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La dignidad migrante

19 novembre 2010 Lascia un commento
El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 19 de noviembre de 2010
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Es la historia de siempre. En la vieja Europa periódicamente los gobiernos en turno se encuentran obligados a aplicar decretos legislativos de regularización de los miles de migrantes sin papeles. Además de ser el indicio más concreto de la inutilidad de las políticas represivas de las corrientes migrantes que surcan el planeta Tierra, ya que éstas, con o sin papeles, nunca paran, las regularizaciones son también el instrumento –uno más– para el control del inmenso contingente de migrantes indocumentados que vive en los países de destino.

Por un lado demuestran que la real politik es más fuerte que cualquier retórica de tinte más o menos racista. Cuando el número de los sin papeles rebasa el límite –arbitrariamente fijado por las necesidades económicas de grandes y pequeñas empresas–, las leyes de regularización intervienen para poner orden, ya sea otorgando los documentos para regular la estancia, ya sea expulsando a los que sobran. Por otro lado, las regularizaciones se convierten en instrumento en mano del Estado para seleccionar, discriminar y controlar. Y en esta faceta, las regularizaciones se convierten en una lotería, en la cual se rompen los lazos solidarios entre las comunidades migrantes, ya que cada quien juega por su propio destino, con la esperanza de estar entre los elegidos.

El año pasado, embestido por la necesidad concreta de disponer de mano de obra barata en el rubro de la asistencia a ancianos y enfermos, el gobierno italiano promovió como parte del racista y feroz paquete de leyes de reforma a la normativa migratoria, una sanatoria, es decir, abrió un acceso para que se pudieran regularizar las 300 mil colaboradoras familiares, asépticamente llamadas colf. Ahí estaba, pues, la puerta para que un migrante sin papeles pudiera conseguirlos y, finalmente, salir de la clandestinidad.

Como siempre sucede, acudieron cientos de miles al concurso para ganar un permiso de regular estancia. Tras pagar hasta 500 euros, llenar papeles, conseguir asesorías, los migrantes indocumentados entregaron las peticiones. Y esperaron. Pocos meses después, salieron las listas de los aprobados. Los demás, ya que la regularización no es otra cosa que una autodenuncia, pasaron de ser sin papeles a potenciales expulsados. La ya imposible vida del sin documentos se convirtió en la vida del perseguido.

Y sin embargo, la máquina gubernamental comenzó súbitamente a rechinar y luego se rompió. Y para que la máquina se rompiera fue necesaria la dignidad de los ciudadanos migrantes. Resulta que poco después de anunciada la lista de los ganadores de la regularización, cientos de migrantes en la ciudad de Brescia, en el norte de Italia, cerca de Milán, ocuparon la plaza frente al palacio municipal y construyeron un presidio permanente para exigir una mesa de diálogo que permitiera alcanzar un acuerdo de regularización para los excluidos del proceso de sanatoria.

Pasaron 37 días en ese plantón. Y luego intervino la policía y los desalojó. La provincia de Brescia, empero, es la que cuenta con el mayor número de extranjeros en Italia. Los migrantes, en esta parte del país –y no sólo allí– son parte integrada a la sociedad. A pesar de la retórica racista de quien gobierna, los migrantes aquí son ciudadanos de facto, que trabajan, producen, enriquecen las cajas públicas pagando sus impuestos, rescatan de la crisis permanente al Instituto Nacional de Previsión Social, hacen hijos que llenan los vacíos poblacionales dejados por las poco fecundas familias italianas, envían remesas.

Los migrantes en Italia hoy son una realidad. Son casi 5 millones (7 por ciento de la población de la península), tienen al menos 600 mil hijos nacidos en territorio italiano (los mal llamados migrantes de segunda generación), producen poco más de 10 por ciento del producto interno bruto. Son rumanos, albaneses o marroquíes en su mayoría. Existen, pues. La realidad habla de integración que, frente a las injusticias, se declina en dignidad.

Así las cosas, tras el desalojo del plantón de Brescia, el 31 de octubre pasado, seis migrantes subieron a una grúa instalada en el centro de la ciudad y de ahí gritaron: No nos vamos a bajar, pase lo que pase, sin que el gobierno acceda a establecer una mesa de diálogo. Sus demandas: regularización para todos los que la demandaron y retiro del delito de clandestinidad, mismo que condena a miles de seres humanos al destino indocumentado.

Son Arun, de 24 años, paquistaní, con estudios de secundaria, gana en promedio 500 euros mensuales; Jimi, egipcio de 25 años, terminó el bachillerato y es obrero metalúrgico con un sueldo de 650 euros mensuales; Rachid, de 35 años, procedente de Marruecos, es repartidor de volantes y gana 450 euros por mes; Sajad, 27 años, de Paquistán, tiene título universitario y maestría en lenguas y no tiene trabajo; Singh, de 26 años, procede de India y tiene varios trabajos precarios; Pape viene de Senegal, tiene 24 años y llegó a Italia a bordo de un pequeño barco que cruzó el Mediterráneo.

Son hoy el icono de la dignidad migrante. No bajarán hasta tener respuestas definitivas por parte del gobierno. Y lanzan una apelación al presidente de la república italiana, Giorgio Napolitano: Hoy vivimos aquí y tú eres también nuestro presidente. Eres una persona buena y el único, en el espectro político italiano, que no está sometido a las lógicas electorales. ¡Ayúdanos!

