Desalojo en La Jungla

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 26 de septiembre de 2009
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En la madrugada del 22 de septiembre pasado, 500 elementos de la policía antimotines francesa ocupaban el campo de refugiados de Calais, en el extremo norte del país, frente a las costas de Gran Bretaña. La ocupación duró horas, sin duda las necesarias para detener a 278 migrantes (lo cual habla claro de las relaciones de fuerza que el gobierno francés quiso imponer), secuestrar los bienes de éstos y arrasar con todo lo que encontraron a su paso, incluida una improvisada mezquita que los migrantes habían construido.

El operativo policiaco llega al final de largos meses en los que autoridades tanto inglesas como francesas exigían el cierre de lo que definieron un refugio para los traficantes de personas. Sin embargo, la realidad es que el desalojo es también la etapa final (?) de un largo proceso de acotamiento de los espacios de movimiento y de las posibilidades ya de por sí precarias de los miles de refugiados que buscan en Europa la protección que no encontraron en su tierra natal.

La creación del campo de refugiados en Calais, irregular e improvisado, por cientos de ciudadanos migrantes con la ayuda de la sociedad civil francesa, fue consecuencia del cierre del campo de refugiados de la Cruz Roja (este sí en mayúsculas, pues era un campo oficial) ordenado por el entonces ministro de Interiores, Nicolas Sarkozy, quien hoy es primer ministro de Francia. La línea a seguir sigue siendo la misma: desalojar, acotar espacios, quitar derechos, reprimir esperanzas, destruir presentes, borrar la existencia de estas personas.

Pero en este caso específico, los datos por revelar son muchos más. Los residentes del campo, también llamado La Jungla, eran todos de origen afgano e iraquí. Este aspecto nos permite afirmar que la violencia y la brutalidad utilizadas en esta ocasión –aspecto absolutamente usual en estos casos– pasa de ser un acto aislado y se adscribe sin duda a la guerra que los gobiernos europeos le hacen a las poblaciones civiles de esos países. Es por esta razón que la violencia dirigida a los 278 afganos e iraquíes se tiene que leer junto a los bombardeos que los europeos ayudan en llevar desde hace ya ocho años en aquellos países: Afganistán e Irak. Resulta aún más grave si pensamos que estas personas, hoy desalojadas, detenidas, golpeadas, rechazadas, deportadas, encarceladas, son personas en fuga. Seres humanos que una vez más se encontraron en lugar equivocado y en el momento equivocado. Ciudadanos que decidieron escapar de la guerra, para no entrar a ser parte de los llamados efectos colaterales, y desde ese entonces son fugitivos, porque su lugar siempre es equivocado, pues nadie los quiere.

Escaparon, la mayoría de ellos, cruzando por Irán, país que no precisamente reconoce los derechos de los refugiados, o cruzando la frontera con Turquía, cuyo gobierno no tiene miedo en encarcelar y deportar a los extranjeros no deseados. De allí a través de Grecia o Italia, para lograr cruzar clandestinamente, a la vieja Europa. Los que sobreviven al largo viaje, logran llegar a Calais, último puerto antes de subir ilegalmente a un barco rumbo al sueño inglés. Seguir en el camino, ir hacia adelante, siempre y de todas formas, no es sólo una elección. Es una obligación, pues nadie los quiere, nadie los acepta, nadie les ayuda. Y así el destino te empuja cada vez más hacía un horizonte posible –el refugio en Inglaterra o en Europa– pero absolutamente no certero.

Lo anterior ya es terrible de por sí. Sin embargo, lo peor de estos casos es el dato objetivo que muchos de estos refugiados son menores de edad. De los 278 desalojados y detenidos, 132 eran niños. Las proporciones de este caso tan específico reflejan con tremenda precisión a las proporciones de refugiados que hoy en día se escapan de Afganistán, muchos de ellos menores de edad, que rehúsan del reclutamiento forzado de los talibanes, que huyen de las bombas que los aliados de la OTAN les lanzan asegurándoles que se trata de píldoras de democracia.

Frente a los ataúdes que regresan a los cuerpos de los militares aliados a su patria, lloran las autoridades europeas y estadunidenses. Lloran, prometen venganza y rinden honores. Las vidas de estos soldados –en su mayoría voluntarios– son de primera clase. La vida de estos refugiados, al contrario, asumen los contornos de vidas no humanas para las cuales la guerra no tiene frontera alguna. Está en todas partes. Sus lágrimas, sus gritos y sus desesperaciones, retraídas puntualmente por los medios de comunicación presentes al operativo de limpieza étnica organizado por el gobierno de francés, no cuentan.

