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Ley migratoria en México

29 gennaio 2011 Lascia un commento
El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 29 de enero de 2011.
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El 9 de diciembre de 2010, los seis legisladores (dos del PAN, dos del PRI y dos del PRD) que integran la llamada Mesa de Trabajo en Materia Migratoria del Senado de la República, conformada en octubre pasado y en la cual participa también la Secretaría de Gobernación por conducto del Instituto Nacional de Migración (INM), presentaron una propuesta de ley que abre la puerta no sólo a unas reformas y derogaciones de distintas leyes nacionales que tocan el tema migratorio, sino que plantea la formulación ex novo de una norma en la materia en México.
La cuestión no es poca cosa. Hasta la fecha, el tema migratorio es tocado de manera transversal en distintas normas nacionales mexicanas; sin embargo, falta un texto único en la materia. Desde este punto de vista es sumamente apreciable que de manera unitaria, los tres mayores partidos políticos mexicanos se pongan de acuerdo y soliciten a los poderes legislativos la aprobación de un marco legal ad hoc.
Por otro lado es preciso señalar que era ya imposible para los legisladores postergar una reglamentación a un fenómeno que hasta hace pocos meses sólo se miraba desde el enfoque de la migración de salida. La tragedia (los 72 indocumentados ejecutados en agosto pasado y las cifras horripilantes acerca del secuestro de migrantes, presentadas por organizaciones sociales) orilló a los legisladores a reflexionar sobre las medidas necesarias para atender también otro aspectos del fenómeno: el tránsito, el destino y el retorno.
Ya revisando la propuesta mencionada –compuesta por 164 artículos– es urgente abrir un debate serio, amplio y responsable entre las partes involucradas. Tenemos aquí una primera seria falla, pues la llamada Mesa de Trabajo Migratoria excluyó desde un principio a la sociedad civil mexicana más atenta al tema. Es urgente, por el contrario, incluir a quienes hoy trabajan el tema no desde la posición legislativa ni regulatorio/represiva, sino desde la posición de la comprensión y análisis del fenómeno y, sobre todo, desde el punto de vista de la solidaridad. Si la nueva ley pretende frenar, acotar e impedir los abusos de todo tipo que desde el crimen organizado y hasta las autoridades se pueden cometer en contra de los migrantes, es indispensable recurrir a la acumulación de experiencias y saberes de la sociedad civil organizada.
En este sentido, queremos aquí recoger algunas inquietudes de orden general –el espacio no da mucho más– que comienzan a expresarse en el mundo de la sociedad civil. Antes que todo, la sensación general es que si bien en la exposición de principios y los primeros cinco títulos de la propuesta de ley, todo parece dirigirse hacia un modelo garantista –aun con sus excepciones– de los derechos humanos (por cierto, una terminología que casi nunca se utiliza en el proyecto de ley), el resto de la propuesta no sólo contradice cuanto dice anteriormente, sino parece ratificar las prácticas más comunes y abusivas ejercidas en México.
En general, la propuesta de ley asienta algunos principios muy válidos que reconocen los derechos –también llamados garantías– de los ciudadanos migrantes en México. Aunque se cometan errores garrafales y peligrosos, como es, por ejemplo, no distinguir entre trata, tráfico y secuestro de migrantes, o en otro casos, no hacer suficiente énfasis en que los solicitantes de asilo y refugio son definitivamente una categoría que requiere especial protección, en general los primeros títulos de la propuesta son extremadamente garantistas y parecerían, de por sí, abrir las puertas a un respeto integral a los derechos humanos de los migrantes.