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Morir de migración

23 settembre 2010 2 commenti
El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 23 de septiembre de 2010
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Mueren migrantes en el mundo. Sólo en las fronteras europeas, las que son definidas por la llamada “área Schengen” (por el tratado homónimo que une a varios países del viejo continente), se documentó que de 1988 a la fecha (hasta el pasado 2 de septiembre) murieron al menos 15 mil 566 seres humanos, de los cuales 6 mil 513 nunca fueron encontrados. La estimación es aproximativa y está fundamentada en la atenta revisión de las noticias periodísticas y la recolección de testimonios directos por parte de un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil europea.

Lo anterior se debe en parte a la ausencia de datos certeros proporcionados por las autoridades europeas dedicadas al tema migratorio o, más bien, a su control y represión. Es lo mismo de siempre. Mientras cada país europeo en su navegación a ojo para salir de la tempestad de la actual crisis socioeconómica decide independientemente de los demás, en una cosa pueden ponerse de acuerdo: la represión de las corrientes migratorias.

Ejemplo de ello es la renombrada agencia Frontex, que reúne policías, inteligencias (?) y esfuerzos político-militares para el control de las fronteras externas de la Unión Europea (UE) y, más en general, del área Schengen. Dicha agencia es uno de los pocos ejemplos de coordinación efectiva en el viejo continente. A principio de este año, Frontex publicó un mapa de su área de intervención en el que, como si fuera un juego de mesa, dibujó flechas de distintos colores y espesores con la intención de mostrar los que serían los flujos de migrantes hacia Europa.

Un dato resalta sobre todos: el decrecimiento de las entradas de migrantes a la UE. Aparentemente entre 2008 y 2009, sustancialmente en todas las fronteras europeas hubo una disminución importante del ingreso de migrantes indocumentados. En la ruta del océano Atlántico, al igual que desde las costas occidentales de África hacia el Estado español (ya sea a sus costas o a las islas Canarias), habría una disminución de hasta 76 por ciento en el lapso señalado. En la ruta del Mediterráneo, la que desde Túnez, Argelia, Libia y Egipto llega hasta Italia y Grecia, un decrecimiento de 83 por ciento. En la frontera oriental (tan vasta y desigual), según datos de Frontex, hubo una disminución de hasta 50 por ciento del número de indocumentados.

El mismo mapa dibuja las rutas internas al continente e ilustra, por ejemplo, que los ciudadanos africanos procedentes de la parte occidental de su continente de origen intentarían, por lo regular, poner rumbo a Francia, pasando por Portugal y el Estado español. Los migrantes procedentes del norte de África (y aun de más al sur) tendrían la tendencia a establecerse en Italia o en los países apenas al norte de la bota. Desde el este europeo, la tendencia sería llegar hasta Alemania y de ahí, en algunos casos, desplazarse rumbo al norte europeo o hacia Inglaterra.

El mapa de Frontex es ilustrativo. Sin embargo también muy revelador: la agencia europea –y quien la nutre de cuantiosos fondos– no registra el elevado número de muertos en esas mismas fronteras. Los datos de la sociedad civil, al contrario, contemplan este aspecto. En la ruta del océano Atlántico, en los últimos 20 años habrían muerto 10 mil 989 seres humanos en su intento de llegar a Europa. Más de la mitad de los cuerpos de esas víctimas nunca fueron encontrados.

En el llamado canal de Sicilia, es decir el espacio de mar que separa el norte de África de Italia, en el mismo lapso habrían perdido su vida 4 mil 205 migrantes. Los cuerpos de 3 mil 76 de ellos nunca fueron encontrados. En el mar al sur de Grecia murieron al menos mil 369 migrantes, y en el mar frente a Albania fueron 603 las víctimas.

Otras 624 vidas, en cambio, se perdieron en el océano Índico rumbo a la isla francesa de Mayotte. Los datos se completan con otra información: 153 muertos ahogados mientras se escondían en los grandes barcos mercantes que cruzan rumbo a los puertos europeos. Y en Europa también los migrantes mueren en su tránsito a través del territorio. Trescientos sesenta seres humanos perdieron la vida viajando en camiones tras algún accidente de carretera, por ahogamiento o aplastados por las mercancías transportadas. Otras 244 vidas se perdieron en los ríos que separan Polonia y Alemania, Turquía y Grecia, Bosnia y Croacia, Serbia y Hungría.

Ciento doce migrantes murieron por hipotermia, sobre todo en la frontera entre Turquía y Grecia. En la misma frontera, pero más al norte, 92 personas perdieron la vida en los campos minados que aún existen en la provincia de Evros. Se calcula además que al menos 256 migrantes perdieron la vida por las balas de la policía, de los cuales 37 fueron ultimados en la frontera de Ceuta y Melilla, y los demás en las fronteras extendidas de la UE en el interior del continente africano. Finalmente, 41 migrantes murieron congelados por viajar junto a las llantas de aviones con dirección a Europa; otros 33 en el túnel que comunica Francia con Inglaterra y tres ahogados en el canal de la Mancha.

¿Sólo números? No, está claro. Son vidas, historias, vivencias, aventuras en algunos casos, sueños frustrados en la mayoría. Al igual que otros migrantes muertos ya sea por causas “naturales” o, en el otro extremo, por mano de secuestradores y redes de trata de personas, finalmente hay sólo un culpable: la violación promovida por el capitalismo del derecho a no migrar.