El desalojo de La Jungla, último episodio represivo hacia los refugiados, es también el último capítulo en la estrategia de la UE para destruir y vaciar el inalienable derecho al asilo y a la protección. Es por esta razón, porque son personas que tienen el derecho a la protección del estado y de la comunidad internacional, que resultan ser personas de sobra, pues no se pueden ilegalizar, es decir transformar en clandestinos fácilmente sujetos de chantaje laboral. Estos refugiados son personas que cuestan dinero a los gobiernos que les ofrece protección, por eso son poco rentables y mejor rechazarlos, desalojarlos y deportarlos.

África en la mira

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 19 de septiembre de 2009
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En el entorno de las protestas que se están desatando a raíz del anuncio de la construcción de siete bases militares estadunidenses en Colombia vale la pena mencionar el ya añejo caso de la ampliación de la base militar de Estados Unidos en Vicenza, ciudad del norte italiano. Aunque el caso ya ha sido expuesto en estas páginas (La Jornada, 17 de febrero de 2007), merece ser mencionado nuevamente por las evoluciones que ha sufrido en el último año.

Estamos hablando de los planes de ampliación de la base militar que Estados Unidos mantiene en tierras italianas desde hace unas décadas. El plan –aprobado por la entonces gestión de derecha, ratificado por la de centro-izquierda y promovido por el actual gobierno italiano– prevé la ampliación de las infraestructuras del viejo aeropuerto Dal Molin para que en él se pueda hospedar a las fuerzas militares de la 173 brigada aerotransportada del ejército estadunidense. Si en un primer momento la decisión respondía a las necesidades impuestas por el renovado escenario estratégico en el área del Mediterráneo –es decir: una reducida amenaza desde el este y un renovado interés hacia el Medio Oriente–, hoy la estrategia asume formas más definitivas.

En diciembre de 2008, lo que era el Comando Setaf (Southern European Task Force, Fuerza de Tarea del Sur de Europa), con sede en Vicenza, se ha transformado en el US Army Africa (ejército de EU en África). Esta mutación estratégica en las funciones de la presencia militar de Estados Unidos en Italia responde a la decisión tomada apenas dos meses antes de crear el Africom; es decir, el comando estratégico de todas las operaciones estadunidenses en el continente africano. Y si bien el Africom conservará su sede principal en la ciudad alemana de Stuttgart, su componente terrestre estará dislocado en Vicenza. De ser poco lo anterior, cabe destacar que las funciones del US Army en Vicenza, además de participar –como ya lo hace desde hace más de un año– en misiones de entrenamiento y asesoría militar en el continente africano, será sede del principal centro de formación estratégica de los ejércitos africanos. Lo que parece ser una reproducción de la temida Escuela de las Américas se llama Center of Excellence for Stability Police Units (CESPU, Centro de Excelencia para Unidades de Policía de Estabilidad) y se dedicará a la formación de 75 mil peacekeepers (custodios de la paz) internacionales dentro de 2010, 7 mil 500 de los cuales formarán parte de operaciones especiales de gestión de la transición de situaciones de crisis a situaciones de estabilidad, tomando como modelo las Unidades Multinacionales Especializadas utilizadas por la OTAN en Bosnia, Kosovo, Afganistán e Irak. Hasta ahora, declaró recientemente el comandante del Africom, William Ward, los miembros del US Army Africa han colaborado e intervenido en Ruanda, Liberia, Uganda, además de participar en las mayores operaciones tanto en las costas occidentales como en las orientales del continente.

Estas informaciones modifican el escenario para las reales funciones del proyecto Dal Molin. La población local, que desde hace más de tres años se organiza y protesta en contra de las nuevas infraestructuras militares, hoy cae en cuenta de la importancia estratégica de la base que quieren construir. Aun logrando hasta ahora impedir el avance de los trabajos de las nuevas instalaciones, la gente de Vicenza sabe que la batalla es aún muy larga y tendrá, tarde o temprano, que confrontar intereses militares y económicos de enorme magnitud.