No obstante, la propuesta también pretende introducir algunos de los mecanismos más nefastos de las legislaciones que se tomaron de referencia (sobre todo la europea y la estadunidense). Por ejemplo: la visión principalmente económica del fenómeno; la introducción del sistema de cuotas de entrada, en el que el gobierno fija topes al número de posibles ingresos legales al país tras consulta con las autoridades laborales; la introducción del sistema de puntos para la adquisición de la naturalización antes de los tiempos naturales establecidos (cuatro años); la introducción de medidas que tienden hacia la externalización del control migratorio (controles impuestos a las empresas de transporte); la posibilidad de expulsión para los migrantes sujetos a proceso penal, y en general la delegación que se le otorga al INM con respecto a una amplia serie de decisiones acerca de la suerte de la persona migrante, excluyendo la posibilidad de un control judicial sobre el proceso de deportación, expulsión, detención (aseguramiento, le dicen), verificación y control migratorio, etcétera.
Si bien los señalados sólo son algunos puntos críticos de la propuesta de ley, creemos indispensable que la aprobación de esta novedosa normativa deba de ser objeto de un debate amplio e informado en el que participen necesariamente las organizaciones de la sociedad involucradas en el tema migratorio. No es posible avanzar en la materia sin los aportes de quienes, todos los días, se vuelcan en la defensa y el reconocimiento de los derechos de quienes –obligados o no– deciden migrar.
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Argentina: el trabajo esclavo

14 gennaio 2011 Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 15 de enero de 2011.
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BUENOS AIRES., 20 de enero (apro).- En esta ciudad existen alrededor de 5 mil talleres textiles, de los cuales unos 3 mil trabajan de manera clandestina. Según organizaciones de la sociedad civil argentina, las personas que trabajan en ellos simbolizan el “trabajo esclavo”, el cual, afirman, “infesta a la ciudad y al país entero”.
Estiman que 30 mil migrantes bolivianos trabajan en este sector, el cual produce alrededor de 2 mil millones de dólares anuales y cuyos productos no sólo se destinan al mercado local de ropa barata, sino también para surtir a las grandes marcas internacionales del vestido, como Puma, Adidas, Fila y Lecop-Arena.
Muchos ciudadanos bolivianos que eran explotados laboralmente han creado, con apoyo de organizaciones argentinas, sus propias cooperativas y logran comercializar sus propias marcas en el país y en el exterior.
Un ejemplo: la cooperativa La Alameda, que actualmente maneja la marca argentina Mundo Alameda y comparte la marca global No Chains (No Cadenas) con la organización de Tailandia Dignity Returns (Retorno a la Dignidad).
Gracias al esfuerzo de La Alameda y sus aliados, el sector textil en Argentina comenzó a “formalizar” las relaciones laborales. “Actualmente una quinta parte del mercado laboral en este sector, es blanco (formal)”, afirma Gustavo Vera, presidente de La Alameda.
La Alameda se fundó “para que tuviéramos una razón jurídica que nos permitiera seguir las causas penales en contra de los dueños de los talleres”, añade.
Pero la experiencia de La Alameda se está trasladando a otros sectores donde existe el “trabajo esclavo”, como el agrícola e, incluso, el sexual.
La Alameda
Tras la crisis económica y política que golpeó Argentina a finales de 2001, surgieron cientos de asambleas populares como respuesta “a la ausencia del Estado en los barrios pobres de Buenos Aires”.
En una asamblea de la zona de La Avellaneda, en el poniente de la ciudad, surgió La Alameda.
Vera recuerda que, tras las primeras semanas de protesta, comenzaron a reunirse con los demás barrios “y se empezó a hablar sobre cómo enfrentar a los problemas que cada uno tenía”.
Sostiene que no sólo se discutía sobre las protestas en las calles, sino cómo resolver los problemas de todos los días.
“Se tocaban los temas de los ahorros, pero también el problema del hambre, la desocupación y se organizaron las ollas populares, los trueques y las compras comunitarias.
“Aquí la carestía llegó prepotente –comenta Vera–. La miseria conquistó al barrio y comenzamos a hacer una olla popular que funcionaba con las aportaciones de todos los vecinos.”