Ser migrante gitano

29 agosto 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 29 de agosto de 2010
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Se reanuda en estas semanas la ola de racismo y violencia institucional en contra de las poblaciones gitanas del viejo continente. Las poblaciones rom y sinti –las dos mayores etnias gitanas–, que contarían al menos a 12 millones de personas en Europa, según estimaciones de la Comisión Europea, son hoy víctimas de la campaña xenófoba del gobierno francés de Nicolas Sarkozy. Hace un par de años fue el gobierno italiano, hoy es el país de igualdad, fraternidad y libertad el que niega sus orígenes formales e imprime toda la violencia derivada de la crisis que lo atraviesa sobre la población gitana, desde siempre objeto de persecución por su naturaleza incomprendida.

El pretexto formal para las deportaciones de estas semanas es siempre el mismo: seguridad. Y aunque las críticas no hayan faltado –tanto por parte de las instituciones de la Unión Europea (UE) como por la Iglesia católica, la ONU y el amplio abanico de organizaciones pro migrantes–, Sarkozy insiste en expulsar y deportar cientos de ciudadanos de Bulgaria y Rumania –y por ende ciudadanos europeos– bajo la excusa del supuesto carácter ‘criminal’ de estos ciudadanos: las expulsiones son legales, pues se puede restringir el derecho a la libre circulación (de los ciudadanos europeos) por razones de orden público, seguridad y salud, se responde desde París a las críticas. Y desde Bruselas se declara que el caso se está estudiando con atención. Claro, mientras los burócratas europeos encuentren la razón legal de tanta infamia institucional, el daño ya estará cumplido: al menos 700 ciudadanos gitanos –según el programa francés– serán alejados de sus vidas en tierras gálicas y regresados a un futuro anterior en sus tierras de origen.

Al contrario de la mayoría de los gobierno de la UE, el gobierno italiano hoy festeja pues finalmente encuentra un socio digno de sus violencias. El ministro de Interiores italiano, el racista Roberto Maroni, criticado acremente hace dos años por las expulsiones de gitanos desde Italia, hoy festeja y reivindica la patria potestad de la medida francesa. Tiene razón Sarkozy, advierte, pues no está haciendo nada más que copiar a Italia. Es más, Maroni insiste con su vieja idea: Hay que hacer más, es decir llegar a las expulsiones de los ciudadanos comunitarios (de la UE) que no respeten las reglas de legal estancia.

Exagerado. Aún así el italiano corre el riesgo que su tesis pegue y tenga el éxito necesario, sino en sede legislativa, al menos ahí en donde la crisis hoy está llevando sus mayores consecuencias: en el estomago de la vieja Europa, hambrienta hoy como lo fue hace menos de un siglo de un enemigo a quien golpear. Se desbarata y finalmente se desvanece así la validez del criterio jurídico y social de acceso a los derechos contemplado en la idea originaria que separaba a los ciudadanos de la unión de los ciudadanos de países terceros. Ya era discutible esa postura, hoy la creación de ciudadanos de segunda (los gitanos y los criminales) rompe inclusive ese postulado de la ciudadanía europea. Así las cosas, la Europa de la integración y la cohesión social, la misma que invirtió 17 mil 500 millones de euros para el periodo 2007-2013 justamente en la integración de los gitanos en 12 países de la UE, es continuamente rebasada y vencida por la Europa policiaca de la seguridad a cualquier precio.

Si el precio se cobra a las poblaciones gitanas parece ser inclusive una ventaja. Esta población ha sufrido las peores persecuciones de la historia y son tales justamente porque, proporcionalmente, nadie las recuerda y, al contrario, casi las justifica. Justificación por prejuicios contra una población sumamente incomprendida por su supuesta diversidad. Suposición a su vez fundamentadas sobre enormes equivocaciones como la que pretende que estas personas tienen la vocación cultural de no quedarse en ningún lugar. La verdad es que los gitanos viven en un mundo en el que no existe proyecto alguno de integración –y comprensión– justamente porque su vida se escapa aún demasiado de todas las categorías previstas. Una población frágil que muchos prejuicios que la rodean obligaron a tener un estilo de vida peculiar. Por lo anterior, los gitanos se convierten en el sujeto más fácil y cómodo para la construcción de chivos expiatorios por sacrificar en el momento más adecuado: campañas electorales, escándalos de palacio, frustración social acumulada, etcétera. Es difícil de creer que en 2010, tras el terrible pasado de Europa en el terreno del racismo y la intolerancia, es todavía posible criminalizar a una etnia entera a través de su señalamiento en cuanto problema social.

Y sin embargo, asusta aún más la ausencia más o menos absoluta de algún tipo de reacción por parte de los otros ciudadanos europeos. La indiferencia o inclusive el beneplácito frente a las acciones de la policía francesa hoy, italiana ayer, mas europea en general, deja sin palabras al más optimista de los analistas. Este parece ser el presente europeo: no sentirse nunca responsables de alguna manera del destino ajeno porque demasiados ocupados en defender el propio sin siquiera entender que existe una interdependencia que no se puede borrar. Hasta que no llegaran a nuestras casas, podría uno decir, y entonces descubriremos que ya no habrá nadie que se preocupe y proteste por nuestro destino.