Siquiera la esperanza provocada por la llegada de un presidente demócrata y afroestadunidense a la Casa Blanca pudo durar por mucho tiempo. En este sentido, las palabras de Loretta Sanchez, diputada demócrata y hoy exponente de la Comisión del Congreso para las Estrategias Militares, son esclarecedoras: Queremos consolidar nuestra presencia militar en el mundo, para estar listos para intervenir en África, Medio Oriente y las repúblicas ex soviéticas. Creemos que para estar más cerca de los lugares de conflictos es indispensable consolidar nuestras tropas en Italia, por esto la decisión con respecto de Vicenza. Y, por si las dudas, añade: No habrá vuelta atrás. Todas las decisiones están ya tomadas por ambos gobiernos (EU e Italia). Por eso el presidente Obama ha confirmado al anterior secretario de Defensa, Robert Gates…, la estrategia es la misma.

O casi, podríamos decir nosotros, puesto que la administración de George W. Bush había en más de una ocasión menospreciado al continente africano: No es para nosotros de importancia estratégica. El cambio es evidente y apunta hacia una nueva política que mira a África como el nuevo continente de conquista para los recursos del mañana. Y como suele suceder, los planes se llevan a cabo primero implementando y organizando la máquina militar y luego recurriendo a la diplomacia. Así las cosas, y con extremo retraso respecto del otro competidor/conquistador en África, es decir China –ya el segundo socio comercial del continente entero–, el pasado mes de agosto Hillary Clinton, la plenipotenciaria secretaria de Estado estadunidense, viajó a África en visita oficial. A esta altura de las cosas, poco importan los compromisos conseguidos por la diplomacia, puesto que, según las palabras de la ex subsecretaria para las relaciones con África, Theresa Whalen, la base de Vicenza será el instrumento más visible para promover nuestras relaciones con ese continente. Más claro, sólo el agua.

Hipocresía europea en América Latina

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 11 de septiembre de 2009.
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La Unión Europea (UE) tiene una actitud hipócrita en las negociaciones de los llamados Acuerdos de Asociación con los países de América Latina. Si por un lado dice promover los derechos humanos, la integración regional y la promoción del desarrollo, la realidad de los hechos demuestra lo contrario: el único interés es la liberalización de los mercados y los servicios, y el acceso a los recursos naturales.

Así lo afirma el estudio titulado La Unión Europea: ¿Promotora de la integración en América Latina?, editado por el Transnational Institute (TNI) y la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (REMALC), y realizado por los investigadores Alberto Arroyo Picard, Graciela Rodríguez y Norma Castañeda Bustamante.

La investigación detalla la historia reciente de la intervención económica y política de la UE en el continente latinoamericano. Señala, por ejemplo, que aunque las relaciones entre ambos continentes sean “ancestrales”, desde la mitad de los años 90 se instrumenta una nueva etapa que culmina con la realización de un documento estratégico de la UE en 2006: “Europa Global: competir en el mundo”.

En el estudio de la TNI destacan dos importantes razones por las que la UE instrumenta y, en los últimos años, acelera las negociaciones en América Latina: la primera, la importante penetración comercial que ha tenido Estados Unidos con la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con algunos países de la región, tras el fracaso, en 2005, de las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); la segunda, el fracaso de las negociaciones en la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio en Cancún en 2003, evento durante el cual no sólo se deshicieron los temas de “inversiones, políticas de competencia y compras gubernamentales”, sino que se hizo patente “la conformación de una coalición de países del sur” que se opone a las negociaciones de ciertos temas económicos.

A pesar de lo anterior, el documento recuerda que las negociaciones llevaron a firmar un Acuerdo con México en el 2000 y otro con Chile en 2003. A partir de 1995 comenzaron también las pláticas con el Mercosur, mientras que con otras importantes regiones, Centroamérica (CA) y Comunidad Andina de Naciones (CAN), las pláticas iniciaron formalmente en 2007.

Pese a estos “logros” en las relaciones entre los dos continentes, apunta el documento, “con el inicio del nuevo milenio se experimentan profundos cambios políticos en el Continente Americano” con la llegada de gobiernos de origen en la izquierda.

Añade: “Evidentemente estos nuevos gobiernos no tienen posturas y políticas homogéneas, pero tienen tres cosas en común: una fuerte base social popular, diversos grados de distanciamiento frente a la hegemonía estadounidense y el neoliberalismo, y un nuevo afán integracionista”.

