Migrantes en Wikileaks

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 30 de abril de 2011.
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Lo dijimos en múltiples ocasiones: los rechazos en altamar, que el gobierno italiano realiza a costa de cientos de personas migrantes que cruzan en precarias embarcaciones el Mediterráneo con la esperanza –muchas veces frustrada– de alcanzar una vida más digna en Europa, son ilegales. Lo anterior es notorio para cualquier abogado del sector, pues se violan numerosas normativas internacionales, tanto en el ámbito marítimo como en el ámbito del derecho al asilo y al refugio. Sin embargo, el gobierno italiano sigue realizando estas acciones, gracias sobre todo a los acuerdos alcanzados con el régimen de Libia guiado por el coronel Kadafi.

De una u otra manera, el conservador y racista gobierno italiano –con el aval silencioso de sus socios europeos– ha siempre hecho caso omiso a las múltiples recomendaciones u observaciones procedentes de los órganos internacionales de los derechos humanos. Los casos italianos están siendo juzgados actualmente por la Corte Europea de los Derechos Humanos, tras la demanda que 24 ciudadanos de Eritrea y de Somalia presentaron en contra del gobierno de Italia, cuando éste los deportó a Libia en mayo de 2009.

La causa, cuyas sentencia final se espera para diciembre de este año, fue recientemente transferida a la llamada Gran Cámara de la Corte, un órgano compuesto por 17 jueces –en lugar de los siete del primer nivel–, ya que la Corte misma considera que el caso es muy delicado, pues en entredicho estaría toda la política europea de los rechazos, de la cual el caso italiano sería sólo una vertiente. Dicha política, estaría considerando la Corte, contradice frontalmente la Carta Europea de los Derechos de los Hombres, que prohíbe las expulsiones y deportaciones colectivas, reconoce el derecho al asilo y al refugio, y garantiza el derecho de apelación efectiva en caso de violación de garantías.

Desde el 4 de febrero de este año, las partes acusatorias tienen en sus manos un elemento más para justificar su condena a este aspecto de la política migratoria europea e italiana en particular. Este elemento es un cable diplomático revelado por el ya muy conocido sitio web Wikileaks. El cable, fechado el 5 de agosto de 2009 y firmado por el embajador de Estados Unidos en Libia, Gene Cretz, refiere el encuentro entre éste y el alto comisario para los Refugiados en Libia, el iraquí Mohamed Alwash. El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el país africano habló con el embajador de un episodio que en su momento levantó muchas protestas en Italia y entre las comunidades migrantes.

Era el primero de julio de 2009 cuando, a unas 120 millas al norte de Libia, en pleno Mediterráneo, la Armada italiana interceptó una embarcación con 89 pasajeros, de los cuales 75 procedían de Eritrea. Cuenta Alwash: Cuando el barco fue interceptado, tres representantes de los migrantes pidieron hablar con el comandante del barco italiano para informarle acerca de su estatus de refugiados, pues muchos tenían la constancia que nosotros les otorgamos en Libia. Pero el comandante fue intransigente, pues afirmó tener la orden estricta del gobierno italiano de regresar a los migrantes a Libia.

El comandante, entonces, ordena a todos los migrantes subir al navío italiano para llevarlos de vuelta. A este punto, cuenta Alwash, los migrantes –sobre todo los eritreos– se rehúsan a acatar la orden y los marinos utilizan la fuerza. Hubo enfrentamiento físicos entre migrantes e italianos que se concluyen con algunos africanos golpeados con palos de plástico y de metal. El saldo, dice el representante de la ONU, es de seis heridos. Algunos pasajeros filmaron con sus celulares lo que estaba sucediendo, por eso la tripulación italiana recogió todos los haberes personales de los migrantes: teléfonos, documentos y otros objetos que aún no fueron regresados, dice el cable.

Calmada la situación, el comandante italiano pide a Libia el envío de un barco para recoger a los migrantes. Las autoridades de Trípoli se niegan y es cuando los marinos italianos deciden dejar a los migrantes a bordo de una plataforma petrolífera italiana (de la empresa paraestatal ENI) posicionada frente a las costas libias. Sólo desde ahí los migrantes pudieron ser devueltos a Libia. Alwash cuenta que dos días después pudo visitar a los migrantes en el campo de Zawiyah y constatar que había una mujer embarazada necesitada de atención urgente. En otro campo, encontró a otros supérstites del episodio, de los cuales seis tenían puntos de sutura en la cabeza.

En otra parte del cable, el embajador refiere que Alwash intentó en más de una ocasión contactar con las autoridades italianas en Roma; sin embargo, éstas nunca le contestaron. El representante de la ONU confía al embajador que cree que el gobierno italiano hace intencionalmente obstruccionismo frente a la ONU. Todo lo anterior lleva a Alwash a pensar que el acuerdo de cooperación entre Italia y Libia para rechazar a los migrantes en el Mediterráneo está violando los derechos humanos de los migrantes y poniendo en peligro a los solicitantes de refugio.

Estas informaciones ya eran conocidas. Lo novedoso de este cable, sin embargo, reside justamente en que será ahora posible llevar como testigo en favor de la demanda que se discute en la Corte europea al propio embajador. Si no él personalmente, al menos sus confidencias al Departamento de Estado de Estados Unidos.

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