Génova 2001: la marcha de los desobedientes

15 agosto 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 15 de agosto de 2010
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El tren que nos lleva de regreso es largo y corre rápido en la vía. Afuera está la oscuridad de la noche que nos acompaña. El pensamiento va rápido a los que aún faltan por ser liberados. Sin embargo, también corre hacia atrás, a recordar los sucedido en las últimas setenta y dos horas. Un recuerdo duro y difícil que desde ese momento no parará de renovarse; en memoria, dicen varios, de la muerte que nos tocó de cerca; en honor, dicen otros, de la justicia que se necesitará para enmendar (si es posible) la muerte por mano de la violencia de un día de protesta. O, simplemente, para evitar olvidar, pues el olvido, dicen algunos, es el enemigo de la humanidad. Y olvidar la muerte a manos de la policía italiana del joven Carlo Giuliani significaría dejar de ser lo que queremos ser: libres.

Es la noche entre 21 y 22 de julio de 2001. La hora no se sabe y, la verdad, poco importa. Estamos hacinados en el poco espacio de un tren que nos asignaron para que el grupo de manifestantes procedente del noreste italiano saliera de la ciudad de Génova tras tres días de magnas protestas por la reunión del Grupo de los 8 (G8). Somos las “Tute Bianche” convertidos en los desobedientes por esta protesta y, ahora, abrumados por tanta violencia vista en las calles del antiguo puerto sede de la reunión de los “poderosos del planeta”.

Pocos meses antes, la prensa mexicana nos había bautizado “los Monos Blancos” con un tono un tanto despectivo, pues nos habíamos atrevido a expresar nuestra solidaridad con la Marcha del Color de la Tierra y sus integrantes, protagonizada por los comandantes (y un sub) del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y fue con esa experiencia y el sueño que se gestó en ella que más de diez mil manifestantes, en la mañana del 20 de julio, bajaban las calles de Génova rumbo a la alta barda que los organizadores del G8 habían levantado para “proteger” la reunión institucional.

No éramos los únicos, “ni los mejores” decíamos. En el resto de la ciudad, decenas de manifestaciones similares se repartían el territorio para poder protestar cada quien con su forma y consignas, pero todos en contra de una reunión que se consideraba (y se considera) sumamente ilegítima y antidemocrática. Y no era casual. Desde semanas antes del evento, las organizaciones sociales italianas (y muchas europeas) venían organizando la protesta.

Reunidos en Génova Social Forum, los distintos sectores de la sociedad civil italiana habían organizado tres días de protesta: el primer día, la protesta colorida y “tranquila” en favor de los derechos de ciudadanía; el segundo día, se iba a dar “el asalto” a la llamada zona roja, es decir la zona centro de la ciudad, cerrada a la ciudadanía por la presencia de los ocho jefes de Estado; y finalmente, el último día, la megamarcha conclusiva. Y aunque el primer día transcurrió como debía, el segundo día comenzó a concretarse el plan gubernamental: reprimir con fuerza y determinación para, quizás, dar una señal clara y tajante de la postura del nuevo gobierno de Silvio Berlusconi frente a la protesta.

La marcha de los desobedientes, que avanzaba lentamente desde el periférico Estadio Carlini (un estadio de futbol que hospedó a los manifestantes), fue alcanzada por la sorpresiva represión de los carabineros italianos unas cuantas cuadras antes de que terminara el recorrido ya autorizado por las autoridades. Con gases lacrimógenos y macanazos, los uniformados enfrentaron la primera línea de la marcha que iba protegida tras unos enormes escudos de plástico transparentes.

Recuerdo el primer embate de la policía contra los escudos que sosteníamos varios manifestantes. Primero fue el silencio, o quizás es sólo el recuerdo deformado. Luego unos golpes, secos, repetidos, todos iguales. ¿Qué es?, nos preguntábamos. A los pocos segundo, el gas comenzó a subir por abajo del plástico que nos protegía. Las máscaras que llevábamos perdieron rápidamente su función. El calor y la respiración acelerada no ayudaron: la sensación de sofocación llegó tan rápida como los golpes y patadas de los primeros policías en la débil defensa que les oponíamos. El resultado fue inevitable: los escudos volaron en pedazos o cayeron al suelo; hubo que quitarse las máscaras para dar paso al aire, aunque llegara el gas en su lugar; los cuerpos fueron presa inmediata tanto del pánico como de la violencia de la policía. Fueron momentos de miedo y de sorpresa.

La batalla duró muchas horas y se caracterizó no sólo por la determinación de los manifestantes, sino sobre todo por la desorganizada actuación de las fuerzas uniformadas llamadas a mantener el orden durante los días de la cumbre. Dicha desorganización se debió a la falta de preparación de muchos de los agentes de policía que llegaron a Génova pocos días antes de las protestas y no conocían la ciudad, pero también a la falta de coordinación entre los distintos cuerpos policíacos presentes, policía de Estado y carabineros; además, y sobre todo, por las ordenes dictadas en esos dramáticos días.