Por esta razón, afirma la investigación, la UE está obligada “a presentarse con un nuevo discurso”, que pone “por delante su interés en los derechos humanos, la cooperación, el apoyo para la superación de la pobreza y la integración de las subregiones”. Sin embargo, denuncian los autores de la investigación, aunque “la UE trata de convencer que es diferente de Estados Unidos en la relación que busca con AL […] incluyendo a la cooperación para la integración”, en los documentos oficiales europeos “se dice explícitamente que todo ello es buscando facilitar la firma de los Acuerdos de Asociación (AdA)”.

En entrevista, Alberto Arroyo Picard, coordinador de la investigación y actualmente investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, advierte las dificultades que hay para explicar a la opinión pública acerca de los peligros de los AdA con la UE:

“Frente a Estados Unidos hay una actitud casi visceral, pues se dice: ‘en donde está metido EU no hay nada bueno’ […] Con la UE es distinto, pues aún logran convencer a la opinión pública de su buena disposición”.

Según Arroyo, los efectos de los tratados con la UE aún no se ven con claridad, “debido a que la inversión europea aún es menor que la estadounidense”. Sin embargo, en el caso mexicano, “los resultados son más evidentes: el grupo financiero BBVA en 2008 tuvo, en términos absolutos, mayores ganancias en México que en España”, lo cual “habla claro de las facilitaciones que han tenido en el país”.

Intereses estratégicos

“La UE se ha planteado como objetivo central el de la cooperación para la integración de las subregiones en América Latina”, explica el documento. Además, “esta integración está orientada a que dichas subregiones logren una unión aduanera y, a futuro, un mercado común”, con apoyo de los AdA. Sin embargo, “dadas las asimetrías entre la UE y cualquiera de la regiones de América Latina, quienes se aprovecharían de esta unión aduanera serán principalmente las grandes empresas europeas”.

En efecto, explica Arroyo, “hay que recordar que los AdA incluyen el principio de nación más favorecida, que significa que los socios del acuerdo deben ser tratados como el más privilegiado de los socios de cada parte”.

El investigador mexicano aporta un ejemplo: “Si Venezuela firmara un Acuerdo con la UE, debería de venderle el petróleo con las mismas condiciones que sus socios del ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe)”. Por esta razón, añade la investigación, la UE tiene especial interés en la integración regional, pues “el mercado interno de cada país es demasiado pequeño”. Además, al “centrar su mandato de negociar AdA de región a región y no bilaterales con cada país”, la UE “fortalecería su imagen de colaborador en la integración de cada una de las subregiones de América Latina”.

Sin embargo, el estudio La Unión Europea: ¿Promotora de la integración en América Latina?, apunta que “este mandato es violado” cuando se presenta “la resistencia de algunos países a las propuestas del tipo de integración que promueve la UE”. Ante ello, “la UE ha demostrado que si bien prefiere los AdA, está dispuesta a avanzar con ‘quienes tengan la voluntad'”. Así lo muestra, por ejemplo, “la negociación bilateral que se está planteando con Perú y Colombia”, luego que Bolivia y Ecuador se opusieron a este tipo de acuerdos.

Por lo que tiene que ver con el capítulo de “cooperación”, que estaría orientada a la integración regional, el documento explica que “ello es un instrumento para apoyar la negociación de los AdA que buscan, ante todo, una amplia liberalización del comercio e inversiones”.

Abunda: “En el caso de México, la condicionalidad de la cooperación y el diálogo político a la apertura comercial se hace explícito”. En lo específico, el artículo 60 del Acuerdo Global (entre México y la UE) “condiciona la cooperación a las concesiones en materia de liberalización, ya que se suspende la aplicación del Diálogo Político y la Cooperación hasta que se cumplan las decisiones previstas en los artículos 5 (comercio y bienes), 6 (comercio de servicios), 9 (movimiento de capital), 11 (competencia) y 12 (propiedad intelectual)”.

Arroyo Picard es tajante al respecto: “El asunto de la cooperación es parte de un chantaje, porque de ahora en adelante, si no le entras se acaba la cooperación”.

Cláusula democrática

La UE habla explícitamente de “participación de la sociedad civil en las negociaciones”. Sin embargo, Arroyo sostiene que el contenido de los AdA “se mantiene en secreto”.

