comunidad local resistiendo y por el otro el gobierno local que, al menos en las últimas semanas, se juega la “reputación” de “gobierno democrático y de izquierda”, pero insiste en desconocer los argumentos de los vecinos e impone un proyecto millonario que pocos comprenden. La activista se pregunta: “¿Por qué tanta desesperada necesidad de realizarla? ¿Por qué tanta desesperación por un proyecto con tan elevados costos políticos, ambientales, sociales y financieros?”.
La razón parece sencilla, aunque articulada. A principio de los 90, Marcelo Ebrad participó activamente, junto al entonces regente de la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís (hoy precario asesor del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador), en el proyecto que transformó el antiguo “basurero” localizado en Santa Fe en el “más importante centro en términos financieros y corporativos de México”. El proyecto otorgó un valor económico enorme al territorio. “Sin embargo, todo el proyecto (de Santa Fe) estaba fundamentado en un concepto urbanístico muy equivocado, pues hoy Santa Fe no tiene salida alguna”. Este problema – la falta de vía de comunicación – convirtió poco a poco Santa Fe en una zona en riesgo de perder el valor acumulado, pues hoy la zona “está literalmente asfixiada”.
“Ahora necesitan otra salida”, comenta Barros. La zona, en efecto, sigue siendo objeto de grandes proyectos inmobiliarios, en su mayoría promovidos por la empresa COPRI, de capital mexicano. Fuera de cualquier coincidencia, el mismo corporativo está actualmente asociado con la empresa española Obrascón Huarte Lain Concesiones (OHL) en la construcción de la Supervía. Tras conseguir una concesión por parte del GDF de 33 años de duración, el corporativo español se compromete a la construcción de la obra con una inversión de 389 millones de euros (equivalentes a más de seis mil millones de pesos mexicanos).
En cambio, el gobierno se compromete a regresar ese dinero en el lapso de la concesión y, mientras, permitirá a OHL el cobro del peaje. Es decir, según los opositores al proyecto, “se socializan los gastos y se privatizan las ganancias”. Si lo anterior fuera poco, Barros cuestiona el historial de la empresa OHL (quien controla el proyecto asociada a COPRI gracias a la creación, ex profeso, de la razón social “Controladora Vía Rápida Poetas S.A. de C.V.”), pues ésta tiene pésimos antecedentes en España: fraude y apoyo a campañas políticas a cambio de obra pública.
“Estaba a punto de quebrar en España y salió del problema tal y como lo hicieron otros – BBVA, por ejemplo – : viniendo a América Latina”. El esquema es el mismo de siempre, comenta la activista: “Obras muy costosas de peaje a cambio de favores”. Como ejemplos están también los proyectos del Arco Norte, en la ciudad de Puebla (al sur de la Ciudad de México) y el Puente Bicentenario en el Estado de México (en la área conurbada), entre otros. En suma, indica Cristina Barros, en este proyecto “están los intereses de los grandes consorcios inmobiliario. Los especuladores inmobiliarios han trazado el desarrollo de la Ciudad de México y hoy tienen la mira sobre el poniente de la ciudad: hay agua, limpieza del aire, calidad paisajística”.
“Los expropiados no son los únicos afectados”
Fuente OHL

Uno de los argumentos utilizados por parte del gobierno de la ciudad para debilitar la resistencia en contra del proyecto de la Supervía, fue señalar que la mayoría de los que protestan no han sido siquiera expropiados, lo que permite no incluirlos entre los afectados. Un argumento débil, dice Cristina Barros, que contradice además toda cultura de la izquierda política, no sólo en México.

“Los expropiados no son los únicos afectados, pues hay potenciales expropiados y potenciales expulsados”. En La Malinche, colonia de cerca de cinco mil habitantes y la principal afectada por las obras previstas en el proyecto, el 6 de abril de 2010 se presentaron los funcionarios del gobierno local acompañados por unos cuantos policías, sin que los esperaran. Aunque Ya se conocían los aspectos generales del proyecto Supervía, pero nadie esperaba sucedería ese día: Les presentaron los decretos de expropiación del primer polígono de los cinco previstos.
“El Frente Amplio contra la Supervía Poniente (FACSP) nace en 2008, cuando comienza a circular el asunto de la Supervía”, relata Barros. “Pequeños grupos con la experiencia de 1991 – cuando se logró rechazar otro proyecto vial, el de la Carretera Contadero-Luis Cabrera – nos comenzamos a mover. Nos unimos otra vez, realizamos juntas y todos los grupos decidimos unirnos en el Frente”. Cristina recuerda que ese 6 de abril la llamaron para comentarle de los decretos de expropiación entregados por funcionarios del GDF. “Nos movimos inmediatamente y nos organizamos”.
Tras unos meses de prórroga concedida para que “los niños terminaran el ciclo escolar”, los decretos se comenzaron a ejecutar a partir del mes de julio. Socorro Méndez, vecina de La Malinche recuerda que un día “nos avisan que se había metido una máquina rumbo a la loma (cerro)” que rodea las espaldas de la colonia. “Nos reunimos y decidimos sacar la máquina y tomamos la zona”. Así, el 26 de julio de 2010, se instala el plantón organizado por el FACSP.
Explican los vecinos de La Malinche, instalados 24 horas al día en el plantón, que desde un principio “la meta de las autoridades fue la de romper a la comunidad, lograr que los propios vecinos fueran en contra de los vecinos”. Para ello, abundan, aplicaron todo lo peor de los gobiernos autoritarios: ofrecieron prebendas; pintaron las casas a cambio de apoyo; ofrecieron dispensas, e incluso “repartieron dinero” (150 pesos por persona).
Socorro admite que “en parte lo han logrado”. De los expropiados en la primera ronda de decretos, el gobierno logró desalojar cerca de mil 500 vecinos, según cálculos de los miembros del plantón. “Se modificó de manera violenta el tejido social ya que era una colonia particularmente unida por la manera en que se conformó: la gente aquí se compró su tierra hace unos 40 años, construyó su propia casa, convivió e hizo esta colonia”.
“No es Beirut, es La Malinche”
Foto MD

El deterioro social se puede medir. Según los activistas que pasan día y noche a la espera de que el proyecto no avance “y el gobierno dé un paso atrás”, los daños sociales son representados por las “dolorosas historias de los expropiados, por el miedo que los aleja de la lucha”. Se puede también ver con los ojos del visitante al plantón: las calles son abandonas, pues ya no hay actividades significativas. Las casas aún habitadas se alternan a los dos lados de la vía adoquinada con las casas ya expropiadas y llenas de boquetes “causados para hacerlas inservibles y para dar el golpe sicológico: aquí ya no se puede hacer nada”.

Las casas aún de pie pero ya abandonadas parecen haber sido objeto de un bombardeo. Entre los hoyos causados por mano de los obreros al servicio del gobierno, se entrevé la Loma de Tarango, el cerro que sería objeto de las perforaciones para los túneles. “Ahí jugábamos nosotros cuando éramos niños y hoy nuestros hijos”, comentan los vecinos. Lugar de paseo, de recreo, de juego, de esparcimiento, la Loma se está convirtiendo en un montículo cubierto del fino polvo blanco levantando por las obras de perforación del suelo que ya se realizan. “Aún no excavan, apenas son los estudios de mecánicas de suelo… Ni esos tenía el proyecto que presentaron”, dice un vecino para remarcar el elevado número de irregularidades de este proyecto.
De un lado una colonia, aún muy viva, hay gente viviendo la cotidianidad, en la escuela y el mercado. Al fondo de La Malinche, la calle aparece cerrada: ahí está el plantón. Luego, pocas calles conducen al muro que apenas el primero de enero pasado, tras un muy discutible operativo policíaco llevado a cabo en la madrugada de año nuevo, las autoridades elevaron para separar la zona objeto de los primeros trabajo del plantón. Decenas de policías antimotines (granaderos) resguardan a los casi cien trabajadores que comen, ríen y laboran completamente aislados de la vida de la comunidad de La Malinche. Los escombros aparecen de un lado y otro, pues al parecer los trabajadores echan del lado del plantón las sobras de su trabajo. Un vecino mira el panorama y bromea: “Esto que ves – dice al reportero – no es Beirut, es La Malinche”.
Ya se ganó la hermandad
Foto MD

“Llegaron el primero de enero de este año, a las seis de la mañana”, cuenta Socorro Méndez quien no deja de indignarse por el abuso cometido en contra de los vecinos de La Malinche. Mientras la resistencia obligaba a Marcelo Ebrad a prometer públicamente el diálogo con el FACSP, sus policías invadían las calles de la colonia e instalaban un muro divisorio entre los vecinos afectados y los trabajadores. Días más tarde, el 5 de enero, cuando el Frente protestaba en las calles del centro de la Ciudad de México, trabajadores enviados por el gobierno derribaron techo y muros de algunas casas aún en poseso del plantón. La reacción fue inmediata, tuvieron que abandonar la marcha muchos vecinos y defender “su patrimonio”.

Estela es una señora que no participa activamente al plantón pero, dice, “lo apoyo”. Camina estas calles violentadas en días pasados por los policías del GDF. “Queremos reconocer con nuestros pasos estas calles. Vivo del otro lado de ese muro”, comenta y levanta el dedo índice señalando el abuso. “Se siente tristeza porque toda la vida pasamos por aquí y de pronto…”, se le cortan las palabras. Su hija camina con ella: “Este era nuestro paso. Conocíamos a todos. Ahora, hay que conocer los vecinos por el otro lado. Los que estaban aquí ya se fueron. Y los que quedan, ya no los vemos pues ya no pasamos por aquí”.
La tristeza se fuga rápidamente cuando nos unimos a la gente en el plantón. “Cuando comenzaron las expropiaciones decíamos ‘bueno, aún pasamos’. Pero ahora, mire el muro que levantaron, qué tan alto está… no sea que nos vayamos a robar un policía y nos acusen de secuestro. Cada uno defiende sus ideales, lo que cree justo. Por eso estamos aquí. Los no expropiados vamos a serlo. Por eso hay que apoyar”, comenta Socorro. De los 336,626,524 metros cuadros que, según el decreto de expropiación, serán ocupados por la obra, apenas se ocuparon tres mil. “La lucha apenas comienza”.
“Tengo tres razones para estar aquí”, dice Socorro Méndez. “Se llaman Iván, Marisela, Angélica, mis tres hijos”. Aunque el gobierno los acusa de no ser los afectados directos, Socorro comenta que “el gobierno puede decir lo que quiera, pero lo ambiental no tiene remedio y yo me preocupo por el futuro de mis hijos. Se van a echar 60 mil árboles… Sin agua, sin aire…¿qué vamos a hacer?”. Y añade: “No tenemos derecho de hacer eso: el gobierno y nosotros si nos dejáramos”.
Socorro Méndez llega al plantón a las diez de la mañana y se va a la medianoche. Todo el día al frente: “Hacemos varias actividades: cocinamos, tejemos, charlamos, leemos libros… Es mi segunda casa este espacio. A veces nos ofrecen eventos: música, cineclub y tenemos visitas solidarias de muchos lugares del Valle”. Cristina Barros confirma la solidaridad que el plantón recibe todos los días: “Muchísimas organizaciones se acercaron al Frente. Como 50. Cada una en lo que puede, con sus capacidades”. En el plantón participan activamente cerca de cincuenta vecinos. “Nuestros maridos se tienen que ir a trabajar y tenemos que atender a las cosas de la casa”, explica Socorro. Saca la mano del bolsillo y enseña un teléfono celular: “Estamos conectados con mucha gente y avisamos de todo lo que pasa, listos para cualquier emergencia”.
Según Socorro Méndez, el espacio comunitario que se ha creado es muy bonito. “Con el pretexto del plantón recuperamos el gusto de estar juntos, compartir las fiestas y el quehacer cotidiano”. Mirando al futuro, Socorro Méndez se pregunta: “Los que estamos aquí, decimos: el día que esto se termine, ¿qué va a pasar?”. Comenta que aún siendo vecinos, antes de comenzar la resistencia, no todos se conocían. Ahora es al revés: “Todos nos ayudamos, todos nos conocemos, nos reunimos para resolver los problemas que alguien pueda tener, hay mucho compañerismo”. Finalmente, emocionada, Socorro Méndez admite que “con toda esta experiencia, lo malo y lo bueno, hemos reído y llorado, hemos tenido estrés y miedo. Todo esto yo no lo cambiaría”.
Perspectivas y derechos humanos 
A finales de noviembre de 2010, sobre todo tras la emisión de las “medidas cautelares” emitidas en el curso del 2010 por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se formó la llamada Comisión Civil de Acompañamiento(CCA), conformada por diversas personalidades de la sociedad civil mexicana y con el objetivo de acercar las partes – FACSP y GDF – para sentar las bases de un diálogo posible.
Manuel Fuentes Muñiz es presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) e integrante de la CCA. En las últimas semanas la CCA ha tratado de mediar entre las partes construyendo un posible formato de diálogo. Pero la realidad parece decir otra cosa: la obra, aunque lentamente, sigue su curso y el GDF no parece querer dar un paso atrás. Según Fuentes, el GDF afirma querer conseguir resultados concretos del diálogo con el Frente, sin embargo, cada parte está firme es su posición.
“La Supervía va porque va”, afirma el GDF, mientras el Frente está firme en su negativa al proyecto. Fuentes Muñiz admite el cada vez más difícil rol de la CCA y señala que, termine como termine, el GDF va a pagar un elevado precio político. Dicho precio podría elevarse aún más, tras la emisión, el 20 de enero pasado, de las “recomendaciones” por parte de la CDHDF dirigidas a Marcelo Ebrad y a los titulares de las dos Delegaciones políticas involucradas en el proyecto (Magdalena Contreras y Álvaro Obregón) que, en caso de ser aceptadas por el GDF, obligarían a las autoridades a “parar las obras” hasta cumplir con los compromisos fijados por la Comisón.
Dichas recomendaciones, fruto de las quejas presentadas por los vecinos que dieron origen a una investigación independiente de la misma Comisión, abordan el tema desde el punto de vista de la violación a los derechos humanos de los opositores a la obra y dividen sus comentarios en seis rubros distintos: derecho a una vivienda adecuada, derecho a un medioambiente sano, derecho al agua, derecho a la información, derechos políticos y derecho a la seguridad jurídica.
En particular, la CDHDF recomienda al GDF ordenar “la suspensión de la obra hasta que se lleve a cabo una consulta pública, a fin de garantizar una participación amplia y plural en la que se recojan y consideren las preocupaciones, opiniones y propuestas de las personas afectadas”. Asimismo, afirma la Comisión, es necesario que “se valoren distintas alternativas de movilidad sustentable en el sur-poniente de la Ciudad de México”.
Actualmente, uno de los argumentos más señalados por parte de las autoridades para negar la posibilidad de cancelar el proyecto es el compromiso económico contraído con las empresas constructoras, mismas que estarían facultadas a cobrar hasta 36 millones de pesos en caso de no realizarse la Supervía. Cristina Barros, aún reconociendo el compromiso, afirma que “hay la posibilidad de dar paso atrás. Ellos (el gobierno) dicen que tienen compromiso con la empresa, pero la verdad es que el título de concesión (de la obra) es criminal para las finanzas de la ciudad”. Lo anterior porque los costos de parar la obra serían menores a los costos de la obra sumados a los costos ambientales provocados.
No obstante, Cristina Barros afirma que actualmente el diálogo con el GDF no es el principal eje de lucha del FACSP. “De ellos quisimos conocer el proyecto; mostrarles los datos que indican que el proyecto es inútil. Hoy por hoy, lo único que queremos es evidenciar los problemas. Nuestro eje es hacer conciencia, difundir las recomendaciones de la Comisión, unirnos a las organizaciones, esperar que el GDF recapacite. Seguir trabajando en la defensa de la cuenca de México, pues sin ella no vamos a vivir”.
Y acerca del Valle de México comenta: “No se puede seguir viviendo así. Es necesario sentarnos todos a estudiar seriamente el Valle y planear de otra manera a la ciudad. Necesitamos datos reales para la sustentabilidad de la ciudad, no ocurrencias”. Entre las que Barros define como “ocurrencias” señala la línea 3 del Metrobús – también objeto de oposición vecinal en las semanas pasadas – que pasa por encima de una línea del metro. Al respecto, la activista pregunta: “¿Por qué duplicas el transporte público? Hay soluciones a la movilidad mucho más eficaces”.
Por ejemplo: “¿Por qué tenemos que desplazarnos por tantos kilómetros? ¿Transportar los combustibles por tantos kilómetros? ¿La comida?”. Las horas perdidas en desplazarse en la Ciudad de México se traducen en pérdida de tiempo de vida, de salud, de energía… Tenemos que ser más comunitarios”, señala Cristina Barros. Según ella, la única manera en que es posible “sacar adelante la vida de una ciudad como esta es tener un tejido social fuerte, acogedor” . Y prueba de esto es que “las delegaciones más seguras del Valle son las que tienen más pueblos originarios, pues hay mayor solidaridad y fortaleza social”.