Mientras en el cuartel general de los carabineros, organizado en las instalaciones del puerto de Génova, el hoy presidente de la Cámara de Diputados y entonces viceprimer ministro, Gianfranco Fini, daba órdenes brincándose toda cadena de mando establecida, el entonces ministro del Interior, Claudio Scajola, según sus declaraciones posteriores, ordenaba a las fuerzas del orden “utilizar las armas” en caso de que los manifestantes penetraran la zona roja; mientras estos personajes operaban detrás del escenario, digo, en las calles de Génova la batalla se encendía aún más. Son decenas los episodios y las anécdotas que valdría la pena contar, relatar, recordar y explicar. Porque la violencia tomada como hecho aislado genera repudio a las gran mayoría; pero la violencia sistemática y orquestada por los gobiernos aparentemente democráticos sólo debe producir indignación y anhelo de justicia.

Es en uno de estos episodios que sucede lo irreparable, es decir, se asoma la muerte entre los manifestantes.

Cerca de unos setenta carabineros, escoltados por dos camionetas, ocuparon la Plaza Alimonda, a unos cien metros de vía Tolemaide, donde fue atacada la marcha de los desobedientes y en donde seguían los enfrentamientos. Una vez dueños de la plaza, el mando local de los carabineros decidió atacar a los manifestantes por uno de sus flancos. Acorralados, los cientos de manifestantes que vieron repentinamente cerrada su única vía de fuga contraatacaron a las fuerzas del orden. A los pocos minutos del choque inicial, los carabineros se vieron superados en número y decidieron retirarse.

Los mismos carabineros admitirán más tarde, en entrevistas frente a los jueces que investigaron los llamados “hechos de Génova”, que ese ataque fue totalmente inútil y mal organizado; que el retiro fue también realizado de manera desordenada y que, sobre todo, las dos camionetas que los acompañaban no tenían por qué estar ahí. Pero así sucedieron las cosas, y en su retirada sin rumbo una camioneta blindada se paró durante unos segundos. Poco tiempo, pero suficiente para que decenas de manifestantes la alcanzaran, la rodearan y comenzaran a golpearla con los instrumentos disponibles: palos, algunas piedras, las manos, en medio de insultos y gritos.

En las imágenes tanto fotográfica como de video se observa claramente la ventanilla posterior de la camioneta: una ventanilla rota, los pies de un carabinero (quizás echado al piso), muchas sombras y una mano tendida hacia atrás. En ella una pistola. En particular en el video se ve cómo un joven, de pantalón negro y camiseta blanca sin mangas y un pasamontañas que le cubre el rostro, rodea la camioneta. Desaparece un momento de la vista y luego se escuchan claramente dos disparos. Un grito: “Noooo… puta madre!” Es el camarógrafo que logra mantener la cámara apuntada pero no puede contener la desesperación por lo que acaba de suceder. El joven de playera blanca yace en el suelo, un extinguidor rojo a su lado (que él había tratado de lanzar en contra de la camioneta), los manifestantes inmóviles por unos segundos.

El horror en pocos segundos. Con diecinueve años de vida, ese joven era Carlo Giuliani, asesinado por un disparo que le perforó el pómulo izquierdo y lo mató en pocos minutos. O quizás se podía salvar, no se sabe, pues la camioneta aprovechó ese instante de sorpresa para echar marcha hacia atrás, pasar por encima del cuerpo de Carlo dos veces (de reversa y ya en su huida) y alejarse definitivamente. Pocos minutos después, la policía, ubicada a pocas decenas de metros de ahí, intervino (ahora sí) y rodeó al cuerpo tendido. Testigos (los paramédicos que arribaron varios minutos después de los uniformados) afirman que Carlo aún respiraba cuando llegaron.

Esa tarde el muerto era un manifestante español, se dijo. Sólo en la noche se supo que era Carlo, joven de Génova, activista que ese día se unió a la marcha de protesta porque sentía –él también– que Génova había sido ocupada por el ejército de un gobierno de facto e ilegítimo del mundo, el G8. Durante pocas horas inclusive circuló la versión según la cual los poderosos suspendían la cumbre por la gravedad de los hechos. Nada de eso en realidad. La cumbre continuó y la represión también.

Al día siguiente, 300 mil personas se manifestaron. Y también fueron atacadas sin razón alguna por las fuerzas del orden. En la noche, una pesquisa en la sede del centro de medios del Génova Social Forum –hospedado en la Escuela a. Díaz– devino en otro acto represivo: más de ochenta heridos de gravedad fue el resultado de lo que algunos funcionarios de policía definieron como “la carnicería mexicana”. En los días siguientes, cientos de detenidos durante las manifestaciones denunciaron la tortura y las vejaciones de las que fueron objeto en la cárcel de Bolzaneto.

Por todo lo anterior hubo varios procesos. El 19 de mayo pasado, los tribunales italianos condenaron –en segundo grado, falta la última apelación posible– a cuatro años de detención a algunos funcionarios de la policía por exceso de violencia, por tortura, por “siembra” de pruebas en contra de los imputados, por falsas declaraciones. Entre ellos el actual jefe de la Policía Nacional Anticrimen, Francesco Gratteri; el jefe del Centro de Estudios de los Servicios Secretos, Giovanni Luperi; el jefe de la Central Operativa de la Policía Nacional, Gilberto Caldarozzi. Y quien admite haber disparado en contra de Carlo Giuliani, el carabinero Mario Placanica, fue absuelto por haber actuado en legítima defensa. Pero que nadie tiemble en su asiento. El 20 de mayo, el actual ministro del Interior, Roberto Maroni, se apresuraba a declarar: “Tenemos plena confianza en los funcionarios [condenados] y no pediremos sus dimisiones.” Dicha confianza fue renovada inclusive cuando el ex jefe nacional de la policía italiana, Gianni de Gennaro, fuera condenado el 17 de junio pasado a un año de cárcel por haber instigado el falso testimonio de un subordinado. No hay justicia, parece. Los ejecutores son condenados pero siguen en sus puestos, amparados por los autores políticos de la tragedia.