Y pone como ejemplo el acuerdo firmado entre la UE y México en 2000. Apunta que “el principio de estos acuerdos es precioso: su fundamento es el respeto a los derechos humanos. Pero justo cuando las dos partes negociaban en Guadalajara, en 2004, en las calles de la ciudad se desataba la más feroz represión en contra de esa sociedad civil llamada a participar en las negociaciones”.

El investigador define la llamada “cláusula democrática” como “una farsa”. Luego abunda en la explicación: “Hay muchas contradicciones. Una de ellas: después de los hechos de Guadalajara, lo único que pudo decir la UE fue que la cláusula aplica para ‘casos graves'”.

Además, “hay una contradicción de fondo: los TLC no significan sólo la apertura de las fronteras a las mercancías, sino también la imposición de un modelo: el del libre mercado”.

Según la citada investigación, la exclusión de la intervención gubernamental en el sector de los servicios –“como los del agua, la salud y la educación, que son también derechos humanos ineludibles–, equivale a privar de sus derechos básicos a la población de un país”.

Según el investigador, “lo único que el libre mercado puede garantizar es eficiencia productiva y competitividad, seguramente no los derechos.

“La cláusula democrática no se puede aplicar, pues no están contemplados los instrumentos concretos para hacer efectiva tal cláusulas”, añade Arroyo.

La investigación es aún más clara: “Es hipócrita afirmar que los derechos son el principio y fundamento de estos acuerdos, cuando sus contenidos violan los más elementales derechos económicos y sociales”.

Un ejemplo acerca del capítulo de la propiedad intelectual: “Las patentes sobreprotegidas de medicamentos ponen las ganancias por encima del derecho a la salud”.

Dudas sobre los objetivos de ‘la guerra al narco’

El presente artículo fue publicado en el periodico español Diagonal el día 3 de septiembre de 2009
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En la actual ofensiva militar del Gobierno mexicano en contra de las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, la llamada “guerra al narco”, aparecen cada vez más sombras. Y muchas dudas. Las sombras pertenecen sobre todo al ámbito de los derechos de los ciudadanos que son puestos en entredicho no solamente por la presencia de más de 70.000 soldados en las calles del país, sino también por las modificaciones legislativas que han ido cambiando el contexto del conflicto entre el Estado y los carteles de la droga. Es importante mencionar el debate que se ha desatado en la sociedad mexicana alrededor del llamado “fuero militar”, es decir la posibilidad por parte de las tropas y sus mandos de ser juzgados siempre y de todas formas por los órganos de justicia militar. El debate se desata evidentemente por los ya incontables episodios de abusos por parte castrense hacia la ciudadanía: irrupciones en casas particulares, detenciones arbitrarias, violaciones a los más básicos derechos, pero también algunos homicidios, “errores” o “legítimas respuestas” que quizás un día, terminada esta absurda guerra (que solamente en el primer semestre de este año produjo 4.000 muertos), nos describirán como “efectos colaterales”. El último episodio de este debate es el rechazo, el 10 de agosto, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la posibilidad de juicio por parte de la justicia civil de los atropellos cometidos por los militares. La SCJN, llamada a resolver el dilema, ratifica la actual situación y no resuelve la contradicción creada por el uso del Ejército para funciones de policía. Por el otro lado, al recrudecerse la situación que conlleva cada día más muertos y violencia en el país, así como la evolución de la confrontación misma que orilla a la criminalidad a buscar cada vez más y nuevos instrumentos de supervivencia, obliga –por así decirlo– al Estado a adecuar la actual legislación, acotando libertades, irrumpiendo en la privacidad ciudadana, otorgando más poderes a sus fuerzas policíacas. Todo lo anterior sin meter mano alguna en los problemas reales: corrupción e impunidad.

En este escenario, surgen las dudas acerca de la real efectividad de la “guerra al narcotráfico” y también acerca de los intereses reales que puedan esconderse tras tanta campaña mediática. Es urgente recordar cómo la decisión inicial de promover un choque frontal entre las fuerzas del Estado y las organizaciones criminales haya respondido a la urgencia por parte de Felipe Calderón de legitimarse frente a una sociedad que aún hoy duda de la legalidad de las elecciones que le entregaron la Presidencia. Una decisión entonces que se puede leer a la luz de la prisa, de la necesidad apremiante de ofrecer un elemento fuerte y definitivamente cautivante para todos: el de la seguridad y de la guerra contra quienes la ponen en peligro. Por otro lado es preciso también subrayar la inutilidad de la estrategia actual del Gobierno mexicano. Una estrategia que parece trasmutada de la guerra al narco en Colombia, que busca nada más descabezar a los carteles, haciendo absoluto caso omiso no solamente de la naturaleza de estas organizaciones –parecidas a una hidra por su capacidad de sustitución de líderes–, sino sobre todo del entorno social que permiten la existencia de estas organizaciones y el cada vez mayor consenso social que consiguen.