Señala que al principio esa “olla popular” tenía un sentido simbólico de protesta; pero, en la medida que la situación se fue agravando, se convirtió en un servicio. “Llegamos a un momento en que ya no dábamos abasto de tanta gente necesitada que acudía con nosotros”, comenta Vera.
Dice que después de unos meses, el gobierno metropolitano buscó “absorber nuestro trabajo”. Pero, señala, la asamblea supo mantenerse independiente. Y se hizo de un espacio: “Recuperamos un local abandonado en el barrio, un ex bar que se llamaba La Alameda”.
Ya con ese espacio, la asamblea comenzó a ofrecer no sólo la “olla popular” sino también servicios de compra comunitaria, consultorio médico y programas para niños. Poco a poco “La Alameda se convirtió también en un lugar de encuentro para la comunidades migrantes, la boliviana, sobre todo”, que organizó eventos culturales.
Según Vera, “esto permitió que se fuera generando un clima de confianza entre extranjeros y argentinos, ya que por lo regular los habitantes de Buenos Aires desconfían de los migrantes”.
Actualmente en La Alameda conviven tanto el Centro Comunitario –que mantiene el comedor popular y los talleres para le gente del barrio–, como la Cooperativa La Alameda, formada por trabajadores que dejaron los talleres clandestinos.
Además, en La Alameda trabaja la fundación homónima que se dedica a la investigación, la denuncia y el seguimiento de causas penales en contra de la explotación laboral, tanto en el sector textil como agrícola y sexual.
Clandestinos
No existen en Argentina estadísticas fiables que abarquen todo el espectro del trabajo informal. No obstante, organizaciones civiles independientes calculan que en todo el país habría, al menos, 4 millones de trabajadores sin contrato de trabajo y sin protección social. De esta cifra, medio millón trabajaría en la capital del país y la mitad de éstos lo hacen en el sector textil, sobre todo en los “talleres clandestinos”.
José Luis es ciudadano de Bolivia. Desde hace cuatro años vive en la capital argentina: “Los primeros dos años y medio trabajé en negro (informal) en un taller textil”, dice en entrevista con Apro.
Cuenta que fue contratado en su ciudad natal, El Alto, cerca de La Paz. Le ofrecieron empleo y prestarle dinero para el pago del transporte, la comida y un techo. El acuerdo implicaba que estos últimos gastos los devolvería al patrón una vez que hubiera trabajado. “Me hice muchas ilusiones”,  pero éstas “se vinieron abajo cuando llegué aquí (a Buenos Aires)”, comenta.
El patrón los encerró en un edificio en el centro de la ciudad. Abajo, explica José Luis, se encontraba el taller, arriba unos cuartos de dos por tres metros donde dormán cuatro o más migrantes. Además, había un baño para decenas de personas. Afirma que las condiciones de la vivienda eran insalubres y no podían atender a los niños que acompañaban a los migrantes.
María, boliviana de 42 años cuyos dos hijos menores la acompañan, cuenta que trabajaban de 7 de la mañana hasta la 1 o 2 de la madrugada del día siguiente. Explica que ella trabajó seis meses gratis para reponer el préstamo que el mismo patrón le hizo para solventar los gastos del viaje. “El patrón nunca nos dejaba salir del taller, pues nos amenazaba y asustaba”, comenta.
Según los trabajadores bolivianos, los patrones los amenazan con denunciarlo con las autoridades migratorias para que los deporten. Además, “los patrones nos asustan mucho, diciéndonos que afuera (del taller clandestino) la sociedad nos tratará mal, que habría agresiones y peligros”, señala María.
Ella admite que durante mucho tiempo tuvo miedo y no se atrevía a salir ni durante el periodo de tiempo en que tenía permiso: dos horas a la semana.
A pesar de esta situación, José Luis, María y muchos más trabajadores costureros logran “liberarse” del trabajo en los talleres clandestinos. Admiten que la situación económica, estando afuera del taller, no ha mejorado mucho, pues “hay mucho racismo hacia los bolivianos, los alquileres de las casas son altísimos y nos discriminan”.