Más información en:
:: Ciudadanos por Contreras
:: ProCiudad-Procontreras
:: Concesiones de OHL en el mundo
:: Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF)

Los gobiernos progresistas de América Latina, en disputa con los pueblos indígenas

1 dicembre 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de diciembre de 2010.
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Hugo Blanco, exguerrillero peruano, sindicalista campesino y actual director de la revista Lucha indígena, presenta la renovada edición de su libro Nosotros los indios (Edición Herramienta-La Minga, 2010, 239 páginas). Editado en Buenos Aires por Ediciones Herramienta, Nosotros los indios cuenta con un prólogo de Raúl Zibechi y Norma Giarracca, y los comentarios del escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien afirma que “estas páginas, escritas a borbotones, desordenadas, jubilosas y desesperadas, cuentan las aventuras y desventuras del hombre que encabezó la lucha campesina en el Perú, el organizador de los sindicatos rurales, el que impulsó una reforma agraria nacida desde abajo y desde abajo peleada”.

Galeano lo define también como “aquel loco lindo que decidió ser indio, aunque no era, y resultó ser el más indio de todos”, a lo que Blanco responde: “Me considero un indio como todos”. Y precisamente sobre la importancia del ser indígena inicia esta conversación telefónica concedida a Desinformémonos durante su paso por Buenos Aires: “El capitalismo que arremete contra la naturaleza en su búsqueda de materia prima, el calentamiento global que provoca, el asunto de las minas, la destrucción de los bosques, la construcción de las (plantas) hidroeléctricas, la agroindustria, el petróleo, todo eso afecta a quienes están más ligados a la tierra, es decir los indígenas, no sólo de América Latina sino del mundo. Los indígenas son los más atacados y son los que gozan menos de los beneficios del mundo desarrollado. Matar a la naturaleza es matar a los indígenas y por eso son los que más luchan en defensa de la naturaleza misma”.

En su discurso, usted hace especial énfasis en los indígenas no sólo como víctimas del capitalismo salvaje…

– Efectivamente, porque hay otro asunto que pocos ven. Los indígenas no sólo luchan en defensa de la naturaleza, sino también por la construcción de la nueva sociedad. Donde hay indígenas hay la comunidad indígena, que es una nueva forma de gobierno que por muy debilitado que esté, por la hegemonía del gobierno central, en convivencia y en disputa con el poder central, es un poder político, que subsiste desde hace más de 500 años. En algunas partes inclusive existen ya organismos de gobiernos supracomunales, es decir, por encima de la comunidad, como por ejemplos en la selva peruana, en Colombia o en Panamá. Por supuesto, el mejor ejemplo de ello es la organización zapatista en Chiapas. Son organizaciones democráticas, donde la comunidad es la que manda, y no el individuo. Esa es la construcción de lo que quisiéramos en todo el mundo. Si fuera así, no habría calentamiento global, pues sería la gente, la colectividad, quien decidiría si una mina debe abrirse o una hidroeléctrica debe hacerse. Sería la humanidad en defensa propia a decidir el rumbo del mundo.

Esta postura pone a los pueblos indígenas en la vanguardia, al menos en América Latina, tanto en la defensa de la naturaleza como en la construcción de una sociedad nueva. Es decir, en los dos rubros fundamentale para salvar a la humanidad.

No le llaman socialismo, está claro. ¿Cómo va un mapuche a llamar socialismo a su práctica cuando estuvo luchando en contra del gobierno socialista de Michelle Bachelet (en Chile) que usaba las leyes de Pinochet para aplastarlos? O ¿cómo va a llamarse socialista un indígena ecuatoriano que está confrontando al Socialismo del siglo XXI de Rafael Correa (en Ecuador)? El nombre no importa, es lo de menos, lo que interesa es que (los indígenas) están forjando el nuevo tipo de sociedad que quisiéramos.

¿Cuáles son las características de esa nueva sociedad?

– Los indígenas de todo el mundo compartimos los mismos principios éticos, ya estemos en Canadá, en la India o en África tenemos unos denominadores comunes. El primero es el gran amor a la naturaleza, sentirnos hijos de ella y convivir con los otros hijos de la naturaleza. Luego pensamos que los asuntos que atañen a la colectividad son resueltos por la misma y no por el individuo. Otro aspecto fundamental es el llamado ‘buen vivir’, o sea que la felicidad no consiste en tener cada vez más dinero o comprar las cosas que están a la moda, sino poder vivir satisfactoriamente. Finalmente, hay que señalar el amor a los ascendientes y a los descendientes característico de la ética indígena.

La cosmovisión indígena nos coloca en un ciclo mucho más amplio que la vida de un individuo…

– Sí, ese es un pensamiento común en los pueblos indígenas. Por eso, la agricultura que realizan los indígenas está pensada en no dañar la tierra. al contrario de la agricultura industrial que asesina la tierra con el monocultivo y el uso de fertilizantes. Este pensamiento es completamente contrario al gran mandamiento neoliberal que se centra en cómo ganar dinero en el menor tiempo posible. Si para ello tienen que destrozar a la humanidad, no les importa.

Muchos confunden la atención y el interés por el mundo indígena y sus principios con una tendencia nostálgica, un anhelo de una sociedad rural que se contrapone a los excesos de nuestras sociedades negando las “conquistas” del llamado “progreso”.

– En efecto. No es casual que los pueblos considerados más ‘salvajes’ sean los más avanzados en la lucha de resistencia. En Perú, por ejemplo, no son los quechuas los más avanzados, sino los que viven más alejados de la llamada civilización, los más primitivos. Yo creo que tenemos que volver a esa ética que señalé, que no quiere decir regresar a la vida primitiva, sino a esos principios éticos. Y con ellos, mantener la subsistencia de la humanidad.

¿Y la sociedad actual?

– De todas las ventajas del llamado ‘progreso’ hay que ver cuáles podemos seguir disfrutando sin poner en peligro a la humanidad y su subsistencia y de cuáles tenemos que prescindir. Esa ética indígena es la que la humanidad tiene que respetar.

Actualmente existen experiencias indígenas que rechazan el poder del Estado y otras que lo mantienen. ¿Es una contradicción?

– Cuando yo era joven luchábamos por una sociedad más justa. Hoy también luchamos por la supervivencia de la humanidad misma. Por eso, nosotros apoyamos de todo corazón a Evo Morales (en Bolivia), a Hugo Chávez (en Venezuela), a Rafael Correa (en Ecuador) en su confrontación con le imperio y en su lucha en contra la reacción interna. Pero no los apoyamos en su confrontación con los pueblos indígenas, por supuesto que estamos del lado de los indígenas. Por ejemplo, en Bolivia apoyamos a los indígenas que le exigen a Evo Morales que sea consecuente con el derecho a la consulta reconocido en el Convenio 169 de la OIT – que es ley en Bolivia – y también con la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU. A los gobiernos progresistas no los llamo así metiendo el adjetivo entre comillas. Son progresistas realmente frente al imperio y a la derecha reaccionaria, pero claro estamos en contra de ellos cuando la disputa es con los pueblos indígenas.

-Háblenos del libro Nosotros lo indios.

– La edición no tiene un orden específico. Es una recopilación de cosas escritas en estos años de lucha. Son escritos en diversas épocas, hay la correspondencia con José María Arguedas (escritor peruano), están las cartas que escribí desde la prisión cuando pedían la pena de muerte para mi, y hay últimas cosas que escribí en estos años-

El título de “indios” es para recuperar el nombre histórico con el que nos señalaron los conquistadores. Tomo el látigo con el que nos azotaron por mucho tiempo y contesto con ese mismo látigo, en lugar de usar un nombre que suavice o disimule la opresión como es ‘indígena’ o ‘pueblos originarios’.

¿Cuándo vendrá a México a presentar Nosotros los indios?

– Voy a presentar el libro a México cuando Usted me pague el pasaje por allá…

Septiembre de 2010

Migración hondureña: el sabor del reencuentro y el adiós

1 dicembre 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de diciembre de 2010.
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Del 8 al 9 de noviembre del presente año, se realizó el IV Foro Mundial de Migración y Desarrollo (FMMD), Jornadas de la Sociedad Civil, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. El encuentro, al que acudieron más de 400 delegados de al menos 62 países, es un espacio creado junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que llegó este año a su cuarta edición, tras las reuniones de Bruselas en Bélgica (2007), Manila, Filipinas (2008) y Atenas, Grecia (2009). En la edición mexicana del Foro se abrió por primera vez un espacio llamado “espacio común”, en el que los delegados gubernamentales tuvieron la oportunidad de confrontarse con la sociedad civil mexicana e internacional.

No obstante, dicho espacio común ha sido juzgado insuficientemente desde su creación. Por lo anterior, la sociedad civil organizada alrededor del tema migratorio, organizó una amplia serie de eventos “alternativos” a la reunión oficial, mismos que se concretaron en la semana previa al encuentro de Puerto Vallarta. En particular, resultó muy provechoso el llamado “Foro mundial alternativo de los pueblos” quien no sólo hospedó al Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, sino que fue el espacio en el que fue recibida la Sexta Caravana de Madres Centroamericanas (CMC), organizada por la Red de Comités de Migrantes y Familiares de Honduras (Red COMIFA) y que viajó a México en búsqueda de sus migrantes “desaparecidos”: hijos, padres, hermanos y hermanas que dejaron de comunicarse una vez entrados a territorio mexicanos en su largo viaje a Estados Unidos.