2010, año delicado
Así, es necesario tratar de contestar las dudas. La creciente militarización de la sociedad mexicana evidentemente responde también a otras necesidades. Si el objetivo primario de vencer al narco no se estaría cumpliendo, ¿es posible pensar en objetivos secundarios? Por ejemplo, un 2010 que se perfila cada día más como un año delicado, debido no solamente a las consecuencias sociales que está comenzando a tener la crisis económica global en México, sino también al Bicentenario de la Lucha de Independencia de México y al Centenario de la Revolución (interrumpida). Ambos aniversarios, con un fuerte tinte simbólico, llamarán sin duda a la sociedad mexicana a confrontarse con una pregunta esencial: ¿se han cumplido cabalmente los anhelos de justicia, libertad, independencia y democracia reivindicados en esos dos momentos históricos? Responder, en el contexto de un empobrecimiento generalizado y en el medio del acotamiento de ciertos derechos –por el Estado de excepción que impone la guerra al narcotráfico–, es hoy quizás el mayor reto, tanto para la sociedad mexicana, cuanto para el Gobierno de Calderón. Mientras, el Gobierno parece adelantar posibles respuestas. Así la presencia militar asume nuevas características. Por un lado, el control territorial; por otro, ofrecer una señal inequívoca a aquellos que podrían estar pensando en soluciones más radicales que las protestas callejeras: estamos listos. En un escenario en el que el narcotráfico sigue sobreviviendo y la sociedad podría sublevarse, el Gobierno –de querer seguir existiendo– tendría solamente una vía de fuga: pactar con la delincuencia organizada y aniquilar a los revoltosos.

‘Guerra al narcotraffico’

Il presente articolo é stato pubblicato sul sito italiano Global Project l’1 settembre 2009
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La chiamano ‘guerra contro il narcotraffico’. È stata lanciata così, in pompa magna, davanti alle centinaia di telecamere dei mezzi di comunicazione che riprendevano il neo presidente messicano, Felipe Calderon, in uno dei suoi primi discorsi pubblici, verso la fine di dicembre 2006. E da allora, colui che si era presentato alle elezioni – vinte grazie ad alcune irregolarità – come il “presidente del lavoro” (inteso come posti di lavoro), divenne il presidente della ‘guerra al narco’, della battaglia ‘epocale’ contro i potentissimi cartelli messicani della droga. Sin da quei primi mesi, lo slogan ottenne il successo desiderato: nonostante la scarsa legittimità di cui godeva Calderon, la nuova impresa dello Stato contro la criminalità organizzata che “insanguina le nostre terre e offre droga ai nostri figli” sembrava ottenere quel consenso non pienamente ottenuto alle urne. Ed allora il via ufficiale alla crociata anti-criminalità: 70.000 soldati utilizzati in funzione di polizia, nuove leggi che permettono maggiore agilità ‘giuridica’ e libertà operativa per le forze di polizia e per gli inquirenti, firma dell’Iniziativa Merida, piano strategico che prevede il finanziamento per circa 1.4000 milioni di dollari in tre anni da parte del governo americano per la ‘lotta al narcotraffico’, ecc..
Ad oggi, 32 mesi dopo il lancio delle operazioni, il bilancio è tragico: oltre 13.000 morti, con un aumento del 100% tra il 2008 e il 2009, visto che si è passati da una media di 10,2 morti al giorno dello scorso anno a ben 20,1 di quest’anno. E, purtroppo, non vi sono segnali di una controtendenza a questa vertiginosa crescita. Certo, si dice, i morti sono tutti narcotrafficanti, grandi e piccoli, che si uccidono tra loro, nella battaglia campale che si è scatenata da quando il governo messicano, lanciando la sua ‘guerra’, ha tagliato la testa a praticamente tutti i grandi cartelli della droga. Una guerra interna, si dice, che “dimostra l’efficacia dell’attuale politica dello Stato”, dicono presso il plenipotenziario Ministero della Pubblica Sicurezza (SSP, l’acronimo in spagnolo). Quel che è vero, però, è che gli scontri tra le bande di narcotrafficanti non avvengono nelle ore notturne, i luoghi isolati e lontani dagli occhi della popolazione. Al contrario, le sparatorie ormai si realizzano nei centri cittadini delle grandi città, da Guadalajara a Monterrey (rispettivamente la seconda e la terza città più grande del paese), da Ciudad Juarez a Tijuana, da Acapulco e Città del Messico. Ed allora le cifre potrebbero aumentare, perché molte volte le cronache giornalistiche riportano l’esistenza di vittime ‘civili’, tra i passanti, tra i comuni cittadini costretti ad assistere impotenti a questo scontro senza precedenti. Ma purtroppo, di queste vittime, ancora non c’è una statistica ufficiale che, pur riducendo le vite in semplici numeri, riesca comunque ad offrire un panorama anche di questo genere d’impatto sulla società. Dall’altra parte, poche sono anche le informazioni relative alle morti, pure copiose, tra le forze dell’ordine, attaccate ormai con quotidiana regolarità dalla potente macchina militare del narcotraffico. Il governo lo ha ammesso ormai da diversi mesi: “I cartelli sono militarmente superiori a noi, in quanto a volume di fuoco e capacità distruttiva”. Detto in altre parole: i narcotrafficanti hanno più uomini – si calcola che in tutto il giro d’affari ci lavorino circa 2 milioni e mezzo di persone – ed armi più potenti – da bazooka a missili terra-aria. Insomma, la guerra è vera e non risparmia colpi.