Explican que, tras años de migración boliviana, la comunidad de su país en Argentina ha crecido mucho y hoy existen bolivianos dueños de talleres textiles que “aplican a sus trabajadores el mismo trato que recibieron cuando llegaron”.
“Alianza global”
Mundo Alameda es la marca que la cooperativa homónima produce. Su difusión alcanza los mayores mercados textiles de la ciudad, en particular el Mercado Social Solidario, situado en el central barrio de Palermo y recuperado por decenas de cooperativas con experiencia similar.
En 2008, la cooperativa situada en la Avellaneda conoció la experiencia de la organización tailandesa Dignity Returns. De ese encuentro, surgió la marca global No Chains que fue presentada el pasado mes de junio tanto en Argentina como en el país asiático.
Vera cuenta la historia de esta “alianza global”:
“Cuando comenzamos a meternos con lo que llamamos trabajo esclavo tuvimos que ver cómo íbamos a hacer una organización gremial en un submundo en el que había, y hay, mucha explotación y mucha opresión; y en donde se mezclan los temas penales, el de derechos humanos y los laborales.”
Tras una intensa búsqueda, descubrieron la experiencia de Tailandia: “Ya con ese contacto, fuimos invitados a Bangkok para hablar de las experiencias argentinas de recuperación de fábricas y de las cooperativas.”
De ese encuentro, continúa Vera, “nos convencimos de que era necesario producir una marca global que simbolizara lo contrario del trabajo esclavo. Pensamos que era necesaria también una base productiva al tiempo que se lanzaban las campañas en contra del trabajo esclavo, una base productiva que trascendiera la mera denuncia y que produjera una alternativa real y concreta”.
Junto con la “alternativa real”, La Alameda sigue con su campaña en contra del trabajo esclavo en Argentina. 
“Tuvimos la suerte de que uno de los primeros talleres que interceptamos estaba produciendo ropa para la princesa de Holanda, así que se creó un gran escándalo”, cuenta Vera, quien sostiene que durante estos años lograron “asestar algunos golpes fuertes a muchas marcas”.
En efecto, hoy la Fundación La Alameda ha presentado denuncias ante la justicia federal argentina en contra de 103 marcas.
Sin embargo, señala, “la batalla aún está lejos de ser ganada”, pues no sólo siguen existiendo miles de talleres textiles clandestinos, sino también en otros rubros. “Ahora comienza a venir gente de otras ramas de la economía que ve los resultados que logramos. Por ejemplo, estamos metidos en el sector agrícola denunciando la explotación infantil”.

Ser migrante secuestrado

8 gennaio 2011 Lascia un commento
El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 8 de enero de 2011.
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“Las redes de tráfico de personas tienen sus abogados. Hay testimonios de migrantes que afirman que hay una vasta red, muy bien organizada, para atender todo tipo de problema y situación. Las redes de tráfico de personas son muy grandes, muy poderosas y lamentablemente la mayoría de los centros de derechos humanos que tocan el tema migratorio no se meten con ellas, no porque no las ven, sino porque las temen, pues puede haber represalias, inclusive muy pesadas. Un abogado mexicano en materia migratoria me dijo lo anterior sólo unas semanas después de que se descubriera la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas el pasado 24 de agosto. El abogado, quien pidió mantener el anonimato, insistió mucho en los peligros que conlleva hablar del tema. La trata de personas es el tercer rubro por dividendos económicos del negocio para la delincuencia organizada. Después de la droga y el tráfico de migrantes viene la trata de personas. Añadió que las redes que manejan este negocio vienen de las altas esferas que tienen corrompidas a todas las cadenas del poder público.