La Caravana de Madres

La iniciativa de organizar una caravana de madres de Centroamérica que viajen rumbo a la frontera con Estados Unidos buscando a sus familiares migrantes “desaparecidos” no es nueva. A lo largo de los últimos años han sido organizadas más de diez iniciativas como ésta. Sin embargo, la caravana de este año tiene particular importancia y tuvo cierta visibilidad no sólo por el contexto del IV FMMD, sino, sobre todo, por las cada vez más insistentes noticias relativas al secuestro de ciudadanos migrantes existentes en México. En este aspecto, hay que recordarlo, el pasado 27 de agosto fueron hallados 72 migrantes asesinados supuestamente por el grupo delictivo Los Zetas en el estado de Tamaulipas, en el norte de México, tras ser secuestrados e “invitados” a trabajar para la organización.

“Es difícil convivir con la idea que quizás tu hijo, tu hermano o un familiar pueda correr la misma suerte”, confiesan las madres hondureñas de la CMC. Y sin embargo, insisten, es necesario averiguar dónde están “nuestros familiares”. Fueron 11 madres y dos padres los que viajaron en esta caravana. Fueron recibidos en la frontera de Chiapas con Guatemala a principios de noviembre por parte de la sociedad civil mexicana. En particular fue Elvira Arellano, la activista migrante de la organización estadounidense Somos Un Pueblo Sin Fronteras, de Chicago, Illinois, quien se encargó de ir por ellas hasta la ciudad fronteriza de Tapachula y acompañarlas en su recorrido hasta la Ciudad de México.

En su larga trayectoria pudieron visitar Casas del Migrante en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Su viaje consistió también en entrevistas con funcionarios de gobierno y del Instituto Nacional de Migración (INAMI) del gobierno mexicano. Pero fue sobre todo concentrado en la búsqueda de sus familiares y de los presentes en la larga lista de migrantes que llevaron consigo: más de 650 personas. Esta búsqueda se concretó en mítines en las plazas públicas, difusión de su presencia, entrevistas y averiguación de “pistas” que ya se tenían o que fueron encontrando en el camino. Un intenso trabajo, cansado, explican las madres, y frustrante en muchas ocasiones. Pero también con ciertas satisfacciones ya que, dicen, “si una de nosotras encuentra a su familiar, es la felicidad de todas”.

Rosa Nelly Santos, de Progreso, Honduras, es integrante de la CMC y mujer experta ya en el tema tanto migratorio como en la dinámicas de las caravanas de este tipo. Ella es una de las que comenzaron todo el proceso que hoy culminó en esta Sexta CMC. Entrevistada por Desinformémonos, recuerda que “el Comité de Familiares Migrantes de Progreso (Cofamipro), el primero, nace en 1998, después de lo que sucedió con el huracán Mitch. Todo comenzó por un programa de radio que tenemos en Radio Progreso, La Colondrina”. De esa experiencia nació un programa de radio que se llamaba Sin Fronteras, continúa, que se situó como enlace entre los migrantes en Estados Unidos y los familiares en Honduras que se había quedado incomunicados.

“Luego comenzaron a llegar muchas madres para pedirnos informaciones de sus hijos que habían viajado al norte, en Estados Unidos, pero también en México”. Estas madres se convirtieron pronto en las protagonistas de ese programa radiofónico. Hoy el programa se llama “Abriendo fronteras”. “Nos reuníamos en la calle, en las iglesias, en los espacios que encontrábamos. Hoy, por suerte, ya tenemos varias oficinas y la organización se extiende a nivel nacional en todo Honduras”.

Nelly Santos cuenta: “Entré al Comité en 2003 pues perdí comunicación con mi sobrino. Tenía miedo que le fuera a pasar lo que a muchos les tocó. Mi hijo, quien migró y logró quedarse en Miami trabajando, aunque sin papales, es quien me manda dinero y me apoya en este trabajo. En 2004, nos enteramos que había muchas organizaciones como la nuestra en todo el país, de tal manera que nos reunimos todas y creamos la Red COMIFA que reúne a todos los comités de migrantes y familiares del país”. Antes del año 2004, Cofamipro, organizó tres viajes: uno a Guatemala y dos a Tecún Umán (frontera con Tapachula). En el segundo viaje a la ciudad fronteriza de Guatemala, aprovechando una procesión religiosa, la caravana pudo pasar la frontera y entrara a Ciudad Hidalgo y “ahí encontramos a cuatro personas”.

La búsqueda

“Busco a mi hijo, se llama Lenin Mejía Navarro”, dice Olga Lidia Navarro, de Honduras, en entrevista con Desinformémonos. La mujer no parece desesperada, sino más bien confiada en que, “algún día lo encontraré”. Dice: “La pista que traigo es ésta” y enseña una dirección y un teléfono de Tijuana, en la frontera norte. Me habló una vez y luego me comunicó a una mujer quien fue la única con la que hablé en ocasiones posteriores. Mi hijo se vino hace 14 años y la comunicación que tuve fue cuando llegó a Tijuana. Él salió en 1996 cuando tenía 18 años, se fue con un amigo. Su amigo regresó y contó que lo había dejado antes de llegar a la ciudad de la frontera. Tras esas llamadas ya no ha vuelto a comunicarse”. La madre hondureña habla de la recepción que las autoridades mexicana les otorgaron y reconoce que fueron “todos muy amables” pero que aún falta mucho ya que “el gobierno (mexicano) tiene que entender que al salvar un migrante le está dando alegría a toda una familia en su país de origen, esto no se puede despreciar”.

Nelly Santos dice que “en nuestra experiencia pudimos ver de todo. Hay por ejemplo muchos mutilados (por los trenes) que regresan a nuestro país; sabemos que muchas mujeres de Honduras fueron secuestradas y vendidas en Guatemala, tenemos muchos muertos que regresaron enfermos a su país y ahí murieron (de VIH u otras infecciones mortales)”. Recuerda la primera caravana realizada entre 2005 y 2006 cuando, con la solidaridad de muchas organizaciones cercanas a las parroquias de Honduras, pudieron llegar hasta Veracruz (en la costa atlántica de México) aunque sin visitar a las Casas del Migrante. “En 2008 se organizó la quinta caravana, con el apoyo del Padre mexicano Luís Ángel Nieto de la organización Lazos de Sangre, quien fue a Honduras y llevó a las madres a México”.

Sin embargo, afirma, “nunca antes pudimos visitar las estaciones migratorias”. Este año, 2010, al contrario, el INAMI abrió las puertas de los centros de detención para migrantes de México: en Tapachula y en la Ciudad de México. “No sabemos por qué este año se nos abrieron las puertas, probablemente porque ahora sí contamos con una red muy vasta de organizaciones y personas que nos apoyan y esto nos permite ejercer mayor presión sobre las autoridades”. Tanto es así que este año, la CMC fue recibida en todos los espacios institucionales más importantes: Congreso de la Unión, INAMI, Centro Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

A pesar de lo anterior, Nelly Santos no se deja engañar: “Hubo mucha abertura por parte de las autoridades, pero sabemos muy bien que lo hicieron ‘bien’ porque todo está ‘mal’. Nos enseñaron lo bonito, pero nosotros sabemos que no es así. Nuestros migrantes nos cuentan otras cosas, nos describen una realidad mucho peor de la que nos dejaron ver: ¡no nos vamos a chupar atole con el dedo!”. Y de los centro de detención afirma: “Nos trataron muy bien, se vio todo muy bonito, pero la verdad es que aunque las jaulas sean de oro, no dejan de ser jaulas”.

Lo anterior se confirma en el testimonio que dejó a Desinformémonos Marta Sánchez quien es miembro del Movimiento Migrante Mesoamericano y organizó, junto a Padre Nieto, Elvira Arellano y otros, el recorrido de la Sexta CMC en México: “Después del recorrido por el centro de detención de la Ciudad de México, nos sentamos en una mesa de trabajo con el nuevo Comisionado del INAM (Salvador Beltrán del Río)”. Continúa la activista: “Nos relató reiteradamente lo que con el recorrido nos había demostrado: instalaciones perfectas, servicio medico inmediato y completo, comida de lujo, actividades manuales para las detenidas, jardín infantil con cantos y juegos para menores. Todo perfecto”.

Sin embargo, denuncia Marta Sánchez, “no vimos migrantes”. Vieron sólo a dos mujeres y no les permitieron ver a los hombres “porque tenían problemas”. Sin embargo, algunos hombres detenidos encontraron la manera de “colarse a través de un recodo en las rejas para llamarnos, entregarnos papelitos con sus nombres y dejarnos saber que las cosas no eran como nos las estaban pintando”. Según Sánchez, los migrantes denunciaron maltratos, amenazas, y que no les permiten comunicarse con el exterior.

Uno dijo que los guardias lo habían amenazado y que le habían dicho que “no saldría de allí nunca”. Por otro lado, cuando las mujeres de la CMC denunciaron que los migrantes que regresan a Honduras reportan malos tratos de las autoridades mexicanas, Beltrán del Río les habría contestado: “No les crean nada”. Al contrario, Nelly Santos prefiere creer a los migrantes que regresan. Éstos denuncian todo tipo de abuso, comenta la madre hondureña. “Es difícil distinguir a delincuentes y policías, pues a veces son lo mismo”, dice.

De la visita a la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, el más grande centro de detención para migrantes de América Latina, Elvira Arellano reportó: “Fue algo grande porque históricamente es muy difícil que te dejen entrar a esos lugares, las madres estaban muy emocionadas, fue toda una sorpresa para los migrantes detenidos saber que madres están buscando a sus familiares, empezaron a hablar los migrantes con tanta confianza […] (los migrantes) se quejan de la falta de sensibilidad por parte de sus consulados los tienten completamente abandonados”.

La CMC visitó plazas públicas en donde se instaló con todo y sus decenas de fotografías. Intercambiaron pláticas con la gente de los distintos pueblos visitados, recaudaron información y “pistas”. Visitaron panteones y las muchas fosas comunes que hospedan los cuerpos de cientos de migrantes muertos y sin nombre. Caminaron las vías del tren y encontraron decenas de migrantes que con ellas se quejaron.

Los desaparecidos

“Cuando mi gente migró en esos años (años 90), no existían las facilidades para comunicarse que hay hoy. En ese tiempo muchos ni teníamos electricidad. Para la gente pobre eso no existía. Los correos mismos que se enviaban no siempre llegaban, pues los carteros a veces se roban los sobres cuando éstos contenían algún dinerito. Para nosotros son ‘desaparecidos’ porque no se comunican con la familia. Y luego, muchas veces tras años, las cosas cambian: uno cambia de casa porque no tiene ya para pagar la renta (el alquiler) y no tiene manera de comunicar a su familiar el cambio de domicilio y de teléfono. Y no siempre lo hacen porque quieren, ¡la mayoría de las veces es porque no tienen dinero para comunicarse!”.

Habla Nelly Santos quein afirma también que el avance tecnológico las ha ayudado mucho y el número de “desaparecidos” ha disminuido, por eso, hace unos años, afirma, comenzaron a decir que ya no había “desaparecidos”. Sin embargo, “desde hace unos cuatro años más o menos que comenzaron los secuestros de migrantes en México, tenemos nuevamente desaparecidos y tenemos miedo que hayan sido secuestrados y masacrados, como sucedió en Tamaulipas”. Y añade: “Lo de los secuestros lo veníamos denunciando desde hace mucho tiempo, pero eran casos aislados y nuestro gobierno siempre se ha desentendido del problema y no nos daba dinero para repatriar a los cadáveres. Tuvimos que organizar eventos de solidaridad para recaudar fondos para regresar cuerpos de nuestros migrantes a sus familias”.

Los demás cuerpos, se sabe, están en las fosas comunes en México. “En Ciudad Hidalgo, por ejemplo, hay una muy grande, en donde hay cuerpos sin nombre: tienen X por nombre y por apellido. Lo único que escribieron es el sexo”. A este propósito, Nelly Santos explica que antes la mayoría de migrantes (y por consecuencia de desaparecidos) eran hombre. “Hoy la cosa cambió ya que que son cada vez más las mujeres e inclusive los niños que migran”. En las listas que manejan las madres de la CNC hay efectivamente dos adolescentes que migraron a la edad de 13 años (un niño) y de 17 años (una niña) “para buscar a sus padres”.

Este último caso es narrado por Nelly Santos: “Ella salió de Honduras y fue secuestrada y vendida en Guatemala en un burdel llamado ‘Eclipse del amor’. Había un amigo que estaba enamorado de ella y que viajaba regularmente a Guatemala a trabajar en la industria cañera (de caña de azúcar). La fue a buscar y nos mantenía informados de la situación de la muchacha. El caso fue que un policía llegó a conocer a la joven, se enamoró de ella y juntos se vinieron a México donde se casaron. Hoy la madre de la adolescente, que es parte de nuestra organización, viene a México a visitarla regularmente”.