La otra frontera europea

15 agosto 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 15 de agosto de 2010
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Poco se habla de ella, pero ahí está. Cuando hablamos de frontera sur europea y relacionamos el tema con las corrientes migratorias, enfocamos constantemente la atención hacia tres países de la región: Italia, España y Grecia. Para estos tres ilustres miembros de la Unión Europea gastamos ríos de palabras para contar, describir y denunciar las políticas de rechazo y expulsión que, con pocas variaciones el uno del otro, los tres países aplican. Sin embargo, es urgente señalar a otro importante protagonista en la guerra europea en contra de los migrantes. Éste es la isla de Malta.

Situada unos 350 kilómetros al norte de Tripoli, la capital de Libia, y sólo a 90 kilómetros de las costas de Sicilia, en Italia, la isla de Malta se ha convertido en uno de los pasos obligados para los migrantes. Y sin embargo poco se habla de esta isla que, aun siendo independiente, se encuentra más cerca de Italia que la misma Lampedusa, la isla italiana más al sur y que es el blanco principal de las rutas migrantes.

Perteneciente a la Unión Europea desde 2004, Malta ha adoptado la posición europea acerca del tema migratorio implementando todas medida represiva posible y contemplada por Bruselas: Centros de Identificación y Expulsión (CIE), patrullajes marítimos, colaboración con la agencia europea Frontex y acuerdos con Libia. A este propósito es preciso señalar la reunión que hubo a principio de julio de este año entre los ministros de Exteriores de Italia y Malta.

En dicho encuentro, titulado Una Estrategia para el Mediterráneo, en lugar de buscar mecanismos eficaces para el rescate de las decenas de migrantes que todos los días tratan de cruzar dicho mar (y mueren en ello), los representantes gubernamentales discutieron y acordaron medidas bilaterales para aumentar el control del tramo marítimo de competencia para evitar, antes que todo, acciones contradictorias como las que en años recientes expusieron a ambos gobierno a las críticas de la sociedad civil.

Malta, por ejemplo, en más de una ocasión se rehusó a socorrer navíos de migrantes porque éstos se encontraban más cercas de las aguas territoriales italianas. O, en otro caso, Malta en más de una ocasión ha declarado la inutilidad de las misiones de Frontex, las que al contrario amparan las maniobras de la armada italiana en las aguas internacionales, tanto bajo el aspecto operativo que económico. Entrar a Malta de manera irregular (sin documentos) no es, como en muchos otros países, un delito pero sí una falta administrativa. Bajo este argumento, los migrantes son detenidos. La peculiaridad de dicha detención es que, desde 2005, puede durar hasta los 18 meses. Según el gobierno maltés, dicha medida temporal inhibiría la llegada de otros migrantes irregulares.

El gobierno maltés está en la actualidad haciendo todo lo posible para conquistar un espacio tanto en el debate europeo (al menos, en el sur europeo) acerca del tema migratorio tanto en los lugares de toma de decisiones al respecto. Malta había logrado mantenerse al margen de las corrientes migratoria. Hoy, ya no es así. Urge una solución, afirman en La Valeta. Una solución que sea fruto de decisiones compartidas, sobre todo por lo que tiene que ver con la responsabilidad que las mismas implican.

Responsabilidad, esa es la palabra clave. Porque es necesario repartirla sobre todo cuando se trata de las responsabilidades que señalan las organizaciones de derechos humanos en contra de la actuación de los gobiernos frente al fenómeno migratorio. En un reporte del año pasado (2009), la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), que tiene un centro de operación en el sur de la isla de Malta, denunciaba las condiciones inaceptables de los tres CIE presentes en la isla. MSF definía el trato que los migrantes reciben como algo injustificado e inhumano.

El mayor problema, señalan los integrantes de MSF, es que en los primeros seis meses del año pasado, al menos 60 por ciento de los migrantes que llegaron a Malta eran potenciales solicitantes de refugio (en su mayoría procedentes de Somalia). Aún así, el gobierno maltés no habría facilitado las condiciones para que este derecho fundamental se pudiera ejercer. Al contrario, denuncian, Malta deporta a sus migrantes a Libia, cuyas políticas –lo sabemos– cancelan de facto dicho derecho.

Con una población de cerca de 400 mil habitantes, Malta recibe todos los años un promedio de 3 mil migrantes. En sus Centros de Identificación y Expulsión, indica MSF, las condiciones higiénicas son pésimas y no hay la mínima atención médica. Las personas enfermas viven junto a quien se encuentra sano, en estado de hacinamiento y en condiciones muy precarias. La detención por hasta 18 meses, según MSF, lejos de detener las nuevas llegadas, está en realidad dañando a la salud de los migrantes detenidos, y potencialmente dichas afectaciones podrían tener consecuencias a largo plazo sobre la salud sicológica y física de los detenidos.