Lo mismo en el secuestro. Es casi imposible cruzar México sin encontrarse con alguien procedente de estas redes: desde los asaltos a los trenes hasta el secuestro. No hay migrante que no conozca esta realidad, ya sea por experiencia directa o por haberla escuchado de algún compañero suyo. Muchas veces, las organizaciones infiltran los grupos de migrantes para conocerlos, para hacerse de clientes o para ubicar a posibles secuestrados. Y admitió: “Los migrantes a veces entran en roles de complicidad con su pollero o, inclusive, su secuestrador. En algunos casos para preservar literalmente la vida, en otros casos simplemente para salvaguardar la esperanza de llegar a su destino final. En otros casos, para proteger la vida de las familias de origen que son conocidas por los polleros”.
El abogado tocó algunos aspectos sobre los que conviene profundizar. Antes que todo la diferencia sustancial entre el tráfico de migrantes y la trata de personas. Mientras el primero goza, por así decirlo, del consentimiento del migrante quien busca, negocia y contrata los servicios de los polleros; la segunda, la trata, es una práctica que engaña al migrante y termina explotándolo, ya sea reduciéndolo en un esclavo al servicio de alguna producción lícita o ilícita, ya sea secuestrándolo y convirtiéndolo en ficha de cambio para una buena ganancia.
Los datos recientemente presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hablan de cerca de 20 mil migrantes secuestrados en 2010. Dichos datos, recopilados sobre todo gracias a la ayuda del trabajo de base realizado por decenas de integrantes de la sociedad civil organizada en favor de los derechos de las y los migrantes en todo el territorio mexicano, hablan de una realidad cruel y que, al parecer, no está teniendo freno alguno. A los números anteriores hay que añadir un aumento neto de 30 por ciento (respecto de 2009) del número de denuncias relativas a violaciones a los derechos de las y los migrantes en el último año. La situación es grave: lo demuestra inclusive la última denuncia en orden de tiempo (16 de diciembre pasado) acerca de los 40 secuestrados en el estado de Oaxaca.
Otro aspecto que el abogado mexicano me reveló es la complicidad que existiría entre secuestradores y autoridades de todos los niveles. La notoria corrupción y complicidad de las autoridades deja de ser un dato folclórico e ineludible del quehacer político y colectivo en nuestro país, y se convierte en una tremenda realidad difícil de enfrentar. Las madres hondureñas de la sexta Caravana de Madres Centroamericanas, organizada por la Red de Comités de Migrantes y Familiares de Honduras (Red Comifa), que visitó México a principios de noviembre, señalaron un problema muy sencillo: No sabemos en quién confiar, pues aunque las autoridades mexicana
s nos han recibido muy bien y nieguen su participación en los secuestros, nuestros hijos, hermanos, padres y amigos que migran y logran llegar o regresar a nuestro país dicen que es imposible saber quién es el secuestrador y quién el policía, pues la mayoría de las veces éstos coinciden.
Por último, el abogado en materia migratoria denunció el grande temor que genera el tema entre los que, a diferente título, se ocupan, desde abajo, de apoyar a los migrantes. Es evidente, pues, que estas redes de trata (y secuestro) de migrantes logran su cometido, gracias no sólo a las complicidades con las que cuentan, sino también gracias al grande miedo que logran infundir en la sociedad civil. A la luz de esto, resulta totalmente inútil hacer rodar cabezas de funcionarios tras el escándalo, así como de poco serviría reformar leyes para ofrecer mayor protección a los luchadores por los derechos humanos.
Lo que sí resulta apremiante es realizar una reflexión estratégica e integral que rompa definitivamente el vínculo migración indocumentada-ilegalidad-explotación. Es evidente, como en el caso de las substancia ilícitas (llamadas drogas), que sólo un camino de paulatina y estudiada legalización (y despenalización) puede substraer materia de trabajo a traficantes de cualquier tamaño, origen o puesto. Abrir caminos de migración segura y legal es la única, radical e integral manera de permitir a los seres humanos gozar de su derecho a desplazarse en plena seguridad y respeto a sus derechos.