El Tribunal de Conciencia de los Pueblos en Movimiento

En el marco del Foro Mundial Alternativo de los Pueblos, se organizó el Tribunal de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TCPM) que sesionó durante tres días, del 4 al 6 de noviembre, en la Ciudad de México. En el estuvieron involucrados los miembros de al menos 500 organizaciones sociales, de derechos humanos y activistas a vario título del movimiento de solidaridad con los migrantes, todos procedentes de 60 países del mundo. Tras la sesión preliminar llevada a cabo en Quito, Ecuador, en ocasión del Cuarto Foro Mundial de Migraciones del 8 al 12 de octubre de 2010, el TCPM presentó casos que involucró en demandas específicas a 20 gobiernos de respectivos países del mundo, entre los cuales Estados Unidos (EU), el mismo México, distintos países de Centroamérica, Libia, Israel, Sudáfrica, Filipinas y la Unión Europea, particularmente el Estado español, Francia e Italia.

Con una referencia explícita a la experiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) con sede en Roma, Italia, el TCPM reunió casos y demandas que impiden “el derecho a la libre movilidad humana (libre circulación y tránsito), misma que incluye tres dimensiones: el derecho a migrar y permanecer; el derecho a no migrar; y el derecho a no ser desplazados”. En este contexto, salieron a flote muchos casos que fueron expuestos, analizados y juzgados en los tres días de sesiones que se dividieron en analizar las violaciones en América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México), América Latina y Europa.

Fueron denunciados los casos “mexicanos” del amenazado desplazamiento provocado por el proyecto de la presa La Parota en el estado de Guerrero, en el sur mexicano. Se denunció el caso de acoso que sufre el Municipio Autónomo de San Juan Copala así como las amenazas que aún penden encima del pueblo de San Salvador Atenco. Se denunciaron los casos de separación de familias: el caso de Elvira Arellano deportada de EU y separada de su hijo; el caso de Elizabeth León Medina, deportada y maltratada por las autoridades de Canadá; el caso de David Lawrence Green, deportado después de ser adoptado y llevado a Nueva Yor donde vivió 29 años desconociendo su origen mexicano; el caso de Doña Cirila, indígena chatina del estado de Mississipi, EU, a la cual le fue quitada su hija recién nacida (dada en adopción a una pareja estadounidense), por “falta de idioma inglés”.

A su vez, salieron los casos de los potenciales desplazados del Movimiento Justicia del Barrio de Nueva York, los casos de desplazamiento forzado de afro-descendientes e indígenas a causa del control paramilitar en Colombia, el caso del pueblo Mapuche y de los campesinos desplazados en Brasil. Se habló de política migratoria europea y del pueblo Saharaui, así como de la tragedia en la Franja de Gaza y de la problemática de los ex-braceros mexicanos que, tras trabajar de jornaleros en Estados Unidos en los años 60, aún no perciben los fondos de ahorro que por ley les corresponden. Finalmente, se realizó un informe especial acerca de la masacre de 72 migrantes ocurrida en el estado de Tamaulipas el verano pasado.

Problemas comunes

Un aspecto particularmente interesante del TCPM fue llegar a la conclusión que existen muchos factores comunes entre los casos, en ocasiones tan distintos, que se presentaron. Más allá del carácter de injusticia que existe tras cada caso, el TCPM identificó algunos aspectos más específicos. Los miembros del Tribunal relataron los que llaman las “principales problemáticas comunes que plantean que las violaciones a derechos humanos, laborales, sociales y culturales se presentan de manera múltiple lo cual nos lleva a establecer que dichos conflictos afectan a todas las personas migrantes con o sin papeles”.

En particular, el TCPM señaló la relación estrecha entre procesos de resistencia y desplazamiento forzado, sobre todo “en contextos de devastación ecológica y/o de luchas por la libre determinación”. Indicó además la existencia de un patrón común que se expresa a través de la imposición de políticas neoliberales y de criminalizaciones de luchas de resistencia y luchas sociales en general. En este aspecto, hay una práctica común a lo largo de todos los casos, y por ende de los territorios involucrados, de “escarmiento de comunidades en resistencia, expulsión sin debido proceso de activistas solidarios internacionalistas asesinatos y golpizas, tortura sexual y violaciones sexuales de mujeres detenidas como estrategia de guerra contrainsurgente de baja intensidad en contexto urbano”.

Otro aspecto señalado fue respecto a las muertes de migrantes en todo el mundo. En este caso, indica el TCPM, “es necesario exigir la exhumación para los familiares que así lo deseen para que puedan llevarlos a su tierra de origen y asimismo visualizar que es un problema generalizado”. De ser poco, se identificó la existencia de un patrón común en lo que tiene que ver con las detenciones de migrantes que reciben “tratos crueles e inhumanos, equiparables a tortura y crímenes de lesa humanidad”. Asimismo, se señaló la violación generalizada de los derechos laborales de los migrantes víctimas, a su vez, de una general política de “exportación de mano de obra forzada”.

Rumbo a la COP16 en Cancún

1 novembre 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de noviembre de 2010.
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México, DF. Del 29 de noviembre al 10 de diciembre próximos, se llevará a cabo la 16 Conferencia de las Partes (COP) sobre Cambio Climático, reunión convocada por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), en Cancún, Quintana Roo, en México. La mejor conocida como COP16 tratará, según las intenciones declaradas por parte de los 192 países que en ella tendrán representación, de llegar a un acuerdo multilateral que sustituya el próximo a vencer Protocolo de Kioto, que fue firmado en 1992 en la Cumbre de la Tierra y que aborda la reducción de las emisiones de Gases de Efectos Invernadero (GEI).

Así como los gobiernos del mundo parecen concentrar su atención por el medioambiente en la próxima reunión en Cancún, así la sociedad civil mexicana e internacional hicieron de la reunión de la COP16 parte fundamental de su propia agenda. En ella, sin embargo, no se habla de cambio climático, sino más bien de “crisis ecológica y climática”, abriendo el camino a un debate más complejo que impone en las mesas de discusión, tanto los derechos de la Madre Tierra, como de los pueblos que en ella viven.

Con agendas múltiples y ricas en iniciativas, distintas organizaciones sociales, movimientos ecologistas y campesinos, movimientos autónomos y ONGs se están dando cita en Cancún para protestar ciertamente, pero también para proponer alternativas válidas a las que definen las “falsas soluciones” promovidas en las sedes oficiales de la COP. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales que se preparan para “tomar” Cancún en los días de la conferencia internacional, en especial las que son parte del movimiento social mexicano, pretenden aprovechar la ocasión de los “ojos del mundo” concentrados en México para mostrar la realidad de un país especialmente víctima de la crisis ecológica, misma que el gobierno federal mexicano esconde y, en su caso, niega reprimiendo a los movimientos que protestan.

Tras el fracaso de la anterior reunión de la COP en Copenhague, Dinamarca, el año pasado, que produjo – por iniciativa de únicamente cinco países, China, Estados Unidos, India, Brasil y Sudáfrica – sólo un documento de tres hojas – el “Entendimiento de Copenhague” – que no obliga a ninguna de las partes a su cumplimiento, la COP16 se presenta como el enésimo potencial parteaguas para salvar al planeta y a la vida del “cambio climático”. A pesar de lo anterior, múltiples declaraciones, tanto de representantes del gobierno mexicano, anfitrión de la conferencia, como de otros actores gubernamentales involucrados en el proceso, apuntan a acotar los posibles resultados concretos de la reunión. Por el contrario, para los movimientos sociales globales, ésta representa una ocasión más para insistir en que “no hay que cambiar al clima, hay que cambiar al sistema”.

Los movimientos

El panorama de las agendas de los movimientos sociales rumbo a las actividades alternas a la COP16 se ha enriquecido en los últimos meses con decenas de actividades y propuestas. Aunque en un primer momento pueda parecer que el movimiento esté dividido, la realidad habla de una vasta y rica complejidad que refleja totalmente el gran abanico de organizaciones y posturas existentes en México y en el mundo. Con todo lo anterior, las distintas agendas del movimientos rumbo a la COP16, según declaran los protagonistas de sus formulaciones, coinciden en que no se puede hablar de “cambio climático” porque ello sería reducir el problema, hacerlo más simple de lo que es. Hay que hablar de “crisis ecológica”, insisten los movimientos, y dicha crisis hay que insertarla en la más compleja “crisis multidimensional” por la que está atravesando el mundo. Dicha coincidencia no es poca cosa, pues gracias a ella, el movimiento social internacional supera las aparentes divisiones entre “ecologistas” y “movimientos sociales”, los primeros supuestamente ajenos a los temas de la “justicia social”, los segundos menospreciadores del tema “ambiental”.

Al mismo tiempo, las distintas agendas del movimientos coinciden en la formulación de propuestas concretas de actividades a realizarse en los días de celebración de la COP16. Espacios distintos entonces, pero incluyentes al mismo tiempo y con un horizonte común en contra de las “falsas soluciones” (el Entendimiento de Copenhague, pero también los llamados “bonos de carbono” y los acuerdos REDD y sus evoluciones) y de los espacios “no democráticos” como es la COP, pero también en favor de la autonomía de los movimientos y sus agendas, con propuestas en contra de la crisis ecológicas, que van del llamado “decrecimiento” hasta “la vía campesina al enfriamiento del planeta”, de “las enseñanzas de los pueblos originarios” hasta el radical cambio del modelo de desarrollo capitalista e industrial.

“Miles de Cancún por la justicia climática”

“Llamamos a los movimientos sociales, a las organizaciones populares y a los pueblos de todo el mundo a organizar el 7 de diciembre 2010, miles de protestas y acciones en rechazo a las falsas soluciones y las soluciones de mercado. Nos declaramos en movilización permanente hasta derrotar las negociaciones de gran mercado en Cancún en diciembre de 2010”. Así termina el comunicado que el pasado 1 de septiembre Vía Campesina (VC), organización campesina internacional, publicó y en el que analiza la situación de las negociaciones internas a la COP y fija su postura. En el documento, la organización campesina apunta que la reunión de Copenhague el año pasado “demostró la incapacitad de la mayoría de los gobiernos para enfrentarse a las causas reales del caos climático”.

Señala además que los países industrializados han convertido a las “negociaciones climáticas” en un gran mercado. Ejemplo de ello, insisten los miembros de VC es el llamado “Mecanismo para un Desarrollo Limpio” (MDL) del protocolo de Kioto que “permite a los países seguir contaminando y consumiendo como de costumbre, a cambio de pagos mínimos para que supuestamente los países del Sur reduzcan sus emisiones”. A propósito de “falsas soluciones”, VC señala también su rechazo a “la iniciativa REDD (reducción de las emisiones por deforestación y degradación)”, ya que “la protección de los bosques y la reforestación de los bosques degradados es una obligación de todos los gobiernos que debe implementarse sin limitar la autonomía, los derechos o el control de los pueblos indígenas y campesinos sobre la tierra y los territorios”.

Al mismo tiempo, VC rechaza el llamado “mercado de bonos de carbono” que “ha probado ser extremadamente lucrativo en términos de generación de ganancias para los inversionistas, sin embargo ha fallado rotundamente en la reducción de gases de efecto invernadero”. Junto a ello, la organización campesina se opone a la geoingegnería que pretende alterar deliberadamente el clima. Sin embargo, VC no se queda solamente en la propuesta, sino que insiste en que “los campesinos podemos enfriar al planeta” y vuelve a presentar la propuesta ya indicada en el año pasado durante la COP15, en Dinamarca. Afirman los miembros de VC: “La investigación científica muestra que los pueblos campesinos e indígenas podríamos reducir las emisiones globales actuales al 75% al incrementar la biodiversidad, recuperar la materia orgánica del suelo, sustituir la producción industrial de carne por una producción diversificada a pequeña escala, expandir los mercados locales, parar la deforestación y hacer un manejo integral del bosque”.

En entrevista con Desinformémonos, Alberto Gómez, responsable por la región América del Norte de Vía Campesina, afirma que en la Conferencia de los Pueblos realizada en Cochabamba, Bolivia, el pasado mes de abril, la organización tuvo una reunión global para definir su agenda rumbo a la movilización en ocasión de la COP16. “Hemos decidido convocar a la movilización global de la organización”, explica, “ya que no toda la Vía Campesina podrá estar en Cancún”. Con la consigna de “Miles de Cancún”, Gómez explica que se comenzó ya a trabajar en muchos países en donde la organización tiene presencia para preparar movilizaciones locales que “ofrezcan un marco a las protestas en México”.

Añade que rumbo a Cancún, además de tener una amplia agenda de actividades, lo principal “es informar a la gente”. Señala que la gente, “el pueblo”, está sintiendo la problemática, la está sufriendo, “pero no tiene la información suficiente para relacionar las cosas”. Abrir el debate entre las cientos de organizaciones y resistencia existentes en México que se oponen tanto a los “megaproyectos” como las consecuencias de la “política ambiental” del gobierno es medular para Vía Campesina. “Tenemos que informar a la gente, que sepan que todo es parte del mismo problema, pues informando tendremos las herramientas para organizarnos”, concluye.

Con respecto a otros espacios de organización rumbo a las movilizaciones de Cancún, Alberto Gómez resalta el vasto abanico de propuestas e iniciativas. Sin embargo, Vía Campesina buscó tener una agenda propia con el afán, eso sí, de encontrar puntos de coincidencia “más adelante”, ya próximos a las protestas de principio de diciembre. “Trabajamos todos, organicémonos, realicemos cada quien nuestras actividades, sólo así vamos a tener puntos de encuentro y articulación en Cancún”.