Afirma el estudio de la organización no gubernamental internacional que los factores que orillan a una persona a dejar su casa para irse a otro país son serias. Entre éstas se encuentran guerras civiles, violaciones a los derechos humanos y persecuciones; además de problemas económicos y ambientales. Estos factores, concluye MSF, son más fuertes de cualquier efecto disuasivo de los CIE. Algo que los gobiernos de la Unión Europea no quieren ni logran entender.

El trabajo os hace libres

18 luglio 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 18 de julio de 2010
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El 30 de junio pasado, el ejército del coronel Kadafi, en Libia, tomó por asalto el centro de detención para migrantes de Misratah, localidad cercana a la capital del país africano, Trípoli. La razón: castigar a los cerca de 250 migrantes, ciudadanos de Eritrea, culpables de haberse negado a ofrecer sus datos a las autoridades locales. El rechazo a proporcionar sus nombres y apellidos no es casual ni caprichoso. Temían –y siguen temiendo– que Libia trasmitiera la información al gobierno de Asmara y que éste no sólo los boletinara por haber abandonado el país, sino que, en su caso, tomara venganza con las familias que se habían quedado.

Tal postura se desprende del testimonio de un protagonista, quien pudo comunicarse vía telefónica con la prensa: El 29 de junio funcionarios libios nos pidieron nuestros datos generales para comunicarlos a la embajada de Eritrea. Nos rehusamos, pues el régimen de Asmara se habría vengado con nuestras familias. Y más adelante: El presidente Issyas Afeworki es implacable y no tolera la disidencia. Así, los libios nos acusaron de insubordinación y rebelión. Como castigo, los migrantes fueron deportados al campo de Al Brak, en la zona fronteriza sur de Libia, en medio del desierto del Sáhara.

Quien intentó escaparse o rebelarse a la decisión de que fueran deportados, mil kilómetros más al sur, fue golpeado y torturado, según el testimonio. Los migrantes se encontraron de un día a otro en medio del desierto, incomunicados, muchos de ellos heridos, sin asistencia médica, a merced de las autoridades de Kadafi, mismas que no prestan oídos a los reclamos del Alto Comicionados de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La oficina de Naciones Unidas en Trípoli fue cerrada a principios de junio sin explicación alguna. El pretexto fue sencillo: Libia no ha firmado nunca los tratados internacionales sobre refugio.

Los migrantes de Eritrea, que a la luz de la situación bien se suman a la larga lista de potenciales refugiados, vivieron varios días desprotegidos en el sur de Libia. Estamos desesperados, expresó otra voz antes de que las autoridades le encontraran el teléfono celular que llevaba escondido. Si no obedecemos nos llevan a Eritrea, lo que para nosotros significa la muerte. Si obedecemos serán nuestras familias, pues se vengarán con ellas porque nosotros escapamos.

Conocida la noticia, en Italia se desató el clamor mediático. ¿Por qué Italia? Porque, acusaron inmediatamente los movimientos de solidaridad con los migrantes, esos potenciales refugiados son los mismos que el gobierno italiano expulsó en hace meses. Es decir, esos seres humanos son parte de los migrantes que la armada italiana detiene ilegalmente en alta mar y regresa a Libia. Tal hipótesis, rechazada por el ministro de Interiores italiano, Roberto Maroni, encontró aval en la petición formal que el comisario para los Derecho Humanos del Consejo Europeo, Thomas Hammarberg, hizo al gobierno de Roma el 2 de julio: Intervengan.

El gobierno italiano, aun evadiendo cualquier implicación en el caso, echó a andar la maquinaria diplomática para que Kadafi desistiera de su política represiva. Y tras pocos días de intensas pláticas entre las dos orillas del Mediterráneo –cercanas por la muy buena amistad entre el coronel Kadafi y el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, más lejanas para los migrantes–, el 6 de julio se alcanzó el acuerdo de liberación y residencia en cambio de trabajo. En otras palabras, los refugiados de Eritrea podrán salir de su encierro y residir en Libia mientras acepten realizar “trabajo socialmente útil en distintas shabias (comunas) de Libia”. El convenio de liberación fue aceptado sólo por 140 refugiados del grupo.

El gobierno italiano nunca se echó para atrás (…) en la cuestión de los derechos humanos, se apresuró a declarar el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano. Y tras responsabilizar a la Unión Europea, porque no toda la carga puede caer sobre los hombros italianos, añadió que no hay ninguna prueba de que los ciudadanos de Eritrea víctimas de esa persecución hayan sido deportados por la parte italiana. Una semana después, el periódico italiano Il Manifesto difundió un video, realizado el primero de julio de 2009 desde un barco de migrantes, en el cual se ve no sólo cómo la armada italiana rechaza a potenciales refugiados, sino sobre todo que 11 migrantes que aparecen en las imágenes son 11 personas incluidas en las listas de detenidos en Al Brak. Una casualidad.

Libertad en Libia, entonces. Pero, ¿cuál libertad? libertad de ser esclavos por tiempo indeterminado en un campo de trabajo libio sin que nadie, absolutamente nadie, se ocupe primero de investigar los abusos de estos días por las autoridades de Kadafi; segundo, que esos abusos no se repitan, y, tercero y más importante aún, que se otorgue el debido estatus de refugiado.

Ninguna libertad de circulación, ninguna garantía, ninguna protección, se encuentra en el acuerdo firmado por las autoridades de Libia tras la presión italiana. No hablemos de quienes no aceptaron el acuerdo, pues nunca conoceremos su destino. Al contrario, la suerte de quienes aceptaron el convenio quizás se pueda vislumbrar pensando al título mismo del acuerdo: libertad a cambio de trabajo, o sea, el trabajo os hace libres.