Ma se la campagna presidenziale – perché ormai, tra critiche ed opinioni contrarie, sembra che solo Calderon ed il suo staff continuino a credere nell’attuale strategia – sembra destinata ad aumentare ulteriormente il numero di morti nel paese, sorge da più parti la domanda rispetto il reale obiettivo di tanta “violenza legittima”. Perché è pur vero che molti – ma non tutti: esemplare il caso di Joaquín ‘el Chapo’ Guzman – dei grandi capos della droga son finiti dietro alle sbarre, ma è questo forse l’unico risultato concreto ottenuto: sull’altro versante, infatti, ormai non si contano i municipi commissariati, le cui polizie locali sono state sostituite dall’esercito; non si conta il numero di armi presenti nel paese; non si contano i giovani – e meno giovani – che oggi, disoccupati e in crisi perenne da ben prima della temibile ‘crisi economica’, entrano a far parte dell’affare-narcotraffico. Così come, infine, è difficile oggi distinguere con chiarezza le reali operazioni anti-criminalità da quelle contro le organizzazioni sociali, più o meno civili.
La presenza dell’esercito nello stato di Guerrero, per esempio, incluso nelle vie della rinomata Acapulco, ha già prodotto scontri a fuoco, di una certa rilevanza, tra le forze armate e gruppi armati appartenenti alle diverse sigle guerrigliere presenti nel territorio. In altre zone del paese, Oaxaca e Chiapas per esempio, ma anche nel nord della repubblica, sono ormai all’ordine del giorno le denunce di organizzazioni sociali – assolutamente non guerrigliere, ma semplicemente radio comunitarie, contadini, comunità indigene, studenti, ecc. – rispetto ai presunti abusi ed alle violazioni ai diritti umani realizzate dalle truppe dell’esercito nelle vesti della pubblica sicurezza. In questo senso, non solo sono allarmanti le denunce, ma ancor più inquietante risulta essere la risoluzione della Suprema Corte di Giustizia della Nazione (SCJN) emessa a principio di agosto rispetto all’immunità di cui godono le truppe. Dice la risoluzione: i militari colpevoli di violazioni al codice penale saranno giudicati dagli organi di giustizia militari. Un colpo tremendo, soprattutto per tutti coloro – tra cui diversi settori della classe politica rappresentata in Parlamento – che pongono il dubbio sulla reale legittimità nell’uso delle forze armate in funzioni di polizia.