La agenda y los aliados

Vía Campesina tiene un firme aliado en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA). Junto a ella, y a otras organizaciones como son la Red en Defensa del Maíz, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la organización campesina está organizando unas caravanas que no sólo llevarán sus contingentes a Cancún para organizar el “Foro Alternativo Global por la Vida, la Justicia Ambiental y Social”, del 3 al 8 de diciembre, sino también para hacer visibles “las luchas locales contra las injusticias sociales y ambientales”. Las cinco caravanas previstas “denunciarán la apatía generalizada con respecto a los escándalos socio-ambientales actuales, así como la manipulación del gobierno mexicano para implementar mega-proyectos que realmente devastan comunidades y el medio ambiente”.

Saliendo de distintos puntos de la república mexicanas (Jalisco, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca y Chiapas), las cinco caravanas contarán con la participación de los movimientos sociales de Canadá y Estados Unidos, además de muchas organizaciones de otros países del mundo. Un actor principal en la organización de este esfuerzo que se realizará a partir de finales de noviembre para converger primero en la Ciudad de México (con la prevista movilización del día de 30 de noviembre) y luego en Cancún el 3 de diciembre, es, junto con VC, la ANAA. Dicho espacio social, organizado alrededor de decenas de luchas locales en defensa del territorio y en contra tanto de los mega-proyectos, como de sus consecuencias, tuvo su Sexta Asamblea Nacional los pasados días 11 y 12 de septiembre. Reunidos en el municipio de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, los más de dos mil asistentes produjeron un pronunciamiento muy significativo.

En él, los integrantes de la ANAA afirman que sólo en el último año, dicha Asamblea acogió “a decenas de nuevos escándalos de injusticia ambiental, social y climática por diversas regiones del territorio nacional”. Dicha devastación, denuncia ANAA, está “incluida dentro de la actual política de destrucción nacional del mercado interno, de la industria y la agricultura soberanas, así como asociada a la indefensión de millones de migrantes mexicanos y centroamericanos, a la carnicería humana que ha desatado la supuesta guerra al narcotráfico, a los interminables asesinatos de periodistas, al comercio sexual de personas y menores de edad, y tantos otros crímenes e injusticias que en este Bicentenario ponen de manifiesto la situación de extremo peligro en que se encuentra México”.

Entre las muchas denuncias que realiza la ANAA es importante mencionar los “atroces asesinatos” sufridos por parte de muchos activistas ambientales y sociales en México: “Mariano Abarca, en Chicomuselo, Chiapas, muerto por oponerse al proyecto minero de la empresa canadiense Blackfire, Miguel Ángel Pérez Cazales, del pueblo de Santa Catarina, en el municipio de Tepoztlán, Morelos, por oponerse a al especulación urbana con las tierras del Texcal en las inmediaciones de la ciudad de Cuernavaca, así como de Beatriz Cariño y Jiri Jaakola, en San Juan Copala, por oponerse a los asesinatos previamente ocurridos en contra de los miembros de este municipio autónomo de Oaxaca”.

Junto a ellos, el pronunciamiento de la Asamblea señala a la “muerte silenciosa” de decenas de personas que sobrevienen, entre otras causas, por efecto de la pandemia de insuficiencia renal, que junto a otras enfermedades degenerativas ocurren en las riberas del río Atoyac, en Tlaxcala, del río Santiago, en Jalisco y de los ríos Blanco y Coatzacoalcos, en Veracruz. Todas estas muertes, afirman, son “debidas a las descargas industriales no controladas en sus cauces”.

La ANAA denuncia los cientos de proyectos de minería a cielo abierto que están destruyendo al territorio mexicano, así como el hecho que el gobierno mexicano “no ha atendido ninguna de las demandas de las 26 comunidades afectadas por las mega-granjas de cerdos de la empresa Granjas Carroll de México, propiedad de la trasnacional estadounidense Smithfield Foods”, mismas que se señalaron como causa de la llamada “gripe porcina” (AH1N1). En cambio, señala ANAA, “el gobierno federal se apresta a presentar este puerco negocio como un ejemplo nacional de los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)”. Salen a flote luego decenas de otras denuncias en contra de los proyectos de construcción de presas a lo largo y ancho del país, la concesión de nuevos campos experimentales de maíz transgénico “en las narco-regiones de los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua”.

Finalmente, la ANAA manifiesta la decisión de participar, con la Vía Campesina, en las movilizaciones de protesta ante la COP 16 del Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. “La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Vía Campesina ya comenzamos a organizar caravanas de visibilización de la situación de injusticia ambiental, climática y social en la que se encuentra hundido México”. Estas caravanas, afirman, pasarán por varios puntos donde hay luchas y resistencias de los pueblos y organizaciones de la Asamblea, para visibilizar la situación de desastre y las respuestas populares que ahí se vive, para denunciar “la grave situación nacional que padecemos” y para establecer nuevas redes locales, regionales , nacionales e internacionales de solidaridad con ellas. “Así construiremos un mapa de la devastación ambiental y social que vamos a denunciar en Cancún, como la verdadera política ambiental y climática del gobierno mexicano”.

“La crisis ambiental es económica”

Andrés Barreda, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro de la ANAA afirma que nombrar a la actual crisis múltiple como cambio climático es una “farsa”. Entrevistado por Desinformémonos, el académico mexicano dice que la transformación climática que está ocurriendo es catastrófica, con temperaturas futuras “jurásicas”, miles de millones de vidas en peligro, destrucción completa del planeta. Por lo anterior, “definir todo esto como cambio es banal y muy irresponsable”. Barreda indica que el discurso oficial “evidentemente trata de manipular a la población”. Además, continúa, el problema no es sólo climático, sino “es ecológico, en un sentido total”. Adjunto al cambio climático, “se registra el problema del agua, de la fuerte contaminación ambiental, de las aguas, mares, bosques, etcétera y todas estas crisis están interactuando en complejidad”.

Todo lo anterior (y mucho más), afirma Barreda, está sucediendo y está causando consecuencias terribles para el planeta y la vida. Y sin embargo, denuncia, “todo esto no entra en la agenda del cambio climático (de la ONU), no obstante es parte de una crisis ambiental global del capitalismo”. Por eso, insiste, es importante hablar de la crisis ambiental en un sentido complejo y de ésta junto a las demás crisis, pues “resulta impúdico hablar sólo del ambiente sin tocar el tema de la crisis económica y social que está viviendo el planeta”. Lo anterior, porque “el capitalismo ha tratado de ocultar el eje de esta crisis que es la crisis del modelo de desarrollo de la civilización petrolera”. En otras palabras, afirma, “la crisis ambiental es económica”.

Ya hablando de México, Barreda afirma que Estados Unidos ha podido convertir al país (y a otros, por ejemplo China) en el espacio de desahogo y desplazamiento de sus contradicciones y problemas. Ejemplo de ello es la industria maquiladora y de ensamble automotriz o las modificaciones a la ley que permite la siembra de plantas transgénicas. En suma, afirma el académico de la UNAM, “México, que ya no tiene la ventaja de la mano de obra barata, lo único que lo hace competitivo en el mundo es la desregulación ambiental, lo que convirtió al país en un paraíso de la destrucción ambiental”. Aunado al anterior, México está en la franja del planeta que se prevé más estará afectada por el cambio climático. “No sabemos”, afirma Barreda, “si es peor el cambio climático o el comportamiento de las autoridades mexicanas frente al problema”.

Con respecto a la movilización en el marco de la COP16, Barreda afirma que “se viene el activismo más vivo actualmente en el planeta”. Es un activismo, señala, que ya entendió que el calentamiento global se generó por la “sobre acumulación capitalista”, que “es la crisis del capital la que genera estos problemas”. Por eso, los activistas que llegarán a Cancún tienen “cada vez más claro que el capitalismo es el responsable y que no hay que cambiar al clima, sino al sistema entero”. Añade que “para nosotros (los movimientos sociales) ésta es una gran oportunidad para mostrar lo que está ocurriendo en México”. Por esto, insiste, no sólo “estamos organizándonos para ir a Cancún, sino queremos realizar las caravanas que muestren al mundo lo que sucede”. Además, señala Barreda, tanto la ANAA como otras organizaciones afines están trabajando y solicitando la realización en México de una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, mismo que debería tocar justamente la temática ambiental y la complejidad de su crisis.

Diálogo Climático-Espacio Mexicano

Junto a Vía Campesina y a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, existen otros espacios de organización y movilización rumbo a Cancún. Uno de ellos es el llamado Diálogo Climático-Espacio Mexicano (DCEM). Surgido como fusión de Diálogo Climático, espacio impulsado por un conjunto de organizaciones de base en México, y el Espacio Mexicano, nacido alrededor de la articulación de distintas organizaciones cercanas al mundo de las ONGs ambientalistas y sociales. El DCEM se compone hoy de más de 120 organizaciones sociales y ecologistas de México que, juntas, han formulado una agenda propia “que no contradice ni entra en conflicto con las otras agendas”. Se presenta como “un espacio plural y abierto, en el que se expresan distintas opiniones, estrategias y culturas políticas, al mismo tiempo que se articula sobre la base de un claro posicionamiento político para la acción común”.

Consciente de la pluralidad de propuestas frente a la COP16, el DCEM aclara que “si bien en esta confluencia no están todos los movimientos y redes sociales, se acordó mantener (en México y a nivel internacional) las gestiones unitarias, proponiendo que los diferentes movimientos sociales que van a realizar acciones paralelas coincidan en la movilización del 7 de diciembre, se elabore una declaración común, se fortalezca el apoyo mutuo en materia de difusión de las actividades, se hagan labores de prensa conjunta y se coordinen al máximos los debates y paneles, y se respete el papel y autonomía de cada espacio”. La fecha del 7 de diciembre, también señalada por Vía Campesina, se convierte entonces en la fecha símbolo de las próximas protestas en Cancún. Una movilización global se prepara y todos los esfuerzos apuntan hacia ella.

El DCEM reconoce también que “el cambio climático no es un mero problema ambiental sino que es el reflejo de una crisis global con múltiples dimensiones: económica, social, cultural y política”. El problema de fondo, afirma en múltiples comunicados, es “un modelo de producción y consumo injusto y no sustentable, causante principal del cambio climático y las desigualdades sociales, la pobreza, la exclusión, la iniquidad de género y la depredación ambiental”. Y para dejar clara la postura frente a la COP16, dicho espacio afirma que “la propuesta que impulsamos no se circunscribe a la acción coyuntural en las reuniones internacionales, en este caso la COP-16, sino a la construcción de agendas locales y nacionales y su articulación con los movimientos globales por la justicia climática”. Lo anterior, abundan, implica procesos múltiples y descentralizados que incluyen los esfuerzos de muchas organizaciones y movimientos en todos los estados y regiones del país y de todo el mundo.

Con referencia a las declaraciones del gobierno mexicano y otros que buscan minimizar los alcances de la reunión de Cancún e inclusive crear las expectativas de que un acuerdo integral no se logrará, el DCEM afirma que “el movimiento social y las organizaciones civiles mexicanas y mundiales discutiremos en Cancún nuestras propuestas para hacer frente al problema y, a través de manifestaciones pacíficas haremos escuchar la diversidad y pluralidad de nuestras voces”. Además de lo anterior, en un comunicado de prensa con fecha el primero de octubre pasado, dicho espacio organizativo, quien tuvo pláticas y negociaciones con el gobierno mexicano sobre todo acerca de los lugares físicos para la instalación de actividades alternas a la COP16, toma distancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del gobierno mexicano quien está al mando de la organización del evento COP16.

“En fechas recientes el gobierno federal anunció la instalación de una “Villa Climática”, espacio en el que pretende combinar la participación de la sociedad civil, con empresas nacionales y transnacionales en busca de negocios verdes”. Lo anterior, señalan, “es totalmente inaceptable ya que además de una intervención innecesaria del gobierno en actividades auto-organizadas, no reconoce la identidad propia de nuestras redes, que si bien son plurales, están unidas por un denominador común: buscar desde la sociedad las soluciones reales para detener el calentamiento global y lograr la justicia climática”. Tras intensas negociaciones, el DCEM logró llegar a un acuerdo con el gobierno federal mexicano para que éste acepte “respetar la autonomía, auto-coordinación e independencia de los movimientos sociales: no habrá presencia policial en el interior, ni procedimientos de seguridad para entrar a este espacio, y los eventos, propaganda y exposiciones empresariales, así como las actividades mediáticas contratadas por el gobierno será en otro lugar de la ciudad”.

Dentro y afuera de la COP

Alberto Arroyo, miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (REMALC), a su vez parte del DCEM, afirma que el DCEM, además de la agenda de actividades rumbo a la COP16, está articulando relaciones con el movimiento internacional. Entre las organizaciones del mundo que se estarían relacionando entre sí, figuran la Alianza Internacional de Habitantes, la Alianza Social Continental, Amigos de la Tierra, la Campaña Mesoamericana para la Justicia Climática, Convergencia de Movimientos los Pueblos de las Américas, Jubileo Sur América, Marcha Mundial de las Mujeres, la Confederación Sindical de las Américas, entre otras.