De Arizona y crisis

29 Mag 2010 Lascia un commento

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 29 de mayo de 2010
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La ya mal afamada SB (Senate Bill) 1070 aprobada en el estado de Arizona y que entrará muy probablemente en vigor el próximo 29 de julio, despertó, justamente, hartas protestas tanto en Estados Unidos como en México y otros países directa o indirectamente afectados por la medida normativa. Los contenidos de dicha ley y las facultades que otorga a las fuerzas de seguridad del vecino país del norte hablan por sí solos de la inteligencia de las personas que la aprobaron. No es de inteligencia pero que es necesario hablar. Ella faltó a los legisladores de Arizona. Hay que hablar más bien de la tendencia que esta legislación marca y de las reacciones a ella, las que también señalan una peligrosa pauta.

Por un lado, en efecto, dicha ley no es ninguna novedad. Sería interesante enumerar la larga lista de normativas restrictivas para la vida digna de los ciudadanos migrantes, tanto en Estados Unidos como en Europa y otros países. Una larga serie de medidas restrictivas, punitivas, discriminantes que matan tanto en esta frontera norte como en la europea, que discriminan y estigmatizan tanto en el desierto estadunidense como en la capitales de Europa. Miles de muertos cada año, cientos de expulsados y deportados todos los días son las consecuencias de dichas normativas que desde hace años pueblan el imaginario reprimido del ciudadano migrante.

Sin embargo dicha ley despertó particular malhumor y enojo en la comunidad nacional e internacional. ¿Será porque es absurdo que sea sólo la apariencia la causa de un alto policiaco? ¿Será porque la ley establece –negro sobre blanco– una vez más en la historia el perfil racial como elemento discriminatorio entre culpable y no culpable? ¿O será sólo porque se le faculta a todo policía interpretar el papel del policía migratorio?

Todo lo anterior y mucho más. Y sin embargo sorprende el vasto abanico de reacciones y sectores que se hicieron protagonistas de las mismas. Tras poco más de un mes de la aprobación de la SB1070, comienza finalmente a despegarse el panorama, pues no dejaba de rechinar la maquinaria propagandista realizada por ciertos sectores institucionales, quienes logran ver la paja en el ojo ajeno pero bien ciegos están cuando se les señala el tronco que existe en su propio ojo.

El 22 de marzo pasado, 11 organizaciones mexicanas reportaban frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el holocausto de migrantes que se da cotidianamente de este lado de la frontera. En los distintos informes se señalaban abusos sexuales, tortura física y sicológica, homicidios, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación laboral y sexual, esclavitud, tráfico de órganos, impunidad como las características de la política migratoria al sur del río Bravo. Entre todas, emergía una denuncia tremenda: miles de migrantes secuestrados. Los funcionarios de gobierno llamados a responder negaban todo, obviamente.

La verdad entonces es otra y se está demostrando justamente en estos días. El llamado al boicot sirvió para ilusionar y concentrar la atención de muchos. Pero no para quienes piensan que, pase lo que pase, el libre mercado es asunto que no se discute. Cueste lo que cueste, evidentemente: ya sea la vida o la dignidad del ser humano. Las visitas electorales de quienes tienen la visa y están amparados por la investidura popular y van allá a decir que sí haremos algo, dudamos se adaptarían a las incomodidades del río Suchiate. Así como son risibles las tímidas declaraciones de Obama, quien entre un chiste y otro poco supo hacer hasta ahora en cuanto a la aclamada reforma migratoria.

La verdad es también, y sobre todo, que esta ley no hace otra cosa que responder al sentir común de la gente de Arizona y de muchos otros lados, como bien lo sabe la gobernadora Jan Brewer quien, tras firmar la ley, vio subir 14 puntos el consenso del electorado del estado (para las elecciones del 4 de noviembre). En suma: la legislación es pésima porque pésima es la opinión pública. Difícil decir o contrario a menos que tengamos algún otro cínico interés electoral o seamos racistas.

Es necesario preguntar, más bien, por qué la aclamada reforma migratoria no llega. El yes we can de Obama chocó con la realidad de un Congreso federal dominado por el sentimiento racista de sus integrantes. Claro, una reforma migratoria como las propuestas hasta ahora (ya lo dijimos: La Jornada del 8 de abril de 2010) pagaría límites estructurales que no pueden satisfacer al movimiento migrante de forma cabal. Pero, al menos, permitiría cierto nivel de debate en las sociedades involucradas. Y sin embargo no es así y sigue ganando (fácilmente) la salida reaccionaria y derechista a la crisis económica.

Si la apuesta de Obama era la de probar a superar la crisis apostando a los sujetos biopolíticos de la misma, es decir los precarios, los trabajadores autónomos y flexibles, migrantes y entonces móviles, esta idea recoge aún pocos consensos. Por el contrario, se aprueba socialmente la política de atacar a los más expuestos. El enojo, la frustración, el rencor social encuentran de tal manera un fácil desahogo en el conflicto horizontal que se viene creando entre los pocos con algún privilegio –por ejemplo, el derecho a votar una gobernadora de derecha– y los muchos sin derecho alguno. Quienes están arriba, en las sillas del poder, continúan allí. Por el momento.