Il dibattito rispetto l’immunità dei militari non è sterile. Al contrario, si genera a partire da fatti concreti: omicidi ‘involontari’, magari a qualche posto di blocco dove un’automobile innocente non si è fermata all’alt pronunciato dall’esercito; arresti arbitrari, incursioni senza mandato in case e spazi privati; torture ed abusi fisici agli interrogati; alcune sparizioni sospette. Ma la polemica, come suole accadere, si accende solamente quando l’ombra del dubbio è segnalata dalle voci ‘importanti’. La consegna dei finanziamenti previsti dall’Iniziativa Merida, infatti, è condizionata dal rispetto dei diritti umani nella lotta al narcotraffico. La legge emessa in aprile di quest’anno dal Congresso statunitense, infatti, vincolava il 15% del finanziamento ad uno studio in fase di realizzazione che certifichi tale rispetto. Il presidente Calderon nega gli abusi. Il Ministero della Difesa ne ammette una decina e conferma che la giustizia militare sta facendo il suo corso. Ma le organizzazioni sociali hanno altri dati: Amnesty International, Human Rights Watch ed altre documentano decine e decine di casi, in tutto il paese.
Rosario Ibarra, oggi senatrice della Repubblica, ma da oltre trent’anni attenta e testarda lottatrice per la consegna delle centinaia di desaparecidos della cosiddetta ‘guerra sporca’ degli anni ’70, tra cui il figlio Jesus Ibarra, avverte che la presenza di tanti soldati nelle strade messicane potrebbe avere anche altre finalità: “Giustificano tutto con la lotta al narcotraffico, ma la gente continua a morire e pochi sono gli arresti”. Aggiunge: “Cercano di abituare la popolazione alla presenza militare per le strade. Fanno in modo che la gente esiga questa presenza, con l’illusione di risolvere il problema dell’insicurezza”. E conclude: “In realtà temo che il prossimo passo ci saranno gli escuadrones de la muerte”(l’ipotesi, purtroppo, si starebbe confermando). Carlos Montemayor, scrittore ed analista politico, coincide nell’analisi: “È evidente che la situazione è scappata al controllo del governo”. In quest’ottica e nel contesto dell’attuale crisi economica – che ha portato all’aumento ‘ufficiale’ nel numero di poveri in Messico: 53,1 milioni, secondo l’INEGI, l’istituto nazionale di statistiche -, spiega, “si stanno chiudendo le valvole di sfogo naturali alla pressione sociale crescente, ovvero emigrazione (il Messico espelleva, sino all’altr’anno, quasi un milione di persone verso gli USA) e il lavoro informale (o lavoro ‘nero’, di cui farebbe parte il 48% della Popolazione Economicamente Attiva)”. Quel che resta, conclude “è che la gente senza lavoro andrà ad ingrossare le fila del narcotraffico”. È evidente dunque che, come spiega Johan Galtung, “le ragioni per le quali la gente accetta di lavorare per i cartelli è che desidera uscire dalla miseria” e quindi “ si devono offrire valide alternative economiche alla popolazione”. Ma il governo messicano non ci sente per quell’orecchio e continua ad inviare soldati nelle ‘zone calde’ del conflitto. Continua Galtung: “Per il governo il problema non è la miseria, ma il narcotraffico, perché questo offre un’alternativa alla miseria di milioni” e di conseguenza ottiene tendenzialmente maggiore consenso. L’attuale militarizzazione del paese, dunque, potrebbe essere letta in un’ottica che comprenda il lungo termine. L’opinione di Galtung, largamente condivisa da Montemayor, è che “il governo teme il 2010, per l’effetto simbolico che produrrà”. Il prossimo anno, infatti, si celebreranno due importanti anniversari: i duecento anni dell’Indipendenza (1810) e i primi cent’anni della Rivoluzione (1910). Secondo i più queste due date “obbligheranno i messicani a chiedersi se gli obiettivi di quei due momenti storici sono stati raggiunti”. In altre parole, nel 2010 i messicani dovranno dire se il Messico è oggi veramente indipendente e veramente democratico. Secondo Galtung il governo messicano teme realmente una rivolta generalizzata nel paese. Le condizioni vi sarebbero tutte e dunque “la presenza dei militari nel territorio, nella società, risponde anche ad altre necessità: abituare la gente alla presenza militare; lanciare un segnale chiaro a chiunque abbia in mente di ribellarsi, ‘siamo pronti’; e infine abituare gli stessi militari a stare per le strade, in mezzo alla gente”. Se tutto ciò fosse vero, dunque, rimane una sola domanda a cui rispondere: “La guerra che il governo messicano realizza contro chi è? Contro le bande di narcotrafficanti o contro la popolazione?”.