En entrevista con Desinformémonos, Arroyo explica que en Cancún se realizarán tres tipos de actividades. Por un lado, la movilización tanto en Cancún como descentralizada en el país (México) y en el mundo finalizará en la cita internacional del día 7 de diciembre. Para ello, cuenta el activista mexicano, “se está preparando una caravana que llegará de la zona andina del continente, cruzará toda América Central y alcanzará Cancún”. Por otro lado, continúa, “habrá un Foro sobre Justicia Climática, que tendrá distintos tipos de paneles y eventos autorganizados”, y, junto a ello, “se está organizando una sesión preliminar del Tribunal de los Pueblos sobre Justicia Climática”.

Cuenta Alberto Arroyo que muchas organizaciones del DCEM “tendrán tanto gente afuera (de la sede de la COP) como adentro”, por lo que esperan poder “tener ese contacto entre ambas partes”. La relación con el interior de la reunión es un tema importante según Arroyo. “A diferencia de otras reuniones internacionales, aquí sí hay que llegar a un acuerdo formal internacional entre los gobiernos”. Por eso, afirma, “es importante el diálogo con los gobiernos y el trabajo adentro de la COP es más central que en otras ocasiones”. Lo anterior, aclara, “se consigue sólo con la presión social, por eso estamos organizando las movilizaciones afuera de la conferencia”.

Acerca de las propuestas del DCEM, el activista de REMALC fija la posición de este espacio organizativo. “El espacio comparte las propuestas y la postura del documento producido en Cochabamba durante la Cumbre de los Pueblos como punto de partida”. Esto significa, según Arroyo, que “debe de haber consenso internacional alrededor de toda decisión que se tome en la COP; se tiene que llegar a un acuerdo vinculante sobre reducción de emisiones y lo anterior implica repensar radicalmente el actual modelo productivo y de consumo”. Aunado a lo anterior, “hay que impulsar la transición a otra matriz energética y privilegiar la agricultura campesina, la producción local para consumo local”, pues buena parte de las emisiones de GEI se debe a la agroindustria y al traslado de mercancías importadas.

“La dialéctica existente entre movimientos ecologistas y movimientos sociales de matriz económico”, sigue Arroyo, “se ha diluido bastante”. El miembro de DCEM afirma que cada vez hay más conciencia, entre los “ecologistas”, de que la actual crisis ambiental es fruto de una crisis integral que implica muchas dimensiones. Lo anterior “se podría resumir en la propuesta indígena del vivir bien – y no del vivir mejor -, que asume otro modelo de consumo, pues no es viable un planeta en que todos consumimos como Estados Unidos”. La cultura indígena permite hacer converger las dos posturas, afirma Arroyo, aunque admite que hay que plantear una transición, pues no es posible pensar un decrecimiento “parejo” para todos los países. “Los países desarrollados tienen que comenzar, pues tienen una deuda ecológica y climática con el planeta”.

Los anticapitalistas

Un tercer espacio de organización rumbo a las movilizaciones de Cancún es el llamado Espacio Internacional Anti-C@p, sigla que incluye las movilizaciones anti-COP con una postura declaradamente anticapitalista. Integrado por varias organizaciones, algunas de las cuales también son parte del DCEM, como es Marea Creciente, el Anti-C@p mira a Cancún como con una visión netamente anticapitalista. Integrantes de Jóvenes en Resistencia Alternativa (JRA),quienes también son parte de este espacio, afirman que “la COP16 representa una pasarela y un espacio en el que se disputan recursos” por parte de las grandes ONGs dedicadas al tema climático.

Anti-C@p está conformado, continúan, “por colectivos ecologistas, anticapitalistas y promotores de tecnologías anti consumo” entre los que figuran la Zona Autónoma Makhnovtchina, Acción Directa Autogestiva (ADA), los miembros del Auditorio Che Guevara ocupado de la UNAM, el colectivo CACITA, el Centro de Medios Libres de la Ciudad de México, el Frente Amplio Contra de la Supervía Poniente de la Ciudad de México, entre otros. Todas estas organizaciones denuncian que en las conferencias como la COP “no está representada la gente de base, ya que adentro de la conferencia se desarrolla más bien una especie de burocracia ongera”.

Los “colectivos autónomos y anticapitalistas” que conforman la Anti-C@p afirman tener relación con los demás espacios rumbo a Cancún, en especial modo con Vía Campesina y la ANAA. A diferencia de ellos, sin embargo, marcan la distancia de los gobiernos que se reunirán durante la COP16. “La conferencia de la ONU no es un interlocutor para nosotros”, pues el cambio climático “no es asunto de cumbres, aquí lo vivimos diariamente”. A pesar de lo anterior, Anti-C@p reconoce que la movilización de Cancún puede representar “un momento alto” en la articulación de movimientos sociales a nivel global. Impulsar convergencia entre los movimientos, es la consigna de Anti-C@p, “para hacer visibles los impactos de las políticas capitalistas”.

En particular, la oposición a la COP se concreta en una crítica profunda y articulada a las llamadas “falsas soluciones” y a los “negocios de las grandes ONGs”. La oposición neta al neoliberalismo que Anti-C@p reivindica se traduce en una crítica también al mensaje que la COP maneja. “Ellos (los de la COP) se apropiaron del discurso sobre el cambio climático. Con sus discursos buscan la creación de un imaginario de unidad para luego promover al llamado capitalismo verde”. En este contexto, Anti-C@p denuncia también al rol que está jugando el gobierno mexicano, mismo que trata de presentarse como un gobierno preocupado por el tema ambiental y con soluciones.

“Nosotros queremos cuestionar a la agenda de la COP” e imponer la agenda de los de abajo, afirman. Se reconocen en el espacio político marcado por la Otra Campaña, aunque, hasta ahora, ésta no haya adherido oficialmente a ningún espacio rumbo a la movilizaciones de Cancún. Anti-C@p también está organizando su propia caravana, la cual saldrá tras la marcha prevista por el día 30 de noviembre en la Ciudad de México. Según sus organizadores, la caravana estará compuesta por “estudiantes, amas de casa, niños y toda la gente que quiera sumarse”.

Junto a Marea Creciente y a ADA que organizaron la primera Convergencia Climática Regional en el estado de Puebla, Anti-C@p está organizando otras tres Convergencia en distintos puntos de la república mexicana. La primera, en orden de tiempo, se llevará a cabo a principio de noviembre en la localidad de Atenco, con la participación activa de la organización anfitriona, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Otra Convergencia se está organizando en la ciudad de Mexicali, a la frontera con Estados Unidos, y otra más en la comunidad de Acteal, en el estado de Chiapas.

Junto a Marea Creciente y a ADA que organizaron la primera Convergencia Climática Regional en el estado de Puebla, Anti-C@p está organizando otras tres Convergencia en distintos puntos de la república mexicana. La primera en orden de tiempo se llevará a cabo a principio de noviembre en la localidad de Atenco, con la participación activa de la organización anfitriona, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Otra Convergencia se está organizando en la ciudad de Mexicali, a la frontera con Estados Unidos, y otra más en la comunidad de Acteal, en el estado de Chiapas.

Con un eje que privilegia, según afirman sus integrantes, “la acción directa”, Anti-C@p señala que “ellos (los capitalistas) quieren manejar la crisis climática y social con un nuevo mercado de productos verdes y sustentables, con promesas de soluciones tecnológicas y otras falsas soluciones la crisis climática”. Por eso, convocan a construir “espacios y eventos autónomos, movilizaciones, y acciones para re-apropiarnos del discurso sobre el Cambio Climático y los procesos de adaptación y mitigación de los efectos devastadores del Calentamiento Global en una verdadera búsqueda de Justicia Ambiental y Social”. En Cancún, concluyen, “mostraremos que nosotros somos su crisis”.

Los otros caminos de la distribución de películas en México

1 settembre 2010 Lascia un commento
El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de septiembre de 2010.
El artículo fue escrito junto a la periodista brasileña Joana Moncau.
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Ciudad de México. “No podemos dejar que las salas cinematográficas, donde mejor se puede ver una película, se queden en manos de unos cuantos como sucede hoy”, afirma Alberto Cortés, director mexicano de la película Corazón del Tiempo (película de amor y resistencia filmada en comunidades zapatistas de Chiapas), estrenada en 2008 en México y que ya dio la vuelta al mundo. El realizador de la que fue la película mexicana más “taquillera” en 2009 en la Cinética Nacional, denuncia que actualmente las salas cinematográficas en México “están sustancialmente en manos de tres grandes cadenas: Cinemex, Cinemark y Cinépolis”.

Por su parte, Nicolás Defosse, autor francés del documental “¡Viva México!” que recientemente comenzó una gira en 16 ciudades de México como “otra forma de celebrar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana”, señala que en el mundo de la producción alternativa de documentales y videos un problema apremiante es la distribución de los materiales. Desde abajo y caminando junto a las distribuidoras independientes, Nicolás Defosse intenta difundir su nuevo documental acerca del recorrido en 2006 de La Otra Campaña (iniciativa política convocada por el EZLN) y afirma que en los espacios alternativos, “todos se quejan que la distribución está mal, pero en lugar de quejarse, hay que movilizarse”.

Una lucha que hay que dar

Alberto Cortés defiende el derecho que tienen los cineastas de irrumpir en los espacios del cine comercial: “Llegar a una sala de cine, en este país, nos parece que es una lucha que hay que dar”. Y afirma: “Aunque nos parezca un lujo meternos a un lugar al que no correspondemos, la verdad es justo lo contrario, pues el cine es un espacio que era nuestro y hemos perdido”.

“Creo que por entrar a esos cines nuestra película (Corazón del Tiempo) no se descalifica en su discurso ni en lo que hicimos”. Cortés relata que había mucha gente que cuestionaba su decisión de buscar llegar a “la sala grande”. A quienes opinaban así, el director les respond[ia: “Para mi, como cineasta, el reto era precisamente llegar a las grandes salas de cine con un largometraje realizado con actores campesinos, indígenas”.

El director mexicano ganador de diversos premios en festivales de cine, explica que el reto inicial en la producción de Corazón del Tiempo era realizar una película de 35 mm de calidad para que pudiera acceder al público. Escoger este formato fue una decisión estratégica que respondió al deseo de alcanzar las grandes salas de cine en México y en el mundo. Además, con ese formato, “luego es más fácil bajarlo a cualquier otro formato sin perder calidad”.

En México la Ley Federal de Cinematografía, modificada por última vez el 15 de diciembre de 1998, contempla algunos aspectos que no corresponden a la realidad. Alberto Cortés señala, por ejemplo que “las grandes cadenas están pensadas para que exhibir exclusivamente cine estadounidense”. O, mejor dicho, “puro cine de Hollywood”.

La contradicción es que la actual legislación no sólo prohíbe que la distribución de cualquier material fílmico sea obstaculizada, sino que determina que un diez por ciento del total del tiempo de exhibición en los cines debe otorgarse a las películas mexicanas. Lo anterior, por un período mínimo de una semana. En este contexto, Cortés afirma que “nosotros los cineastas tenemos que luchar para no permitir que esas salas se queden exclusivamente para el mercado extranjero. Hay que ocuparlas”.

A la dificultad para ocupar las salas de cine en México, el realizador añade el maltrato que las tres grandes cadenas de exhibición de películas reservan a los cineastas independientes. “Cuando entras a un cine para exhibir tu película, obviamente no te tratan bien”, afirma. Por un lado, cuenta, se trata de resistir las negociaciones que algunos ofrecen: “Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Cine, los carteles de difusión iban a tener el sello del gobierno federal”. Eso, explica, contradecía el sentido de la película protagonizada por artistas de las comunidades autónomas zapatistas, razón por la cual no se aceptaron.

Por otro lado, las grandes cadenas, “que son las que menos arriesgan”, terminan siendo las que más ganan. De la llamada “distribución del peso en taquilla”, al productor sólo le correponde un 20 por ciento. De cada peso, ilustra el también director de Ciudad de Ciegos, 60 centavos son para la sala de cine, el restante se reparte entre el distribuidor y el productor. Otro aspecto de esta situación es el número de espectadores que logra reunir la película. “Si la película no logra un número mínimo de espectadores, te quitan funciones y te meten en unos horarios muy malos, las diez de la noche o a las diez de la mañana”.

Corazón del Tiempo salió con 15 copias en México. El relativamente bajo número de copias hizo que las salas de cine “nos trataran mal. Como no estás saliendo con mil copias, ni estás anunciando en el periódico, pues para ellos no existes”.

Alberto Cortés comenta que aunque “el cine mexicano pasa por una muy buena etapa a nivel mundial, cada cineasta mexicano pelea por esas salas de cine en el país. Corazón del Tiempo ganó esa lucha. Estuvimos en la Ciudad de México 11 semanas consecutivas en cartelera, lo que no es nada fácil para una película nacional”.

Distribución alternativa

Nicolás Defosse, quien justo en este mes de septiembre presenta el documental ¡Viva México!, señala que “desde nuestra trinchera de artesanos del documental, de la fotografía, de las artes visuales, también soñamos con otro país, un país liberado donde sea posible que la producción nacional tenga espacios dignos de difusión”.

