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La Supervía: rompe y corrompe la vida en la Ciudad de México

El presente artículo fue publicado en el portál mexicano Desinformémonos el día 1 de febrero de 2010.
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Foto MD

Desde hace poco más de seis meses, en el poniente de la Ciudad de México se pelea la batalla contra la llamada Supervía Poniente, un proyecto promovido por el actual gobierno de “izquierda” de la megalópolis mexicana y que sería realizado – de llevarse acabo – por empresas privadas transnacionales, mismas que desde hace ya varios años han metido las manos en prácticamente todos los grandes proyectos encasillados en el rubro de “obra pública”.

Desde mediados del año 2010, la comunidad de la colonia La Malinche se organizó y construyó un plantón permanente en las zonas afectadas (expropiadas) para la gran obra. La comunidad local resiste el avance de las obras, consiguiendo no sólo la vasta solidaridad de la sociedad civil de la capital mexicana, sino también poniendo en entredicho las reales intenciones del gobierno local (Gobierno del Distrito Federal – GDF) guiado por Marcelo Ebrad Casaubón y logrando rescatar los lazos comunitarios que precisamente las autoridades del gobierno quisieron cortar.
En esta historia ya se ganó una parte pues “ganamos en el terreno de reconstruir la comunidad”, dicen quienes están presentes en el plantón. Una historia que hoy también significa un posible parteaguas en el futuro del Valle de México: “No se puede seguir viviendo así. Es necesario sentarnos todos a estudiar seriamente el Valle y planear de otra manera a la ciudad”, señalan los vecinos entrevistados.
La Supervía: “una ocurrencia” interesada
Fuente: http://prociudad-procontreras.blogspot.com/

Con al menos 20 millones de habitantes, de los cuales ocho viven en la llamada Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que comprende la capital mexicana y otros 60 municipios aledaños, la Ciudad de México es una de las regiones más densamente pobladas del planeta. Los reflejos de esta densidad de población son múltiples y no todos gratos: escasez de recursos naturales (sobre todo agua), contaminación en niveles excesivos, difícil acceso a los servicios (habitacionales, escolares, de salud, etcétera) y graves problemas de movilidad.