La gira que organizó el autor del documental sobre La Otra Campaña en 2006 (que será acompañada por la Expo Foto La Otra Mirada) y que tocará 16 ciudades de México hasta el próximo 30 de septiembre, se trata precisamente de conquistar esos espacios de difusión.

“Esta gira es un intento de romper el cerco de los límites que se presentan a menudo para la difusión del cine y fotografía documental en el país”. Dice el documentalista de origen francés que en México son muchos y muchas los que realizan producciones de cine y fotografía independientes con “exigencia y compromiso, sin embargo nuestro trabajo se muestra poco o para pocos”.

Romper el cerco de la difusión es tarea de los propios autores, sostiene Defosse. “Demasiadas veces el acceso a las pantallas de cine y a las galerías de arte es negado a materiales de este tipo, por intereses comerciales cuando no ideológicos”. Por eso, afirma, “si hemos trabajado más de cuatro años para devolverle al pueblo un pedazo de su historia reciente, no es posible seguir esperando a que un distribuidor se nos acerque”. Es necesario, al contrario, llevar la historia y “el retrato de nosotros mismos a la gente, de ciudad en ciudad, esperando que otros y otras lo lleven a sus pueblos, a sus colonias, a sus escuelas, a sus casas, a sus espacios de vida y de trabajo”. Para el documentalista independiente “la esperanza es que la gente se apropie del trabajo y lo haga suyo”.

La gira de ¡Viva México! tiene entrada libre con el fin de enviar dos mensajes claros: por un lado, dejar claro que si no llega un distribuidor, hay otras opciones. Por el otro, advertir sobre un serio vacío en la difusión en México.

Los otros caminos del cine

Alberto Cortés cuenta que Corazón del Tiempo complementó su difusión “más institucional” con una distribución alternativa “a nivel de calle, a nivel de la gente”. Reivindica que no se utilizó ninguna publicidad pagada y, por el contrario, se logró “construir un mensaje urbano a través del graffiti, el estencil, los murales, los carteles que nosotros pegábamos”. Cortés está consciente de que posiblemente la gente que iba a elegir su película no tendría la posibilidad económica de acceder al cine. Sin embargo, “esa era una pelea que había que dar”, con la claridad de que “no estamos vendiendo para la gran producción sino que queremos un manejo honesto de la película”.

La película estrenó en Chiapas con una gira por los Caracoles zapatistas, gracias también a la producción de un DVD de alta calidad para su difusión y copiado. Al mismo tiempo, explica Cortés, “estábamos construyendo la campaña para el estreno en los grandes cines. Teníamos así dos vías que caminamos al mismo tiempo”.

Por su lado, en un claro e inédito ejercicio de distribución autónoma, las redes alternativas fueron alimentadas llevando copias de la película en formato DVD a los barrios, a los sindicatos, a grupos de indígenas. Tras este esfuerzo, cuenta Alberto, “afortunadamente comenzó a llegar gente a querer difundir la película más allá de nuestras iniciativas”. Así las cosas, Corazón del Tiempo llegó a festivales internacionales, a algunos países de América Latina y a Europa.

Cine popular vs. cine de Hollywood

El director y coguionista de Corazón del Tiempo identifica como otro problema el acceso que se tiene a las salas de cine. “No es sólo un problema de México, pero por la diferencia sociales que existen en el país entre el 85 y el 90 por ciento de la gente en general no asiste al cine, lo que no quiere decir que no vean películas, sino que no van al cine porque éste es demasiado caro”. Una situación que Cortés tacha de “sumamente injusta”.

Al precio del cine – hoy en México alrededor de los 50 pesos (poco menos de cinco dólares estadounidenses) -, dice, “hay que añadir los costos para llegar a la sala… debes tener un auto, pues hay cines que siquiera tienen una entrada peatonal”. Incluso arquitectónicamente ahora ya se puede diseñar para el tipo de persona que se quiere que llegue al cine.

Afirma Cortés que actualmente la tecnología permite, con muy poco dinero, crear una sala de cine. Su consideración va de la reflexión al recuerdo: “Hubo una época del cine en México en la que era un espectáculo popular. El cine era un lugar al que iba todo mundo, era parte de la canasta básica, era contemplado como un bien popular dentro de la economía familiar. Hoy, con lo que se paga por una entrada antes podía entrar una familia entera”.

Con el triunfo del neoliberalismo en México y la llegada de las grandes cadenas durante los años 90s, el cine dejó de ser de acceso popular, es decir, se expulsó a las clases populares de las salas. Hoy, en 2010, “los grandes públicos están atomizados”. Los cines tienen un público acostumbrado al cine de Hollywood: “Van a comer palomitas, a comer dulces”, lamenta el realizador, y aclara que su producción cinematográfica no está dirigida a ese tipo de público. Al contrario, dice, “el auditorio al que apunta Corazón del Tiempo es el de las zonas urbanas, los jóvenes, la gente interesada en lo que sucede en su entorno”.

Quizás Alberto Cortés en el único realizador de cine que abiertamente declara que la llamada “piratería” es una alternativa válida para la distribución. Explica que con Corazón del Tiempo “tratamos de utilizar la piratería en nuestro favor, llevando copias de buena calidad directamente a ese mercado subterráneo, pues lo que más nos importa es que la película se vea bien”.

Pondera: “La piratería está jodida porque no te paga derechos como autor, sin embargo cumple un papel de distribución en México”. Una opción que es necesaria, añade, pues si no existiera cierto material no se vería por ningún lado. Piratería, entonces, pero de buena calidad porque “no es que a la gente le guste ver una película de mala calidad, lo que pasa es que a veces es la única opción y sino la tuviéramos, estaría peor”.

Violencia contra los migrantes en México

1 agosto 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de agosto de 2010
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Tapachula, Chiapas, México. En la frontera sur de México los migrantes sufren las consecuencias de una ley no escrita que involucra autoridades locales y federales, delincuencia organizada y hasta el ciudadano “de a pie” que encuentra en los ciudadanos migrantes fuente de todo tipo de provecho.

No hay números, no hay estadísticas. No es posible saber cuántos seres humanos cruzan esta frontera, y el número de migrantes que mueren todos los días es un dato que quizás nadie nunca sabrá. Por un lado, los datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) no alcanzan a interceptar a todas las personas que de aquí transitan rumbo a los Estados Unidos (EU). Por el otro, aquí el territorio está dividido por una frontera pero pocos asumen la diferencia y la diversidad que esa línea implicaría. Aquí todos pasan, de un lado a otro y viceversa: por sólo 2 dólares, la balsa cruza el río Suchiate y nadie – ni las autoridades mexicanas que vigilan desde el puente – te pide los papeles.

“Quiero ir a Estados Unidos”

Fermina Rodríguez Velasco, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFMC) que opera desde 1997 en la ciudad del sur de Chiapas, afirma que Tapachula ya no es el centro de concentración de migrantes que era antes. El paso del huracán Stan en 2005 arrastró las vías del tren que iban de Tapachula hasta el norte del estado, a la ciudad de Arriaga, y esto “descentralizó los flujos migratorios a otras zonas”. A pesar de lo anterior, por aquí siguen pasando cientos de personas todos los días.

En la Casa del Migrante en Tapachula, perteneciente a la Red Casa del Migrante Scalabrini, se hospedan decenas de migrantes que aquí encuentran un techo y un cobijo en su viaje hacia el norte. Reunidos en la calle frente a las instalaciones del albergue, hondureños y salvadoreños sobre todo, esperan seguir en su ruta, que alguien pase por ellos y los contrate para algún trabajo temporal o, simplemente, descansan pensando en el futuro.

Hay muchas ganas de hablar, de contar, de confrontar historias y vivencias. Y no hay competencia: nadie sufrió más, nadie es más experto. Los cigarros que circulan se comparten, la botella de refresco también. La poca comida que llega o que se consigue se distribuye entre todos. Y así, la plática fluye y los migrantes comienzan a contar sus historias.

“Soy Francisco, de Honduras, y estoy aquí porque quiero ir a Estados Unidos”. Cuenta que lo asaltaron y le quitaron el dinero que tenía para el pasaje y ahora “ando consiguiendo para seguir”.

Los asaltantes, explica, estaban vestidos de civil y lo despojaron de todos sus haberes cuando estaba en el tren: “Con machetes nos bajaron del tren y nos quitaron todo. Quien se resistía, lo agarraban a golpes”. Francisco regresó a Tapachula para poder “resolver el asunto migratorio y luego seguir mi recorrido con el tren”.

Ernesto es ciudadano de El Salvador: “Estoy aquí rumbo a los Estados Unidos”. De los peligros del viaje, Ernesto cuenta: “Mira, a uno lo asaltan cuando sale de su país. Luego en la frontera con Guatemala, la policía te pide dinero para dejarte pasar y finalmente hay asaltantes que te quitan el dinero del pasaje, que te ha costado tanto tiempo reunir”.

Ernesto ya estuvo en Estados Unidos trabajando como empleado doméstico en Minnesota. “La migra te cae en la empresa donde trabajas. A mí me sacaron tres veces, y me regresaron hasta mi país”. La última vez que salió de El Salvador fue hace 8 meses y logró llegar hasta la frontera norte de México “pero ahí me agarro la migra mexicana y me encerraron en la estación migratoria, allá en México”. Y añade: “Mi familia dice que estoy loco, pero yo tengo que intentarlo”.

Alberto, de Honduras, se juntó con otros dos hondureños “para que sea más fácil el viaje”. Para conseguir el pasaje, cuenta, “hay que ir andando de un pueblo a otro, trabajar un poco, seguir pasando las montañas, evadiendo los retenes. Es largo el camino”. Sin tren, cuenta, pasar por Tapachula ya no es fácil y hay que viajar con el transporte público. “Aquí nadie te regala el pasaje, hay que tener hasta para pagar la combi. A veces es el mismo chofer que te asalta o te denuncia a la migra. Uno la puede pasar de mexicano, pero a la hora que te piden tu identificación ya valiste”.

Roger Medina Díaz, de 30 años de edad, salió de Honduras hace doce años. “Ya estuve 8 años en New York, de 1999 hasta 2007, cuando me deportaron. Viví en Honduras un rato y ahora lo intento otra vez”. Comenta que ya conoce un poco México: San Luis, Nuevo Laredo, Saltillo, Puebla, y la localidad de Lechería, en el Estado de México, famoso cruce de trenes rumbo al norte. “Lo seguiré intentando, hasta lograrlo”, dice.

“No voltees hacia atrás”

La violencia de la que son objeto los migrantes en México es otro tema que los testimonios tocan con frecuencia. Adolfo, procedente de Honduras, acaba de llegar a la ciudad. “Tengo 30 años”, se presenta. El día anterior a su llegada, denuncia, fue asaltado en Tecún Umán (ciudad fronteriza de Guatemala separada de Ciudad Hidalgo por el río Suchiate). “Me asaltaron al cruzar con la balsa. Hay gente que pide más de la cuenta, pues son 10 quetzales (cerca de 2 dólares)…y nada, me quitaron todo lo que tenía”. Comenta que “es un negocio lo que tienen ahí y sí (el negocio) les da, porque se chingan a la mayoría”.

No es su primer viaje, aclara. En 1997, le tocó “ver una ‘acción’: un chavo llevaba a su hermana y la muchacha no se quiso dejar agarrar y estaba un bato (muchacho) con la escopeta, así – simula tener un arma y apunta al aire-y le disparó. La mató. El hermano se metió y a él también lo mataron. Eso sucedió antes de llegar a Arriaga, aquí en Chiapas”. Su rostro se entristece un momento. Luego continúa: “Que nadie voltee a ver atrás, nos gritaron. Y nadie volteó y los 11 que íbamos seguimos hacia adelante, pues el tren estaba por salir rumbo al norte”.

Entre la violencia, se encuentran abusos de todo tipo. “La primera vez que crucé aquí, en Tecún Umán”, recuerda Luis, migrante de El Salvador, “no conocía a nada y me dijo él de la ‘cámara’ (la balsa construida con cámaras de llanta) ¿Ves aquel de allá? Le respondo que sí. Pues – me contesta – si no me das tanto te entrego a ese tipo”.

En su experiencia, recuerda, está también la frontera norte: “Ya llegué una vez a Nuevo Laredo, pero ahí está difícil cruzar el río, pues están los zetas”.

– ¿Los zetas? ¿O la policía?
-“No, no, los zetas. Lo tienen todo comprado…no comprado, o sea que ya se adueñaron de ello (de la frontera), tienen inclusive casetas, te cobran hasta 2 mil pesos para pasar”.

Roger Medina comenta: “La migra (mexicana) aquí es un poco culera porque nos regresan. Uno anda por el otro lado y estos te regresan. Lo bueno es que no te piden mucho dinero”. Sin embargo, denuncia, “la municipal (la policía local) en cambio sí te pide mucho. Cuando me pararon, la otra vez, me dieron mi paliza para que les aflojara dinero. Me metieron preso dos horas. Ahora ando buscando como llegar a Arriaga para agarrar el tren”. Con tono de voz cada vez más triste añade un último comentario: “No es justo que uno tenga que vivir así, aquí todo es transa”.