El llamado proyecto de la Supervía Poniente, según sus promotores, pretendería precisamente incidir en este último aspecto, pues su trazo original prevé conectar, a través de diez kilómetros (de los cuales la mitad serían de un peaje) de carretera de cuatro carriles, túneles y puentes, la zona sur-poniente de la ciudad (y su salida hacia el sur) y la zona de Santa Fe, moderno y rico “territorio-emporio” de la capital. Dicho proyecto, a su vez, sería parte del megaproyecto denominado Autopista Urbana Querétaro-Toluca-Cuernavaca (ciudades aledañas de la Ciudad de México), cuyo costo asciende a los 30 mil millones de pesos, con una longitud de casi 30 kilómetros de vialidad.
Uno de los mayores problemas, aunque no el único, es el fuerte impacto ambiental que la obra causaría en un territorio mayoritariamente catalogado por las autoridades federales mexicanas como “suelo de conservación”. Cristina Barros, miembro de la organización “ProCiudad-ProContreras” y vecina de las zonas afectadas, destaca los argumentos principales que sustentan la fuerte oposición al proyecto: “atenta contra la sustentabilidad del Valle de México, pues urbaniza y pasa por los suelos de conservación y de recarga de agua para todo el Valle”.
De acuerdo a la activista, la delegación Magdalena Contreras “presta servicios ambientales a toda la ciudad: limpia los vientos de la zona industrial de Ecatepec que se estrellan aquí, y los regresa a la ciudad. Es indescriptible el daño ambiental que provocaría la nueva carretera”, afirma, y calcula que sólo los costos ambientales que la Supervía causaría ascienden a cerca de dos mil 800 millones de pesos mexicanos.
Aunado a lo anterior, Barros señala que el proyecto está “plagado de irregularidades”. No se trata sólo de la falta de consulta a las comunidades afectadas, sino también que, por ejemplo, en el Plan de Gobierno 2007-2010 no aparece la Supervía. “Cuando el gobierno hizo ese programa, la Supervía no era una prioridad”, comenta la activistas. El Plan Verde de la Ciudad no lo contempla, como tampoco los planes de desarrollo de la Delegación Magdalena Contreras. Sólo el Plan de Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Vialidad local (SETRAVI) lo menciona y lo hace apenas en 2008, con un año de retraso sobre las fechas del mismo plan.
Cristina Barros se refiere al gran debate que está causando el proyecto ya que de un lado se encuentra la comunidad local resistiendo y por el otro el gobierno local que, al menos en las últimas semanas, se juega la “reputación” de “gobierno democrático y de izquierda”, pero insiste en desconocer los argumentos de los vecinos e impone un proyecto millonario que pocos comprenden. La activista se pregunta: “¿Por qué tanta desesperada necesidad de realizarla? ¿Por qué tanta desesperación por un proyecto con tan elevados costos políticos, ambientales, sociales y financieros?”.
La razón parece sencilla, aunque articulada. A principio de los 90, Marcelo Ebrad participó activamente, junto al entonces regente de la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís (hoy precario asesor del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador), en el proyecto que transformó el antiguo “basurero” localizado en Santa Fe en el “más importante centro en términos financieros y corporativos de México”. El proyecto otorgó un valor económico enorme al territorio. “Sin embargo, todo el proyecto (de Santa Fe) estaba fundamentado en un concepto urbanístico muy equivocado, pues hoy Santa Fe no tiene salida alguna”. Este problema – la falta de vía de comunicación – convirtió poco a poco Santa Fe en una zona en riesgo de perder el valor acumulado, pues hoy la zona “está literalmente asfixiada”.
“Ahora necesitan otra salida”, comenta Barros. La zona, en efecto, sigue siendo objeto de grandes proyectos inmobiliarios, en su mayoría promovidos por la empresa COPRI, de capital mexicano. Fuera de cualquier coincidencia, el mismo corporativo está actualmente asociado con la empresa española Obrascón Huarte Lain Concesiones (OHL) en la construcción de la Supervía. Tras conseguir una concesión por parte del GDF de 33 años de duración, el corporativo español se compromete a la construcción de la obra con una inversión de 389 millones de euros (equivalentes a más de seis mil millones de pesos mexicanos).
En cambio, el gobierno se compromete a regresar ese dinero en el lapso de la concesión y, mientras, permitirá a OHL el cobro del peaje. Es decir, según los opositores al proyecto, “se socializan los gastos y se privatizan las ganancias”. Si lo anterior fuera poco, Barros cuestiona el historial de la empresa OHL (quien controla el proyecto asociada a COPRI gracias a la creación, ex profeso, de la razón social “Controladora Vía Rápida Poetas S.A. de C.V.”), pues ésta tiene pésimos antecedentes en España: fraude y apoyo a campañas políticas a cambio de obra pública.
“Estaba a punto de quebrar en España y salió del problema tal y como lo hicieron otros – BBVA, por ejemplo – : viniendo a América Latina”. El esquema es el mismo de siempre, comenta la activista: “Obras muy costosas de peaje a cambio de favores”. Como ejemplos están también los proyectos del Arco Norte, en la ciudad de Puebla (al sur de la Ciudad de México) y el Puente Bicentenario en el Estado de México (en la área conurbada), entre otros. En suma, indica Cristina Barros, en este proyecto “están los intereses de los grandes consorcios inmobiliario. Los especuladores inmobiliarios han trazado el desarrollo de la Ciudad de México y hoy tienen la mira sobre el poniente de la ciudad: hay agua, limpieza del aire, calidad paisajística”.
“Los expropiados no son los únicos afectados”
Fuente OHL

Uno de los argumentos utilizados por parte del gobierno de la ciudad para debilitar la resistencia en contra del proyecto de la Supervía, fue señalar que la mayoría de los que protestan no han sido siquiera expropiados, lo que permite no incluirlos entre los afectados. Un argumento débil, dice Cristina Barros, que contradice además toda cultura de la izquierda política, no sólo en México.

“Los expropiados no son los únicos afectados, pues hay potenciales expropiados y potenciales expulsados”. En La Malinche, colonia de cerca de cinco mil habitantes y la principal afectada por las obras previstas en el proyecto, el 6 de abril de 2010 se presentaron los funcionarios del gobierno local acompañados por unos cuantos policías, sin que los esperaran. Aunque Ya se conocían los aspectos generales del proyecto Supervía, pero nadie esperaba sucedería ese día: Les presentaron los decretos de expropiación del primer polígono de los cinco previstos.
“El Frente Amplio contra la Supervía Poniente (FACSP) nace en 2008, cuando comienza a circular el asunto de la Supervía”, relata Barros. “Pequeños grupos con la experiencia de 1991 – cuando se logró rechazar otro proyecto vial, el de la Carretera Contadero-Luis Cabrera – nos comenzamos a mover. Nos unimos otra vez, realizamos juntas y todos los grupos decidimos unirnos en el Frente”. Cristina recuerda que ese 6 de abril la llamaron para comentarle de los decretos de expropiación entregados por funcionarios del GDF. “Nos movimos inmediatamente y nos organizamos”.
Tras unos meses de prórroga concedida para que “los niños terminaran el ciclo escolar”, los decretos se comenzaron a ejecutar a partir del mes de julio. Socorro Méndez, vecina de La Malinche recuerda que un día “nos avisan que se había metido una máquina rumbo a la loma (cerro)” que rodea las espaldas de la colonia. “Nos reunimos y decidimos sacar la máquina y tomamos la zona”. Así, el 26 de julio de 2010, se instala el plantón organizado por el FACSP.
Explican los vecinos de La Malinche, instalados 24 horas al día en el plantón, que desde un principio “la meta de las autoridades fue la de romper a la comunidad, lograr que los propios vecinos fueran en contra de los vecinos”. Para ello, abundan, aplicaron todo lo peor de los gobiernos autoritarios: ofrecieron prebendas; pintaron las casas a cambio de apoyo; ofrecieron dispensas, e incluso “repartieron dinero” (150 pesos por persona).
Socorro admite que “en parte lo han logrado”. De los expropiados en la primera ronda de decretos, el gobierno logró desalojar cerca de mil 500 vecinos, según cálculos de los miembros del plantón. “Se modificó de manera violenta el tejido social ya que era una colonia particularmente unida por la manera en que se conformó: la gente aquí se compró su tierra hace unos 40 años, construyó su propia casa, convivió e hizo esta colonia”.
“No es Beirut, es La Malinche”
Foto MD

El deterioro social se puede medir. Según los activistas que pasan día y noche a la espera de que el proyecto no avance “y el gobierno dé un paso atrás”, los daños sociales son representados por las “dolorosas historias de los expropiados, por el miedo que los aleja de la lucha”. Se puede también ver con los ojos del visitante al plantón: las calles son abandonas, pues ya no hay actividades significativas. Las casas aún habitadas se alternan a los dos lados de la vía adoquinada con las casas ya expropiadas y llenas de boquetes “causados para hacerlas inservibles y para dar el golpe sicológico: aquí ya no se puede hacer nada”.

Las casas aún de pie pero ya abandonadas parecen haber sido objeto de un bombardeo. Entre los hoyos causados por mano de los obreros al servicio del gobierno, se entrevé la Loma de Tarango, el cerro que sería objeto de las perforaciones para los túneles. “Ahí jugábamos nosotros cuando éramos niños y hoy nuestros hijos”, comentan los vecinos. Lugar de paseo, de recreo, de juego, de esparcimiento, la Loma se está convirtiendo en un montículo cubierto del fino polvo blanco levantando por las obras de perforación del suelo que ya se realizan. “Aún no excavan, apenas son los estudios de mecánicas de suelo… Ni esos tenía el proyecto que presentaron”, dice un vecino para remarcar el elevado número de irregularidades de este proyecto.
De un lado una colonia, aún muy viva, hay gente viviendo la cotidianidad, en la escuela y el mercado. Al fondo de La Malinche, la calle aparece cerrada: ahí está el plantón. Luego, pocas calles conducen al muro que apenas el primero de enero pasado, tras un muy discutible operativo policíaco llevado a cabo en la madrugada de año nuevo, las autoridades elevaron para separar la zona objeto de los primeros trabajo del plantón. Decenas de policías antimotines (granaderos) resguardan a los casi cien trabajadores que comen, ríen y laboran completamente aislados de la vida de la comunidad de La Malinche. Los escombros aparecen de un lado y otro, pues al parecer los trabajadores echan del lado del plantón las sobras de su trabajo. Un vecino mira el panorama y bromea: “Esto que ves – dice al reportero – no es Beirut, es La Malinche”.
Ya se ganó la hermandad
Foto MD

“Llegaron el primero de enero de este año, a las seis de la mañana”, cuenta Socorro Méndez quien no deja de indignarse por el abuso cometido en contra de los vecinos de La Malinche. Mientras la resistencia obligaba a Marcelo Ebrad a prometer públicamente el diálogo con el FACSP, sus policías invadían las calles de la colonia e instalaban un muro divisorio entre los vecinos afectados y los trabajadores. Días más tarde, el 5 de enero, cuando el Frente protestaba en las calles del centro de la Ciudad de México, trabajadores enviados por el gobierno derribaron techo y muros de algunas casas aún en poseso del plantón. La reacción fue inmediata, tuvieron que abandonar la marcha muchos vecinos y defender “su patrimonio”.