Hay también quien se queda en México tras intentar ir al ‘otro lado’. “Llegué aquí cuando tenía 18 años”, comienza Juan, de El Salvador. Llegó joven a México, hace ya 23 años. Recuerda que en ese entonces ”no había ningún problema, uno viajaba a México, Tijuana y luego hasta Estados Unidos. Uno iba y venía sin problemas, no es como ahora que ya lo bajan (del tren) a uno”. Juan hoy vive y trabaja en Puerto Madero, en la costa, a pocos kilómetros de Tapachula.

“Toda mi familia vive allá en Salvador. Son 9 años que no veo a mi mamá y a mi familia allá. Fui militar en Salvador, no hice nada mal allá, puedo entrar a mi país con la frente en alto”. Por la guerra, decidió dejar al Ejercito e irse. Cuenta que ahora está casado con una mujer de Guatemala y está en Tapachula de paso. “Sólo unos días, porque estoy tramitando mi FM (forma migratoria)”.

Ya se siente mexicano y sin embargo, con más de dos décadas en el país, aún tiene que tramitar sus papeles de legal estancia. “Yo ya me siento de aquí. Cuando vuelvo allá (en El Salvador), ya no me siento bien, aunque haya nacido allá, me siento como extranjero, la gente me desconoce. No me tienen confianza como la gente de aquí que me conoce bien. Al ser migrante no soy ni de aquí ni de allá”.

Si nunca has sido pobre….

En la Casa del Migrante hay pocas mujeres, separadas de los hombres. Francia, de 28 años de edad y procedente de Honduras, accede a hablar. Lejos de los oídos masculinos afirma no ser un caso común.

– Yo no voy a los Estados Unidos, entonces no sé si quieres hablar conmigo
– No hay que ir a los Estados Unidos para ser migrantes…

Asienta con la cabeza y comienza su narración: “Vine aquí (Tapachula) a ver a mi esposo que me esperaba. Sus parientes tienen veinte años viviendo aquí. Él los alcanzó y luego me mandó a llamar”. Sonríe, sentada en la banca de la Casa del Migrante, toma su niño, Jeremías de 5 años, de la mano. Lo acerca y luego se acaricia el vientre. “Tengo cinco meses de embarazada”, dice. “Cuando vine a México, mi esposo me rechazó”. Hace 6 meses salió de su país y ahora se encuentra sola.

No parece desanimada, al contrario, la sonrisa sigue ocupando su rostro. “Llegué y (mi esposo) no me quiso. Y después de salir 4 veces embarazada y ahora con este niño – señala el pequeño a su lado -, él comenzó a ser agresivo, no sólo conmigo”. No sabe qué hacer, confiesa, aunque considera quedarse en México pues no sólo logró registrar a su hijo en el país, sino que piensa que “la educación está mejor aquí que en Honduras”.

Otras mujeres no se ven. No hay una opinión compartida acerca de dicha ausencia. Para la mujer es más fácil, opinan, porque cuando pide ayuda a la gente, “le dan más. A nosotros (hombres) nos dan 10 o 15 pesos, a ellas hasta 100 o 200”. La vulnerabilidad de las mujeres es clara: “Sufren más la violencia, eso sin duda”.

“Si preguntas por qué otras personas tienen mejor fortuna que yo – dice Luis, de El Salvador, de 32 años -, porque yo, que soy pescador, no puedo meter una empresa mía, aún con la posibilidad de hacer todos los papeles, porque se privilegian a empresas de otros lados, las transnacionales extranjeras”. En este contexto, afirma el migrante salvadoreño, no teniendo oportunidad “en tu tierra”, es necesario buscar la manera de salir adelante en otro lugar.

Aclara: “No es porque yo me sienta mejor en otro lado, yo creo que cualquiera de nosotros quisiera vivir bien con su familia, en su tierra, pero es algo que uno no tiene la oportunidad de hacer”. Luis mira fijamente a los ojos y afirma tajante: “Si tú nunca han sido pobre, nunca vas a saber lo que nosotros hemos sufrido”.

Hablando de El Salvador, pregunta: “¿Tú crees que El Salvador mejoró cuando le metieron el dólar (en 2001)? Eso no fue ningún futuro, fue futuro para los Estados Unidos, no para nosotros”. Y recuerda que la canasta básica “se fue para arriba y el salario se quedó igual”.

“Pero si vamos a hablar de política –continúa- a uno que no sabe le digo que la política es pura mentira, algo que no existe: si tú te quieres elegir como presidente municipal, le dices a la gente que vas a mejorar las cosas nada más para que te den su voto. Pero cuando ya tienes el poder ya ni te acuerdas de la gente que está necesitada y luchó por ti. Esa gente se muere de hambre todos los días, mientras tú ya tienes tu puesto”.

El migrante aborda también la política del presidente estadounidense Barack Obama. “Cuando Obama ganó yo estaba aquí en México. Él dijo que los migrantes aquí y los migrantes allá, pero no vi nada”. Comenta que desde que tomó el poder la nueva administración en Estados Unidos en 2009 han aumentado las deportaciones y disminuyeron las posibilidades para nosotros”. Acerca de la anhelada reforma migratoria, comenta: “Si hacen esa reforma (migratoria) es para el beneficio de los que están allá, no para nosotros que aún estamos de este lado”.

Según Luis, lo duro es aquí en México, no allá en los Estados Unidos. “Si todo fuera abierto, como dice el Libre Comercio (Tratado de Libre Comercio de América del Norte – TLCAN), podríamos ir y venir, sin problema. Pero no, aquí en México hay muchos retenes”. Y esboza una hipótesis: “Creo que Estados Unidos le paga a México cierta cantidad de dinero por cada migrante que agarran. Lo pagan, seguramente”.

Apariencia física guatemalteca

La campaña política y mediática que se desató alrededor de la ley SB1070 de Arizona ha sido intensa y amplia en los últimos meses. Sin embargo, no se ha pronunciado una palabra acerca de otros casos de detención de ciudadanos mexicanos por su apariencia.

Tal es el caso denunciado el año pasado a través de la queja AJ/22/2009 promovida por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías Córdova (CDHFMC) y dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con fecha 16 de julio. En ese entonces, el CDHFMC demandaba a la CNDH que investigue los casos de tres ciudadanos mexicanos detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) e ingresados a la estación migratoria de Tapachula.

En el oficio firmado por uno de los abogados del Centro, Felipe Solís Gutiérrez, se reportan los casos de tres ciudadanos mexicanos (cuyos nombres omitimos por petición de los interesados), originarios de Chiapas, Puebla y Sinaloa respectivamente que, por no presentar el documento de identificación requerido por las autoridades en los puestos de control (credencial de elector) fueron primero detenidos y luego ingresados a la estación migratoria.

Dicha queja encontró finalmente respuesta el 25 de febrero de 2010. En una carta firmada por el coordinador de la Oficina Foránea en Tapachula, Héctor Pérez García, la CNDH informa la conclusión de su investigación, reconociendo los agravios sufridos por los tres ciudadanos mexicanos y reporta que el argumento de los servidores públicos fue “que no respondieron las preguntas que les formulamos sobre su lugar de origen […] y sus modismos son similares a las personas de Centroamérica y tenían acento guatemalteco”. La CNDH, en su respuesta, turna al INM la tarea de castigar eventuales responsabilidades.

No satisfecho, el 11 de mayo el abogado Solís Gutierrez del CDHFMC solicitó la intervención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que contestó el 27 de mayo pasado enviando una oficio dirigido al Víctor Manuel Herrera De Lira, director de la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula. En dicho oficio, el CONAPRED pide al INM que “modifiquen los mecanismos implementados para evitar que los agentes migratorios de dicha estación realicen detenciones de ciudadanos mexicanos por su apariencia física al imputarles la nacionalidad guatemalteca”.

Economía sumergida

La Casa del Migrante de Tapachula, parte de la Red Casa del Migrante Scalabrini que cuenta con cinco casas (en Tijuana, Nuevo Laredo, Tapachula, Tecún Umán y en Ciudad de Guatemala), trabaja también gracias a la ayuda de voluntarios que aportan su labor por un periodo determinado. Ramón García-Rubio Ruiz, ciudadano del Estado español, trabajó durante tres meses en la Casa de Tapachula. Antes, cuenta, trabajó de voluntario en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en San Cristóbal de Las Casas. Califica su experiencia como positiva ya que en su país de origen y en Europa en general, dice, se conoce poco esta frontera, pues “se habla casi sólo de la frontera norte”.

Tras tres meses de trabajo con los migrantes, García-Rubio Ruiz afirma que entre tantos controles que se encuentran en la zona – hay 6 retenes sólo de aquí (Tapachula) a Arriaga (unos 250 kilómetros más al norte) – para atravesar el río Suchiate no haya ninguna dificultad, pues hay un flujo constante de balsas o en Arriaga hay cientos de migrantes que abordan el tren…y la policía no dice nada.

Sin embargo, lo que más lo sorprende, señala, es el papel que juega México. “Sacan una ley como la de Arizona (la SB1070) y hay políticos, gente del mundo del espectáculo, que firman manifiestos, publican cosas en contra, se llenan la boca de derechos humanos y luego como país receptor de migrantes y de tránsito, México es un país muy racista con los centroamericanos”. Un ejemplo, abunda, es el trabajo que en Tapachula se ofrece a los migrantes. Pasan camionetas frente a la Casa y recoge migrantes para ir a trabajar. “Trabajan de albañiles o de cargadores o de recolectores de fruta. En fin, lo que sea, un trabajo del día. Los empleadores llegan aquí porque saben que aquí hay migrantes y muchas veces no les pagan”.

El voluntario español afirma que alrededor de los migrantes hay una mafia enorme para sacar dinero: “desde agentes migratorios que cobran para dejarte pasar hasta la red de secuestro para extorsionar a la familias”. Finaliza tajante: “Hay una economía sumergida increíble”.

Los derechos humanos en la frontera sur

Fermina Rodríguez Velasco, coordinadora del Centro de Derecho Humanos Fray Matías de Cordova (CDHFMC), describe a la frontera sur de México como un filtro que busca crear una división entre “el migrante bueno y el migrante malo”. Explica que no hay autoridad o grupo que controle el territorio, aunque señala que quizás las autoridades federales son las que más se sienten “amparadas” para cometer abusos. “Si un migrante se va caminando, todo mundo lo para. Lo único que lo puede salvar de ser detenido o interceptado es su buena suerte. Y todos buscan una manera diferente de extorsionarlo”.

Rodríguez Velasco señala que el trabajo del Centro de Derecho Humanos Fray Matías Córdova – cuyo equipo cuenta con abogados y expertos en el sector – se desarrolla paulatinamente debido a que “somos muy pocas las organizaciones que trabajamos aquí y el trabajo es mucho”. La responsable señala algunos obstáculos para el trabajo del CDHFMC, cuyas actividades se centran en un 90 por ciento en atender a los ciudadanos migrantes.

El primer obstáculo sería la participación de las autoridades de distinto nivel en los delitos que sufren los migrantes. “Para ellos (las autoridades) no es nada interesante que un centro participe en la protección de los derechos humanos. En estos momentos, por ejemplo, nos impiden entrar a la estación migratoria. Podemos acceder sólo con personas que ya conocemos, no con la población en general”. De esta manera, las denuncias son más difíciles.

Otro obstáculo que señala Rodríguez Velasco son los medios de comunicación locales. No sólo no difunden la información, sino que se dedican a “desacreditar nuestra labor y nuestro personal”. Por último, señala a la delincuencia organizada como otro obstáculo. “Nunca hemos tenido ataques directos, pero hemos tenido migrantes que nos han contado que los mismos traficantes de personas los mandan a ver qué hacemos”. Admite que “sería muy ingenuo pensar que no estamos observados”.

En diciembre del año pasado, el CDHFMC publicó un informe titulado “Derechos Humanos y Condiciones de Detención en la Estación Migratoria Siglo XXI. Tapachula, Chiapas, México” en el que se analiza la composición migrante en el centro más grande de América Latina de su tipo. “Hemos observado con mucha preocupación que la estación migratoria en un lugar en el que la delincuencia amenaza a los migrantes para que no denuncien abusos. Cuando migración (el INM) detiene a grupos de migrantes, entre éstos se infiltran delincuentes y detectan a quienes podrían denunciar y los amenaza”, afirma la coordinadora del Centro.

El racismo también es objeto de reflexión en el CDHFMC. “Hay racismo en la región inclusive en las autoridades. Cuando hubo la XV Conferencia Regional sobre Migración (CRM), el 20 y 21 de mayo pasado, el entonces alcalde, Ezequiel Orduña Morga dijo que había tres tipos de población migrante: la negra, la gris y la blanca”. Según la declaración del político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “la negra venía a delinquir, la gris estaría de paso y la blanca viene a trabajar”.

Finalmente, Rodríguez Velasco identifica las diferencias entre la frontera sur y la norte de México: “Los casos de violación a los derechos humanos que suceden en esta frontera son poco conocidos: aquí mueren como en el norte, sólo que aquí los entierran en las fosas comunes. Mueren a mano de asaltantes, a mano de la delincuencia y nadie dice nada”.