Estela es una señora que no participa activamente al plantón pero, dice, “lo apoyo”. Camina estas calles violentadas en días pasados por los policías del GDF. “Queremos reconocer con nuestros pasos estas calles. Vivo del otro lado de ese muro”, comenta y levanta el dedo índice señalando el abuso. “Se siente tristeza porque toda la vida pasamos por aquí y de pronto…”, se le cortan las palabras. Su hija camina con ella: “Este era nuestro paso. Conocíamos a todos. Ahora, hay que conocer los vecinos por el otro lado. Los que estaban aquí ya se fueron. Y los que quedan, ya no los vemos pues ya no pasamos por aquí”.
La tristeza se fuga rápidamente cuando nos unimos a la gente en el plantón. “Cuando comenzaron las expropiaciones decíamos ‘bueno, aún pasamos’. Pero ahora, mire el muro que levantaron, qué tan alto está… no sea que nos vayamos a robar un policía y nos acusen de secuestro. Cada uno defiende sus ideales, lo que cree justo. Por eso estamos aquí. Los no expropiados vamos a serlo. Por eso hay que apoyar”, comenta Socorro. De los 336,626,524 metros cuadros que, según el decreto de expropiación, serán ocupados por la obra, apenas se ocuparon tres mil. “La lucha apenas comienza”.
“Tengo tres razones para estar aquí”, dice Socorro Méndez. “Se llaman Iván, Marisela, Angélica, mis tres hijos”. Aunque el gobierno los acusa de no ser los afectados directos, Socorro comenta que “el gobierno puede decir lo que quiera, pero lo ambiental no tiene remedio y yo me preocupo por el futuro de mis hijos. Se van a echar 60 mil árboles… Sin agua, sin aire…¿qué vamos a hacer?”. Y añade: “No tenemos derecho de hacer eso: el gobierno y nosotros si nos dejáramos”.
Socorro Méndez llega al plantón a las diez de la mañana y se va a la medianoche. Todo el día al frente: “Hacemos varias actividades: cocinamos, tejemos, charlamos, leemos libros… Es mi segunda casa este espacio. A veces nos ofrecen eventos: música, cineclub y tenemos visitas solidarias de muchos lugares del Valle”. Cristina Barros confirma la solidaridad que el plantón recibe todos los días: “Muchísimas organizaciones se acercaron al Frente. Como 50. Cada una en lo que puede, con sus capacidades”. En el plantón participan activamente cerca de cincuenta vecinos. “Nuestros maridos se tienen que ir a trabajar y tenemos que atender a las cosas de la casa”, explica Socorro. Saca la mano del bolsillo y enseña un teléfono celular: “Estamos conectados con mucha gente y avisamos de todo lo que pasa, listos para cualquier emergencia”.
Según Socorro Méndez, el espacio comunitario que se ha creado es muy bonito. “Con el pretexto del plantón recuperamos el gusto de estar juntos, compartir las fiestas y el quehacer cotidiano”. Mirando al futuro, Socorro Méndez se pregunta: “Los que estamos aquí, decimos: el día que esto se termine, ¿qué va a pasar?”. Comenta que aún siendo vecinos, antes de comenzar la resistencia, no todos se conocían. Ahora es al revés: “Todos nos ayudamos, todos nos conocemos, nos reunimos para resolver los problemas que alguien pueda tener, hay mucho compañerismo”. Finalmente, emocionada, Socorro Méndez admite que “con toda esta experiencia, lo malo y lo bueno, hemos reído y llorado, hemos tenido estrés y miedo. Todo esto yo no lo cambiaría”.
Perspectivas y derechos humanos 
A finales de noviembre de 2010, sobre todo tras la emisión de las “medidas cautelares” emitidas en el curso del 2010 por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se formó la llamada Comisión Civil de Acompañamiento(CCA), conformada por diversas personalidades de la sociedad civil mexicana y con el objetivo de acercar las partes – FACSP y GDF – para sentar las bases de un diálogo posible.
Manuel Fuentes Muñiz es presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) e integrante de la CCA. En las últimas semanas la CCA ha tratado de mediar entre las partes construyendo un posible formato de diálogo. Pero la realidad parece decir otra cosa: la obra, aunque lentamente, sigue su curso y el GDF no parece querer dar un paso atrás. Según Fuentes, el GDF afirma querer conseguir resultados concretos del diálogo con el Frente, sin embargo, cada parte está firme es su posición.
“La Supervía va porque va”, afirma el GDF, mientras el Frente está firme en su negativa al proyecto. Fuentes Muñiz admite el cada vez más difícil rol de la CCA y señala que, termine como termine, el GDF va a pagar un elevado precio político. Dicho precio podría elevarse aún más, tras la emisión, el 20 de enero pasado, de las “recomendaciones” por parte de la CDHDF dirigidas a Marcelo Ebrad y a los titulares de las dos Delegaciones políticas involucradas en el proyecto (Magdalena Contreras y Álvaro Obregón) que, en caso de ser aceptadas por el GDF, obligarían a las autoridades a “parar las obras” hasta cumplir con los compromisos fijados por la Comisón.
Dichas recomendaciones, fruto de las quejas presentadas por los vecinos que dieron origen a una investigación independiente de la misma Comisión, abordan el tema desde el punto de vista de la violación a los derechos humanos de los opositores a la obra y dividen sus comentarios en seis rubros distintos: derecho a una vivienda adecuada, derecho a un medioambiente sano, derecho al agua, derecho a la información, derechos políticos y derecho a la seguridad jurídica.
En particular, la CDHDF recomienda al GDF ordenar “la suspensión de la obra hasta que se lleve a cabo una consulta pública, a fin de garantizar una participación amplia y plural en la que se recojan y consideren las preocupaciones, opiniones y propuestas de las personas afectadas”. Asimismo, afirma la Comisión, es necesario que “se valoren distintas alternativas de movilidad sustentable en el sur-poniente de la Ciudad de México”.
Actualmente, uno de los argumentos más señalados por parte de las autoridades para negar la posibilidad de cancelar el proyecto es el compromiso económico contraído con las empresas constructoras, mismas que estarían facultadas a cobrar hasta 36 millones de pesos en caso de no realizarse la Supervía. Cristina Barros, aún reconociendo el compromiso, afirma que “hay la posibilidad de dar paso atrás. Ellos (el gobierno) dicen que tienen compromiso con la empresa, pero la verdad es que el título de concesión (de la obra) es criminal para las finanzas de la ciudad”. Lo anterior porque los costos de parar la obra serían menores a los costos de la obra sumados a los costos ambientales provocados.
No obstante, Cristina Barros afirma que actualmente el diálogo con el GDF no es el principal eje de lucha del FACSP. “De ellos quisimos conocer el proyecto; mostrarles los datos que indican que el proyecto es inútil. Hoy por hoy, lo único que queremos es evidenciar los problemas. Nuestro eje es hacer conciencia, difundir las recomendaciones de la Comisión, unirnos a las organizaciones, esperar que el GDF recapacite. Seguir trabajando en la defensa de la cuenca de México, pues sin ella no vamos a vivir”.
Y acerca del Valle de México comenta: “No se puede seguir viviendo así. Es necesario sentarnos todos a estudiar seriamente el Valle y planear de otra manera a la ciudad. Necesitamos datos reales para la sustentabilidad de la ciudad, no ocurrencias”. Entre las que Barros define como “ocurrencias” señala la línea 3 del Metrobús – también objeto de oposición vecinal en las semanas pasadas – que pasa por encima de una línea del metro. Al respecto, la activista pregunta: “¿Por qué duplicas el transporte público? Hay soluciones a la movilidad mucho más eficaces”.
Por ejemplo: “¿Por qué tenemos que desplazarnos por tantos kilómetros? ¿Transportar los combustibles por tantos kilómetros? ¿La comida?”. Las horas perdidas en desplazarse en la Ciudad de México se traducen en pérdida de tiempo de vida, de salud, de energía… Tenemos que ser más comunitarios”, señala Cristina Barros. Según ella, la única manera en que es posible “sacar adelante la vida de una ciudad como esta es tener un tejido social fuerte, acogedor” . Y prueba de esto es que “las delegaciones más seguras del Valle son las que tienen más pueblos originarios, pues hay mayor solidaridad y fortaleza social”.

Más información en:
:: Ciudadanos por Contreras
:: ProCiudad-Procontreras
:: Concesiones de OHL en el mundo
:: Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF)

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